Category Archives: Noticias agua en México

Desechar ley de aguas, exigen académicos y ambientalistas

Es insuficiente haberla postergado, señalan a diputados

José Antonio Román
Periódico La Jornada
Jueves 12 de marzo de 2015, p. 39

La decisión de la Cámara de Diputados de posponer la discusión de la Ley General de Aguas no es suficiente. Es necesario que la iniciativa sea desechada, señalaron varias organizaciones y colectivos de académicos e investigadores, ambientalistas y de derechos humanos.

Además, solicitaron a los legisladores que se debata de forma pública y transparente una ley que no sólo beneficie a la sociedad y respete el derecho humano de acceso al agua, conforme a los estándares internacionales, sino también se consideren los ecosistemas, asegurando una sustentabilidad hídrica del país a largo plazo.

De esta forma, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, la Coordinadora Nacional de Agua para Todos, así como la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad fijaron una posición frente al anuncio de la Cámara de Diputados de posponer indefinidamente la discusión de la controvertida ley que ya había sido votada en comisiones por representantes de PRI, PAN y PVEM, y que finalmente se decidió que no llegará, cuando menos por ahora, al pleno legislativo de San Lázaro.

Por separado, las tres organizaciones y colectivos coincidieron en que la iniciativa que pretendían aprobar los diputados atenta contra el derecho humano de acceso al agua. Consideraron innecesario señalar de manera expresa que su contenido da un trato abiertamente de mercancía al agua, puesta a disposición del mejor postor, con una mayoritaria y casi exclusiva participación de la iniciativa privada en infraestructura y en toda la cadena de servicios.

Omar Arellano-Aguilar, vicepresidente de la unión de científicos, informó que en tan sólo seis días se han reunido más de 12 mil firmas en una campaña para exigir al Congreso un debate público con especialistas y sociedad en ambas cámaras, donde las propuestas sean tomadas realmente en cuenta para la elaboración de otro dictamen.

Dijo que aun cuando la recolección de firmas se hizo solamente por Internet, el resultado revela que la sociedad está preocupada, por lo que pretenden aprobar los legisladores, y demanda participar en una discusión al que habrá de regir la gestión del agua en el país.


  • http://www.jornada.unam.mx/2015/03/12/sociedad/039n1soc

La Ley de Aguas frena hasta estudios científicos en zonas contaminadas, alertan investigadores

marzo 12, 2015 Foto: Cuartoscuro.

Ciudad de México, 12 de marzo (SinEmbargo).– La iniciativa de Ley General de Aguas, aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados, pretende no sólo excluir la opinión de expertos en el tema, sino además condiciona la investigación científica del vital líquido en el país, acusaron miembros de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), integrada por expertos de distintas casas de estudio.

Expertos de diversas áreas y universidades explicaron que no fueron llamados para opinar sobre la ley, la cual estipula que deben pedir permiso a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para estudiar el agua. La comunidad científica prevé que el organismo le impida cualquier tipo de estudio.

“De los efectos contrarios, que quisiera destacar, es que a la academia se le va a pedir un permiso para el monitoreo y estudio del agua. Eso, lo que condiciona, es qué tipos de estudios se van a permitir, cuáles no se van a permitir. A eso se van a enfrentar las universidades y académicos; pero, ¿qué pasa en el caso de las comunidades que también hacen estudios de monitoreo de autogestión?”, cuestionó el doctor Omar Arellano Aguilar, académico del Departamento de Ecología y Recursos Naturales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Una gran parte de científicos del país ha expresado su preocupación. Nosotros también estamos preocupados desde la UCCS, por eso pedimos que se abrá el debate. Muchos colegas han alertado que esta ley no es la que requiere el país”, agregó.

El Artículo 147 de la Ley General de Aguas estipula que “los interesados en realizar obras de exploración, estudio, monitoreo, reinyección y remediación en acuíferos sobreyacentes y subyacentes o en bienes nacionales a que se refiere esta Ley deben solicitar permiso a la Comisión [Conagua] en los términos que establezca el Reglamento, así como los criterios técnicos y ambientales que determine la autoridad competente”.

“Se limita incluso el hecho de investigar si un río está contaminado”, destacó Arellano Aguilar.

Representantes de la academia aseguraron que el dictamen “no reúne la esencia del Artículo 4º Constitucional y de tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, por ello no sólo cuestionan cada uno de los artículos, sino que se oponen “rotundamente” a toda la Ley.

OTRA LEY FAST TRACK

Ciudadanos se manfiestaron ayer en contra de la nueva ley que discute el Legislativo. Foto: Ariana Pérez, SinEmbargo

El doctor Arellano y los investigadores Fernando Córdova Tapia, Shanty Daniela Acosta Sinencio, todos miembros de la UCCS informaron que los legisladores aplazaron la discusión del dictamen de la Ley General de Aguas para explicar las dudas, pero “nosotros no necesitamos que nos expliquen, la entendemos por completo y desde la academia la rechazamos como está. Necesitamos una ley nueva donde exista el debate y la discusión”, dijeron.

“Todo lo quieren aprobar fast track, por eso no dan pie a que organizaciones o expertos comenten, analicen. Necesitamos que se haga con más tiempo. Partimos de la idea que necesitamos una nueva ley e incluir a más organizaciones y opiniones”, expresó el biólogo Fernando Córdova.

Grupos civiles como la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Coalición Agua Para Todos recolectaron 11 mil 502 firmas de profesores, estudiantes, científicos, amas de casa, y demás interesados, que mostraron su preocupación ante el Dictamen por el que se expide la Ley General de Aguas.

Entre las principales demandas está que la Cámara de Diputados y el Senado habrán un debate público en el que se expongan las posturas de los investigadores de la ciencia, la biología, antropología, sociología, y la sociedad en general para que el país, dijeron, tenga una ley a la altura de las circunstancias para el futuro, inmediato y largo plazo.

“En seis días recolectamos más de 11 mil 500 firmas, en un primer momento registramos el interés de académicos y estudiantes, pero luego nos fuimos dando cuenta que amas de casa, trabajadores independientes y personas de sectores alejados comenzaron a participar. Con esto creemos que la sociedad está preocupada por esta ley y pide que se habrá el debate”, dijo Omar Arellano.

Los firmantes destacaron que se promueve la privatización del agua al considerarla un bien económico, por tanto discrimina y priva derechos humanos a sectores desfavorecidos, promueve el desplazamiento de personas y la muerte de ríos.

Por su parte, Elena Burns, integrante de la organización Agua Para Todos, aseguró que los diputados crearon una ley que intenta favorecer el consumo de agua al mejor postor.

“No es nada nuevo. El año pasado Miguel Ángel Mancera [el Jefe de Gobierno de la capital] propuso una ley exactamente igual, pero la frenamos y ahora, desde la sociedad, tenemos la capacidad de proponer la ley que México necesita. Porque aquí quieren imponer el consumo de 50 litros por persona cuando muchas personas no tienen el dinero para pagarlo, entonces lo que quieren es dar el agua al mejor postor”, dijo la activista.

Julio César Cervantes, de la Central Campesina Cardenista (CCC), informó que la Ley de Aguas podría afectar aún más el campo mexicano y sobre todo a pequeños productores.

“La Conagua y la Sagarpa [Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación] van a aprobar quién y cuánta agua van a distribuir. Todos deben presentar un proyecto para que se les otorgue agua. Entonces, le van a dar mayor agua a las grandes empresas porque van a distribuir mayor cantidad de alimentos, pero a los pequeños productores que trabajan con sistema de riego no. Se les estará quitándo su derecho al agua”, afirmó.

La investigadora Shanty Daniela Acosta aseguró que la ley que se propone beneficia al sector minero, industrial y favorece a los megaproyectos por encima de la población.

“Se vulnera a toda la población en general porque se favorece a los megaproyectos. Tendrán toda la prioridad proyectos como fracking, como minas, como hidroeléctricas, sin tanto trámite. De pronto, los que frenamos estos trámites somos la sociedad civil porque la Conagua facilita”, aseveró Acosta.

Cordova dijo que “el que ahora se intente legalizar el despojo del agua no significa que los problemas de desabasto se vayan a termina, se van a acrecentar por que se le va a dar más poder y preferencia a la explotación privada que a las comunidades. Entonces va a haber más problemas sociales por el conflicto del agua”, atestó.

La Unión de Científicos Comprometidos adelantó que ya tiene una contrapropuesta a la Ley que se discute, en la cual participaron 450 expertos y 30 organizaciones, y la harán llegar al legislativo. En tanto, lo que demandan es abrir un foro para exponer sus propuestas y enriquecer la ley.

En tanto, el día de ayer las comisiones unidas de Agua Potable y Saneamiento, y la de Recursos Hidráulicos informaron que están abiertas para recibir propuestas para enriquecer el dictamen de la Ley General de Aguas.

http://www.sinembargo.mx/12-03-2015/1278380

Ley de aguas: privatización y explosividad

EDITORIAL

 12/03/2015 04:58
 Publicado por

En conferencia de prensa, ayer, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, que agrupa a académicos e investigadores de los principales centros de enseñanza en el país, afirmó que la decisión de posponer la discusión de la Ley General de Aguas en la Cámara de Diputados no es suficiente, y que el dictamen –ya aprobado en las comisiones legislativas– debe ser desechado. A renglón seguido, los catedráticos señalaron que la aprobación del referido dictamen en sus términos actuales conlleva consecuencias negativas para la población, como la privatización del agua, la cual sería considerada principalmente un bien económico y no cultural y social; la ampliación de los márgenes para la contaminación industrial del líquido y la imposición de restricciones e incluso sanciones a los estudios académicos, la investigación científica y el monitoreo de cuerpos de agua.

Semejantes advertencias ponen en relieve la pertinencia y necesidad de que el proceso legislativo en torno a la ley de aguas dé paso a la realización de un debate público amplio y plural en el que se escuchen todas las voces involucradas y en el que los legisladores respondan abiertamente a los señalamientos críticos formulados en torno a la iniciativa. En contraste, se exhibe también la cerrazón de los promotores de dicha ley para desacreditar, incluso con descalificaciones ofensivas y de tufo discriminatorio, todo intento de discutir y cuestionar el mencionado dictamen.

Es previsible que si se aprueba la ley de aguas se abriría un nuevo frente de ingobernabilidad, en la medida en que esa legislación acentuaría las inequidades existentes en el país entre individuos, agentes económicos y regiones. La imposición de los criterios mercantiles y tecnocráticos en el acceso de las personas a los recursos hídricos, lejos de contribuir a garantizar el acceso universal a ellos, acabaría por entregarlos a corporaciones trasnacionales caracterizadas por incurrir en prácticas depredadoras, abusivas y generadoras de descontentos sociales, en perjuicio de campesinos, pequeños empresarios y consumidores individuales.

Un precedente ineludible del potencial explosivo de iniciativas de este tipo es la llamada guerra del agua en Cochabamba, Bolivia, conjunto de protestas a principios de 2000 a consecuencia de la decisión gubernamental de concesionar por 40 años a una trasnacional el sistema regional.

Si la privatización de la industria energética y petrolera generó un profundo descrédito y profundizó la percepción de una institucionalidad política carente de representatividad y de sentido de nación, es de esperar que la eventual privatización del agua produzca una reacción mucho menos contenida e imprevisible por la simple razón de que el agua es un referente vital mucho más inmediato que el petróleo.

Es necesario que, al menos por una vez, el gobierno federal y el Poder Legislativo demuestren voluntad para escuchar las demandas y los puntos de vista de la ciudadanía y privilegien el sentido de país y los intereses nacionales por sobre los corporativos.

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2015/03/12/ley-de-aguas-privatizacion-y-explosividad/

Jalisco rechaza la Ley General de Aguas Nacionales

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El dìa de hoy 12 de marzo de 2015 se tuvo una rueda de prensa en uno de los salones del Congreso del Estado de Jalisco, donde seis organizaciones civiles y Académicas de Jalisco nos declaramos en contra de la aprobación de la Ley General de Aguas y exigimos que dicho documento sea desechado.

 

La Ley de Aguas de la CONAGUA profundiza y agrava el proceso de privatización del agua en México que comenzó en 1994

Hacemos un llamado a las y los diputados y senadores por Jalisco para que se abstengan de aprobar esta Ley General de Aguas que privatiza y vulnera los derechos humanos

Convocamos a la sociedad jalisciense a movilizarse el próximo 14 y 22 de marzo, para exigir una Ley General de Aguas que garantice el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento

(Baja el Boletín de prensa de aquí)

 

http://www.imdec.net/jalisco-rechaza-la-ley-general-de-aguas/

Combaten los amparos de Temacapulín

Gobernador prometió apoyar la causa, pero abogados de la CEA y la SGG buscan impedir suspensiones contra El Zapotillo.

Guadalajara

Las autoridades federales, los constructores y el propio gobierno de Jalisco, han interpuesto al menos 30 recursos en busca de impedir que los jueces y colegiados de distrito otorguen suspensiones en los juicios de amparo promovidos por moradores de Temacapulín en contra de la construcción de la presa El Zapotillo.

El dato es de resaltar porque desde antes de su arribo como gobernador, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz se comprometió con los habitantes de la región alteña a que no se permitiría la inundación de su poblado debido al embalse artificial. Cuando tomó posesión, el mandatario reiteró su postura pero dijo que no dependía del estado cancelar la presa, ya que se trataba de una inversión federal y de Guanajuato, y ofreció su apoyo a los quejosos. Hubo mesas de trabajo desde la Secretaría General de Gobierno, con respaldo de la Comisión Estatal del Agua (CEA), e incluso se plantearon propuestas de nuevos sitios de obra que la Conagua rechazó a finales de 2013 por presuntamente “inviables”.

Lo cierto es que de forma paralela a las largas jornadas de discusión con los agentes del gobierno de Jalisco, corrían los diversos juicios de amparo que se han promovido desde el año 2008 por parte de los afectados.

Los defensores de Temaca se encontraron con “piedritas” en el camino: recursos con que se contestaba desde diversas instancias públicas para impedir que se les otorgaran suspensiones que tenían por efecto que la obra no podía continuar, lo que a la postre sucedió: hay cuatro juicios con suspensiones que impiden rebasar 80 metros en la altura de la cortina.

En un análisis de los abogados Guadalupe Espinoza y Claudia Gómez Godoy, asesores de los opositores a la presa en Temacapulín, salen 30 recursos interpuestos en contra de cuatro expedientes de amparo: 1046/2014, 1093/2014, 1045/2014  y 2245/2008. Se trata de sólo una muestra, pero es reveladora.

El 26 de junio de 2014, el subsecretario de asuntos jurídicos de Jalisco interpuso recurso de revisión contra la suspensión definitiva del juicio 1046/2014 (ahora enviado por el Tercer Colegiado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación); el 2 de septiembre siguiente, Aldo García Rodríguez, apoderado general judicial del director de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (también del gobierno del estado), interpone otra revisión contra el mismo juicio.

El 16 y el 24 de junio, las mismas instancias de la CEA y de la Secretaría de Gobierno interponían sendas revisiones contra la suspensión del juicio 1093/2014 (también hoy en manos de la SCJN). El expediente 1045/2014 registra otro proceso de revisión de la Secretaría General de Gobierno.

El único expediente en el que no se registra impugnación del Ejecutivo de Jalisco s el 2245/2008, que sin embargo, fue ampliamente combatido por la Conagua, la Secretaría de Medio Ambiente federal y el agente del Ministerio Público de ese fuero. Otros actores de recursos son las compañías afectadas: La Peninsular y FCC, concesionarias de la megaobra. Hasta ahora no han tenido éxito.

CLAVES

Los 30 recursos

Expediente 1046/2014

Queja de la Conagua contra prueba de inspección judicial; queja de la Conagua en el incidente de suspensión; recurso de revisión del consejero jurídico del Ejecutivo Federal, del gobierno de Jalisco, de la CEA, del organismo de cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, de la compañía Peninsular y de la Conagua contra la suspensión definitiva

Expediente 1093/2014

Queja de La Peninsular contra garantía por suspensión; recursos de revisión contra suspensión definitiva de la CEA, el gobierno de Jalisco, La Peninsular, agente del MP federal, y tres instancias de la Conagua

Expediente 1045/2014

Dos quejas contra admisión de la demanda de FCC Construcción y La Peninsular; queja contra la negativa de dar trámite a incidente de acumulación de La Peninsular; recursos de revisión contra suspensión definitiva de tres instancias de la Conagua y del gobierno de Jalisco

Expediente 2245/2008

Recurso de revisión contra sentencia de dos instancias de la Conagua y dos de la Semarnat

Fuente: Colectivo de Abogados

http://www.milenio.com/region/Combaten-amparos-Temacapulin_0_479952114.html

Ley de Aguas, vía de mineras para obtener el líquido por compra de terrenos: Delgado

ECONOMÍA Y ECOLOGÍA

 11/03/2015 04:00

 Publicado por

 

La Ley General de Aguas, cuya discusión ha sido pospuesta en el Congreso de la Unión, “abre la posibilidad de facto del despojo y privatización de las reservas o cuerpos de agua en tierras de propiedad social”, las cuales podrían ser utilizadas por las mineras para el fraking, advirtió Gian Carlo Delgado Ramos, integrante del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Delgado Ramos, quien fue galardonado con el Premio de Investigación 2014 en el área de Ciencias Sociales por la Asociación Mexicana de Ciencias, presentó ayer en el auditorio del Centro de Estudios del Desarrollo Económico y Social de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Puebla el libro Apropiación de Agua, Medio Ambiente y Obesidad, los impactos del negocio de las bebidas embotelladas en México, del cual fue compilador.

Acompañaron a Delgado Ramos el ex secretario del Medio Ambiente del gobierno poblano, Francisco Castillo Montemayor; el geohidrólogo Joel Gutiérrez, y el médico Antonio Cruz López, profesor investigador de la Facultad de Medicina de la máxima casa de estudios. Como moderador fungió Aurelio Fernández Fuentes, director de esta casa editorial.

Tras una explicación del contenido de la obra –que puede ser consultada en formato digital en la liga http://computo.ceiich.unam. mx/webceiich/docs/libro/Apropiacion%20de%20agua.pdf–, una buena parte de la exposición de los presentadores se centró en las consecuencias que traerá la Ley General de Aguas, que privatiza el recurso.

Delgado advirtió sobre varios riesgos –la criminalización de la investigación científica, por ejemplo–, pero destacó la vinculación que puede haber entre la privatización del agua y la industria minera, pues la iniciativa sobre el líquido establece que cuando sociedades civiles, mercantiles o personas morales adquieran tierras ejidales o de uso común, también podrán explotar las aguas que haya en el subsuelo de esas propiedades.

Es así que las compañías pueden hacerse del agua que necesitan para alimentar de la energía que requieren las minas, pues son conocidos los ardides de que se valen para apropiarse de lotes, engañando a comuneros y ejidatarios, falsificando sus firmas presentándoles contratos aparentemente ventajosos para ellos, quienes terminan perdiéndolo todo, dijo.

No solo eso; la iniciativa plantea que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pueda tener reservas en bancos de almacenamiento del líquido, el cual sería destinado de manera discrecional para proyectos prioritarios estratégicos y de interés público. Considerando que la minería está catalogada como una actividad “prioritaria” y de presunto “interés público”, según la ley específica de dicha actividad no es difícil imaginar que el recurso sea utilizado por las empresas para sus actividades de fracking, señaló el investigador de la UNAM.

Todos los ponentes coincidieron en que la Ley General de Aguas que se discute en el Poder Ejecutivo federal está confeccionada a detalle y ha venido siendo preparada con suma anticipación, para lograr el cometido de entregar el recurso sin reservas a la iniciativa privada.

También confluyeron en que ya hay ejemplos claros de la privatización del agua, como puede ser el caso de Puebla, o de prácticas que en la iniciativa se están anticipando, como los bancos de agua para que el líquido sea aprovechado por mineras y extractoras de combustibles.

En ese sentido, Francisco Castillo Montemayor dijo que se están haciendo almanecenamientos de agua superiores a los que se necesitan en la región oriental de México para almanenarnos en La Parota y desviar una enorme cantidad del líquido a la presa de El Cuchillo, el cual sería utilizado para extraer gas de la reserva de Burgos.

Agregó que uno de los pretextos para privatizar el agua es el argumento de que los organismos públicos hacen una administración ineficiente del elemento, mientras que la iniciativa privada lo hace de manera eficiente, lo cual es una falacia, pues sobran los ejemplos en México y el mundo que demuestran que los particulares ejercen un aprovechamiento y distribución tan malo o peor que el de las instituciones públicas.

En ese sentido, hizo un llamado a los presentes en el auditorio, particularmente a los jóvenes, a que no se dejen engañar y defiendan los recursos naturales del país.

Por otra parte, Joel Gutiérrez advirtió que es necesario que los aprovechamientos del líquido se hagan de una forma racional, sugirió que el libro presentara una medición homogénea del agua que se extrae y consume para hacer más digerible su lectura, pero advirtió que la obra es pertinente en estos momentos en los que se discute la Ley General de Aguas.

 

Bebidas embotelladas

En la exposición sobre Apropiación de Agua, Medio Ambiente y Obesidad, los impactos del negocio de las bebidas embotelladas en México, Gian Carlo Delgado Ramos fue abundante en cruce de datos, cifras y estadísticas.

Explicó que en una de las partes del libro se analizan las apropiaciones de afluentes que tienen tres de las principales compañías en la República: Femsa, Nestlé y Heineken.

De hecho, el principal concesionario del agua en el sector de las bebidas embotelladas es la Heineken, que tiene en su poder 120 millones 843 mil 715 metros cúbicos por año, el equivalente a 74.3 por ciento del líquido total entregado a la industria cervecera del país y equivalente a 50 por ciento de las concesiones para todo el rubro de líquidos embotellados para consumo humano.

De hecho, el investigador destacó que México ocupa el primer lugar en el consumo de agua embotellada per cápita a nivel mundial y el segundo a nivel general, aunque encabeza también la lista de países que más ingieren los productos de la marca Coca Cola.

Hizo mención de los ardides publicitarios de los que se valen las compañías embotelladoras de agua, planteando el consumo de bebidas en recipientes industriales, como una alternativa “saludable” a la ingesta del líquido directo de agua potable de las tomas domiciliarias.

En ese sentido, se refirió a las graves implicaciones para la salud de los mexicanos que tiene el alto consumo de bebidas embotelladas, particularmente en las afectaciones por diabetes.

Señaló que en México la diabetes mellitus es la primera enfermedad y causa de muerte, pero a nivel mundial el nuestro es el octavo con prevalencia de la enfermedad y el sexto con el número de muertes causados por ella.

El médico Antonio Cruz López, en su intervención, hizo una explicación sobre la importancia vital del agua como agente, no solo que aporta para la existencia de la humanidad, sino también como un elemento que puede acarrear enfermedades.

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2015/03/11/ley-de-aguas-via-de-mineras-para-obtener-el-liquido-por-compra-de-terrenos-delgado/

El líquido, bien público: Olvera

Pide la UAEM abrir debate sobre privatización del agua
De la Redacción
Periódico La Jornada
Miércoles 11 de marzo de 2015, p. 16

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Jorge Olvera García, se pronunció en favor de que la iniciativa de Ley General de Aguas se abra a discusión y debate académico con especialistas antes de que el líquido sea privatizado.

En entrevista, Olvera García consideró que se debe cuidar el espíritu del artículo cuarto, toda vez que el agua es un bien público, un recurso delicado y, por tanto, constituye un derecho constitucional.

La intención de privatizar el liquido, comentó el rector de la UAEM, debe debatirse con responsabilidad y en el marco del desarrollo de nuestro país.

El rector abundó que la institución mexiquense está dispuesta a ingresar en el debate frontal de esos temas, ya que el agua es también un derecho humano protegido por los tratados internacionales.

Añadió que la UAEM tiene tradición en la investigación profunda del tema del agua, a través del Centro Interamericano de Recursos del Agua (CIRA), y es ahí donde hemos abonado para cuidar y preservar tan vital elemento.

Jorge Olvera se pronunció por que el tema del agua sea tratado por todos los sectores sociales y académicos, toda vez que representa un insumo esencial para el desarrollo del país.

Concluyó que la discusión y el debate debe inmiscuir y privilegiar a la parte más sensible de la sociedad, que son las universidades.

http://www.jornada.unam.mx/2015/03/11/politica/016n3pol

Beber o vender: ¡ese es el dilema!

Francisco López Bárcenas
E

l agua es un elemento natural indispensable para vivir. Sin ella la existencia de la vida no es posible. Además, para muchos pueblos del mundo reviste aspectos culturales que se expresan en mitos y prácticas fundamentales para su existencia. Su importancia la entendieron las sociedades antiguas, que lo trataron como un bien común del que ningún particular podía apropiarse, porque hacerlo ponía en peligro la existencia de los demás. El Congreso constituyente de 1917, que aprobó la Constitución política de nuestro país, que actualmente nos rige, recogió esa tradición declarando que el agua era propiedad de la nación mexicana, es decir, de todos los mexicanos, dejando al Poder Ejecutivo la responsabilidad de su administración, para repartirla equitativamente, cuidar su conservación y no se pusiera en peligro su aprovechamiento por generaciones futuras.

Este carácter jurídico del agua terminará si el Congreso de la Unión aprueba la iniciativa de Ley General de Aguas Nacionales que se discute en la Cámara de Diputados, pues con ella se profundizaría el carácter privatizador que desde 1992 se le viene dando, primero con las reformas al artículo 27 de la Constitución federal y la aprobación de la actual Ley de Aguas Nacionales, a la que se han introducido diversas modificaciones a través de los años para promover la mercantilización del agua. La Ley General de Aguas que los diputados se aprestan a aprobar propone profundizar estos rasgos, pero sobre todo, transformar su administración la creación y manejo de infraestructura, su explotación y distribución, así como el cobro del agua potable, para dejarla en manos de particulares.

Uno de los aspectos que se propone modificar son las causales de utilidad pública, incorporando como tales actividades que visiblemente son de beneficio privado, como el trasvase de agua de una cuenca o acuífero hacia otro; o la construcción de presas hidroeléctricas. No se trata de actividades nuevas, pues presas hidroeléctricas y construcción de acueductos para llevar el agua de un lugar a otro se han venido haciendo desde hace décadas, mas como sus efectos ambientales, económicos, sociales y culturales sobre las poblaciones son desvastadores, han encontrado una fuerte oposición social y ahora buscan fortalecer sus instrumentos que les permitan imponerse a la voluntad popular. Lo grave es que se legalizan prácticas privatizadoras contra las cuales la sociedad mexicana ha mostrado su rechazo, legalizando incluso la utilización de la fuerza pública para imponer sus proyectos.

Otros de los cambios que la iniciativa de Ley General de Aguas contiene es el manejo del agua por los particulares, así como la de certificar la autosuficiencia y sostenibilidad de los servicios, es decir, que con las tarifas que los usuarios paguen por el agua se pueda recuperar la inversión. En ese mismo sentido, se establece un mínimo vital para consumo personal y doméstico para que mexicanos podamos cubrir nuestras necesidades básicas, el cual consiste en 50 litros diarios por persona. Esto es contrario a lo que dispone el artículo 4 de la Constitución federal, el cual establece como obligación del Estado garantizar a todos los mexicanos el acceso al agua salubre, aceptable y asequible, lo mismo que diversos tratados internacionales y la Observación General número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, todas de observación obligatoria en nuestro país.

Además de las anteriores contradicciones, la ley que se discute atenta contra el derecho constitucional de acceso preferente de los pueblos indígenas a los recursos existentes en los lugares que habitan, de lo cual no se dice nada; así como del derecho a ser consultados por las autoridades antes de tomar una medida legislativa que pudiera afectarles, como es la mencionada iniciativa de ley. Al proponer una ley que se aparta del contenido constitucional y los tratados internacionales obligatorios en nuestro país, el Poder Ejecutivo viola deliberadamente los derechos de los mexicanos relacionados con el acceso al agua; al mismo tiempo que pone a prueba la paciencia de los mexicanos, mercantilizando un derecho indispensable que debe garantizar.

Pero, sobre todo, pone a prueba la paciencia de los mexicanos para seguir resistiendo agravios cuyo origen es el poder instituido para proteger sus derechos.

http://www.jornada.unam.mx/2015/03/11/opinion/020a1pol

Si se entrega el recurso a la IP el país “se enfila al suicidio”

Critican especialistas el dictamen

Emir Olivares y José Antonio Román
Periódico La Jornada
Miércoles 11 de marzo de 2015, p. 7

María del Carmen Carmona Lara, especialista en derecho ambiental del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, calificó de anticonstitucional y privatizadora del recurso hídrico la iniciativa de ley general de aguas.

En tanto, Pedro Moctezuma Barragán, profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, aseguró que con ese proyecto de ley –cuya discusión fue suspendida el pasado lunes en la Cámara de Diputados– México se enfila hacia un paradigma suicida, donde el panorama hídrico se complicaría en los próximos años y para las futuras generaciones.

En entrevista con La Jornada, Carmona Lara planteó que las modificaciones propuestas por varios legisladores no señalan que el agua se vaya a entregar a entes privados –mediante concesiones–, pero sí que éstos contarán con un volumen que les permita tener el control del recurso.

Calificó la iniciativa de anticonstitucional, porque reglamenta el derecho humano al agua y lo separa de otros, como el derecho a un medio ambiente sano y a la protección de sistemas acuíferos, previstos en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente.

Moctezuma Barragán criticó que el gobierno pretenda ir hacia la privatización, cuando en muchas partes del mundo están de regreso a la remunicipalización del agua, luego de constatar que la solución no estuvo en ver el recurso como mercancía, sino en respetar el derecho humano a su acceso.

Carmona Lara indicó que el dictamen que discutirán los diputados prevé una figura llamada trasvases, por la cual particulares podrán construir infraestructura para la distribución y control del líquido, lo que les permitiría decidir a quién le dan agua y cuánta, si cierran los espacios de distribución y hasta el precio por el recurso.

Otro elemento grave es que plantea modificar el sistema de prelación para otorgar concesiones (donde además de la autoridad participa el organismo de cuenca, que también sería desarticulado como unidad de gestión). De ser aprobado el documento, las concesiones sólo recaerían en la autoridad, es decir, serían discrecionales.

Otra medida que limita el derecho humano al agua es que el dictamen señala que en caso de desastre los concesionarios determinarían cuál es el uso prioritario y qué hacer con el recurso.

  • Comentariohttp://www.jornada.unam.mx/2015/03/11/politica/007n2pol

Tres puntos de la Ley de Aguas que benefician a las empresas, según organizaciones civiles

Ayer 10 de marzo, integrantes de organizaciones sociales en defensa del agua, diputados del PRD y Morena, realizaron un mitin a las afueras de la Cámara de Diputados donde mostraron su inconformidad ante la propuesta del PRI de la ley general de aguas. // Foto: Cuartoscuro.

La votación de la iniciativa de ley de aguas nacionales fue pospuesta en la Cámara de Diputados luego de las críticas de organizaciones de la sociedad civil al dictamen que los legisladores de las Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento y de Recursos Hidráulicos aprobaron sin discusión la semana pasada.

Los diputados de la actual legislatura podrían aprobar la ley hasta el 30 de abril, cuando concluye el periodo de sesiones en el Congreso. Por ello, las organizaciones sociales encabezarán una manifestación este miércoles afuera de San Lázaro a las 10:00 horas para exigir una discusión incluyente antes de poner el dictamen a votación.Académicos de la UNAM y miembros de las organizaciones Agua para Todos, Red de Acción por el Derecho al Agua en México, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA), la Alianza Mexicana contra el Fracking, entre otras, ofrecieron una conferencia de prensa en la que explicaron las afectaciones ambientales y sociales que derivarían de una legislación como la que pretenden aprobar.

La intención, dijeron, es mercantilizar los recursos naturales y convertir a esta reforma en “brazo ejecutor” de la reforma energética con la que aparentemente se atraería inversiones privadas, pero en realidad “habría más problemas que soluciones”.

A continuación presentamos los tres puntos detectados por los expertos como un “claro beneficio hacia los particulares, en detrimento de los derechos de los ciudadanos”.

Agua para el Fracking

Si bien en el dictamen de la ley de aguas no se menciona la fracturación hidráulica, o fracking, método mediante el cual se requieren grandes cantidades de agua para obtener el gas shale del subsuelo, se trata de uno de los trasfondos del dictamen, asegura Nathalie Seguin, integrante de la Red de Acción por el Derecho al  Agua en México.

En el artículo 116 de la ley se refiere al trasvase como la explotación de “aguas nacionales trasladadas de una cuenca para ser utilizadas en una cuenca distinta”. Esto, además de generar un desequilibrio ambiental, tampoco garantiza que el desplazamiento de un lado a otro garantice el abasto humano sino para las industrias que podrán invertir en estos procesos, como lo permite la reforma energética.

El trasvase se permitiría, según la ley de aguas, “a los asignatarios o los concesionarios, mediante obras de infraestructura hidráulica, para concesionarlas o para explotarlas, usarlas o aprovecharlas en un lugar distinto a la cuenca de extracción”.

Nathalie Seguin asegura que “toda la publicidad sobre el fracking sobre la bonanza económica es una gran mentira”, pues de acuerdo con experiencias en Estados Unidos y Argentina se comprobó que este beneficio económico es virtual, porque “primero existe una inversión puntal, pero después de unos años se va porque los pozos no proveen la cantidad de gas que calculan”.

Además, en la iniciativa no se contempla ningún manejo particular para agua resultante del proceso de extracción de gas, sobre todo porque concluirá con niveles de contaminación hasta radioactivos.

Las mineras por la libre

En el artículo 9, la legislación propone cuatro requisitos laxos para que las mineras usen y exploten el agua. El primero es obtener el permiso de descarga de aguas residuales en cuerpos receptores que sean bienes nacionales; cumplir con las normas oficiales mexicanas; poner a disposición de la Comisión el agua sobrante después del uso que realice y medir y reportar los volúmenes de agua derivadas de la extracción de minerales.

Para Elena Burns, integrante de Agua para Todos, esto quiere decir que “las empresas mineras no van a tener concesión sino el derecho a usar todo el agua que quieran y sin condicionantes”.

Aun cuando la minería es una de las actividades comerciales que más contamina el agua, tienen derecho al agua, según un fallo de la Corte que reconoce a las personas morales como sujeto de derechos humanos. Por lo tanto, dice Burns, “está defendiendo su derecho humano al agua”, pero en clara desventaja con respecto a los ciudadanos.

Al no estar obligados a solicitar un permiso de uso minero, se librarán de los análisis de impacto ambiental y evaluaciones. “Las minas pueden extraer el agua que necesitan”.

Tarifas reguladas por el mercado

Buscar la asociación del capital privado con los sistemas de aguas estatales y municipales generará una inequidad en la distribución del agua, en beneficio de las empresas.

Elena Burns advierte que el establecimiento de tarifas de cobro significa “una manera de garantizar a los inversionistas que, ante cualquier presión social o política, cobrarán lo que quieran. “¿Por qué lo tenemos que sujetar a mercado si es un derecho humano?”, cuestiona.

En el artículo 12 de la ley se establece que “los órdenes de gobierno podrán ejercer sus atribuciones de manera coordinada y concertar con los sectores social y privado como corresponsable”.

Las organizaciones civiles trabajaron durante tres años en una inciativa ciudadana de la ley de aguas en el país que ya fue entregada a la Cámara de Diputados y Senadores para que integren las propuestas  y los reciban en audiencia.

http://www.animalpolitico.com/2015/03/tres-puntos-en-la-ley-de-aguas-que-benefician-las-empresas-segun-organizaciones-civiles/

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