Aumento a la tarifa de agua; ¿y la eficacia en el servicio?

Aumento a la tarifa de agua; ¿y la eficacia en el servicio?

Editorial | 16 de Julio del 2011 | 00:44 hrs

El aumento del 12 por ciento a la tarifa de suministro de agua surgió como una necesidad de que el costo para llevar un metro cúbico a una casa se acerque lo más posible a lo que se cobra;  sin embargo a pesar del ajuste, la JMAS subsidia alrededor del 25 por ciento del consumo. Ese es el argumento de la institución, no obstante la Canacintra y Coparmex han condicionado la aceptación del aumento a varios factores, entre ellos que el organismo baje su gasto corriente; reduzca las fugas de agua;  haga un cobro más eficiente del servicio y su cartera y mejore la infraestructura.
Las demandas son por demás razonables, ya que durante mucho tiempo se ha pasado por alto la eficacia del servicio del organismo, producto de una mala administración en lo que se refiere al cobro por el consumo, debido a que se absorbe por la Junta, mientras que los costos fijos van en aumento.
Como un ejemplo de lo anterior el mismo presidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Heberto Villalobos, informó que tan sólo de energía eléctrica cada año se deben invertir 160 millones de pesos para que puedan funcionar los pozos, mientras que el costo de operación de las dos plantas de tratamiento es también de 160 millones de pesos al año, lo cual representa la mitad del presupuesto total de la JMAS.
Respecto a la ineficacia en los cobros del servicio, se arrastran vicios que han afectado seriamente sus finanzas.
Al principio de la actual administración estatal se puso de manifiesto que un gran número de usuarios tenían enormes deudas que no habían sido saldadas y aún así contaban con el suministro, como cualquier usuario cumplido, además de que muchos otros contaban con tomas clandestinas.
Esta situación había sido mantenida en secreto durante décadas, ya que la propia Junta protegía los nombres de quienes gozaban del privilegio de tener agua sin pagarla. Se trataba de casos que incluso podían ser puestos a disposición de las autoridades por la vía penal, ya que se trataba de un latrocinio, tipificado como robo de uso, pero en la realidad no sucedía nada.
Fueron dadas a conocer algunas listas de personas físicas y morales que incurrían en esta irregularidad, se hicieron convenios con algunas de ellas, pero luego del cambio de titular en la JCAS ya no se informó nada, solamente decían las autoridades que se estaban acercando a pagar:  pero no hubo un reporte puntual; de manera que a estas alturas no se sabe quién pagó y quién no.
Apenas esta semana explicó el presidente del organismo, Heberto Villalobos, que intensificarán la política de cobro hacia los usuarios morosos y se les suspenderá el servicio a los pocos días de vencimiento del recibo; además de que se determinó que a los que acumulen más tiempo de mora serán enviados al Buró de Crédito. La medida está bien, pero lo más importante es que den a conocer públicamente quiénes son esos grandes deudores que no han pagado.
A estas mermas se agrega la situación de privilegio de la que gozan las dependencias federales, que no obstante que los habitantes del Estado de Chihuahua deben pagar impuestos a la Federación, ésta no corresponde de la misma manera y disfrutan de un régimen de excepción.
Otra demanda razonable es atender las fugas de agua por tuberías viejas de un promedio del 30 por ciento y mejorar el servicio de suministro, además de que la dependencia tiene un alto gasto corriente por los acuerdos económicos que tiene con el sindicato.
De ninguna manera es congruente que mientras que la JCAS no eficienta el servicio y sanea sus finanzas, un gran número de colonias tengan que soportar el racionamiento del líquido. No es justo que mientras existe ese reparto controlado del agua en los domicilios, durante años a los constructores de viviendas se les haya permitido perforar pozos para sus necesidades de suministro e incluso la Junta les pagara los excedentes de agua que extraían;  y aún más, al terminar las obras le vendían el pozo a un costo de cuatro millones de pesos.
Tal parece que esa situación ha sido superada en la actual administración estatal y es el organismo estatal el que se encarga de extraer y vender el agua a las empresas.
Lo importante es sanear las finanzas y si para ello es necesario incrementar razonablemente las tarifas, que lo hagan, pero de manera condicionada a un buen servicio, a que paguen los morosos;  se detecten y sancionen las tomas clandestinas; que se reduzca el gasto corriente y se eviten las fugas: eficiencia y mano dura.

http://eldiariodechihuahua.mx/notas.php?f=2011/07/16&id=99227c775d7fa617c4da10096cbe8071

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