Atla, con temor de defender su derecho a tener agua

Presos de conciencia/ José Ramón Aniceto y Pascual Agustín Cruz

Atla, con temor de defender su derecho a tener agua

El cacique de esta comunidad, Guillermo Hernández Cruz, expriista y ahora militante del PT, desde hace 35 años domina al pueblo con amenazas, al grado de que la gente no se atreve a enfrentarlo por miedo a terminar en la cárcel.

·         2012-04-04•Reportaje

Al cacique como que le entró el demonio cuando el agua potable se empezó a repartir para todo el pueblo de Atla –municipio de Pahuatlán–, porque se le acabó el negocio, asegura el indígena Máximo Gómez, hermano de José Ramón Aniceto Gómez reconocido por Amnistía Internacional, junto con Pascual Agustín Cruz, como presos de conciencia.

El cacique de esta comunidad de Atla, cuyo nombre proviene del náhuatl y significa “agua”, es Guillermo Hernández Cruz, expriista y ahora militante del Partido del Trabajo (PT), quien desde hace 35 años “está dominando al pueblo con amenazas”, al grado de que el actual presidente auxiliar, Moisés Domínguez Vargas, no se atreve a defender con energía el derecho al agua para todos, por miedo a que le pase lo mismo que a los “dos inocentes que están presos”.

Apenas, tímidamente, al lado del escudo nacional y los lienzos que simulan una bandera atrás de la desvencijada mesa y silla de madera que le sirven de escritorio, la autoridad auxiliar pegó un cartel de la campaña por la liberación del exalcalde y el exjuez de Paz que osaron contradecir a “don Guillermo” y ahora cumplen una sentencia de seis años de prisión en la cárcel de Huauchinango.

Mientras en las calles del pueblo los muros dicen que Atla está en pie de lucha y reclaman “Justicia, democracia, libertad, agua y tierra”, firman: “Los de Abajo”; otros recuerdan que “El pueblo no se vende”.

Aunque tiene más de tres décadas, fue en febrero de 1997, cuando la disputa por el agua se agudizó debido a que Natividad Cruz, Pascual Lioncio Orozco y Vicente Juan Domínguez, apoyadas por el cacique, reclamaron como de su propiedad el lugar donde está el manantial denominado Atexcapa e impidieron el suministro dañando la tubería.

La Comisión Nacional del Agua intervino para tratar de solucionar el conflicto y otorgó una concesión al ayuntamiento municipal presidido por el priista Ángel Vera Lemus, pero de poco sirvió, pues en mayo de 1999, en un enfrentamiento entre militantes del PRI y del PRD, Francisco Román Pérez, del tricolor, fue asesinado por el perredista Juan Nicolás Melquiades.

Fue hasta el 2008, cuando José Ramón Aniceto y Pascual Agustín Cruz con dinero estatal y federal construyeron un nuevo tanque de captación para dotar de agua a todo el pueblo, pero poco duró el gusto porque el cacique montó en cólera, les fabricó un delito que hasta ahora los mantiene en la cárcel y arrebató nuevamente el abastecimiento del vital líquido.

Lo malo de Trabajar por el bien de todos

Aquí para ser autoridad, relata Máximo, hay que cumplir con todas las reglas de los usos y costumbres de la comunidad: “tiene que haber sido regidor, hacer trabajos para la escuela, que haya hecho la mayordomía –darle de comer a todo el pueblo, quemar el castillo y los toritos en la fiesta de mayo dedicada al Señor del Santísimo–, y aparte de eso ser calificado por la mayoría como alguien que viene de una familia respetuosa, como personas honestas.”

Con esa incuestionable legitimidad, José Ramón Aniceto y Pascual, quienes fueron electos como alcalde y juez de Paz durante el periodo 2008-2011, “empezaron a trabajar por bien de todos” y decidieron inmediatamente que el agua se repartiera y que fuera para todos, cuenta Máximo.

Para lograrlo, gestionaron ante el gobierno federal y el gobierno del estado la construcción de otra red de agua potable y un nuevo tanque de captación en el terreno conocido como Ixtácatl, que es el mismo lugar donde había uno similar, pero del que se había “adueñado” Guillermo Hernández. “Entonces el cacique se molestó totalmente, le entró como el demonio y les fabricaron el robo de la camioneta”.

Y aunque en la inauguración, “cuando los inocentes ya estaban en la cárcel”, el representante del entonces gobernador Mario Marín Torres, les explicó que el vital líquido es de la nación, “que es federal y que nadie puede apropiarse de ella”, de poco sirvió.

“Afortunadamente –sigue Máximo– José Ramón Aniceto y Pascual pudieron concluir la obra que trae a Atla agua por gravedad desde el estado de Hidalgo, pues a los pocos días de terminada, en contubernio con Pascual Orozco y Cristóbal Aparicio, “el cacique” les puso ‘un cuatro’ para acusarlos de robo de vehículo, cuando ni siquiera saben manejar”.

Tras un incidente vial, “como uno era presidente auxiliar y el otro era juez de Paz, ordenaron el arrastre de una camioneta propiedad de Cristóbal –quien también forma parte del Comité de Agua Potable–, desde Atla hasta Pahuatlán y la dejaron en las calles (…) y esto fue el pretexto para que luego los acusaran de robo”.

No obstante que el proceso iniciado contra ellos en enero de 2010 fue amañado, como dice Máximo, fueron sentenciados a seis años de prisión en primera y segunda instancia. “El caso está ahora en manos de los magistrados federales en Puebla, pero pronto irá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Amnistía pidió a las autoridades su liberación inmediata, porque quienes declararon en su contra ya dijeron que fueron obligados”.

“María Francisca Ixtacatl fue testigo porque le pagó don Cristóbal 2 mil pesos y ella no quería ir, pero fue obligada y el otro, Francisco Rey Melquiades ya dijo que si están detenidos fue por el agua potable”, añade Máximo.

Le echaron a perder el negocio

Pero su mayor preocupación, refiere, es que tras el “injusto” encarcelamiento de su hermano, cuando su suplente Natividad Cruz tomó posesión del cargo, “el cacique” Guillermo Hernández le quitó de sus manos el agua potable, otra vez controla el abastecimiento que para él es un negocio y el 70 por ciento de los pobladores carecen del líquido vital porque desconectó el nuevo tanque.

“Una toma de agua ha llegado a costar 5 mil pesos. Ahorita como hay elecciones la deja en 200, 400, 500, hasta mil 500 ó 2 mil, según el sapo, pero cuando acaben pueden llegar hasta los 7 mil pesos. Y ahora yo soy el único que se preocupa porque el agua sea para todos. Pero hay un gran desorden, tenemos representantes que no le echan ganas”.

Máximo refiere que al parecer el presidente auxiliar está medio temeroso, parece que está amenazado, que le han dicho “si tú le echas ganas a lo del agua, también te vamos a hacer lo mismo y del presidente municipal Melitón (Guzmán Vallejo) hemos sabido que dice que hasta que salgan de la cárcel, entonces le entra, porque no se puede meter en lo del agua hasta que estén en libertad”.

“Yo les pido que nos tomen en cuenta, que el gobierno estatal, Moreno Valle, haga algo porque es urgente que nos den solución al problema del agua, no es bueno que el pueblo sufra”.

Leticia Ánimas/ Huauchinango

http://impreso.milenio.com/node/9140731

Leave a reply