Agua, derechos humanos y luchas sociales

Comunidades en resistencia

Agua, derechos humanos y luchas sociales

Francisco López Bárcenas

 

El agua no sólo es un elemento natural indispensable para que la vida sea posible; también reviste aspectos culturales que se expresan de muchas maneras: mitos de origen, prácticas de petición de lluvia relacionadas con actividades productivas y experiencias terapéuticas, entre otras, giran alrededor del vital líquido. Su importancia la entendieron bastante bien las sociedades antiguas, tanto que la trataron como un bien común del cual nadie podía apropiarse, porque de hacerlo se corría el riesgo de atentar contra el derecho a la vida de otros, que en realidad era atentar contra la persistencia de la sociedad y de manera indirecta contra la vida de todos. Desafortunadamente, eso se está terminando por exigencia del capital, que la quiere como mercancía, para poder hacer negocio con ella.

Pero la gente y los pueblos que son despojados de ella o no pueden tenerla por omisión del Estado no se quedan callados: se organizan y luchan, pues saben que en ello les va la vida. Los conflictos sociales que tienen como centro la disputa por el agua son cada vez más recurrentes en nuestro país. En 2004 las mujeres mazahuas del estado de México emprendieron una lucha por que se les indemnizara por el daño que les causaba el sistema Cutzamala, que las dejaba sin el líquido para llevarlo al Distrito Federal. Pero no es el único caso: los cinco pueblos de la parte baja de Teconapa, Guerrero, padecen el mismo problema, y los pueblos yaquis, junto con los agricultores del estado de Sonora, actualmente luchan porque no les arrebaten el vital líquido. Sólo por poner unos ejemplos.

En estas luchas los inconformes privilegian la denuncia pública y la movilización social. Poco recurren a los tribunales, por varias razones: el desprestigio de los órganos de administración de justicia, que donde han dictado sentencias favorables a los demandantes no han sido capaces de ejecutarlas, como en el caso del amparo a los pueblos yaquis, o la suspensión de la presa El Zapotillo, en el estado de Jalisco; también influye la falta de tribunales especializados para atender este tipo de casos. Aun así, algunos eligen esta vía para luchar por sus derechos. Y ganan. Es el caso de unas amas de casa de la comunidad de Alpuyeca, en el estado de Morelos, quienes tras varias décadas de carecer de agua entubada demandaron a las autoridades municipales por violación de su derecho al agua, y el 13 de septiembre pasado el juez les dio la razón.

El caso, asesorado por la Coalición Internacional para el Hábitat y el grupo Radar, que busca caminos para hacer efectivos los derechos sociales y colectivos, tiene su importancia. Se trata de un primer precedente en el que unas ciudadanas demandaron por violación de su derecho humano al agua y un juzgado reconoció que tienen razón, hecho que abre brecha para que otras personas que se sientan agraviadas puedan seguir el mismo camino. Lo que habría que mirar con más detenimiento son los argumentos del juzgador, que aun cuando reconoce la existencia del derecho humano al agua, termina subordinándolo a la existencia de la propiedad privada y amparando a las quejosas por un tecnicismo jurídico de fundamentación. En otras palabras, el juez reconoce el derecho al agua pero no ampara por su violación, sino porque la autoridad demandada no fundó debidamente su actuación.

Lo importante del caso es que defendiendo sus derechos unas amas de casa han obligado a la autoridad municipal a subsanar su omisión de años, y ahora ya existe una red de agua que beneficia no sólo a las inconformes, sino a todos los otros vecinos que se encontraban en la misma situación. Lo anterior confirma la tesis que para otros casos hemos sostenido en este mismo espacio: en un Estado autoritario como el que vivimos en México el derecho por sí solo no es suficiente para que los derechos humanos se respeten, pero tampoco puede desecharse como instrumento para exigirlos; más ahora que el Congreso de la Unión ha reformado la Constitución federal para incluir en ella el derecho humano al agua como garantía constitucional. La lucha por la defensa de los derechos humanos pasa por muchos caminos y el jurídico es uno de ellos.

http://www.jornada.unam.mx/2011/10/29/opinion/003a1pol

 

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