Alerta por la falta de agua

 

ESTHELA DAMIÁN PERALTA


En México se han encendido los focos rojos por la falta de agua que padecen más de 9 millones de personas en varios estados del país. Hasta ahora, toda acción del gobierno federal ha resultado insuficiente para cumplir las metas de cobertura universal respecto al suministro de ese líquido.

Con bombo y plantillo, hace unos días Enrique Peña Nieto presentó el Programa Nacional Hídrico 2014-2018 con una inversión de entre 250 y 300 mil millones de pesos. Debido a que estamos ante un tema de seguridad nacional, en el PRD hemos solicitado que a ese plan se integren las observaciones que sobre el tema del agua hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cuenta Pública 2012. Los principales hallazgos de la evaluación indican que los problemas identificados en los servicios de agua potable persisten y que las acciones gubernamentales para su atención han sido insuficientes.

En la auditoría hecha a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el máximo órgano de fiscalización del país reconoció que aunque en los años recientes se han generado estrategias para fortalecer la política hídrica nacional, no se han alcanzado los resultados deseados. Además, alertó que el agotamiento de los recursos naturales se ha convertido en un obstáculo para el progreso del país.

He expresado mi preocupación de que, a pesar de que más de 90 millones de mexicanos disponen de la infraestructura para recibir agua potable, ésta no siempre es entregada de manera oportuna o con la calidad suficiente para consumo humano, dado que se requiere de varios procesos que implican altos costos para extraer, bombear, potabilizar y distribuir el recurso, por lo que actualmente más de 9.1 millones de personas carecen de agua potable, especialmente en las zonas rurales y marginales.

Respecto a la significativa inversión que el gobierno federal prevé hacer en el Programa Nacional Hídrico durante los próximos cuatro años, la Auditoría encontró que no existen medios para verificar la eficacia con que los recursos serán empleados, dado que es limitada la coordinación entre los gobiernos federal, estatales y municipales para evaluar los resultados. Al respecto, el informe sugiere mejorar los sistemas de control y seguimiento que permitan verificar el avance y la conclusión de las acciones apoyadas con el presupuesto asignado.

Para alcanzar el servicio universal de suministro de agua, la ASF recomendó rediseñar la manera de operar los programas a fin de identificar con más precisión en qué zonas se requieren los apoyos económicos.

La focalización de los subsidios juega un papel importante porque deberá incluir a la población objetivo de los programas y reglas más claras sobre el cumplimiento de las obligaciones de los municipios en el desarrollo de infraestructura hidráulica y un fortalecimiento en el papel del Estado para supervisar la aplicación de los recursos económicos asignados.

Coincido con la ASF en el sentido que de prevalecer esta situación no se atenderán cabalmente las necesidades de los servicios de agua potable a la población, y no habrá avance en esta materia a pesar de que los recursos asignados tengan un incremento considerable.

La Auditoría observó que la Comisión Nacional del Agua no dispone de los estudios que le permitan identificar la población que carece del servicio de agua potable y las zonas en que el servicio debe ser mejorado.

En el PRD respaldamos la recomendación del órgano fiscalizador para que la Semarnat, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (Imta) y la Profepa, contribuyan con la Conagua en la definición de esquemas precisos que permitan diagnosticar con detalle el problema sobre disponibilidad y calidad del agua en el país, y generen estrategias eficaces, eficientes, de atención, porque el agua es un recurso natural finito y un tema de seguridad nacional.

Resulta por demás preocupante que el máximo órgano fiscalizador del país concluyera que si bien la Conagua emprendió acciones para expandir el monitoreo en las 13 regiones hidrológicas, aún no cuente con la capacidad para hacer la revisión sistemática y permanente en todas las cuencas y acuíferos del país, lo que impide conocer a cabalidad las condiciones de la calidad del agua en el territorio nacional.

No menos inquietante es que la Profepa no desarrolle las acciones de sanción contra los responsables de contaminar los mantos acuíferos previstas en la Ley de Aguas Nacionales debido a que el reglamento interior de la Semarnat no le confiere ninguna atribución al respecto.

Finalmente, debo remarcar que el establecimiento de sitios de monitoreo es un avance importante para atacar el problema de la contaminación del agua, pero es necesaria la formulación de un diagnóstico integral que señale medidas específicas por región del país, que permita su solución en el mediano plazo. n

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2014/04/09/index.php?section=opinion&article=002a1soc

 

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