BOLETIN DE PRENSA COMDA

México D.F., a 1 de marzo de 2011


BOLETIN DE PRENSA

Organizaciones civiles y sociales advierten sobre la propuesta del Jefe de Gobierno de incrementar de la participación privada en el servicio de agua en la Ciudad de México

 Demandan que se difunda y se abra un amplio debate sobre la iniciativa de Ley para descentralizar el Sistema de Aguas de la Ciudad de México que incluye la intervención del sector privado en el suministro y dotación de agua potable.

  • Denuncian mínimos avances en la implementación del Programa de Derechos Humanos del D.F. en lo relativo al derecho humano al agua.
  •  Reiteran exigencia de información precisa y una evaluación sobre los contratos con empresas privadas desde 1993 antes de volver a firmar convenios con las mismas.

 El pasado 24 de febrero, se publicó una nota informando que: “El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, envió a la Asamblea Legislativa una iniciativa de ley para descentralizar el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM), en la que se plantea la intervención del sector privado en el suministro y dotación de agua potable.”

 Ya en agosto de 2009 Ebrard había hecho pública su intención de ampliar la participación privada en el manejo del agua en el Distrito Federal. La Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua solicitó mayor información y un debate público al respecto. En el foro público “La privatización del agua y sus impactos” el 26 de octubre de 2009, el Lic. Miguel Ricaño reiteró que no existía una propuesta formal y que no había intención de privatizar los servicios del agua en la Ciudad. Esta misma respuesta también se recibió por escrito a través de solicitud de información[1].

En el contexto de la grave crisis hídrica de la Cuenca del Valle de México, que se agudiza año con año, es imperativo plantear alternativas integrales, bien estructuradas y ampliamente consensadas con todos los actores sociales y con la población. Es evidente que la participación del estado y su rol como garante de los derechos humanos y, en particular, del derecho humano al agua amerita ser claramente definido. Por ello, no debe menospreciarse el esfuerzo realizado en el marco del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (PDHDF)[2]. Lanzar una iniciativa sin considerar las líneas de acción a las que se ha comprometido el gobierno de la Ciudad en dicho Programa plantea una ambivalencia y da un mensaje contradictorio a la ciudadanía.

A más de un año de aprobado este Programa no hay avances en las líneas de acción relacionadas con las empresas que participan en el manejo de agua y las tarifas, aún en aquéllas que no requieren de mayor esfuerzo por parte del SACM. En este instrumento se establece que se debe hacer pública y accesible toda la información relativa a las empresas concesionarias que operan en el DF; también se debe promover un amplio proceso de participación para aportar a una nueva evaluación de los contratos de 1993 a 2009 que sirva de base para la toma de decisiones relativa a la renovación o celebración de otros contratos. Asimismo, se debe conformar un espacio amplio de reflexión y discusión sobre la reestructuración de las tarifas de agua, asegurando que ésta se haga de conformidad con los instrumentos internacionales de derechos humanos[3]. Estos compromisos implican únicamente el cumplimiento de las disposiciones sobre acceso a la información pública, la transparencia y la rendición de cuentas.

Además, resulta preocupante que el Gobierno del Distrito Federal ignore las repetidas demostraciones, en México y en el mundo, del fracaso de la participación privada en los servicios de agua potable y saneamiento. Las dos premisas principales por las cuales se promueve la participación privada – una supuesta mayor eficiencia e inversión – han sido desmentidas por estudios realizados tanto por académicos como por organizaciones de la sociedad civil. Incluso el Banco Mundial, una agencia promotora de la participación privada en el manejo del agua, admite que la experiencia demuestra que no ha habido mayores logros en inversiones. En Cochabamba – Bolivia, Dar es Salaam – Tanzania y Yakarta – Indonesia, se han sufrido las consecuencias de demandas millonarias de las empresas a los gobiernos, servicios que empeoran, cobros indebidos y tarifas impagables. En Aguascalientes la empresa liderada por Vivendi se fue a la banca rota y fue “rescatada” por el gobierno, lo que significó un subsidio a la empresa con dinero público cuyo monto se mantuvo en secreto.

Desde 1993, el Distrito Federal tiene contratos de servicios de agua con cuatro empresas que progresivamente han realizado funciones de levantamiento del padrón de usuarios, lectura de consumos, emisión de boletas y recepción de pagos. Ahora el ejecutivo local propone profundizar la participación de la iniciativa privada sin antes publicar una evaluación imparcial del desempeño que estas empresas han tenido hasta la fecha y un documento claro que muestre porqué esta propuesta pudiera ayudar a mejorar la gestión del agua en la ciudad.

Demandamos congruencia del Gobierno de la Ciudad de México que proclama públicamente un fuerte compromiso con el medio ambiente y los derechos humanos, incluso a nivel internacional, mientras que en los hechos promueve la participación privada en la gestión del agua por encima de la participación pública, no ofrece información e impulsa numerosos megaproyectos que ponen en serio riesgo las pocas zonas de recargas que han quedado en la Cuenca del Valle de México.

 

Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua:

 

– Agua, Trabajo, Servicio y Vida A.C.

– Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP)

– Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL)

– Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA)

– Centro Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria, O.P.”, A.C.

– Centro de Servicios Municipales “Heriberto Jara, A.C.”(CESEM)

– Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento, A.C. (COPEVI)

– Colectivo Radar

– Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con Alternativas (COMCAUSA A.C.)

– Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP)

– Desarrollo, Educación y Cultura Autogestionarios, Equipo Pueblo

Enlace Rural Regional, A.C. (ERRAC)

Espacio DESC

– Food First Information and Action Network- México (FIAN-México)

– Guardianes de los Volcanes, A.C.

– Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC)

– Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)

– Otros Mundos, A.C.

– Red de Género y Medio Ambiente (REGEMA)

– Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC)

– Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ)

 

Aliado internacional:

– Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL)



Para mayor información:

Claudia Campero 044 55 30 15 63 66 claucampero@yahoo.com

Brenda Rodríguez Herrera 044  55 29 36 79 85 brendtzu27@yahoo.com.mx

 




[1] Solicitud de información con número de folio 0324000033810

[2] La Jefatura de Gobierno publicó el 26 de agosto de 2009 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el Acuerdo por el que se establece la obligatoriedad del PDHDF para las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades del Distrito Federal. Además el 24 de febrero del presente se promulgó la Ley del PDHDF.

[3] Ver las líneas de acción 776, 777, 779 y 761 completas en el PDHDF disponible en: http://www.derechoshumanosdf.org/portal/

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