Boletín de prensa y resolutivos del Foro ‘Los trabajadores frente a la privatización de los servicios públicos de agua’

BOLETIN DE PRENSA

At’n Responsable de Redacción

Con el consenso general de detener la privatización del agua en México y en el mundo, aportar propuestas para el mejoramiento de los servicios públicos que prestan los organismos operadores del vital liquido, permitir la participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre los aprovechamientos y usos del agua tanto en zonas urbanas como rurales, y garantizar que el agua se destine prioritariamente a la vida y la salud, concluyó el foro internacional “Los trabajadores frente a la privatización de los servicios públicos de agua”, realizado el 17 y 18 de marzo y realizó la declaración de estos consensos el día de hoy.

De los temas analizados en dicho foro, destacó que el 95 por ciento de los servicios de agua en el mundo se llevan a cabo por organismos públicos, y solamente un 5 por ciento de los usuarios reciben el servicio de empresas privadas, así lo expresó Emmanuelle Lobina, de la asociación Internacional de Servicios Públicos. Igualmente, Delia Montero, investigadora de la UAM, destacó que por ser países en vías de desarrollo que cuentan con importantes volúmenes de recursos hídricos, los países de América Latina son los que resultan más atractivos para las empresas nacionales y trasnacionales, mientras que en las naciones más pobres y con insuficiencia de agua el interés y la participación real de los particulares es mínimo. Además, puntualizó Karina Kloster, investigadora de FLACSO, que la participación privada se concentra prácticamente en cuatro grandes empresas trasnacionales y, aun así, no hay evidencias de que la gestión privada haya aportado mejoras a los servicios; en cambio, varias empresas enfrentan procesos legales por incumplimientos, incluso daños. Por tales razones, los participantes pusieron en duda que la participación privada en los servicios de agua haya contribuido a la consecución de los objetivos del programa mundial del agua.

En los aspectos nacionales, se destacaron las situaciones de México, Argentina y Perú. Respecto a México, se señaló, es un país en el que el marco constitucional y legal permiten la extracción de agua del subsuelo directamente por particulares, mediante concesiones en las que se especifican los usos y volúmenes de agua permitidos que les son autorizados, pero que ocasiona que la mayoría de aprovechamientos urbanos sean para uso industrial, mientras que para la agricultura el gobierno federal crecientemente proporciona agua tratada. Lo más grave, señaló Félix Hernández, consultor en materia de agua, es que con base en la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento, funciona un banco de agua en el que los particulares pueden vender y comprar “derechos” para extraer agua del subsuelo de diversos predios ubicados dentro de una misa región hidrológica, sin necesidad de ser propietarios de las tierras. En cambio, a los municipios se les confirió la facultad de prestar los servicios públicos de agua potable y saneamiento, pero no los recursos necesarios para ello. Para ello CONAGUA puso en marcha el Programa de mejoramiento del manejo del agua; no obstante, en las reglas de operación se consideran créditos para la participación de los municipios en la inversión necesaria para la construcción y mejoramiento de la infraestructura y, señaló, que el crédito puede condonarse en más del 60 por ciento en los casos en que los municipios permitan la participación de los particulares en las diversas áreas de los servicios de agua potable.

En México existen más de 2700 organismos operadores de los servicios públicos de agua potable, distribuidos en los estados y municipios del país. La mayoría de ellos tiene deuda pública directa, contraída para poder invertir y operar los servicios, pero que ha ocasionado que las tarifas se incrementen, en algunos casos, para obtener recursos destinados a la amortización de la deuda.

En el caso de Buenos Aires, se reconoció que el Sindicato de Obras y Saneamiento de esa ciudad logró detener la privatización tanto con medidas de resistencia radicales, como con la participación directa en la administración del servicio y el mejoramiento del servicio. “La gente lo que quiere es agua. Y nosotros le dimos agua. Para ello, intervinieron los compañeros profesionistas y técnicos. Ellos demostraron que son capaces y mejores”, señaló Gullermo Amorebieta, dirigente de esa agrupación, quien además puntualizó que la corrupción de las empresas trasnacionales fue un aspecto constante en su operación y, advirtió, “no conozco el caso de una sola de esas empresas, de las que tiene participación en los servicios de agua a la población, que esté libre de corrupción”.

Respecto al proceso seguido en Perú, Luis Isarra, Presidente de la Federación de Trabajadores del Agua, señaló que solamente unidos los ciudadanos y los trabajadores de los organismos de los servicios públicos de agua, logaron detener la privatización. Esto fue una tarea muy difícil, incluso tuvimos que tocar puerta tras puerta en todas las casas, para convencer a los ciudadanos de que esta lucha incluía a todos y no solamente a los trabajadores del agua.

Finalmente, el Foro emitió los siguientes

RESOLUTIVOS

En el marco de las actividades del Foro Internacional en Defensa del Agua, los trabajadores de los organismos operadores de Agua de México y otros países, hemos acordado:

1. Que el acceso al agua debe ser un derecho humano universal.
2. Que el agua es fuente de vida y no debe estar sujeto a reglas que la transformen en mercancía.
3. Que los procesos privatizadores a nivel mundial, impulsados desde el FMI, BID y BM han fracasado en su oferta de beneficios a los pueblos del mundo, porque su naturaleza de lucro no considera realmente servicios para la población en zonas sin agua.
4. Que la defensa de la empresa pública en los servicios hídricos es fundamental para garantizar un acceso justo y equitativo a los pueblos del mundo.
5. Que la vinculación entre los trabajadores del sector agua y los habitantes de las ciudades y el campo es una garantía para enfrentar los procesos de privatización y desarrollar modelos sociales de gestión integral más democráticos.
6. Luchar por revertir las áreas ya concesionadas a los particulares.

Reafirmamos nuestro compromiso de seguir luchando, al lado de los pueblos, porque el agua sea para la vida y la salud y no para lucrar.

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