A discusión pública, río envenenado

A discusión pública, río envenenado

Milenio Público de Guadalajara/ 30 Mayo, 2011
Agustín del Castillo, enviado

Los ganaderos de Tonaya, apoyados por el presidente municipal de la localidad, Roberto García Santana, pretenden este 16 de junio realizar una gran discusión con las autoridades y la Compañía Minera Metalúrgica Tapalpa para resolver el problema de la contaminación generado por el aprovechamiento de oro, plata y zinc, que ha envenenado el río que atraviesa por las comunidades de Santa Gertrudis, San Isidro, El Alpizáhuatl y la propia cabecera.

Israel Jafet Robles, secretario de la Comisión de Defensa del Agua, dijo que ya se han extendido las invitaciones para el establecimiento de la mesa de diálogo entre la Comisión Nacional del Agua (CNA), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), La Junta Intermunicipal para la Gestión Integral del Río Ayuquila (Jira), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la propia empresa, entre otros, a efecto de establecer las mesas de trabajo que lleven a conciliar un conflicto que ha traído daños considerables a los ganaderos y agricultores de la zona, además de los riesgos a la salud para toda la población.

Los productores y habitantes le entregaron al Ayuntamiento de Tonaya una carta, el pasado 30 de mayo, donde hacen el recuento de los daños que observan: uno, “la afectación negativa a los ecosistemas, que perturba el desarrollo de las actividades locales, como la reproducción bovina, la agricultura y la vida social; por ende, lo económico”; dos, “el desempleo de los obreros que laboraban en condiciones infrahumanas [sic]”, lo cual fue sólo temporal, pues a los tres días de la clausura, la mina reabrió sus actividades; tres, “un bordo llamado presa de jales, que almacena millones de litros de agua contaminada con los químicos usados, que peligra de desbordarse y reventarse por la cantidad de lluvia que cae en la zona durante su temporal, daño sin igual que dejaría consecuencias indefinidas e incalculables”.

La pretensión de los quejosos es detener de forma definitiva la explotación y que la empresa, con domicilio fiscal enclavado en la Ciudad de México, asuma sus responsabilidades, sobre todo, que neutralice el impacto de la presa de jales ante la posibilidad de daños en las próximas semanas, con la regularización del temporal, y que indemnice a los ganaderos que padecieron el problema de crías abortadas o de reses muertas por envenenamiento.

También demandan “que el manantial que abastecía a la minera, sea concesionado a las comunidades de Santa Gertrudis y El Alpizáhuatl”, pues “requerimos el recursos para nuestra vida diaria”, y la Ley de Aguas Nacionales prevé la prioridad del uso público urbano del recurso.

De paso, se le pide al cabildo que se genere un programa para el abasto de todas las comunidades que carecen del servicio. “Santa Gertrudis recibe el agua del depósito de San Isidro, y por lo tanto, es insuficiente para vivir; y los pobladores de El Alpizáhuatl toman el recurso por cuenta individual, del arroyo más cercano, cuyas condiciones son inadecuadas y existencias insuficientes”.

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