Category Archives: Noticias agua en México

Pronunciamiento contra la ley General de Agua (Comité en defensa del Agua)

Radio Proletaria Chiapas
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
9 de marzo de 2015

Las organizaciones abajo firmantes con sede en el estado de Chiapas, tenemos conocimiento de que el día 26 de febrero fue presentada ante la cámara de Diputados una iniciativa de ley General de Aguas, la cual ha sido aprobada por las comisiones de Agua Potable y Saneamiento y de Recursos Hidráulicos de la Cámara de diputados por los partidos políticos PRI, PAN y Verde Ecologista, ignorando completamente la voz de más de 450 académicos, investigadores, especialistas, comunidades indígenas, comité de usuarios y organizaciones de la sociedad civil, que desde el año 2013 han venido elaborando la ley Ciudadana del agua, un proceso participativo que culmina con su presentación oficial el 9 de febrero de este año a Senadores y diputados en el Congreso de la Unión.

Es muy lamentable el actuar de diputados y senadores de las comisiones mencionadas que aprueban leyes sin la mayor información y sin advertir los enlaces e impactos que pueden llegar a tener sus decisiones en la población y en el territorio, atendiendo sólo a los intereses de empresas nacionales y trasnacionales vinculadas al poder político.

Nos indigna que aprueben una ley que promueve abiertamente la privatización del agua en México, lo cual causara daños sociales, ambientales, ecológicos y económicos para la población en general y con mayor impacto a la que se encuentra en situación de marginación y pobreza, dejando en total desprotección el ejercicio del derecho humano al agua y saneamiento.

Las y los chiapanec@s nos sumamos a las demandas sociales nacionales de tener una ley construida con la mayor participación ciudadana posible, con la mayor participación ciudadana posible, con el mayor conocimiento científico y bajo los más altos estándares marcados en el Derecho Internacional de Derechos Humanos proporcionando la protección más amplia a todas las personas apegándose a la Observación general 15 del Comité de Derechos Sociales y Culturales (DESC), pues dicha Observación es el mapa y el texto más evolucionado sobre los contenidos y mecanismos para garantizar el derecho humano al agua.

Hacemos un enérgico llamado a l@s diputados y senadores por Chiapas para que se abstengan de aprobar esta ley general de aguas, ya que estarán incurriendo en un atropello flagrante al voto emitido por las y los ciudadanos que le eligieron, traicionando el compromiso de servicio al pueblo.

Las demandamos congruencia, honestidad, ética y voluntad política. Escuchar a las voces interesadas y se alleguen de los datos técnicos y científicos necesarios para emitir un voto razonado y coherente, de no hacerlo implicara aprobar una iniciativa sin realmente conocerla; esto es, dar un voto a Favor porque les dieron “línea” y en desconocimiento del mandato constitucional de representar, proteger y garantizar el derecho humano al agua.

Agua para tod@s, agua para la vida

Chiapanecos en defensa del Agua, colectivo Educación para la paz y los Derechos Huamnos A.C.  (CEPAZDH); Alianza Cívica Chiapa; Desarrollo, Genero y Ciudadanía, A.C. El Movimiento Campesino Regional Independiente  Coordinadora Plan de Ayala Movimiento Nacional (MOCRI CNPA MN); Centro de Derechos Huamnos Digna Ochoa AC; Consejo Auntónomo Regional de la Zona Costa DE Chiapas; Frente Civico Tonalteco AC.; Kemeretic AchIxetic AC.; Colectivo ISITAME AC.; Mesa de Coordinación por la Defensa de los DH en Chiapas; Melel Xojobal AC.; Voces Mesoamericanas AC.; Casa de la Mujer Ixim Antsetic, AC. COLEM Grupo de Mujeres de San Cristobal; Cupasijminu S.C; Iniciativa para Inclusión y la Identidada AC. (INICIA); RICAA mujeres de Maíz en resistencia: Formacion y Capacitación (FOCA); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas”; Salud y Desarrollo Comuitario AC.

Video conferencia en:

http://radioproletariachiapas.blogspot.mx/2015/03/pronunciamiento-contra-la-ley-general.html?spref=fb

Información sobre la Ley de Aguas

ley-de-aguas

La Ley General de Aguas fue aprobada en comisiones unidas sin que se hayan dado las condiciones para su lectura, revisión y discusión previstas por la ley. Esta iniciativa representa un retroceso del derecho humano al agua y saneamiento que nuestro país ha firmado y ratificado a nivel internacional.

En este espacio iremos colocando información referente a esta iniciativa (boletines, acciones que podemos realizar, información reciente, etc.)

Pásale a firmar

 avaaz

Iniciativa de AVAAZ.org Peticiones de la comunidad: Congreso de la Unión, México: Desechen la iniciativa de Ley General de Aguas fast track (Presiona aquí)

uccs

Iniciativa de Unión de científicos comprometidos con la sociedad:

 exigimos se abra un debate público… (Presiona aquí)

 

Documentos (Para saber más)

 

Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Aguas (Presiona aquí)

 

Boletín Conjunto contra la Ley General de Aguas firmado por organizaciones y mas de 5000 personas (Presiona aquí)

 

Qué busca la Ley General de Aguas (Presiona aquí)

 

Propuesta ciudadana de Ley de Gestión de Aguas (Presione aquí)

 

Qué propone la iniciativa ciudadana (Presione aquí)

 

Modelos de gestión una tabla comparativa (Presione aquí)

http://www.imdec.net/informacion-sobre-la-ley-de-aguas/

Decidirá Conagua porcentaje de participación privada en el sector

Se incluye infraestructura, explotación, distribución y cobro de agua potable

La madrugada del miércoles Hacienda modificó la iniciativa de dictamen de Ley Nacional de Aguas, señala el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos

Cambió el orden de los artículos, dice

Enrique Méndez
Periódico La Jornada
Lunes 9 de marzo de 2015, p. 3

El porcentaje en que la iniciativa privada participará en los proyectos de infraestructura, explotación, distribución, facturación y cobro de agua potable al usuario final será decidido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), como se define en el dictamen de la Ley General de Aguas promovido por el gobierno federal a través de PRI y PAN en la Cámara de Diputados.

‘‘La intervención de las empresas en los proyectos hidráulicos se remite a un reglamento interno de la Conagua que no conocen los legisladores, porque no se nos permite acceder a él’’, cuestionó el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Gerardo Gaudiano Rovirosa (PRD).

Adiciones nocivas

El legislador explicó, en entrevista, que si bien él participó por acuerdo de su grupo parlamentario en las negociaciones iniciales para la iniciativa –la cual se dictaminó la semana pasada–, el gobierno de Enrique Peña Nieto introdujo adiciones al texto original que van hacia la privatización del agua en México.

‘‘Pudimos lograr algunos acuerdos, como sacar todo un capítulo sobre la fractura hidráulica, pero de último momento cambiaron el dictamen; incluso intervino la Secretaría de Hacienda para modificar la iniciativa y el PRD no puede acompañar ese documento’’, dijo.

–¿Qué introdujo Hacienda en el dictamen?

–Ocurrió en la madrugada del miércoles. El proyecto de dictamen lo circularon a altas horas de la noche y todavía Hacienda presentó sus consideraciones. Eliminó, por ejemplo, todo lo relacionado con la acuacultura e incluso el orden y redacción de los artículos, con lo que se altera el sentido de la iniciativa para abrir el sector del agua a la iniciativa privada.

‘‘Se elevan las concesiones de 25 a 35 años y eso no garantiza el derecho humano al agua; por eso no podemos votar esa ley en la sesión de este martes. Es una ley nociva que da entrada a las empresas en asignaciones directas. Si bien logramos la obligación de informar semestralmente el padrón de concesionarios, se nos impidió (realizar) cambios de fondo.’’

–¿Y qué fue lo que se modificó del proyecto de la Conagua?

–Que se suprimiera todo el capítulo de fracturación hidráulica, pero aun así, PRI y PAN introdujeron la figura de ‘‘uso industrial’’ del agua para la extracción de hidrocarburos.

–Los trasvases, ¿cómo afectarán regiones abundantes en agua, como Tabasco?

–Trasladar volúmenes de agua de una cuenca abundante a otra con escasez será necesario, pero no por el capital privado; en la ley eso no queda regulado. Por eso dejamos la negociación, ya que no vamos a avalar una ley que es nociva para la sociedad.

http://www.jornada.unam.mx/2015/03/09/politica/003n1pol

Posponen discusión del dictamen de ley de aguas

lun, 09 mar 2015 14:34

México, DF. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados decidió por unanimidad posponer “el tiempo que sea necesario” la discusión en el pleno del dictamen de la Ley General de Aguas, que estaba previsto para votarse en la sesión de este martes.

Al dar a conocer el acuerdo de los grupos parlamentarios, el presidente de la Junta de Coordinación, Manlio Fabio Beltrones (PRI), rechazó que la propuesta busque la privatización del agua. “Con su simple lectura quedaría claro, a quien no tenga lento aprendizaje, que no se trata de una privatización. Es una ley que moderniza, y en mucho” el marco legal en la materia.

En conferencia de prensa esa tarde Beltrones dijo que a solicitud de todas las bancadas, “aunque con distintas expresiones del porqué, hemos resuelto que se difiera su discusión del día de mañana por el tiempo que sea necesario para que se aclaren dudas y se acabe la desinformación que ha hecho que algunos políticos en campaña quieran tomarlo como bandera”.

Beltrones explicó que esta decisión permitirá además abrir espacio a la discusión y escuchar a la sociedad.

“Habrá tiempo suficiente para que muchos de quienes hablan pero todavía no han leído la inciativa ni el dictamen hagan su trabajo. Lo que no hay es intención privatizadora como ciertos políticos demagógicos lo han expresado”.

Diputados del PRD, PT y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se congratularon del acuerdo, pero el legislador Manuel Huerta insistió que no sea un plazo sólo “para aplazar la sentencia de muerte; esto es que la ley Korenfeld (por el director de la Conagua, David Korenfeld) la aprueben mañana, pasado mañana o dentro de un año, sino que se abra una discusión seria y se invite a quienes se excluyeron, entre estos al movimiento Agua para Todos.

También la diputada Lilia Aguilar (PT) consideró que este plazo no sea sólo para diferir por unos días las críticas de la sociedad civil y de los investigadores o para evitar las manifestaciones en la calle y en la tribuna.

Alfonso Durazo, de Morena, resaltó que la Cámara de Diputados debe aceptar a discusión la iniciativa ciudadana de una Ley de Aguas y señaló que si bien es un triunfo diferir la discusión del dictamen del PRI-PAN, la decisión de los grupos parlamentarios se debe a que la mayoría se dio cuenta de que esta ley no tiene respaldo social.

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/03/09/posponen-discusion-del-dictamen-de-ley-de-aguas-1900.html

La nueva norma coartaría la libertad de investigación en materia hídrica

Se tendría que tramitar un permiso ante Conagua, advierten

Rocío González Alvarado
Periódico La Jornada
Domingo 8 de marzo de 2015, p. 34

Con la propuesta de Ley General de Aguas enviada a la Cámara de Diputados, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pretende coartar la libertad de investigación en materia hídrica, pues indica que los interesados en realizar algún estudio sobre acuíferos o bienes nacionales deberá tramitar un permiso ante este organismo, advirtió el investigador del Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Rafael Huízar Álvarez.

Durante un coloquio organizado por la Red Ecologista del Valle de México, el especialista en hidrología afirmó que la ciencia no debe estar sometida a nadie, pues está destinada a crear conocimiento y solucionar problemas de la sociedad. El gobierno debería apoyar a la ciencia y no acotarla, apuntó. Señaló que la nueva normatividad considera una serie de sanciones para quienes no acaten esta disposición, entre ellas multas de hasta 500 días de salario mínimo.

Indicó que esto es sumamente grave, pues en pocas palabras, quien debe decidir hasta dónde se debe hacer ciencia soy yo, así de sencillo, y tú investigador no pienses, porque no te voy a dejar, expresó.

Detalló que si bien se propone la difusión y la investigación sobre el agua –incluso se crean institutos– y se señalan convenios con instituciones y universidades, la Conagua tiene el control. Esto implica que yo puedo llamarte para que hagas esta investigación, pero si el resultado no me conviene, no podrá conocerse. Y si se quiere hacer un estudio independiente, deberán pedir permiso. Puede pasar un año y decirme que no o sí, pero si acabas, ah, bueno, esta parte no quiero que la digas. Eso es aplastar a la ciencia, puntualizó.

http://www.jornada.unam.mx/2015/03/08/sociedad/034n2soc

Agua del noreste: ¿para uso popular y productivo o para trasnacionales?

Antonio Gershenson
Esta vez nos llegan de Estados Unidos protestas contra el fracking o ruptura de rocas con agua a presión, para obtener sobre todo gas, y también en ocasiones petróleo sintético. En varios países se ha prohibido, en varias partes de Estados Unidos también, y en México las nuevas leyes les abren las puertas a costa de los mexicanos. Hay toda una polémica en torno al acueducto Monterrey VI, es sabido que ahí el agua no abunda, pero esa obra no es necesaria para la ciudad, y es clara la intención de hacer negocio con el asunto.

En Estados Unidos nos recuerdan que ciudades de California, Nueva York, Ohio, Pennsylvania, Texas, Colorado, Hawai y Nuevo México lo prohibieron temporal o definitivamente. Y nos recuerdan que en otros países, incluidos Francia, Alemania, Irlanda, Holanda y Australia, prohibieron total o parcialmente este fracking.

Mientras en varios países se buscan formas de limitar, o de plano se prohíben, las actividades del fracking, en México tuvimos, primero, que la reforma energética que no sólo no se les limita sino que se les dan privilegios para apoderarse de tierras con posibilidades de energía, incluso de fracking. Y ahora, peor aún, está en curso la aprobación de otra Ley General de Aguas, que limita el derecho del individuo al agua, poniendo en riesgo la salud. Como el agua no alcanza, se da preferencia a las trasnacionales que la van a derrochar y a contaminar en grandes cantidades, a costa de la población y de las demás actividades productivas.

Recordamos tres párrafos de nuestro artículo del 28 de diciembre pasado:

“Un hecho influye en el cuadro: Hillary Clinton, importante en el Partido Demócrata, del que es precandidata presidencial, se pronunció contra el uso indiscriminado de la fractura hidráulica, sin mencionarla explícitamente. El periódico The Guardian hizo notar que se distinguía de la posición del presidente Obama, y dos semanas después, el gobernador demócrata Cuomo, de Nueva York, alegando riesgos para la salud, prohibió tajantemente esa fractura en todo el estado. La posición de la población neoyorquina ya se había expresado en ese mismo sentido en diversas formas, y lo volvió a hacer ante una encuesta:

La Universidad Quinnipiac hizo la encuesta. Del total, 55 por ciento estuvo en favor y 25 por ciento en contra. Incluso, de los republicanos 42 fueron en favor y 40 en contra, y de la ciudad de Nueva York, 56 por ciento estuvo en favor y 19 por ciento en contra.

“Se nota una importante corriente en el Partido Demócrata en ese sentido; el Partido Republicano, en cambio, defiende a como dé lugar al fracking y a las empresas que lo impulsan. Se ve que puede ser un importante punto polémico en las elecciones presidenciales de 2016.”

En el noreste de México el agua no es mucha, y es necesaria para riego, para uso industrial, para bañarse obviamente y para cocinar y beber. Un proyecto de fracking de tamaño amplio, requiere por cada pozo de petróleo o de gas, varios millones de litros de agua, la cual al tener este uso queda totalmente contaminada.

En México, según el censo, 55 por ciento de la población recibe el agua sólo temporalmente. Y ya hemos mencionado los daños por los terremotos producidos por las explosiones del agua lanzada a presión.

Esta actividad tan destructiva arrasa con agricultura, ganadería, viviendas e industrias con los terremotos, y con casi cualquier actividad en la región arruinada.

Hablamos del noroeste, porque ahí se está preparando y porque ahí no sobra el agua. Pero la nueva legislación les abre la puerta a las trasnacionales en cualquier parte del país.

Y ahora vemos algunos títulos en este periódico:

Cerraron 30 mil tiendas por caída del mercado y las exigencias impositivas.

Se desplomaron 41.5% las utilidades de las principales empresas del país: BMV.

México promete otorgar más ganancias y contratos flexibles a grandes petroleras.

¿Qué podemos esperar si el país tolera, y hasta premia, también la ola destructiva del fracking? ¿Y las tierras perdidas o arrebatadas? ¿Y los ejidos, las comunidades y las poblaciones, de qué van a vivir?

Claro, los de arriba, felices, recibiendo dinerales, recibiendo el agradecimiento de las trasnacionales petroleras y gaseras.

El dictamen de Ley General de Aguas tiene visión privatizadora y represiva: expertos

Responde a los intereses de las grandes empresas, señala propuesta ciudadana

Su ejecución se apoyaría en la fuerza pública

Foto

Periódicamente el DF sufre reducciones en el suministro por obras en el Sistema Cutzamala; aquí, entrega del agua mediante pipas en un predio de IztapalapaFoto Alfredo Domínguez
Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Domingo 8 de marzo de 2015, p. 33

La Ley General de Aguas que se discute en la Cámara de Diputados tiene una visión privatizadora y represiva y fue elaborada por el gobierno federal para dar respuesta a las necesidades de las grandes empresas nacionales y extranjeras que explotarán los hidrocarburos, con el consecuente despojo a los pueblos indígenas, advirtió el investigador Pedro Moctezuma Barragán, integrante del equipo de académicos y personalidades de la sociedad civil que elaboraron una iniciativa ciudadana presentada ya en el Senado.

Moctezuma Barragán y Elena Burns dieron a conocer ayer un documento con los 10 puntos más preocupantes de la iniciativa que se aprobó ya en comisiones y se pretende votar ante el pleno el martes en San Lázaro, análisis que hicieron llegar también al Senado.

Los académicos advierten que la llamada ley de aguas de Korenfeld pretende tomar decisiones sobre el líquido vital a espaldas de la ciudadanía y ejecutarlas con el apoyo de la fuerza pública.

En los artículos 55 a 57 de esa ley se establece que sólo los concesionarios tendrían voz y voto en los consejos de cuenta y “tanto los presidentes municipales como el jefe de Gobierno del Distrito Federal y las corporaciones extranjeras seguirán controlando los sistemas de agua y saneamiento.

En el artículo 263 se da la facultad a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de solicitar el auxilio de la fuerza pública para hacer cumplir con sus determinaciones.

Integrantes de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, resaltaron que otro de los puntos preocupantes de la iniciativa gubernamental próxima a aprobarse en la Cámara de Diputados es que avanza a la privatización del agua mediainte la concesión de grandes obras hidráulicas en torno a grandes ciudades y de los sistemas municipales y de saneamiento, operados por particulares.

La reforma permite sobrexplotar cuencas y acuíferos y despojar a pueblos indígenas y campesinos de su agua para darla a grandes corporaciones. En ese sentido, las concesiones de aguas nacionales seguirán siendo otorgadas por la Conagua por periodos de cinco hasta 30 años, prorrogables, heredables y sujetas a dinámicas de compraventa, en violación de estudios de disponibilidad y a pesar de las afectaciones a ecosistemas y terceros, de acuerdo con los artículos 88 al 112.

En los artículos 160 y 161 se establece que al rentar sus parcelas, los comuneros y ejidatarios cederían sus derechos al agua y al pasar al dominio pleno, tendrían que solicitar una concesión. La Conagua manejaría bancos de agua para “proyectos energéticos.

En ese contexto, la única obligación de la autoridad sería garantizar un promedio de 50 litros diarios a los habitantes en asentamientos humanos.

La ley, recalcan, garantiza la recuperación de inversiones a través de tarifas blindadas ante la presión social –artículos 250, 256, 257 y 258–, mientras que los gobiernos tendrían que subsidiar las tarifas a poblaciones vulnerables.

Asimismo, la ley asegura el agua para uso minero y para el fracking, ya que el uso del líquido en la explotación de minas no requerirá concesión y la fractura hidráulica cabría dentro de la definición de uso industrial.

Los académicos resaltan que la ley sigue ofreciendo impunidad a los contaminadores del líquido. El artículo 39 a la letra marca que El Estado promoverá la participación voluntaria en esquemas de auditoría y evaluación en el sector hídrico para cuantificar el cumplimiento de la normatividad.

De igual manera se permite evadir responsabilidades por la mala calidad del agua potable. En contraparte, establece sanciones de mil a 50 mil días de salario mínimo –artículos 268 y 270– para quien realice obras de exploración, de estudio, minitoreo y remediación, sin contar con el permiso de la Conagua. Ello significa prohibir el estudio de la situación real del agua.

Partidos cuestionan supuestos de la iniciativa

Roberto Garduño

El dictamen de Ley General de Aguas a votarse el martes próximo en la Cámara de Diputados induce a la privatización total de los recursos naturales y la infraestructura relacionada con el agua, contempla pasar a la omisión en aquellos procedimientos en los que ocurra contaminación de acuíferos subterráneos, y garantizará que miles de millones de metros cúbicos de agua, implicados en operaciones de trasvase, ahora se destinen sin restricción alguna al método de facturación hidráulica (conocido como fracking).

Los partidos que se oponen al citado dictamen en la Cámara de Diputados señalaron que el documento impide la plena realización o propicia la violación abierta y sistemática del derecho al acceso al líquido, perpetuando las condiciones de inequidad y acaparamiento del recurso.

El mandato para derogar la Ley de Aguas Nacionales (LAN) vigente buscaba transformar el actual régimen de concesiones, pero lejos de eso, los pocos cambios que se hicieron operarán en favor de los grandes concesionarios.

La materialización del derecho humano en relación con la concesión de uso doméstico lo reduce a un asunto de acceder y disponer agua mediante acarreo con baldes, cubetas y jícaras.

De tal forma, la regulación del uso doméstico tiene la función de garantizar el derecho humano al agua por ser una excepción al régimen de concesiones siempre que se realice por medios manuales, lo que asegura que el volumen utilizado servirá para satisfacer las necesidades básicas de consumo personal y del hogar.

En su articulo 146, el ordenamiento refiere que el uso doméstico es la aplicación de aguas nacionales para consumo, higiene del hogar y aseo personal, incluye el riego de jardines y de árboles de ornato, así como el abrevadero de animales domésticos que no constituya una actividad lucrativa.

No se requiere concesión de aguas nacionales para uso doméstico siempre que se realice por medios manuales y no se desvíen de su cauce ni se produzca una disminución significativa en su caudal. Son medios manuales la fuerza humana directa o ésta ejercida a través de dispositivos mecánicos.

El dictamen manifiesta que los concesionarios de las aguas nacionales y de la infraestructura hidráulica federal, con la nueva ley podrán disponer de las aguas nacionales y de la infraestructura hidráulica federal hasta por 70 años.

http://www.jornada.unam.mx/2015/03/08/sociedad/033n1soc

Recolectan en BCS firmas contra nueva Ley General de Aguas; temen favorezca a mineras

firma pacto de todos santos 3-1

La Paz, Baja California Sur (BCS). El Frente Ciudadano por la Defensa del Agua y la Vida comenzó la colecta de 400 firmas para enviar un mandato ciudadano al Congreso de la Unión y al Congreso del Estado para evitar que el proyecto de Ley General de Aguas que impulsa la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prospere.

Desde las 05:00 de la tarde del sábado, los integrantes de diferentes organizaciones que integran al frente, iniciaron con la sensibilización sobre el tema, porque creen que la legislación beneficia más a las empresas que a los ciudadanos.

La queja del organismo, comentó Juan Ángel Trasviña Aguilar, es la falta de consenso ciudadano que el gobierno federal, al igual que legisladores, han tomado acerca del tema.

“Los ciudadanos no estamos de acuerdos que ellos solo levanten el dedo y se apruebe, deben cuestionarnos”, expresó.

Entre otras cosas, la Ley General de Aguas permite, explicó, la privatización del agua y beneficia de forma desmedida a los concesionarios.

“En todos los países que se han privatizado el agua, ha tenido que revertir la privatización, porque en vez de mejorar el servicio, lo empeoró y además los precios del agua se fueron por las nubes”, sostuvo.

El temor que apremia a los organismos de la sociedad civil, es el beneficio que significaría para compañías dedicadas a minería a cielo abierto o fracking (extraer gas natural de la trituración de la roca mediante químico y agua).

Las sanciones para empresas que contaminen aguas nacionales, con la nueva ley se rebajan a un monto de 3.5 millones de pesos; en el caso del derrame de líquidos tóxicos a ríos de Sonora por mineras, el valor del daño calculado por expertos se eleva a más de 20 mil millones de pesos.

A su vez, pueden verterse a los ríos químicos siempre que “no rebase la capacidad de asimilación”, según expresa el artículo 142 de la Ley General de Aguas.

Ayudará permite el uso de la fuerza pública si una comunidad se pone en contra algún proyecto como el de una hidroeléctrica.

Los concesionarios (o quienes consigan contratos para distribuir el líquido)  se les permiten participar en la planeación, ejecución, evaluación y vigilancia de la política de agua, dijo, tienen voz y voto en los Consejos de Cuencas (lugares con agua potable distribuidos en todo el país).

“Además plantea que la nueva ley promoverá la participación voluntaria de los concesionarios en esquemas de auditorías y evaluación para cuantificar el cumplimiento de la normatividad, el uso eficiente del agua y la adecuada gestión”, precisó.

http://www.bcsnoticias.mx/recolectan-en-bcs-firmas-contra-nueva-ley-general-de-aguas-temen-favorezca-mineras/

Ley de Aguas: privatización ominosa

 Existe la pretensión, en la Cámara de Diputados, de avalar una iniciativa de Ley General de Aguas que terminaría, en los hechos, con la potestad gubernamental sobre la distribución del vital líquido y que representaría un atentado contra el abastecimiento mínimo de agua por parte del Estado a la población. Entre otras cosas, el citado dictamen elimina de manera subrepticia la garantía de 50 litros de agua por individuo –cantidad considerada en el marco normativo de la Organización Mundial de la Salud– y da margen a prácticas cuestionadas y desacreditadas por ambientalistas y expertos, como el llamado fracking.

Es inevitable percibir dicha iniciativa como una más de las puntas de lanza del empeño de los gobiernos neoliberales y los poderes fácticos por trasladar los recursos naturales y los servicios públicos a manos de empresas privadas, particularmente las extranjeras, con argumentos similares a los empleados por los promotores de la privatización petrolera: la supuesta inoperancia técnica, administrativa y financiera de los organismos públicos encargados de manejar tales recursos y servicios.

En el caso de la Ley General de Aguas, la pretensión de permitir el ingreso del sector privado a las tareas de manejo, administración y distribución de los recursos hídricos es del todo improcedente y peligrosa, por cuanto esas actividades constituyen un asunto de la mayor importancia social, económica, sanitaria y hasta de seguridad nacional, y atentan directamente contra un derecho humano reconocido por la Organización de las Naciones Unidas.

Por si fuera poco, la referida iniciativa –que se prevé sea votada el martes en San Lázaro– abriría un nuevo frente de ingobernabilidad y desarticulación nacional. Es inevitable suponer que la imposición de los criterios mercantiles en el acceso de las personas al vital líquido derivaría en escenarios similares a los que se han configurado a raíz de otros procesos privatizadores del agua en el mundo: lejos de contribuir a garantizar el acceso universal al líquido, la aprobación de la referida ley acabaría por entregar los recursos hídricos a corporaciones trasnacionales caracterizadas por incurrir en prácticas depredadoras, abusivas y generadoras de descontentos sociales. Un precedente ineludible es la guerra del agua en Cochabamba, una serie de protestas realizadas en esa ciudad boliviana entre enero y abril de 2000 a raíz de la decisión gubernamental de concesionar por 40 años el sistema de agua de aquella región a la trasnacional Agua del Tunari. El episodio derivó en una brutal represión policial que arrojó un saldo de un muerto, medio centenar de heridos y decenas de detenidos.

El reconocimiento del derecho humano al agua es un paso imprescindible del proceso civilizatorio. La intención de entregar ese recurso a particulares es, por contraste, un atentado al sentido común y a la viabilidad misma de la especie humana. Los legisladores responsables de analizar y avalar el dictamen comentado debieran cobrar conciencia de que la privatización del vital líquido sumaría un nuevo factor de división e inconformidad al panorama político y social del país.

http://www.jornada.unam.mx/2015/03/07/edito

Morir envenenado o a tiros, la opción en El Salto

El municipio conurbado de El Salto es conocido mundialmente por el altísimo nivel de contaminación del río Santiago. Sin embargo, el asesinato del compositor Martín Ruvalcaba pone de manifiesto el otro flagelo del lugar: la inseguridad. Varios ciudadanos atribuyen el auge de la violencia y el delito a la colusión de las autoridades con la delincuencia organizada, pero el gobierno estatal y la Comisión Estatal de Derechos Humanos no responden a los pedidos de auxilio. Por eso comienzan a hacer otro tipo de llamados: por ejemplo, a conformar una policía comunitaria…

El presidente del Comité Ciudadano de Defensa Ambiental de El Salto, Raúl Muñoz Delgadillo, anuncia públicamente que se está promoviendo la formación de un grupo de autodefensa comunitario.

En este municipio de la zona metropolitana de Guadalajara, donde el 17 de febrero fue asesinado el compositor Martín Ruvalcaba Torres, los activistas del grupo mencionado también han registrado la muerte de 547 personas por enfermedades asociadas con el cáncer, desde febrero de 2008 hasta diciembre pasado.

Más trágico es que esa cuenta inició con la muerte del niño Miguel Ángel López Rocha, que falleció después de caer a las aguas tóxicas del río Santiago hace más de siete años, y quien uno de los activistas señala como sobrino nieto del compositor Ruvalcaba.

Muñoz Delgadillo relata que el ataque a Ruvalcaba se perpetró a la luz del día, cuando un grupo de vecinos se preparaba para organizar una reunión sobre los problemas de la localidad.

Integrantes del partido Movimiento Ciudadano (MC) y líderes sociales de El Salto exigen que se investigue la presunta vinculación del alcalde priista Joel González Díaz y que se interrogue al precandidato del propio MC, Israel Orozco, pues señalan que probablemente estén relacionados con el crimen.

También Muñoz Delgadillo considera urgente el desmantelamiento de la Policía Municipal de El Salto por presuntos nexos con la delincuencia organizada, ya que proliferan las extorsiones telefónicas, el robo de hidrocarburos y de autos y vehículos de carga, asaltos a negocios, así como la venta y distribución de drogas.

En ese contexto, dice, el asesinato del compositor ya empañó el proceso electoral.

También le preocupan las advertencias del gobernador Aristóteles Sandoval y del fiscal general del estado, Luis Carlos Nájera, de encarcelar a quienes promuevan grupos de autodefensa:

“En lugar de darnos una solución al aumento de inseguridad, proliferación de extorsiones y secuestros, y de muertes por contaminación en la zona, el fiscal Nájera nos amenaza con detenernos si violamos la ley. Pero las autoridades hacen caso omiso cuando se trata de los delincuentes, a ellos nadie los toca, y si deciden pueden andar armados sin que nadie los moleste.”

–¿Es verdad que usted convocó a la conformación de un grupo de autodefensa o de policía comunitaria en El Salto? –cuestiona el reportero.

–Sí. Hay varios compañeros… Ya tenemos tiempo platicando (del asunto), pues debemos confrontar esta situación de la inseguridad y contaminación que nos vulnera. Llegamos a la determinación de que, en vista de que nadie nos hace caso ni se compromete a solucionar nuestros problemas, y como no confiamos en la autoridad municipal que encabeza el priista Joel González Díaz porque su administración está coludida con la delincuencia, determinamos organizarnos. Estamos dispuestos a ver de a cómo nos toca con los delincuentes.

–¿Cómo se integraría el grupo?

–Tenemos planeados varios niveles. Lo más importante es hacer el mapeo, realizar una labor de inteligencia, buscar las zonas más problemáticas (desde el punto de vista geográfico) y ubicar los lugares de mayor incidencia de delitos, para conformar una red y entre todos definir dónde están los focos rojos.

Sobre otro nivel de logística, prefiere reservarse los detalles. Sólo comparte su objetivo: “Optamos por mantener un bajo perfil para no incurrir en una violación de la ley en caso de portación de armas, pero de ser necesario vamos a tener que defendernos”.

Comenta que aprendieron la lección del vecino estado del sur:

“No queremos incurrir en los errores cometidos por los amigos de Michoacán, como fue el hecho de confiar en que, estando organizados, el gobierno los iba a dejar trabajar en paz. En situaciones extremas nos defenderemos.

“No buscamos llamar la atención. Si enseñamos el equipo se les hará más fácil el realizar cateos en nuestra contra, cuando lo único que queremos es defendernos de los criminales y de los abusos de la autoridad que se cometen.”

–¿Qué tanto apoyo tienen?

–En El Salto tenemos por lo menos tres delegaciones que ya están dispuestas, y trabajando de manera coordinada. Nada más estamos consensuando (acciones) con gente en diferentes zonas –responde, y añade que pretenden abarcar todo el municipio.

Fue represión

Muñoz Delgadillo recuerda que hace ocho años la policía lo acusó de portación de droga, para lo cual le sembraron varios envoltorios de mariguana, cuando él con otros activistas estaban a punto de encabezar una protesta por la actitud de la autoridad estatal ante la muerte de Miguel Ángel López Rocha.

Sólo permaneció detenido ocho horas, pero consiguieron fastidiarlo:

“Me llevaron a la delegación de la PGR Jalisco y me soltaron con el pago de una fianza, pues tuve la fortuna de contar con todos los grupos ecologistas, y me cobraron alrededor de 5 mil pesos. Pero cada semana iba a firmar a Puente Grande, porque me acusaron de posesión de 36 gramos de mariguana. Decían que la traía para venderla, pero me la sembraron los propios policías el 9 de julio de 2009.

–¿No teme que le pongan otra trampa?

–Sí, es claro que se corre el riesgo. No soy el único que la ha pasado mal y puedo decir que yo salí bien librado. A otro compañero se llegó al extremo de asesinarlo, así le pasó a Martín Ruvalcaba.

Según Muñoz Delgadillo, el compositor era tío abuelo de Miguel Ángel López Rocha. Su repertorio constaba de corridos y más de mil canciones, interpretadas por grupos como El Coyote y su Banda, los Huracanes del Norte y otros.

Cuenta que Martín compuso recientemente una pieza titulada A mis enemigos, que menciona las tropelías que se le atribuyen al alcalde priista de El Salto, Joel González Díaz, y a su hermano, Gerardo González, diputado federal del mismo partido: “A los hermanos González los voy a llamar a cuentas, pa’ que expliquen al pueblo ese par de sinvergüenzas, que digan cómo sacaron pa’ tantas gasolineras”.

Los testigos afirman que participaron varios hombres, pero coinciden en que el tirador parecía militar o policía municipal. El entrevistado observó que el criminal usaba chaleco y “traía una pistola calibre .45”.

Los medios de comunicación difundieron que un sujeto llegó al lugar en motocicleta, se apeó y entró al inmueble donde encontró a Ruvalcaba; entonces sacó la pistola y la disparó varias veces. Una bala hirió cerca del corazón al compositor, quien murió en el Hospital Civil de Guadalajara.

La víctima era primo de Jesús Ruvalcaba, el líder del Comité Colonos Unidos del Salto, quien comenta que Martín se preparó un café y se disponía a ir a la tienda por galletas cuando irrumpió el sicario.

Añade que sus familiares padecen constantes intimidaciones, pues observan autos desde los cuales parecen vigilarlos afuera de su domicilio y pasan motociclistas con una frecuencia no vista antes.

Un día antes de su muerte, Ruvalcaba discutió con el candidato de MC a la alcaldía, Israel Orozco, a quien él y otros activistas acusan de ser impulsado por Joel González Díaz. El que fuera precandidato de MC, Diego Fernando Díaz Contreras, denunció ante los medios que Orozco buscar engañar a la población, porque compite por MC pero en realidad representa los intereses del priismo

“Yo voy a pedir que se aclare esto, porque meterse con las vidas privadas con fines políticos no se vale. Voy a pedir que se investigue a Joel González Díaz y a Israel Orozco, porque ellos estuvieron toda la noche en discusión directa con la persona que hoy nos falta”, declaró Díaz Contreras a los medios.

Proceso Jalisco buscó varias veces a Hugo Luna, dirigente estatal de MC, pero no pudo entrevistarlo sobre las acusaciones contra Israel Orozco.

Fuera de control

El activista Muñoz Delgadillo no ve muchas posibilidades de mejorar la situación de El Salto mediante la política:

“No vemos para dónde ir. Los del PRI reclutaron a Israel Orozco a través de MC… Los otros partidos de la oposición: PAN, PRD, Panal, PT y Morena están reclutando personajes que ya han participado por otros partidos, no hay caras nuevas”.

Por eso, considera que los inconformes deben “mandarle un mensaje al gobierno del estado y al del presidente Enrique Peña Nieto para que se apliquen. No podemos seguir tolerando este grupo delincuencial que está controlando a nuestro municipio y todavía reprimiendo a los que nos atrevemos a alzar la voz”.

Sobre las amenazas del fiscal general de que no va a tolerar grupos armados comunitarios, insiste: “Se me hace divertido porque se metieron en un problema muy grande… A mí como promotor de este grupo no me pueden acusar de nada, más que de ser promotor, pero a ellos sí los pueden acusar de no ser responsables con el pueblo, porque ellos (el gobernador y el fiscal) han dejado que crezca todo esto (la inseguridad y la contaminación). Hace dos años que estoy solicitando al gobernador, Aristóteles Sandoval, una simple entrevista para platicar sobre el tema de salud y la contaminación. Hasta hoy no he tenido la fortuna de recibir al menos una respuesta”.

Sobre la recomendación emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) en 2009, a partir de la muerte del menor López Rocha por la contaminación del río Santiago, Muñoz Delgadillo considera que el organismo que encabeza Felipe de Jesús Álvarez Cibrián no ha avanzado mucho:

“Lo único rescatable es que ya operan dos plantas de tratamiento, pero no se sabe a qué capacidad trabajan. La CEDHJ ha dejado un vacío grande en su propia recomendación, es un gran documento que de nada sirve.

“El tiempo pasa y no hay resultados. Lo único que aumenta es el número de fallecidos… Salud y Medio Ambiente hacen caso omiso. Dice el secretario de Salud que las aguas no están fuera de norma, pero tan sólo que se lave las manos para que sepa a qué se expone: son aguas fétidas y ácidas.”

“La incidencia es muy alta en cáncer e insuficiencia renal… Desde el 13 de febrero de 2008, día en que murió el niño Miguel Ángel López Rocha, hasta el 31 de diciembre pasado, llevamos 547 personas fallecidas por la contaminación.”

En el acto oficial del informe de la CEDHJ, el propio gobernador Aristóteles Sandoval reconoció que el saneamiento del río Santiago lleva un avance menor a 32%.

Dentro de la llamada macro-recomendación, la CEDHJ solicitó (en 2009) a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios encontrar la vinculación entre enfermedades y muertes de personas en las inmediaciones del río Santiago, “pero ese estudio no lo ha realizado Salud y por eso no tienen los elementos para decir que la muerte de personas no esta relacionada con la contaminación”, afirma Muñoz Delgadillo.

Sostiene que El Salto se salió del control de las autoridades estatales también en lo relativo a la inseguridad: “El problema de la Fiscalía General es que cuando recibe a los ciudadanos los tratan como a delincuentes y olvidan que son las víctimas de un delito”.

–¿Qué papel tiene la delincuencia organizada en El Salto?

–Controlan casi todo: venta de droga, robo de gasolina y de vehículos… Se desmantelan hasta tráileres.

Y reitera que en vez de amenazar a los ciudadanos que deciden organizarse contra la contaminación del río Santiago o la inseguridad, el gobierno de Aristóteles Sandoval debería ordenar el desmantelamiento de la policía de El Salto.

“Estoy seguro que si se aplicaran las pruebas de control y confianza a todos los policías, el mismo director de Seguridad en El Salto saldría reprobado, igual que casi todos sus elementos”, concluye.  

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