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Articulo sobre la MDT

 

 “Transparencia en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México”

 

Novena Sesión Plenaria de la MDT


Propuestas, avances y desafíos desde la perspectiva de la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua[1]

 

El acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas son principios reconocidos ampliamente  para favorecer el escrutinio público de la gestión gubernamental, así como la vida democrática y la corresponsabilidad social. Aplicar estos principios en materia de agua, un bien público fundamental para la vida y el desarrollo de la población, resulta de gran relevancia.

 

El 25 de agosto de 2011 se llevó a cabo la novena sesión plenaria de la Mesa de Diálogo por la Transparencia (MDT) en el Info DF, que abordó la  "Transparencia en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México". La Mesa tuvo como base el diagnóstico que elaboramos en la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA) sobre la problemática de acceso a la información y transparencia en tres temas que consideramos de los más sentidos por la población: la calidad del agua, el papel de las empresas concesionarias y las tarifas del servicio de agua en el Distrito Federal. A partir del diagnóstico, formulamos una serie de propuestas a ser atendidas por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM) para favorecer la transparencia y el acceso a la información de la ciudadanía en general y público especializado que estudia la gestión del agua en la ciudad de México.[2]

 

En los meses previos a la MDT hicimos un intensivo monitoreo de la página de Internet del SACM y las redes sociales, así como análisis de los resultados del seguimiento que venimos haciendo a diversas líneas de acción del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (PDHDF).[3] Cabe decir que el PDHDF reconoce que entre las estrategias a impulsar se deben incrementar esfuerzos para transparentar y hacer accesible al público la información sobre disponibilidad, accesibilidad y calidad del agua en el Distrito Federal y generar mecanismos de participación efectivos. Asimismo, establece la estrategia de promover la participación de la sociedad civil en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas del SACM y de las Delegaciones del D.F. para promover una gestión democrática del agua. El PDHDF también establece líneas de acción que abordan específicamente la necesidad de hacer accesible la información sobre agua a la ciudadanía, y de cuyo cumplimiento depende en gran medida la implementación de otras líneas de acción del Programa.   

 

Además de este Programa, también consideramos la Evaluación externa del diseño e implementación de la política de acceso al agua potable del Gobierno del Distrito Federal (UNAM, Coordinación de Humanidades, PUEC-UNAM),[4] y las Recomendaciones vinculatorias y observaciones correspondientes del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal (EVALUA DF).[5] Asimismo, tuvimos en cuenta la Ley de Aguas del Distrito Federal, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (LTAIPDF), y los criterios y metodología de evaluación de la información pública de oficio que deben dar a conocer los entes públicos en sus portales de Internet.[6]

 Entre los principales hallazgos del análisis en cada uno de los temas priorizados, destacan:

 Sobre empresas concesionarias del servicio de agua

La información que presentaba el SACM en su página de Internet era muy limitada, incompleta y desactualizada; no contemplaba todos los elementos establecidos en los criterios de aplicación de la LTAIPDF, por lo que no podía considerarse un avance en el cumplimiento a lo establecido en la línea 776 del PDHDF sobre Hacer pública y accesible a través de la página web del SACM y otros medios, toda la información relativa a las empresas concesionarias del servicio de agua en el Distrito Federal, así como la evaluación del SACM sobre los contratos de concesión en el período 1993 a 2009). En este sentido, la carencia de información suficiente y adecuada representaba un obstáculo para conocer el desempeño de las empresas y hacer una adecuada valoración, como lo mandata el PDHDF, previo a renovar o profundizar el papel de la iniciativa privada en la gestión hídrica de la ciudad.

 Sobre calidad del agua

El Sistema de Aguas mostraba en su página de Internet una sección acerca de calidad del agua incluyendo la cantidad de muestras de calidad del agua que se han efectuado desde 1984 y el porcentaje de muestras satisfactorias en cuanto al cloro residual libre por delegación; sin embargo, no mostraba datos más desagregados por sitio de toma de muestra ni de otros parámetros que están indicados por la NOM-127-SSA1-1994 como fierro, manganeso, sodio, etc. Tampoco se encontraba información sobre cuáles y en dónde fueron tomadas las muestras que no fueron satisfactorias, cuáles fueron las causas del incumplimiento, y cómo se debe proceder para evitar enfermedades.

 Sobre tarifas de agua

La información presentada en el portal del SACM sobre tarifas era insuficiente y poco accesible. No se podía consultar una base de datos que facilitara conocer en cuál de los cuatro niveles fue clasificada una vivienda en particular con la modificación del sistema tarifario, incumpliéndose de hecho la línea de acción 767 del PDHDF que mandata justamente el reforzar la difusión de información adecuada sobre el sistema de tarifas aplicables en el Distrito Federal a través de las boletas de cobro y otras vías.

 Asimismo, la línea de acción 771 del PDHDF en cuanto a dar mayor difusión a los esquemas alternativos de pago previstos en el Código Financiero del Distrito Federal tampoco se estaba implementando adecuadamente, pues si bien se incluía dicho Código en el Marco Jurídico del portal del SACM, la información era de difícil acceso al no haber una ruta sencilla que orientara al usuario/a a consultar dicho instrumento, que es clave para conocer los criterios de facturación y los esquemas alternativos mencionados.

 Durante la investigación, observamos un problema general de accesibilidad al portal del SACM, expresado en largos tiempos de espera para la apertura y la descarga de información (en ocasiones de hasta media hora o más), vínculos a ciertos documentos sin disponibilidad o que dejaban de estar activos, entre otros. Finalmente, verificamos diversas quejas de usuarios/as a través de las redes sociales.

 Frente a estos problemas, durante la sesión de MDT, hicimos desde la COMDA un enérgico llamado al SACM para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información, y subrayamos que la opacidad obstaculiza el avance hacia la gestión democrática del agua en la ciudad.

 Para contribuir a superar esta situación, desde la Coalición formulamos una serie de propuestas que expusimos en la MDT al SACM, entre la cuales destacan:

  •  Ampliar, precisar y actualizar la información sobre las empresas concesionarias en el portal del SACM, incluyendo información sobre los grupos que las integran, los contratos desde 1993 hasta las posteriores renovaciones, modificaciones o prórrogas de la concesión que se hubieren celebrado, incluyendo los actualmente vigentes; información sobre cuánto y cómo se paga a las empresas y por cuáles servicios específicos realizados en cada etapa; zonas de operación de cada empresa; mecanismos de vigilancia y supervisión; informes de resultados e indicadores de desempeño; evaluaciones y dictámenes; contacto del SACM a disposición de usuarios/as.
  • Imprimir dos veces al año en la boleta de cobro información sobre la calidad del agua; publicar periódicamente en la página de Internet del SACM los resultados de las muestras sobre la calidad del agua abastecida, en todos los parámetros leídos, indicando lugar de la muestra; publicar mapas actualizados de calidad del agua en el D.F.; transparentar información sobre programas, presupuesto y resultados de desempeño destinados al monitoreo y mejoramiento de la calidad del agua en la ciudad de México.
  • Presentar información adecuada, clara y accesible sobre el sistema de tarifas aplicables en el Distrito Federal a través de las boletas de cobro, el portal del SACM y todos los medios que utilice para publicar información; presentar de manera clara y desagregada información del Código Financiero del Distrito Federal relativa a tarifas, criterios de facturación, esquemas alternativos de pago y otros servicios SACM; publicar en el portal el Índice de Desarrollo e Infraestructura de la ciudad de México del que deriva la clasificación estratificada de tarifas de agua explicando cómo se construyó; publicar tanto en portal como en boletas de cobro, un mapa que contenga la zonificación en que se basan las cuotas y desarrollar en Internet otros mapas (de facturación, pagos, adeudos, etc.)

 Frente a estas y otras propuestas, el director del SACM, Ing. Ramón Aguirre, señaló durante la Mesa de Diálogo que aunque observaba algunas dificultades para atender ciertas recomendaciones, se comprometía públicamente a cumplir con la mayoría de las propuestas. De este modo, se inició un proceso de mesas de trabajo efectuadas de septiembre a noviembre en las que se analizaron a detalle las propuestas, se establecieron compromisos acerca de la información a hacer pública, los plazos y modalidades para hacerla accesible, así como los mecanismos de seguimiento y verificación.

 El 6 de diciembre de 2011, tendrá lugar la segunda sesión de la MDT sobre la Transparencia en el SACM, en la que se presentarán varios avances, reconocidos por las partes, y se señalarán los temas pendientes a ser atendidos en los próximos meses. La COMDA continuará dando seguimiento a estos compromisos, convencida de que la magnitud y gravedad de los problemas del agua en el Valle de México exigen la participación decidida y responsable de la sociedad civil y de la población en general en la búsqueda de alternativas y soluciones.

 Lecciones aprendidas

La COMDA decidió participar en este proceso, al que fue invitada por la Comisión Coordinadora de la MDT debido a que las experiencias previas de interlocución con el SACM no habían logrado avances significativos, particularmente en el marco del Comité de Seguimiento sobre el Derecho al Agua del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del PDHDF, pese a ser un instrumento de política pública de carácter obligatorio. También habíamos observado obstáculos constantes a ciudadanos/as solicitando información.

 

Asimismo, encontramos coincidencias con el EVALUA DF en la apreciación de que acceder a información sobre la gestión del agua en la ciudad de México y sobre los proyectos impulsados por el SACM resultaba muy difícil. Por lo que a la luz del mínimo avance en el cumplimiento de las líneas de acción del PDHDF relativas a estos temas, así como de la negativa del SACM a aceptar algunas de las recomendaciones del EVALUA DF, confirmamos la necesidad de impulsar esta Mesa de Diálogo por la Transparencia, entre cuyas bondades destacamos las siguientes:

  • Que se trata de un mecanismo de interlocución interinstitucional e intersectorial constituido a iniciativa del Info DF para la generación de acuerdos estratégicos en materia de transparencia y rendición de cuentas de los entes públicos del Distrito Federal.
  • Que cuenta con una Comisión Coordinadora integrada además de por el Info DF, por la Subsecretaría de Gobierno del GDF y por el Colectivo por la Transparencia, que impulsan acuerdos de alto nivel para comprometer a los entes públicos en el proceso.
  • Que favorece la participación de la sociedad civil organizada especialista en los temas de la Mesa, brindando un espacio para la crítica y la propuesta social.

Que genera mecanismos de seguimiento y evaluación del cumplimiento de los compromisos.

 Como organizaciones de la sociedad civil que buscamos incidir en el ámbito público, celebramos espacios como las MDT que permiten avanzar procesos de cambio, movilizando una mayor voluntad política e impulsando el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información que tienen los entes públicos. Sin embargo, conviene estar conscientes de los riesgos,  pues los entes pueden cumplir parcialmente con los compromisos y dejar en la opacidad las áreas más sensibles. Incluso podrían dichos entes difundir lo avanzado a favor de su imagen, sin justificar y solventar lo que convenientemente quedó irresuelto. Es por esto, que debemos mantenernos vigilantes y dar un seguimiento constante tanto para reconocer los avances como para señalar los pendientes en cada paso del proceso.

 A partir de esta experiencia verificamos desde la Coalición que las MDT son un espacio privilegiado que permite una incidencia en entes públicos para incrementar el acceso a la información y la transparencia, requisitos indispensables previos para una gestión democrática y sustentable del agua y para avanzar en la realización del derecho humano al agua.

 


[1] Elaborado por: Areli Sandoval Terán y Olga Guzman Vergara de Equipo Pueblo y Claudia Campero Arena de Blue Planet Project y Food and Water Watch, integrantes de la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA). Ciudad de México, 28 de noviembre de 2011.

[2] El documento completo e información sobre las organizaciones de la Coalición está disponible en la página de Internet: http://www.comda.org.mx/index.php/documentos/otros-documentos

[3] PDHDF, capítulo 15 sobre el derecho al agua, disponible en: www.derechoshumanosdf.org.mx

[6] Disponible en: www.infodf.org.mx

 

 

 

BOLETÍN DE PRENSA

Guadalajara, Jalisco, a 24 de enero de 2012

 “Luege Tamargo y empresarios de Hermes y La Peninsular visitan El Zapotillo dejando en evidencia las contradicciones y la ilegalidad de este proyecto”

  •  La visita de Luege Tamargo al Zapotillo deja en evidencia que este proyecto está construyéndose a base de contradicciones y en la ilegalidad
  • Celebramos que el derecho humano al agua se eleve a rango constitucional. Exigimos que el Ejecutivo publique esta reforma de inmediato en el Diario Oficial de la Federación

  El pasado jueves 19 de enero del presente año, José Luis Luege Tamargo, director general de la Conagua, y empresarios de La Peninsular y Grupo Hermes, constructores de la presa, visitaron El Zapotillo con el objetivo de poner en marcha el transportador de concreto para iniciar el levantamiento de la cortina, y presentarles a los empresarios los avances del proyecto.

  En dicha presentación se evidencia que hay una gran diferencia entre los datos proyectados y los reales: se tenía proyectado excavar 815,292 m3 y actualmente se han excavado ya 1’908,753 m3 ¡un 134% más!; en cuanto al concreto utilizado, se tenía proyectado utilizar 1’117,625 m3 y realmente se han utilizado ya 1’357,265 m3, un 21% más del concreto que se había previsto (Andrés Martínez en Mural el 20 de enero 2012).

 Las autoridades argumentan que estos incrementos se deben a dificultades con el terreno y fallas en los cálculos, y claro está, estos “errores” se ven reflejados en un aumento al costo total del proyecto, pero evitaron dar detalles, argumentando que “estaban calculando” dicho aumento.

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MAYORÍA DE LOS CONGRESOS LOCALES APRUEBA EL PROYECTO DE DECRETO PARA INCLUIR EL DERECHO HUMANO AL AGUA EN LA CONSTITUCIÓN

México, D.F. a 23 de enero de 2012

  

MAYORÍA DE LOS CONGRESOS LOCALES APRUEBA EL PROYECTO DE DECRETO PARA INCLUIR EL DERECHO HUMANO AL AGUA EN LA CONSTITUCIÓN

 

·         La Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al  Agua se congratula por la aprobación del Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 4º constitucional al incluir el derecho humano al agua.

 

·         Llama al Ejecutivo a publicar la reforma en el Diario Oficial de la Federación sin demoras.

 De acuerdo con la gaceta parlamentaria del 18 de enero de 2012, ese día se aprobó el Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 4º constitucional estableciendo que “toda persona tiene el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho”.

 La COMDA considera este hecho, que se viene a sumar a las recientes reformas constitucionales en materia de amparo y derechos humanos y a la que eleva a rango constitucional el derecho humano a la alimentación, como un logro de los movimientos sociales y las organizaciones civiles por el derecho al agua tanto en México como en todo el mundo.

 El último paso para que la reforma entre en vigor es que sea publicada por parte del Ejecutivo en el Diario Oficial de la Federación, por lo que exigimos se lleve a cabo con la mayor celeridad posible.

 

Hay que resaltar que entre los artículos transitorios resulta especialmente relevante el tercero que establece que el Congreso de la Unión contará con un plazo de 360 días desde la entrada en vigor de la reforma, para emitir la nueva Ley General de Aguas. Frente a ello es fundamental que se abran procesos reales de participación social y ciudadana. Para ello, los movimientos y grupos sociales del país deben poder involucrarse en los debates que buscarán incidir en la nueva Ley -y más adelante en las nuevas políticas-, para que su voz y sus necesidades sean escuchadas y tomadas en cuenta. Lo anterior con el fin de que el derecho humano al agua se convierta en una realidad para los más de 13 millones de personas que en México siguen sin recibir agua de la red pública además de las que sufren cada día a causa de la inequidad en la distribución, la escasez, la contaminación, la privatización, los cortes y las altas tarifas. Situaciones todas que se traducen en violaciones al derecho humano al agua.

 Hoy estamos para festejar pero no podemos olvidar que el derecho, sin la participación y movilización de la gente, puede convertirse en letra muerta o incluso en una herramienta contraproducente cuando queda rehén de las empresas y de los intereses de los poderosos. Por ello, llamamos a los diversos grupos y organizaciones a sumarse y a participar en los desafíos que nos esperan por delante.

 Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA)

Conformada por:

Agua, Trabajo, Servicio y Vida A.C.; Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP); Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL); Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo (AUAS); Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.”; Centro Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria, O.P.”, A.C.; Centro de Servicios Municipales “Heriberto Jara, A.C.”; Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento, Copevi A.C.; Colectivo Radar; Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con Alternativas (COMCAUSA A.C.); Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota ; Desarrollo, Educación y Cultura Autogestionarios, Equipo Pueblo; Enlace Rural Regional, A.C. (ERRAC); Espacio DESC ; Food First Information and Action Network- México; Guardianes de los Volcanes, A.C.; Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC); Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER); Otros Mundos, A.C.; Red de Género y Medio Ambiente; Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC); Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ); y como Aliado internacional: Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL)

 

Para mayor información:

Brenda Rodríguez 044 55 29 36 79 85 Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla

Claudia Campero 044 55 30 15 63 66 Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla

 

 

ALERTA


No a la construcción de la presa El Zapotillo, una violación a los derechos humanos
 
Firma la alerta aquí
 
El proyecto presa El Zapotillo, impulsado por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y los gobiernos de  los estados de Jalisco y Guanajuato, comenzó a promoverse desde el año 2005, y de manera ilegal en 2009 inició su construcción, a cargo de la empresa española FCC Construcción (Fomento de Construcciones y Contratas),  junto con La Peninsular y el Grupo Hermes, empresas mexicanas. Recientemente, en septiembre de este año, se adjudicó a la empresa española Abengoa México, la construcción y operación del acueducto de 140 kilómetros que conduciría el agua a la ciudad de León, Guanajuato. La empresa Befesa, perteneciente al grupo Abengoa, fue acusada en febrero de este año de cometer por lo menos tres posibles delitos contra el medio ambiente en la provincia de Huelva, en España .

Este proyecto incluye la construcción de una cortina de gravedad de 105 metros de concreto; actualmente, la cortina de la presa presenta un avance en su construcción de aproximadamente 35%.
 
A principios de este año, los habitantes de Temacapulín se organizaron para realizar  la “Consulta Comunitaria y de Buena Fe de Temacapulín”, dando como resultado que el 98% de la población rechaza la construcción de la presa, el desplazamiento y la inundación de sus comunidades.

En marzo del presente año, justo después de haber participado en el VIII Encuentro Mapder llevado a cabo en Huitiupan, Chiapas, y en un acto de afirmación en la defensa de sus derechos, los pobladores decidieron oponerse pacíficamente a través de una acción directa y detener la construcción de la presa El Zapotillo cerrando el acceso a las obras de construcción de la presa. Sólo una de las demandas exigidas fue atendida por las autoridades federales al llevar a cabo un proceso de “diálogo” entre el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, la Secretaría de Gobierno Federal y la Comisión Nacional del Agua.  

En este proceso de “diálogo” quedó demostrado que la presa El Zapotillo, es un proyecto incompleto, que se construye en total ilegalidad, y sin respetar los derechos humanos de las poblaciones afectadas; sin embargo, no se obtuvieron todos los resultados esperados: las autoridades no escucharon los argumentos de las comunidades, no cumplieron el acuerdo de retirar las denuncias interpuestas contra el movimiento –no lo han hecho hasta la fecha-, y aumentaron las amenazas y  las criminalización contra integrantes de las comunidades.
 
En junio de este año, Temacapulín recibió la visita del Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Olivier De Schutter.   

En el pasado mes de noviembre, habitantes de Temacapulín, organizaciones e individuos aliados, denunciaron en el marco del 3er Encuentro de la Red de Afectados/as por la Minería en Guanajuato, que el agua del Proyecto Presa El Zapotillo no será para la gente de León, sino para las empresas y compañías nacionales y trasnacionales inversionistas del proyecto Puerto Seco o “Guanajuato Puerto Interior” y para las agroindustrias de los empresarios de la región.  

En días recientes las comunidades que se oponen a la construcción de la ilegal e ilegítima presa El Zapotillo han sido enteradas por medio de edictos, que el gobierno del estado de Jalisco ha iniciado procesos de expropiación en su contra, esto en respuesta a la persistente resistencia de los pobladores a vender sus tierras y permitir que se inunden los pueblos.

Los edictos para citarles referente a la expropiación han sido publicados, incluso para los pobladores que tienen amparadas sus propiedades, sin notificarse con el procedimiento correspondiente. En las primeras citas, que se llevaron a cabo el 9 de noviembre en la ciudad de Guadalajara, la Comisión Estatal del Agua advirtió que de realizarse la negociación en estos próximos meses el gobierno pagará 40 pesos el m2, de no aceptar negociar, procederá a la expropiación con pago en valor catastral, que en el caso de los citados oscila entre 1 y 4 pesos el m2.

Denunciamos que las autoridades estatales y federales están incurriendo de nuevo en actos intimidatorios e irregulares para proceder al desplazamiento forzado de la comunidad, ejerciendo presión y amenazas  para obligar a las comunidades a negociar o de lo contrario emitirán la expropiación.  

Es en este contexto, que les solicitamos estar muy alertas y mantener su solidaridad hacia nuestra lucha, así como permanecer muy vigilantes en caso de que aprovechando el periodo de vacaciones, las autoridades intenten continuar realizando actos intimidatorios y amenazantes en perjuicio de las comunidades afectadas. Además de lo anterior, les solicitamos su apoyo a través de una acción de alerta, que consiste en enviar una carta a las autoridades, una señal que les evidencie que los ojos de aliados/as nacionales e internacionales continúan puestos  en Temacapulín.

Para enviar la carta de alerta a las autoridades, firma aquí

¡Ríos Sin Presas, Pueblos Vivos!
¡NO A LA PRESA EL ZAPOTILLO!


Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo
Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)
Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC, A.C.)
 
Para mayor información:

E-Mail: Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla ; Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla
Facebook: Los ojos del mundo están puestos en Temaca; IMDEC A.C.
Twitter: @RevodelAgua
Teléfonos: (045) 3313278376 y (33) 38110714 Ext. 106
 

BOLETÍN DE PRENSA COMITÉ SALVEMOS TEMACAPULÍN, ACASICO Y PALMAREJO

Temacapulín, Jalisco, México a 8 de diciembre 2011.

 

  • Gobierno del Estado fracasa en su intento de hostigar a Temacapulín con la expropiación.
  • En Los Ángeles, California, hijos ausentes de Temacapulín dialogan con gobernador de Jalisco.
  • Cátedra de Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO visita el pueblo; reconoce riqueza cultural trascendente.

 El COMITÉ SALVEMOS TEMACAPULÍN, ACASICO Y PALMAREJO, a un año de haber lanzado la REVOLUCIÓN DEL AGUA, precisa informar de sus más recientes actividades, así como de los golpes bajos del gobierno del estado, gobierno federal y autoridades que insisten en imponer el innecesario proyecto de la presa El Zapotillo.

 De los nueve llamados a cita con abogados de la CEA, ninguno acepta la negociación.

 Tras comprobar la Comisión Estatal del Agua -entidad responsable de deshacerse de la comunidad para que la CONAGUA concluya a cabalidad la presa El Zapotillo-, que no puede convencer ni al 20, ni al 50 mucho menos al 100% de propietarios y habitantes de Temacapulín para que abandonen su poblado, acudió al autoritarismo característico de este sexenio citando vía edictos, a nueve familias para negociar la compra-venta de propiedades. De los nueve casos ninguno aceptó la negociación. Su negativa no se basa en lo ofrecido: $4.00 el metro cuadrado o 39 mil pesos tras proceso de expropiación, sino porque sus casas, sus terrenos, su historia, su dignidad ¡no tienen precio!

 Los abogados de la CEA y Gobierno del Estado, no fueron capaces de convencer a los citados, se presentaron sin la totalidad de documentos y propuesta económica clara. Sin embargo, los nueve casos citados irresponsablemente vía edictos a Palacio de Gobierno dijeron NO A LA PRESA EL ZAPOTILLO, y que sus casas no se venden, ni reubican, expropian, o inundan. Cabe señalar que el Gobierno del Estado no notificó en el domicilio particular a los afectados, solo publicó vía Periódico Oficial  del Estado los edictos cuando, es de su conocimiento, que ningún periódico llega hasta Temacapulín.

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BOLETÍN DE PRENSA COMITÉ SALVEMOS TEMACAPULÍN, ACASICO Y PALMAREJO

Temacapulín, Jalisco, México a 14 de diciembre 2011.

 ORDENA EL TAE LA NULIDAD DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE TEMACAPULÍN

  • El Ayuntamiento de Cañadas debe reponer el procedimiento de consulta y emitir nueva convocatoria.
  •  Ordena también se deje insubsistente su inscripción en el Registro Público de la Propiedad en Tepatitlán.

 Mediante notificación de fecha 9 de diciembre de 2011 de la sentencia dictada por el Pleno del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco el 16 de febrero de 2011 en el recurso de apelación del expediente 842/2010 derivado del juicio administrativo tramitado ante la Cuarta Sala: IV-319/2009 contra la consulta pública del Proyecto de Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población Temacapulín, Municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco, convocada por el H. Ayuntamiento de Cañadas de Obregón, Jalisco, el 16 de octubre de 2009, así como todos los actos con sus consecuencias y efectos que de dicha consulta se deriven. Y en el que en un primer momento se decretó su sobreseimiento, es decir, se dictó una resolución 31 de agosto de 2010, por el Magistrado Presidente de la Cuarta Sala del por la Cuarta Sala del TAE que ponía fin al procedimiento sin pronunciarse sobre el fondo del asunto planteado, ya que adujo que la consulta realizada por el Ayuntamiento de Cañadas de Obregón no era un acto definitivo. Por lo que los pobladores de Temacapulín promovieron recurso de apelación el 14 de septiembre de 2010 en contra de la sentencia de dicha sentencia de la IV Sala, recurso  que ahora se resuelve por el Pleno en los siguientes términos:

 “SEGUNDO.- La parte actoraLIBORIA JÁUREGUI GUZMÁN, GERMÁN AGUAYO ALVARADO, FELICIANO TORRES GÓMEZ, JACINTA TORRES DÍAZ, JUANA CECILIA DELGADILLO DE ALBA, J. REFUGIO YÁÑEZ TORRES, LINA RAMÍREZ SANDOVAL, ANGÉLICA MARÍA ALVARADO GONZÁLEZ, ISAURA GÓMEZ GUZMÁN, MARÍA DEL CONSUELO CARVAJAL ESPINOZA, EDUARDO YÁÑEZ GUARDADO Y JORGE GUTIÉRREZ MEJÍA acreditaron los elementos constitutivos de su acción de nulidad, la parte demandada AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CAÑADAS DE OBREGÓN, JALISCO, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS del citado Ayuntamiento, no acreditaron sus excepciones y defensas.

 TERCERO.- Se declara la nulidad para efectos del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población Temacapulín, Municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco, porque el mismo fue emitido sin que se cumplieran las formalidades del procedimiento en la etapa de consulta, en contravención a lo previsto por el artículo 98 del Código Urbano del Estado de Jalisco, nulidad que se decreta para el efecto de que se deje insubsistente el Plan en cita así como su inscripción, debiendo las autoridades demandadas reponer el procedimiento, para que se emita una nueva convocatoria por autoridad competente y se confiera el término de treinta días a los interesados para que formulen por escrito los comentarios, críticas y proposiciones concretas que consideren oportunos, y continúe con las demás etapas subsecuentes, quedando el plenitud de decisión en relación al contenido material del Plan.

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