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Tres puntos de la Ley de Aguas que benefician a las empresas, según organizaciones civiles

Ayer 10 de marzo, integrantes de organizaciones sociales en defensa del agua, diputados del PRD y Morena, realizaron un mitin a las afueras de la Cámara de Diputados donde mostraron su inconformidad ante la propuesta del PRI de la ley general de aguas. // Foto: Cuartoscuro.

La votación de la iniciativa de ley de aguas nacionales fue pospuesta en la Cámara de Diputados luego de las críticas de organizaciones de la sociedad civil al dictamen que los legisladores de las Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento y de Recursos Hidráulicos aprobaron sin discusión la semana pasada.

Los diputados de la actual legislatura podrían aprobar la ley hasta el 30 de abril, cuando concluye el periodo de sesiones en el Congreso. Por ello, las organizaciones sociales encabezarán una manifestación este miércoles afuera de San Lázaro a las 10:00 horas para exigir una discusión incluyente antes de poner el dictamen a votación.Académicos de la UNAM y miembros de las organizaciones Agua para Todos, Red de Acción por el Derecho al Agua en México, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA), la Alianza Mexicana contra el Fracking, entre otras, ofrecieron una conferencia de prensa en la que explicaron las afectaciones ambientales y sociales que derivarían de una legislación como la que pretenden aprobar.

La intención, dijeron, es mercantilizar los recursos naturales y convertir a esta reforma en “brazo ejecutor” de la reforma energética con la que aparentemente se atraería inversiones privadas, pero en realidad “habría más problemas que soluciones”.

A continuación presentamos los tres puntos detectados por los expertos como un “claro beneficio hacia los particulares, en detrimento de los derechos de los ciudadanos”.

Agua para el Fracking

Si bien en el dictamen de la ley de aguas no se menciona la fracturación hidráulica, o fracking, método mediante el cual se requieren grandes cantidades de agua para obtener el gas shale del subsuelo, se trata de uno de los trasfondos del dictamen, asegura Nathalie Seguin, integrante de la Red de Acción por el Derecho al  Agua en México.

En el artículo 116 de la ley se refiere al trasvase como la explotación de “aguas nacionales trasladadas de una cuenca para ser utilizadas en una cuenca distinta”. Esto, además de generar un desequilibrio ambiental, tampoco garantiza que el desplazamiento de un lado a otro garantice el abasto humano sino para las industrias que podrán invertir en estos procesos, como lo permite la reforma energética.

El trasvase se permitiría, según la ley de aguas, “a los asignatarios o los concesionarios, mediante obras de infraestructura hidráulica, para concesionarlas o para explotarlas, usarlas o aprovecharlas en un lugar distinto a la cuenca de extracción”.

Nathalie Seguin asegura que “toda la publicidad sobre el fracking sobre la bonanza económica es una gran mentira”, pues de acuerdo con experiencias en Estados Unidos y Argentina se comprobó que este beneficio económico es virtual, porque “primero existe una inversión puntal, pero después de unos años se va porque los pozos no proveen la cantidad de gas que calculan”.

Además, en la iniciativa no se contempla ningún manejo particular para agua resultante del proceso de extracción de gas, sobre todo porque concluirá con niveles de contaminación hasta radioactivos.

Las mineras por la libre

En el artículo 9, la legislación propone cuatro requisitos laxos para que las mineras usen y exploten el agua. El primero es obtener el permiso de descarga de aguas residuales en cuerpos receptores que sean bienes nacionales; cumplir con las normas oficiales mexicanas; poner a disposición de la Comisión el agua sobrante después del uso que realice y medir y reportar los volúmenes de agua derivadas de la extracción de minerales.

Para Elena Burns, integrante de Agua para Todos, esto quiere decir que “las empresas mineras no van a tener concesión sino el derecho a usar todo el agua que quieran y sin condicionantes”.

Aun cuando la minería es una de las actividades comerciales que más contamina el agua, tienen derecho al agua, según un fallo de la Corte que reconoce a las personas morales como sujeto de derechos humanos. Por lo tanto, dice Burns, “está defendiendo su derecho humano al agua”, pero en clara desventaja con respecto a los ciudadanos.

Al no estar obligados a solicitar un permiso de uso minero, se librarán de los análisis de impacto ambiental y evaluaciones. “Las minas pueden extraer el agua que necesitan”.

Tarifas reguladas por el mercado

Buscar la asociación del capital privado con los sistemas de aguas estatales y municipales generará una inequidad en la distribución del agua, en beneficio de las empresas.

Elena Burns advierte que el establecimiento de tarifas de cobro significa “una manera de garantizar a los inversionistas que, ante cualquier presión social o política, cobrarán lo que quieran. “¿Por qué lo tenemos que sujetar a mercado si es un derecho humano?”, cuestiona.

En el artículo 12 de la ley se establece que “los órdenes de gobierno podrán ejercer sus atribuciones de manera coordinada y concertar con los sectores social y privado como corresponsable”.

Las organizaciones civiles trabajaron durante tres años en una inciativa ciudadana de la ley de aguas en el país que ya fue entregada a la Cámara de Diputados y Senadores para que integren las propuestas  y los reciban en audiencia.

http://www.animalpolitico.com/2015/03/tres-puntos-en-la-ley-de-aguas-que-benefician-las-empresas-segun-organizaciones-civiles/

Movilización social frena privatización del agua

By  |  11 / marzo / 2015

 

agua-mexico1Reculó el partido del gobierno (PRI, más sus aliados PAN, Verde y Panal) en la Cámara de Diputados federal: la garra privatizadora lanzada esta vez sobre el agua —cuyo acceso es un derecho constitucional— tendrá que esperar mejores tiempos, no electorales, de preferencia.

Al informar que el debate del dictamen de nueva Ley General del Agua, programado para el martes 10, fue diferido indefinidamente, el talante ofensivo del diputado priista Manlio Fabio Beltrones desnudó su contrariedad: calificó de “lento aprendizaje” a quienes advirtieron el carácter regresivo de la iniciativa, y dejó entrever que la suspensión del proceso de aprobación legislativo busca evitar que “algunos políticos en campaña quieran tomarlo como bandera”.

El hecho es que ante la inminencia de un nuevo atraco de dimensiones colosales, la reacción social fue inmediata. La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS) exigió un debate público de la iniciativa y lanzó un manifiesto que en pocas horas reunió más de diez mil firmas.

Denunciaron la opacidad del proceso de discusión y aprobación de la iniciativa y sus contenidos contrarios al Artículo 4° Constitucional (“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho”) y señalaron cuatro de los graves problemas de la propuesta de ley.

  1. Promueve la privatización del agua al considerarla principalmente un bien económico y no un bien cultural y social. Acentuaría la desigualdad en el acceso al agua por el aumento de tarifas y comprometería su disponibilidad para el funcionamiento de los ecosistemas.
  1. Promueve el desplazamiento de personas y la muerte de los ríos al legalizar la práctica de trasvasar el agua moviendo grandes volúmenes de una cuenca a otra.
  1. Amplía los márgenes para contaminar el agua al establecer un listado limitado de contaminantes que constantemente estaría desactualizado.
  1. Restringe, condiciona y sanciona los estudios, la investigación científica y el monitoreo social.

Los científicos alertaron a la comunidad académica y a la sociedad sobre el intento de aprobación “fast-track” de la iniciativa de la Ley General de Aguas formulada por la Comisión Nacional del Agua, órgano del gobierno federal, y presentada por los legisladores Kamel Athié Flores (PRI), José Antonio Rojo García de Alba (PRI), Sergio Augusto Chan Lugo (PAN), y Gerardo Gaudiano Rovirosa (PRD).

Al mismo tiempo, más de 30 organizaciones, movimientos e investigadores de instituciones académicas reunidas en el colectivo Agua para Todos demandaron que sea considerada por los legisladores la propuesta ciudadana de Ley General de Aguas, presentada al Senado el 24 de febrero de este año.

La iniciativa ciudadana fue promovida por una petición a través de AVAAZ que al momento de redactar esta nota llevaba cerca de 14 mil firmas exigiendo que el Congreso deseche la iniciativa privatizadora y entable “un genuino diálogo para la concertación de una Ley General de Aguas que permita a México transitar a una gestión sustentable y equitativa, en pleno respeto de los derechos humanos”.

La iniciativa ciudadana consta de 176 artículos y 19 transitorios que reglamentan las disposiciones constitucionales en materia de acceso al agua para consumo personal y doméstico y definen “las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos”.

Establece asimismo las facultades de la federación, los estados y municipios, así como la participación ciudadana para: garantizar los derechos humanos al agua, a la alimentación en relación al agua y a un medio ambiente sano mediante la disponibilidad de agua suficiente y de calidad para los ecosistemas; garantizar el uso preferente del agua por parte de los pueblos indígenas, así como el respeto a sus formas de gobierno en relación con el agua.

También dispone medidas para restaurar los flujos de aguas subterráneas y superficiales; eliminar progresivamente la contaminación así como las actividades que destruyen o deterioran las cuencas y sus aguas subterráneas, y acabar con la vulnerabilidad de la población ante sequías e inundaciones causadas por el manejo inadecuado de las cuencas.

En cambio, la finalidad de la iniciativa promovida por el gobierno de Enrique Peña Nieto, llamada Ley Korenfeld por ser obra del director de la CONAGUA, David Korenfeld, es entregarle al sector privado la distribución del líquido, lo cual elevará las tarifas, no ofrecerá necesariamente un mejor servicio —como indica la experiencia local y mundial— y favorecerá el fracking. Esto último ha llevado a algunos legisladores opositores a considerar la iniciativa como consecuencia de la reforma energética aprobada el año pasado.

El fracking consume ingentes volúmenes de agua. Se requieren entre 9 mil y 29 mil metros cúbicos de agua para las operaciones de un solo pozo y frecuentemente los yacimientos de lutitas se encuentran en las zonas más áridas con la consecuente presión sobre la sostenibilidad de los recursos hídricos, incluso en regiones de clima templado.

La iniciativa oficial permite heredar las concesiones de agua, mantener su tráfico, cambiar el término de “asignación” por el de “concesión”, convertir en concesionario al empresario que construya un trasvase y obliga al gobierno a incorporar inversiones privadas en el manejo del agua.

Además, la reforma viola tratados internacionales y contraviene el mínimo vital de agua potable de 100 litros diarios por persona recomendado por la Organización Mundial de la Salud, el cual la iniciativa reduce a la mitad, diciendo que el Estado sólo garantizará 50 litros por persona–a todas luces insuficientes para cumplir con las necesidades básicas de consumo e higiene personal.

Preocupadas por la nueva arremetida contra derechos esenciales, las organizaciones integradas en la Convención Nacional Campesina e Indígena abordaron el tema y programaron movilizaciones para impedir la privatización del agua.

Por su lado, los grupos parlamentarios de los partidos Movimiento Ciudadano, PRD, PT y Morena habían amagado con tomar la tribuna del Congreso si fuera necesario para frenar la aprobación del dictamen en el pleno legislativo.

El proyecto de entrega del agua a intereses particulares arrancó hace años. De acuerdo con el economista de la UNAM Eduardo Esquivel, existen dos tipos de concesionarios en México, los pequeños y grandes agricultores y los grandes corporativos como Coca-Cola Femsa, Pepsico, Nestlé, entre otras empresas.

“Desde 1994 se han otorgado a 16 embotelladoras alrededor de 27 concesiones hidráulicas en 10 estados y sobre 15 ríos: 5 en Aguascalientes, 2 en Zacatecas, 5 en Jalisco, 3 en Colima, 1 en Coahuila, 5 en Durango, 1 en Zacatecas, 1 en Guerrero y 1 en Morelia. La concesión más grande se otorgó en el 2001 en el gobierno de Vicente Fox, a la Embotelladora de Cuernavaca por 1,353,000 metros cúbicos de agua subterránea de la cuenca del Río Balsas”, escribió recientemente.

Hoy se evitó temporalmente que los legisladores proclives al gobierno de Peña formalicen la privatización del agua que daría manga ancha a las grandes empresas sobre el recurso, fijando tarifas y potenciando sus altas ganancias. Sin embargo, la amenaza sigue latente. La respuesta rápida y masiva por parte de las organizaciones campesinas e indígenas y de la ciudadanía por lo pronto ha dejado en claro que las medidas privatizadoras del actual gobierno tendrán un costo político cada vez más alto.

http://www.cipamericas.org/es/archives/14662

Advierten campesinos e indígenas que harán valer sus derechos

Mantendrá el FAC su rechazo a la nueva norma

Matilde Pérez U.
Periódico La Jornada
Miércoles 11 de marzo de 2015, p. 7

No basta con posponer la discusión en la Cámara de Diputados de la ley general de aguas; gobierno y legisladores deben entender que no pueden pasar por encima del derecho humano de los mexicanos al agua, porque es un bien público. Los campesinos e indígenas se preparan para hacerlo valer, afirmaron integrantes del Frente Auténtico del Campo (FAC).

En conferencia de prensa, los dirigentes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, Federico Ovalle Vaquera; Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento de Liberación Nacional, Francisco Chew; Coalición de Organizaciones Urbanas y Campesinas, Marco Antonio Ortiz, y de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, Álvaro López Ríos, expusieron que la nueva ley implica la privatización del agua para favorecer a los empresarios y legalizar los trasvases, como sucede con el proyecto del acueducto Monterrey, aunque diputados de PRI, PAN y PVEM digan lo contrario.

Con la reforma energética, la ley minera y la general de aguas queda al descubierto que el gobierno está contra los derechos de la mayoría de mexicanos y al servicio de empresarios nacionales y extranjeros, agregó Ovalle Vaquera.

El FAC anunció que el 18 de marzo, en el contexto del 77 aniversario de la expropiación petrolera, iniciarán un plantón en la Secretaría de Gobernación para exigir que se escuchen y tomen en cuenta las propuestas de campesinos e indígenas.

Diversas agrupaciones sociales que integran las Jornadas nacionales en defensa de la tierra, el agua, la vida y el trabajo sostuvieron que mantendrán la lucha contra la ley general de aguas.

http://www.jornada.unam.mx/2015/03/11/politica/007n3pol

ONG: alzas de 400% en tarifas y desabasto dejó la privatización del agua en Puebla

SOCIEDAD Y JUSTICIA
 11/03/2015 04:00
 Publicado por

 

Alzas de hasta 400 por ciento en el cobro mensual del suministro, problemas en su calidad y desabasto en regiones del volcán Popocatépetl, de donde proviene el recurso hídrico, se vive en el estado de Puebla tras la privatización del agua en favor de la empresa Concesiones Integrales; esta fue la postura de académicos de las universidades Autónoma de Puebla (UAP) e Iberoamericana (UIA), así como de organizaciones civiles ante la inminente aprobación de las reformas a la Ley General del Agua, mejor conocida como Ley Korenfeld, con un limitado debate.

María Eugenia Ochoa, Mina Navarro y Ester Galicia advirtieron que la privatización del agua solo profundizará la exclusión y la desigualdad social por el aumento de tarifas, y provocará desplazamientos forzosos que destruyen pueblos y comunidades, marginalizando a las personas.

En ese sentido, externaron su preocupación por la posible aprobación fast track de las reformas a dicha ley sin una consulta ni discusión previa, pues representa jugosos negocios de hasta 10 mil billones de dólares a empresas como Coca Cola y Nestlé.

“Nos sentimos preocupados no solo por el proceso de discusión y aprobación de la iniciativa que ha sido opaca con acuerdos, escasamente democráticos, de espalda a la sociedad, sino también por los contenidos que contraviene la Constitución y Tratados Internacionales”, arguyeron.

Por dicha razón, consideraron que los diputados federales y senadores deberían tomar la experiencia, abusos e irregularidades suscitadas en la privatización del agua en el estado de Puebla.

Las investigadoras denunciaron que entre los problemas que se presentan en esta ley está que la palabra “privatización” fue escondida y sustituida por “trasvase”, lo cual significa pasar el agua de una cuenca a otra, entregando la autoridad de su manejo a un particular.

Agregaron que el agua es considerada un bien económico (Artículo 82, Fracción I), y se limita el monitoreo social y la investigación académica de los niveles de contaminación.

Destacaron que la ley que promueve la Comisión Nacional del Agua (Conagua) restringe, condiciona, sanciona y criminaliza la investigación científica y cualquier otra forma de estudio que provenga de la sociedad organizada o de los propios pueblos y comunidades.

Las sanciones económicas por incurrir en la falta grave de investigar los niveles de contaminación en el agua son de hasta 50 mil días de salario mínimo.

“Esto implica que ninguna comunidad, pueblo, barrio o universitario pueda generar conocimiento alternativo al oficial sin su conocimiento”, recalcaron; además, explicaron que la Ley Korenfeld busca que una persona por día tenga acceso a solo 50 litros de agua, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) declara que un ser humano necesita de 303 litros diarios para sobrevivir.

Compararon que tan solo para maquilar un pantalón de mezclilla en la región de Puebla–Tlaxcala las empresas utilizan 3 mil 500 litros de agua que no se puede reciclar y que contaminan los mantos freáticos y cultivos.

Señalaron que la iniciativa violatoria de los derechos humanos representa la renuncia del Estado a la autoridad nacional del agua, que se entregará a manos del Grupo Higa, la misma empresa que construyó la “casa blanca” del presidente Enrique Peña Nieto y que ha sido favorecida con contratos multimillonarios, por lo que convocaron a la población a que formen sus comités en defensa del agua, por cuadra, por barrio, colonia y comunidad.

En la rueda de prensa también estuvo el consejero nacional de Morena, René Sánchez Galindo; la señora Claudia Rojas, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua región Malinche, y Gerardo Pérez Muñoz, de la Asamblea Social del Agua (ASA).

Gerardo Pérez explicó que se le llama Ley Korenfeld por el director de la Conagua, David Korenfeld, quien es egresado de la Universidad Anáhuac del área de Administración Pública, ligado al Opus Dei y ex presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Aguas y Saneamiento.

El activista desnudó a Korenfeld, quien dijo busca la privatización del servicio de agua potable desde el sexenio de Vicente Fox, Felipe Calderón y ahora lo verá concretado con Enrique Peña Nieto.

“Fue formado en la iniciativa privada, y servidores públicos de esa calaña solamente nos llevarán al despeñadero”, criticó.

Por último, lamentó que Puebla sea punta de lanza, laboratorio nacional en los Proyectos de Muerte, como el gasoducto, minería a cielo abierto, así como hidroeléctricas y parques eólicos que minan los recursos naturales.

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2015/03/11/alzas-de-400-en-el-servicio-y-desabasto-fue-lo-que-dejo-la-privatizacion-del-agua-en-puebla-academicos/

Comienzan movilizaciones en el país contra privatización de agua; Veracruz estado más afectado

Por:  / 10 marzo, 2015
Se movilizarán en Veracruz contra privatización de ríos

(10 de marzo, 2015).- Ambientalistas de las organizaciones “La Vida”, “Unidos contra el Fracking”, “Pueblos unidos contra las Presas” entre otras, anunciaron una serie de movilizaciones en contra de la privatización del agua en México y específicamente en el estado de Veracruz, que sería uno de los más afectados por la práctica del fracking en la entidad.

El 14 de marzo, en el marco del día mundial contra presas e hidroeléctricas, se realizará un pequeño carnaval en contra de la privatización en el centro de Xalapa; el jueves 26 del presente mes, se llevará a cabo un foro en el Hotel Salmones para analizar las dos iniciativas de ley presentadas al Senado. Por un lado la de Conagua elaborada por David Korenfeld, y la propuesta ciudadana que presentaron meses atrás diversas organizaciones no gubernamentales.

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Guillermo Curiel, activista ambiental de “La Vida”, mostró su contento luego de que ayer se pospusiera de manera indefinida la discusión del dictamen de La Ley General de Aguas en el Senado, el activista esta convencido de que la decisión se tomó gracias a la fuerte presión que organizaciones, sociedad civil, activistas, indígenas, académicos etc, hicieron para echar atrás una iniciativa que atenta contra el derecho humano al agua. Incluso, a pesar de los señalamientos del priista Manlio Fabio Beltrones quien aseguró que sólo los retrasados mentales podrían deducir que la iniciativa es privatizadora.

Curiel recordó que en 2010, la ONU acordó con todas las legislaciones del mundo poner el derecho al agua como un derecho universal y gratuito en sus respectivas constituciones. Sin embargo México incumpliría el trato en caso de aceptar la ley que privatizaría el líquido vital, eliminando así las garantías sobre el uso inalienable del agua para el ser humano.

“Las organizaciones civiles hemos luchado para que se eleve a rango constitucional el derecho humano al agua. Y el martes pasado la comisión de aguas y la del campo decidieron no hacer caso a la ley que presentamos los ciudadanos, y decía no al fracking, y esa misma tarde llegó la Ley Korenfeld, que buscaba la privatización del agua, generó mucha controversia a nivel nacional, donde los científicos, indígenas, la comunidad académica hicieron tal presión para que en la cámara de diputados retirara hoy la ley (ayer), del debate y su aprobación.

Para lo activistas ambientales, la Ley General de Aguas permite la inversión privada en la estructura y reparto del agua en México, y eso dijeron, a pesar de lo que Beltrones diga, “es privatizar el agua”. “En Veracruz estamos más preocupados porque ahora se permitió la privatización de agua en Veracruz-Medellin-Boca del Río, en la participación privada que tendrán en el SASM, empresas GL y la Odebretch brasileña” continuó Guillermo. Para quien una de la mayores preocupaciones es, que la propuesta de privatización favorece a la práctica destructora del suelo: fracking.

“Veracruz -continía Curiel- sería el más afectado con la legislación como iba al pleno de la cámara federal, porque tiene 30 cuencas que aportan el 35 por ciento del agua del país”.

La movilizaciones de las organizaciones en contra de la privatización del agua no terminarán en marzo, para abril tiene contemplado emprender acciones en contra de la minería porque está ligada a la práctica del fracking. Y esperan generar el espacio para la discusión y pie a leyes como las que tiene Bolivia, Ecuador y Francia, países que cuentan con la mejor legislación en materia del agua y su protección.

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http://revoluciontrespuntocero.com/comienzan-movilizaciones-en-el-pais-contra-privatizacion-de-agua-veracruz-estado-mas-afectado/

Siguiente negocio: el agua; Despojo programado; Acueducto en Monterrey (Higa); Líquido para el fracking

ASTILLERO

 09/03/2015 05:31

 Publicado por

 

 Julio Hernández López
Con alevosía y ventaja, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) fue preparando a lo largo de 2014 las condiciones para despojar de sus derechos a centenares de miles de agricultores y dejar el camino libre a empresas particulares que harán buen negocio con ese servicio. Para cumplir con ese proyecto privatizador, el órgano administrativo desconcentrado que dirige David Korenfeld Federman contrató a compañías que desplegaron brigadas por todo el país para verificar la situación material y jurídica de unos 450 mil predios donde hasta ahora se había aprovechado el agua mediante concesiones otorgadas y renovadas con simpleza y sin trampas. Ahora, la gran mayoría de esos concesionarios de buena fe están en riesgo de ser dictaminados negativamente (pues tal era el sentido indicado a los verificadores), por lo cual tendrán que arreglarse más adelante con las grandes firmas que calculadamente se quedarán con el negocio del agua (un adelanto de este tema se publicó aquí el 3 de diciembre del año pasado, con un sumario que advertía ¡Aguas con Conagua! http://bit.ly/12nlonE).

Uno de esos pequeños agricultores despojados de su concesión histórica de agua relató a esta columna que los verificadores privados (no empleados directos de Conagua, sino contratados por ésta) se valían de todo para fundamentar sus reportes negativos. Si una bomba extractora de agua tenía en su cercanía una poca de maleza porque en meses previos no se había utilizado, en razón de los calendarios de siembra y cosecha, el verificador tomaba fotografías y anotaba tal hecho como prueba de abandono. Si el campesino no tenía a la mano en lo inmediato los documentos que probaran sus derechos, se le invitaba a no preocuparse y a presentarlos en otra ocasión, aunque el reporte oficial iría en el sentido de que se carecía de tales documentos.

Según esa fuente, el agricultor (cuyo nombre y datos fueron proporcionados a plena satisfacción del tecleador, pero no se publicarán) y algunos de sus vecinos decidieron encarar a los verificadores para exigir que les dijeran de qué se trataban esas diligencias. Se los quieren chingar, acabaron confesando los visitadores, les quieren quitar las concesiones con cualquier pretexto. Las instrucciones de sus empleadores iban en el sentido de encontrar motivos para cancelar esas concesiones individuales en el mayor número posible y renovar lo menos que se pudiera. Incluso se instaló una figura jurídica precaria, pues en lugar de los títulos de concesión se les dejó a esos pequeños productores unaconstancia de registro de obra de alumbramiento, que para efectos de eventuales litigios no reconoce derechos plenos y verdaderos a quienes antes tenían un título más defendible.

El director de Conagua es un hombre de todas las confianzas de Enrique Peña Nieto. Korenfeld Federman fue presidente municipal del rico municipio mexiquense de Huixquilucan, integrado a la zona metropolitana de la ciudad de México, y secretario del agua y obra pública en el gobierno del estado de México, con Peña Nieto como gobernador. Cuando éste fue declarado ganador de los comicios presidenciales, en 2012, lo nombró coordinador de agua en el equipo de transición.

La hora de los grandes negocios privados en materia de agua habrá llegado si prospera la pretensión priísta-peñista de aprobar esta semana en la Cámara de Diputados un dictamen ya votado por mayoría a favor en las comisiones respectivas, a pesar de la encendida oposición de representantes de PRD, Morena y Movimiento Ciudadano, frente legislativo circunstancial que se manifestará activamente (incluso con una anunciada posibilidad de toma de tribuna) en contra de la intención de dar el sí definitivo a esas reformas a la Ley General de Aguas.

El dictamen en mención, aprobado entre tropezones procesales y por mayoriteo irreflexivo que delata el carácter de consigna de origen superior, cerrará parte del círculo de despojo a concesionarios individuales y la cesión a grandes empresas particulares preparadas con toda anticipación para entrarle al negocio hídrico. Con estos arreglos jurídicos a conveniencia de los empresarios porcentualmente aliados, el peñismo no sólo afectará el interés de campesinos, pequeños propietarios y agricultores en general, sino el de todos los mexicanos que de golpe quedarán desposeídos del derecho humano al agua, consignado (como muchos otros derechos sabiamente consignados en nuestra Carta Magna pero absolutamente incumplidos en la práctica) en el artículo cuarto de la Constitución vigente (http://bit.ly/1E4n8Rg).

Además de promover abiertamente la privatización del agua, en una maniobra con tufo a corrupción (tráfico de concesiones en favor de firmas particulares) e inequívoca falta de sentido social, los cambios a la ley correspondiente servirán para maniobras en todo el país como la que podría suceder al legalizar el trasvase del proyecto Acueducto Monterrey-VI,donde las empresas del grupo Higa participan con casi 60 por ciento del contrato para un acueducto en el que por primera vez un grupo privado participa de manera directa en el uso de una cuenca para el suministro de agua potable, que tendrá un costo de más de 45 mil millones de pesos, según el diputado de Morena Manuel Huerta, mencionado en una nota de Roberto Garduño y Enrique Méndez en La Jornada.

Otro diputado, Miguel Alonso Raya, del PRD, advirtió otra vertiente sumamente peligrosa de lo que se quiere aprobar esta semana: “Quienes pretendan, por ejemplo, explotar el gasshale con la cuestionada práctica delfracking, podrán usar agua incluso de otras cuencas sin importar los perjuicios que en todos los órdenes ocasionarían tanto a la cuenca de la cual extraen el líquido como en la que apliquen esta técnica”. Ya fue el petróleo y los energéticos en general. Ahora van por el agua.

Y, mientras Mancera responde a las acusaciones de ecocidio (800 árboles talados) en Río Mixcoac y Universidad, en aras de mejorar vialidades, ¡hasta mañana, con 13 policías federales detenidos en Tamaulipas bajo acusación de ser secuestradores!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Hernández

Fax: 5605-2099 •juliohdz@jornada.com.mx

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2015/03/09/siguiente-negocio-el-agua-despojo-programado-acueducto-en-monterrey-higa-liquido-para-el-fracking/

Aguas con el agua; Tarifas: 75% más; ¿”Unir esfuerzos”?

MÉXICO SA

 09/03/2015 05:36

 Publicado por
Carlos Fernández-Vega
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Cuando una de las cabezas visibles del sistema sale a decir que en México el agua no se privatiza y que no existe intención gubernamental de proceder en tal sentido, el mensaje es nítido: el agua se va a privatizar, y para ello en la cocina del Congreso se elaboró el suculento platillo que el próximo martes pondrán en la mesa del patrón.

Es el cuento de las últimas tres décadas: nada se privatizaría, prometieron, y a la vuelta de los años hasta el último tornillo terminó en manos de particulares, y son miles los ejemplos.

Producto de un dictamen negociadoen lo oscurito, el próximo martes se votará en el pleno de la Cámara de Diputados la nueva Ley General deAguas, por medio de la cual se avala,por razones de interés público, que el capital privado meta la mano hasta el fondo (para obtener pingües ganancias) en la prestación del servicio y en toda la cadena: extracción, captación, conducción, potabilización, distribución, suministro, tratamiento, recolección, disposición, desalojo, medición, determinación, facturación y cobro de tarifas al usuario final. Tal dictamen fue aprobado por PRI, PAN y el partido verde (por aquello del color de los billetes gringos).

Como bien denuncia la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (Comda), se trata de un albazo, pues “no sólo no se permitió la participación social, sino que, en violación de su propio reglamento, los diputados aprobaron un dictamen que conocieron pocas horas antes sin tener el soporte técnico y científico suficiente y necesario para sustentar su voto en favor o en contra del contenido de la iniciativa… con una legislación como la que se pretende aprobar sería muy difícil alcanzar la cobertura universal de acceso al agua en el país, donde más de 9 millones de mexicanos carecen del servicio de agua entubada, y 13 millones, que habitan en zonas rurales y urbanas, reciben el líquido con ciertos gados de contaminación” (La Jornada, José Antonio Román).

Se trata de una ley a modo con el objetivo de que el capital privado obtenga otro filón de negocios (presencia rentable, diría Enrique Peña Nieto) a costillas no sólo de la nación sino de uno de los derechos fundamentales de los mexicanos, el cual ahora será garantizado con base en las utilidades de los inversionistas.

No obstante lo obvio, el pastor de los borregos tricolores, Manlio Fabio Beltrones, salió a decir que la citada leyasegura el uso eficiente de los recursos hídricos con criterios de sustentabilidad, equidad y suficiencia, además de que une los esfuerzos de gobierno y sociedad (ésta como sinónimo de capital privado, según su sonorense entender), lo que de ninguna manera significa privatizar el agua.

El susodicho asegura que sólo se trata de que el capital privado se sume a las inversiones públicas y “actualizar el régimen de concesiones, permisos, sanciones y tarifas, y consolidar la rectoría del Estado sobre las aguas nacionales; desde el 2012, la Constitución establece el acceso al agua como un derecho humano, pero aún falta un marco reglamentario para que se haga efectivo mediante una política hídrica sustentable, racional e integral que asegure este rubro de la seguridad nacional… El ingrediente de la participación ciudadana es imprescindible en una legislación moderna y en la gestión sustentable del agua”. Y todo listo.

Habría que recordar lo bien que les fue –especialmente en tarifas– a los habitantes de distintas ciudades de la República en la década de los 90, cuando el gobierno federal concesionó elmanejo del agua a empresas privadas, y dónde terminaron éstas, es decir, en lapanza del Fobaproa. Como ejemplo está el caso de la Concesionaria de Agua de Aguascalientes (CAASA), consorcio fundado en noviembre de 1993 (mediante la unión de Grupo ICA –Ingenieros Civiles Asociados– (también le rescataron carreteras), con el 55 por ciento de las acciones, y la trasnacional francesa Generale Des Eaux, con el 45 por ciento restante) para la operación y mantenimiento de redes de alcantarillado y agua potable. Dos años después fuerescatada por el erario.

Entonces, de acuerdo con el pastortricolor, sólo se trata de unir los esfuerzos del gobierno federal y del capital privado (la sociedad, según él). Pues bien, desde el año 2003 el Banco Mundial, organismo privatizador por excelencia, calculó cómo sería el inicio de esta unión de esfuerzos: de entrada asegura que es necesario incrementar las tarifas en no menos de 75 por ciento para que la inversión privada genereingresos netos suficientes (el organismo financiero le llama satisfacer plenamente las necesidades de inversión), y que elfactor de utilidad para el inversionista sea tres por uno (léase tres dólares de utilidad, uno de inversión).

Es menester que el organismo financiero (supuestamente) multilateral actualice sus cálculos (porque muchos indicadores se han incrementado desde 2003, especialmente el relativo a la voracidad del gran capital), pero lo que revela en su análisis de aquel año (Private Solutions or Infrastructure In Mexico) da idea de qué tamaño será el golpe para los bolsillos de los mexicanos con esta nueva privatización que nada privatiza (la frase puede ser de EPN, Beltrones, o cualquier otro prócer neoliberal). De cualquier suerte, siempre queda la solidaria acción gubernamental pararescatar a las empresas que truenen o que no alcancen el nivel previsto de utilidades (recuérdense banca, carreteras, ingenios azucareros, aerolíneas, y lo que se quede en el tintero).

El Banco Mundial celebra el tamaño del negocio potencial, toda vez que en México existen más de 160 ciudades con población mayor a 50 mil habitantes, aunque deja en claro que la naturaleza o modalidad de la participación privada y los tipos de beneficio que genere dependerán de las perspectivas de generación de ingresos suficientes para recuperar la inversión. A mayor tarifa (en el cobro del agua), mayor será la inversión, y las tarifas, subraya, son esenciales a la hora de las concesiones.

Desde entonces, el Banco Mundial alentaba al gobierno mexicano aelaborar la legislación secundaria para proporcionar seguridad jurídica a los inversionistas y así echar andar el negocio privado del agua. Pues bien, el próximo martes pretenden contar con ella.

Las rebanadas del pastel

¿Recuerdan la guerra del aguaen Bolivia, año 2000? La privatización fue cortesía del Banco Mundial, y el aumento de tarifas y las concesiones del dictador Hugo Bánzer. Entonces, cualquier parecido con lo que puede suceder aquí no es coincidencia.

Twitter: @cafevega

D.R.: cfvmexico_sa@hotmail.com

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2015/03/09/aguas-con-el-agua-tarifas-75-mas-unir-esfuerzos/

Aguas: profundizando la privatización y el despojo

A DEBATE

 09/03/2015 04:00

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Mañana, 10 de marzo, el pleno de la Cámara de Diputados votará el dictamen  de la Ley General de Aguas, aprobado en comisiones, y con ello se estará legalizando la posibilidad de una mayor privatización de los recursos y la infraestructura relacionada con el agua, y también el de un mayor despojo para las comunidades y la sociedad.  Lo anterior de verse enlazado directamente con la reforma energética y sus leyes secundarias  aprobada en el pasado año, que permiten expropiar sin mediaciones  las tierras que se requieran para la exploración y explotación de hidrocarburos, abriendo las puertas a la explotación de gas de esquisto o shale, que se obtiene mediante una práctica conocida como fractura hidráulica o fracking.

Esto consiste en perforar la tierra e introducir agua y químicos a presión para sacar el hidrocarburo. La adecuación de la legislación en materia de aguas se vuelve prioritaria en función de esos intereses.

Uno de los puntos en concordancia con lo anterior es el referido a lo que se denomina trasvase e incluido en el Artículo 8 como causa de “utilidad pública” (es decir para beneficio de todos) al igual de lo que establezca la ley de expropiaciones (el cuadro adjunto compara las modificaciones del artículo en materia de utilidad pública, que es base en materia de expropiaciones).  Según el Artículo 116 de la ley que se pretende aprobar, “Trasvase es la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales trasladadas de una cuenca para ser utilizadas en una cuenca distinta con la que no haya conexión natural, que realiza la Federación, los asignatarios o los concesionarios, mediante obras de infraestructura hidráulica, para concesionarlas o para explotarlas, usarlas o aprovecharlas en un lugar distinto a la cuenca de extracción”.

Pudiendo ser directo; “El que realizan los asignatarios o concesionarios con autorización de la Comisión” o indirecto, “el que efectúa la Federación en beneficio de los concesionarios con inversión federal o con participación de inversión estatal, municipal, social o privada.

Dicho beneficio tiene lugar cuando el asignatario o concesionario explota, usa o aprovecha aguas nacionales trasvasadas previamente por la Federación”.

Especificando el Artículo 118 que se considerará trasvase el traslado de aguas nacionales que se realice entre lugares distintos dentro de la propia cuenca o acuífero, cuando por sus características o importancia deban ser ordenados y regulados por la Comisión. La adecuación de la legislación que mañana se someterá a aprobación  responden a las  prioridades planteadas desde lo energético y en detrimento de las necesidades de pueblos y comunidades.

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2015/03/09/aguas-profundizando-la-privatizacion-y-el-despojo/

Coca Cola y Nestlé, entre las grandes beneficiarias de la nueva Ley del agua: oposición

marzo 9, 2015 – 00:04h 9 ComentariosUna manifestación del pasado 9 de febrero en contra de la legislación. Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México, 9 de marzo (SinEmbargo).- La nueva Ley General de Aguas beneficiará a grandes consorcios y empresas trasnacionales de la talla de Coca Cola o Nestlé, entre otras empresas embotelladoras de agua para su consumo en diversas presentaciones, afirmaron legisladores de oposición conforme avanzan en el análisis de la legislación que aprobará la Cámara de Diputados.

Consideraron que la legislación secundaria propuesta por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), avalada por los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Verde Ecologista de México (PVEM) parece hecha sólo para dar certeza jurídica a las empresas que tienen concesiones para la explotación, uso y aprovechamiento del agua.

“Son las grandes trasnacionales como Coca Cola o Nestlé entre otras, por citar a las más evidentes, las cuales obtienen ganancias millonarias por las concesiones que han ganado”, afirmó el Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en entrevista para SinEmbargo.

“Son empresas como Coca Cola y también otra es Grupo Monterrey, en general”, concordó la Diputada Graciela Saldaña Fraire, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a este diario digital, a reserva de profundizar en el texto que se someterá a consideración del pleno este martes 10 de marzo.

Al respecto, la Diputada perredista Aleida Alavez Ruiz detalló que la nueva Ley General de Aguas es una legislación con una redacción “tramposa”, porque por un lado afirma que defiende el derecho humano al agua, pero por el otro fomenta una visión mercantil del líquido al imponer tarifas prácticamente a todo su consumo y elimina los subsidios que apoyan la economía de miles de familias.

Agregó que la legislación “privilegia las concesiones”. Explicó que en la redacción de la Ley prácticamente tienen el mismo sentido los conceptos ‘asignaciones’ y ‘concesiones’, y esto implica que se privilegiará la apertura al sector privado en las diferentes áreas de distribución y operación el agua.

“Y eso lo vemos con mucha alerta porque empresas que puedan pagar las concesiones para explotar pozos de manera ilimitada para extraer agua de esos pozos y después ponerlos a la venta en presentaciones distintas de bebidas, es ver el agua más como una mercancía que como un bien público o un derecho humano”, detalló la también vicepresidenta de la Mesa Directiva.

Los legisladores de oposición indicaron que empresas embotelladoras tienen millonarias concesiones que les permiten explotar aguas nacionales para vender el mismo líquido en productos embotellados, refrescos, jugos, agua mineral y bebidas adicionadas con cafeína.

Sin embargo, coincidieron que en lugar de avanzar hacia una regulación más eficiente, la nueva ley flexibiliza diversas normas, entre ellas la temporalidad de las concesiones.

“De por sí ellos hacen una explotación del agua y un uso comercial de la misma, y tendrían que pagar por ello. Pero aquí no se establecer reglas claras para el uso del agua para consumo humano”, indicó la Diputada Alavez Ruiz.

Según el propio documento que se pondrá a consideración del pleno de los diputados el próximo martes, en el Título Sexto de la nueva ley “prácticamente se reproducen las disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales en materia de concesiones para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales al señalar las reglas para su otorgamiento, prórroga, transmisiones, derechos y obligaciones de los concesionarios, suspensión, extinción y revocación de los títulos de concesión”.

EMBOTELLADORAS Y EL USO DEL AGUA

A través de su página de internet Coca Cola México afirma ser la única empresa de bebidas en el país que trata el 100 por ciento del agua residual de sus procesos productivos.

Asegura que “a través de diversas iniciativas y programas de control y cuidado del agua, lograremos nuestro compromiso de devolver el 100% del vital líquido a la naturaleza en el año 2020”.

Detalla que cuenta con programas para reducir, reabastecer y reciclar el agua. Asimismo, agrega, ha tomado medidas que van desde el incremento de eficiencia en sus plantas embotelladoras y oficinas, hasta la protección de cuencas e iniciativas diversas que tienen efectos muy positivos en las comunidades.

Para ello, Coca Cola informa que al momento ha plantado más de 20 millones de árboles reforestando una superficie de más de 20 mil 270 hectáreas.

Según informa, el compromiso fue asumido con la Secretaría de Medio Ambiente y con el apoyo de Pronatura para plantar 30 millones de árboles en 25 mil hectáreas de bosques prioritarios y que abastecen del vital líquido a las principales ciudades de México, a través del Programa Nacional de Reforestación y Cosecha de Agua.

Por su parte, la página de internet de Nestlé México asegura que esta compañía mantiene el compromiso de reducir en 15 por ciento la utilización de agua en la fabricación de sus productos.

AGUA PARA FRACKING

La izquierda explicó que otros megaproyectos que favorece la nueva Ley General de Aguas es el impulso al uso de agua para generar energía. Para ello la legislación presenta todo un capítulo en donde se distinguen dos tipos distintos de uso: uno para la generación de energía eléctrica y enfriadora de plantas, y otra para generación de energía eléctrica mediante geotermia.

“Allí más bien sabemos que la lógica es para uso industrial, el uso para la perforación de piedras para extraer el gas mediante la técnica del fracking, que derivado de la reforma energética se requiere de estas formas de sobre explotación del agua”, sostuvo la Diputada Aleida Alavez.

En este rubro podrían ser beneficiadas empresas que quieren incursionar en el ramo, como es la empresa constructora Grupo Higa.

“El manejo que la Ley le va a dar a los trasvases como una política central y donde no nada más es a partir de las obras que van a generar estos trasvases, como es el caso de Monterrey VI sino porque la Ley les va a abrir la puerta a poder manejar las concesiones de los propios volúmenes de agua que estén trasvasando para poder dar servicio industrial y doméstico”, explicó el legislador Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

“Esto va a provocar que Grupo Higa pronto pueda entrar a dar servicios a la industria de la fracturación Hidráulica en Nuevo León, que es para lo que creemos que está haciendo Peña Nieto de forma tan insistente”, agregó.

La ley establece que la explotación, uso o aprovechamiento de aguas del subsuelo, contenidas en yacimientos geotérmicos hidrotermales, requiere de concesión y de autorización en materia de impacto ambiental.

Sin embargo, no serán las autoridades mexicanas las encargadas de realizar los estudios, sino los propios interesados deberán presentar los reportes de impacto ambiental, entre otros.

“El interesado debe presentar a la Comisión los estudios del yacimiento geotérmico hidrotermal que determinen su localización, extensión, características y conexión o independencia con los acuíferos adyacentes o sobreyacentes”.

La Diputada Graciela Saldaña, quien redactó una iniciativa para prohibir el uso de la fractura hidráulica o fracking para romper la piedra de esquisto y extraer el shale gas, consideró que la nueva ley favorece a los megaproyectos para la generación de energía, los cuales solo pueden ser financiados por las grandes empresas trasnacionales mexicanas y extranjeras.

“Cuando decimos que favorece a empresas por supuesto que sí, pero si te fijas, por ejemplo en el caso de fracking ¿quién se va a beneficiar de extraer cantidades industriales como es de nueve a 28 millones de litros de agua para una sola perforación de un pozo? Pues obviamente las empresas privadas [que tengan la concesión]”, explicó.

Otra de las áreas que favorecerá la nueva Ley, explicaron los legisladores de izquierda es el que tiene que ver con el uso de agua para proyectos mineros.

“Hay otro nicho que tiene que ver con la minería tóxica, nada más hay que tener el dato que para obtener un kilo de oro se necesitan millones de litros de agua”, detalló el legislador de Morena Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

Para ello la Ley dispone de un capítulo denominado “Uso en el laboreo de minas” con sólo dos artículos.

Al respecto señala que los titulares de concesiones mineras están obligados a:

I. Obtener el permiso de descarga de aguas residuales en cuerpos receptores que sean bienes nacionales;

II. Cumplir con las normas oficiales mexicanas;

III. Poner a disposición de la Comisión el agua sobrante después del uso que realice, con base en los derechos que confieren tales concesiones, y

IV. Contar con dispositivo de medición y reportar los volúmenes de las aguas de laboreo.

El siguiente artículo sirve para dejar al Reglamento el uso o aprovechamiento de las aguas nacionales provenientes del laboreo de minas, para fines distintos de las actividades inherentes a la minera y del uso doméstico del personal empleado en las mismas.

http://www.sinembargo.mx/09-03-2015/1274659

La ley de aguas ‘‘va a ser un desastre’’, considera Toledo

Autoridades comunales y la diputada Aleida Alavez lo apoyan

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El pintor Francisco Toledo, durante la conferencia de prensa realizada en el Instituto de Artes Gráficas de OaxacaFoto Jorge A. Pérez Alfonso
Jorge A. Pérez Alfonso
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 9 de marzo de 2015, p. 4

Oaxaca, Oax.

Autoridades comunales de diversas localidades de la entidad, así como el pintor Francisco Toledo, fundador del Patronato Pro Defensa del Patrimonio Cultural y Natural del Estado de Oaxaca (Pro-Oax), y la diputada federal perredista Aleida Alavez, se declararon en contra de la Ley General de Aguas que se discute en el Congreso de la Unión. Consideraron que con la legislación se pretende privatizar el líquido en beneficio de las grandes empresas y en detrimento del pueblo de México.

La noche del sábado se ofreció en las instalaciones del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca una conferencia de prensa en la cual autoridades, Toledo y Alavez presentaron un posicionamiento en contra de la Ley General de Aguas. En entrevista, Toledo indicó: ‘‘Creo que estas nuevas leyes, en las que permiten a la iniciativa privada entrarle a los mantos acuíferos y a los ríos, van a ser un desastre’’.

Agregó que esta iniciativa, impulsada por la Presidencia de la República y discutida en el Congreso federal, traerá diversas problemáticas e incluso ‘‘consecuencias muy graves; a ver si no vienen de inmediato todas las refresqueras a querer comprar toda el agua’’.

Señaló que el costo del agua es reducido en Oaxaca, pero si una persona tiene necesidad de adquirir una pipa con el líquido debe pagar entre 800 y mil pesos, ya que el traslado de agua en camiones cisternas es un negocio operado por particulares, situación que se agravaría de aprobarse la nueva ley, por lo que ‘‘hay que hacer algo’’.

Por su parte, la vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados federal, Aleida Alavez, llamó a la defensa del líquido. Sostuvo que ‘‘este modelo hídrico se basa en cómo orientar para que de una cuenca a otra se hagan megaproyectos para trasladar el agua sin garantizar la sustentabilidad’’, lo que derivaría en la devastación de las zonas de las que se extraiga.

Afirmó que ‘‘no es un derecho humano el que están haciendo valer con esta ley’’, pues el Estado mexicano busca desentenderse de su obligación de operar y distribuir el agua y la cede a la iniciativa privada, ‘‘sin que con esto se garantice que los particulares tengan primero la noción de hacer valer este derecho’’, ya que incluso marca que el uso de agua por cada persona será de 50 litros diarios, lo mínimo recomendado por la Organizacion Mundial de la Salud.

De igual manera, la perredista acusó que la iniciativa obliga a estados y municipios que quieran recibir recursos públicos o programas a signar forzosamente un convenio de colaboración en el que se impondrán medidas, principalmente en las tarifas, lo que crearía muchos conflictos, ya que no se puede cobrar la misma cantidad de dinero a los usuarios. ‘‘Estamos hablando de cobros que se van a ir a 300 por ciento de lo que actualmente estamos pagando por el agua’’.

Sostuvo además que en el Congreso federal se percibe una legislatura autoritaria en la que los representantes populares ni siquiera revisaron la iniciativa presentada e incluso recibieron el dictamen de la ley la noche del martes pasado y la aprobaron al mediodía del miércoles sin discutirla, lo cual consideró una clara muestra de que no fue analizada, sino que se distribuyó con la orden de votarla de inmediato.

http://www.jornada.unam.mx/2015/03/09/politica/004n1pol

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