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Visita del Relator Especial de las Naciones Unidas para el Derecho al Agua y al Saneamiento a Chiapas

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Foto: Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C. (CEPAZDH).

El pasado día 12 de Mayo, el Relator Especial de Naciones Unidas para el Derecho al Agua y el Saneamiento, el Dr. Léo Heller dio a conocer sus observaciones preliminares sobre la visita oficial que realizó a México durante dos semanas. Los dos días previos a su conferencia de prensa, el Relator estuvo en el estado de Chiapas,  en donde lo que vio y escuchó de parte de las personas afectadas, las organizaciones de la sociedad civil e integrantes de la academia fueron decisivos para que el Relator, agregando a lo que presenció en otras partes del país,  concluyera enfáticamente que en México se viola el derecho humano al agua y al saneamiento.
El tono de las observaciones que el relator adelantó del informe oficial que el Relator presentará el mes de Septiembre ante el Consejo de Naciones Unidas para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ECOSOC) fue contundente y directo. El lenguaje y contenido que el Relator utilizó en su conferencia de prensa se alejó del  tono frecuentemente diplomático y atenuado que caracteriza muchas veces a las declaraciones de los funcionarios de agencias internacionales que visitan a nuestro país. La explicación a este hecho es muy simple, el Dr. Heller, quién ha realizado misiones previas a diversos países africanos, asiáticos y latinoamericanos se declaró sorprendido porque las mala condiciones del derecho al agua que existen en el país no corresponden a su imagen internacional, al Índice de Desarrollo Humano que tiene México en el ranking internacional ni a las cifras oficiales que el gobierno  Mexicano da a conocer.

Durante su visita a una comunidad a escasos kilómetros de distancia de esta Ciudad de San Cristóbal de Las Casas, al presenciar conmovido cómo mujeres y niñas, acompañadas de burros acuden a un charco de agua turbia varias veces al día para llenar pesadas garrafas de plástico para abastecerse de la única agua a la que tienen acceso durante varios meses del año, el relator comentó que la situación ahí era peor de la que había visto en varios países africanos. La escena que presenció el Relator  y que se replica muchas veces a largo y ancho del estado de Chiapas, ocurre en este caso a escasos kilómetros de distancia de las bombas de agua que trabajan día y noche para extraer más de un millón seiscientos mil litros diarios de agua para producir refrescos y agua embotellada o del lugar en donde se sitúan los agonizantes humedales, se reducen cada día por la avaricia y la inconsciencia de sus propietarios y complacencia de las autoridades municipales y estatales.

Durante su conferencia de prensa, el Relator se manifestó especialmente preocupado al “escuchar de parte de distintas autoridades que los derechos al agua potable y al saneamiento no están entre las prioridades del Gobierno en el contexto de sus obligaciones en materia de derechos humanos.”  Y sobre cómo además, “Los presupuestos federales para servicios esenciales han sido significativamente reducidos, según se informa, en más de 37% de 2016 a 2017 para los servicios de agua y saneamiento”.

El Relator afirmó  que las estadísticas de que el 94% de la población mexicana tiene acceso al agua potable y 93% al saneamiento sólo reflejan la existencia de alguna forma de infraestructura y definitivamente no se traducen en acceso real al agua y al saneamiento en las casas de las personas, que es dramáticamente inferior” “En Chiapas… visité comunidades indígenas que han sido provistas con proyectos de infraestructura que han dejado de funcionar de manera efectiva y que ahora han tenido que volver a utilizar fuentes de agua superficiales para obtener agua potable que claramente plantean un riesgo para la salud de los miembros de la comunidad debido a la mala calidad del agua”.

El Relator particularmente preocupado al “conocer que muchas escuelas en México comúnmente carecen de instalaciones adecuadas de agua y saneamiento. El programa nacional para instalar bebederos en escuelas a lo largo del país es un desarrollo bienvenido, sin embargo, el progreso de su implementación, según información recibida, ha sido lento y debe ser acelerado, particularmente en estados con los mayores niveles de pobreza”. El Relator recibió un informe de la sociedad civil que detalla la falta de agua y saneamiento en las escuelas de Chiapas”.

El Relator también señaló que “ en Tuxtla Gutiérrez hay costosas plantas de tratamiento de aguas residuales pero no funcionan debido a la falta de mantenimiento. Me alarmó conocer que de 194 plantas de tratamiento de aguas residuales en el estado de Chiapas, sólo 12 están en funcionamiento, teniendo como resultado un importante problema de contaminación de las fuentes de agua. La ciudad turística de San Cristóbal de Las Casas, de más de 200,000 habitantes, no cuenta con tratamiento de aguas residuales, lo cual tiene como consecuencia que las aguas no tratadas fluyan aguas abajo hacia otras fuentes. Todas estas situaciones tienen serias implicaciones en términos de higiene, salud y la potencial contaminación de fuentes de agua.

También en Tuxtla Gutiérrez “fui informado de que se permite que los servicios sean cortados en caso de que no se pague el servicio, y de que no hay ninguna salvaguarda legal que impida la desconexión por la falta de capacidad económica para afrontar el costo de los servicios”. El Relator subrayo que “ Es importante recordar al Gobierno mexicano que la desconexión de servicios basada en este criterio es considerada una violación de derechos humanos bajo el derecho internacional de los derechos humanos”.

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Foto: Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C. (CEPAZDH).

Sobre la población indígena el Dr. Heller señaló que “Los pueblos indígenas constituyen una significativa proporción de la población mexicana y un alto porcentaje de ellos viven en pobreza y situaciones de marginación. Tienen una asociación única con sus tierras y territorios, incluyendo las fuentes de agua. También fue evidente que los pueblos indígenas a menudo enfrentan los retos más severos en cuanto a la provisión de agua y saneamiento. Tienen culturas, costumbres, prácticas y estructuras de liderazgo únicas, incluyendo su relación con el agua y los residuos, que deben ser consideradas y respetadas en la provisión del servicio. En Chiapas me encontré con autoridades estatales y municipales y visité una comunidad urbana y poblaciones indígenas rurales que experimentan falta de acceso a agua potable segura y saneamiento”.

Un enfoque basado en los derechos humanos al agua y al saneamiento debe reconocer las necesidades de la gente y ubicarlas en primer lugar de prioridad en todo el país.

Durante la reunión que el Relator sostuvo con representantes de la sociedad civil de Chiapas, le fue presentado un panorama general de la crítica situación en la que se encuentra el derecho al agua en el estado, la cual quedó ejemplificada con 19 casos documentados y presentados al Relator. Durante esta misma reunión, se le hizo entrega de un documento en el que se le solicita qué recomendaciones específicamente importantes para Chiapas, entre las que se citaron las siguientes:

  1. Urgir al Estado Mexicano para que las concesiones que otorga CONAGUA para la explotación de agua en Chiapas y en el resto del país prioricen la disponibilidad y accesibilidad de este líquido de forma suficiente, salubre y potable para satisfacer las necesidades de sus habitantes para uso personal y doméstico por encima de cualquier otro uso comercial o industrial. Con base a este criterio, solicitamos que la concesión para la explotación de los acuíferos por la compañía refresquera Coca-Cola FEMSA (Inmobiliaria del Golfo SA de CV) en San Cristóbal de Las Casas sea inmediatamente revisada y en su caso, revocada, debido a los insostenibles volúmenes de extracción (1.6 millones de litros diarios) y a los graves daños colaterales (caries, obesidad y diabetes) que sus productos ocasionan principalmente a la población indígena. Que las concesiones otorgadas a las industrias sean transparentadas y que su impacto social y ambiental sea evaluado por instancias técnicas y académicas competentes que, a su vez, comprueben no tener conflictos de interés.
  1. Considerando que el estado de Chiapas presenta uno de los mayores índices de marginalidad y de mortalidad en niños y adultos mayores por desnutrición, infecciones gastrointestinales del país y que estos padecimientos están especialmente determinados por la falta de acceso de la población al agua segura y confiable, la acción más importante para enfrentar la emergencia sanitaria que persiste en la entidad es la de proveer de agua segura para sus habitantes y de manera especial para las escuelas públicas y la población en situación de vulnerabilidad, particularmente indígena.
  2. Solicitamos que, frente a la emergencia sanitaria que persiste en el estado de Chiapas debido a los altos niveles de contaminación biológica del agua para consumo humano se recomiende al Estado Mexicano y de manera específica al gobierno de Chiapas establezca un plan prioritario para dotar de agua segura, priorizando a las escuelas y a las poblaciones vulnerables que incluya un monitoreo permanente de la calidad de agua y de información sobre ésta a la población.
  3. Solicitamos de manera muy específica al Relator que debido a la importancia que tiene el ecosistema único de los humedales de montaña de San Cristóbal de Las Casas en los Altos de Chiapas -de los que depende el suministro de agua de su población- recomiende a los gobiernos estatal y federal que éstos sean declarados área natural protegida con carácter expropiatorio.
  4. Solicitamos de parte del Relator una atención especial a la relación entre agua y mujeres de cara al acceso universal al agua potable y para los hogares, debido a las desigualdades de género en el acceso al agua potable, una vez que ello es imprescindible para construir relaciones equitativas entre hombres y mujeres al vital líquido.
  5. Solicitamos de manera especial al Relator recomendar al Estado Mexicano la puesta en marcha de mecanismos de protección para la salvaguarda de las relaciones simbólicas de la población indígena con el agua de acuerdo a los contextos socio-culturales de cada grupo étnico y su territorio, que incida en el manejo autogestivo de acceso, disponibilidad y abastecimiento del líquido por parte de la comunidad.
  1. Que la toma de decisiones en los espacios de participación sea un proceso de análisis, con información detallada y participación igualitaria de la sociedad civil, academia, usuarios del agua e instancias de gobierno, que permitan una construcción del conocimiento dirigida a una planeación con el enfoque de Cuencas Hidrográficas y Desarrollo Sostenible.

 

Las organizaciones que apoyaron la visita del Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho al Agua y el Saneamiento han decidido conformarse como una coalición que dé seguimiento a las recomendaciones propuestas al relator y a las que éste haga al Estado Mexicano.

La visita del Relator y el informe final que éste elabore será un instrumento muy útil para que la sociedad civil de Chiapas fortalezca sus capacidades al Estado Mexicano el cumplimiento de sus responsabilidades.

 

Organizaciones sociales: Comité Ejidal Chicoasen.
Comité de Cuenca Río San Vicente.
Comité para la promoción y defensa de la vida. Las Abejas, Chenalhó.
Comité de los Lagos de Montebello.
Comité Directivo Colonia Plan de Ayala.
Colonia San Isidro, Tuxtla. Observatorio Ciudadano Aguas Smapa.  Colonia El Roble, Tuxtla.
Colonia Real del Bosque. Contraloría Social del Proyecto Colectores Marginales en San Cristóbal. Frente Popular en Defensa del Soconusco. Centro de Lengua y Cultura Indígena A.C. Sistema de Agua Chupactik.

Organizaciones de la Sociedad Civil:

Colectivo  Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C. (CEPAZDH). Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos/ Defensoría del Derecho a la Salud.

Centro Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.
Agua y Vida: Mujeres Derechos y Ambiente. A.C. Enlace, Comunicación y Capacitación A.C. Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C.  Otros Mundos Chiapas. Fundación
Cántaro Azul.

 

Centros de Investigación:

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social – CIESAS, Sureste. El Colegio de la Frontera Sur ECOSUR. 
Universidad Autónoma de Chapingo. CESMECA/UNICAH

 

Diócesis de San Cristóbal

Organizaciones celebran que Relator de ONU haga suyas preocupaciones de la sociedad civil sobre violaciones a los derechos humanos al agua y al saneamiento

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  • Léo Heller destaca que los índices de cobertura del gobierno no se traducen en acceso real al agua y al saneamiento.
  • Le preocupa sobremanera que distintas autoridades manifiesten que estos derechos no son prioridad
  • La contaminación por minería, hidrocarburos y pesticidas impacta en la calidad del agua disponible para la población.

En su Declaración de final de Misión en México el pasado 12 de mayo 2017, el Sr. Léo Heller, Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento afirmó que “México enfrenta cuantiosos retos para asegurar los derechos humanos al agua y al saneamiento de su población”. Precisó que las estadísticas de más del 90% de cobertura de agua potable y saneamiento que le proporcionaron las autoridades mexicanas “si bien son impresionantes, sólo reflejan la existencia de alguna forma de infraestructura y definitivamente no se traducen en acceso real al agua y al saneamiento en las casas de las personas, que es dramáticamente inferior”. Para significativas partes de la población incluso dentro de la Ciudad de México “la prestación de servicios de agua y saneamiento es extremadamente limitada o no existente”. Desde hace años, diversas organizaciones hemos alertado sobre esta realidad que invisibiliza los graves problemas tanto de calidad como de cantidad de agua disponible a pesar de los km de tubos que se han construido por todo el país.

El Relator expresó su preocupación sobre “la posibilidad de que haya cierta autocomplacencia respecto a la prestación de servicios, basada en las cifras antes mencionadas, misma que podría menoscabar o retrasar la implementación de medidas esenciales para la mejora de dichos servicios” y cuestionó el recorte presupuestal federal de más de 37% de 2016 a 2017 que impacta estos servicios por “su potencial efecto dramático en la progresiva realización de los derechos humanos al agua y al saneamiento en el corto y mediano plazos.”

Por lo que tiene que ver con el tema legislativo, el Relator lamentó que más de cinco años después de la reforma constitucional que reconoce el derecho al agua y al saneamiento no haya sido adoptada la legislación secundaria correspondiente y parezca haber un estancamiento en el proceso de su aprobación; declaró también que “la existente Ley de Aguas Nacionales sigue en operación y no refleja el marco de referencia de los derechos humanos” por lo que “el Gobierno debería avanzar, consultando y colaborando con todas las contrapartes clave, especialmente con la sociedad civil, para aprobar la nueva ley.” Este tema también ha sido denunciado en múltiples ocasiones por la sociedad civil que además ha aportado propuestas y expresado preocupaciones en el debate sobre el punto.

En cuanto al tema de la calidad de agua suministrada, el Relator conoció del problema tanto por representantes de comunidades y organizaciones no gubernamentales como por algunos funcionarios que “admitieron que la calidad del agua varía ampliamente y que de manera frecuente no es adecuada para su ingesta”, y destacó que el consumo de agua embotellada, “añade una carga financiera adicional y considerable para aquellas personas que a menudo viven en las áreas más pobres y tienen los ingresos más bajos.” Destacó que “el derecho a la información debe ser asegurado por parte de los proveedores de agua, proveyendo información sistemática a los usuarios sobre la calidad del agua que consumen, independientemente de las peticiones o quejas individuales que se presenten.”

En términos de asequibilidad, Heller señala haber tenido “la oportunidad de identificar que aquellas personas que no cuentan con ningún servicio o con servicios inadecuados, experimentan el más alto impacto económico y social, ya que se ven obligadas a depender en alternativas caras para obtener agua, como agua embotellada, pipas y proveedores informales. Esto significa que las personas más pobres a menudo pagan más por su agua y pasan más tiempo obteniéndola, impactando particularmente a mujeres y niñas.”

El Relator expresó que también fue “informado de numerosos casos en relación con la contaminación y polución de fuentes de agua debido a factores que incluyen la minería y proyectos industriales, plantas hidroeléctricas y extracción de hidrocarburos, incluyendo el uso de fracking en algunos estados, así como el uso indiscriminado y sin control de pesticidas”, y que le fue “demostrado, en numerosos casos, que estas problemáticas de índole medioambiental pueden impactar directa o indirectamente en la calidad del agua potable y en la protección de la salud en las áreas afectadas.” De manera destacada, el Relator señaló que “debe haber un reconocimiento del impacto que actividades económicas, en gran parte no reguladas, tienen en el agua, y el daño potencial y real causado a las personas locales que tal vez no tengan otra opción sino utilizar fuentes de agua contaminada. Es necesario llevar a cabo acciones inmediatas para atender esta situación.”

Subrayó también que los pueblos indígenas “tienen una asociación única con sus tierras y territorios, incluyendo las fuentes de agua” y que durante su visita fue evidente que estos pueblos “a menudo enfrentan los retos más severos en cuanto a la provisión de agua y saneamiento”.

En su Declaración final, el Relator expresó que le preocupó escuchar “de parte de distintas autoridades que los derechos al agua potable y al saneamiento no están entre las prioridades del Gobierno en el contexto de sus obligaciones en materia de derechos humanos.” Ante esta situación, el Relator alentó al gobierno a “dar igual y apropiada atención y proveer los recursos necesarios para la atención de los derechos económicos, sociales y culturales críticos, incluyendo los derechos al agua potable y al saneamiento.”

Las organizaciones hacemos eco –además de lo planteado en todo el documento– a este llamado y exigimos que todos los niveles de gobierno cumplan con su obligación de respetar, proteger y realizar los derechos humanos al agua potable y al saneamiento no sólo priorizando y asignando el presupuesto necesario pero trabajando participativamente con organizaciones locales y comunidades que tienen propuestas concretas para solucionar los problemas que se enfrentan.

 

Contacto: visita.relator.dhays@gmail.com

Participan más de 100 organizaciones en visita del Relator de la ONU para denunciar violaciones al derecho al agua potable y saneamiento en México

Ciudad de México, a 12 de mayo de 2017.

 

  • Entregan informe constatando que las políticas hídricas privilegian las actividades empresariales y extractivas por encima del bienestar social y la equidad.
  • Se documentaron y entregaron al Relator Especial 72 casos paradigmáticos de violaciones en el país.

 

En el marco de la visita del Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento (DHAyS), Léo Heller, organizaciones de la sociedad civil dieron a conocer el Informe sobre violaciones a los derechos humanos al agua potable y saneamiento en México[1], en donde se exponen las principales fallas de las políticas públicas implementadas por el Estado mexicano en esta materia.

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Las redes y organizaciones que impulsaron la participación en la visita son La Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA), el Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), la Alianza Mexicana contra el Fracking (AMCF), la Coordinadora Nacional Agua para tod@s Agua para la Vida (Agua para todxs), el Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC), la Red de Género y Medio Ambiente (RGEMA), la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDTT), el Movimiento Urbano Popular de la Convención Nacional Democrática, entre otras.

 

Una de las principales conclusiones del Informe es que en México prevalece un modelo de gestión del agua excluyente e insostenible que favorece a las actividades empresariales y extractivas por encima del bienestar social y la equidad. Las modificaciones en la legislación han desplazado la orientación social y facilitan la participación del sector privado en la explotación y distribución del bien común, sin inspección y sanción efectiva de las obligaciones de los actores privados.

 

El Informe presenta un breve resumen de las anomalías y violaciones a los DHAyS, algunas de las cuales ocurren en las ciudades donde se han otorgado concesiones de servicios a privados. Entre dichas anomalías se incluyen mala calidad del agua –que ocasiona que en entidades como Aguascalientes haya un 95% de consumo de agua embotellada-; aumentos excesivos de tarifas, ineficiencia en el servicio, nuevos conceptos de cobro, cortes injustificados de agua, extensiones de contrato sin consulta al usuario/a, acceso limitado al agua en zonas urbanas desfavorecidas, falta de transparencia, entre otras.

 

Un elemento relevante alerta sobre el hecho de que la reforma energética pone en riesgo la realización efectiva del derecho humano al agua potable en México, toda vez que a partir de la reforma constitucional en materia energética que promovió el gobierno federal en 2013 y sus leyes secundarias de 2014, las actividades de exploración y explotación del petróleo y demás hidrocarburos tienen ahora “preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas.” Estas actividades se encuentran complementadas por una amplia red de proyectos de infraestructura que en muchos de los casos se configuran a partir de la satisfacción de necesidades de la industria extractiva, no de las poblaciones.

 

Agrava lo anterior el hecho de que el ejercicio del derecho al agua en México se ve obstaculizado por la existencia de un modelo de inequidad en el acceso al agua y al saneamiento, en el que las personas y comunidades en situación de  vulnerabilidad son quienes tienen menor disponibilidad de este recurso.

 

En lo que se refiere a la calidad del agua de la que se dispone en el país, ésta no es la óptima, pues a pesar de que existe un ordenamiento que establece los límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización en México,[2] éste no sigue los estándares más favorables recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS)[3].

 

Las organizaciones documentaron y entregaron al Relator Especial una compilación de 72 casos paradigmáticos de violaciones a los derechos al agua potable y al saneamiento ocurridas en 17 entidades federativas. Asimismo, sostuvieron reuniones privadas con el Relator, donde se abordaron temáticas de especial preocupación como la contaminación de fuentes de agua, impactos de la privatización, desafíos legislativos y obstáculos para el acceso a la justicia.

Un elemento central que denunciaron las organizaciones al Relator fue la ausencia de procesos de monitoreo, inspección y sanción por parte del Comisión Nacional del Agua (Conagua) y sus 13 Organismos de Cuenca en el País; así como la falta de información oportuna y sistemática de parte del Estado mexicano a las comunidades, de estudios y la  situación de sus fuentes hídricas.

El Relator realizó recorridos de campo en los municipios de Filomeno Mata y Papantla, Veracruz; las delegaciones Iztapalapa y Xochimilco, en la Ciudad de México; así como Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas, Chiapas. En dichos lugares, el Relator pudo ver la precariedad de las condiciones de vida de la población del campo y la ciudad por la falta de cumplimiento de sus derechos al agua potable y al saneamiento. Asimismo, escuchó directamente a mujeres y hombres cuya vida cotidiana se ve trastocada por esta carencia, también pudo dialogar con organizaciones comunitarias, estatales y nacionales.

En este contexto, las organizaciones y redes hacemos un enérgico llamado a los tres poderes de todos los niveles de gobierno a que cumplan con sus obligaciones con respecto a los derechos humanos al agua y al saneamiento para asegurar la disponibilidad, accesibilidad física, asequibilidad, calidad, aceptabilidad, acceso sin discriminación, acceso a la información, y ejercicio de modo sostenible para las generaciones presentes y futuras.

 

Contacto: visita.relator.dhays@gmail.com; brendtzu27@yahoo.com.mx; ricardo_ruiz@cemda.org.mx

 

[1] http://www.comda.org.mx/informe-sobre-violaciones-a-los-derechos-humanos-al-agua-potable-y-al-saneamiento-en-mexico/

[2] Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, “Salud ambiental, agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización”.

[3] “Guías para la calidad del agua potable. Primer apéndice a la tercera edición. Volumen 1. Recomendaciones.”

Informe sobre violaciones a los Derechos Humanos al Agua Potable y al Saneamiento en México

El presente Informe sobre violaciones a los derechos humanos al agua potable y saneamiento en México es el resultado del esfuerzo que organizaciones de la sociedad civil, comunidades y colectivos han venido realizado desde hace más de diez años, con la intención de documentar las distintas formas en que el Estado mexicano viola dichos derechos a lo largo de todo nuestro país.

A lo largo de sus nueve apartados, se podrá encontrar información sobre el contexto nacional de disponibilidad y cobertura del agua potable y saneamiento, así como las distintas políticas y modelos de gestión del agua en México. De igual manera y como parte central de este documento, se aborda de forma detallada las distintas estrategias que el Estado mexicano ha implementado para impulsar políticas públicas que buscan la privatización del líquido, que en lugar de buscar la reducción de la desigualdad de su acceso, privilegia a empresas vinculadas a la industria extractiva y de megaproyectos. En este sentido, hemos dedicado una sección específica de los impactos que se han podido visibilizar a partir de la entrada en vigor de la reforma energética. De igual manera, este informe también muestra las distintas amenazas y riesgos que los defensores de derechos humanos, ambientales y comunidades enfrentan día con día en la defensa del agua y los bienes naturales de nuestro país.

Este documento ha sido elaborado con motivo de la visita de Léo Heller, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento a México en mayo de 2017. Esperamos que la información sea útil para su informe Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en septiembre de 2017.

 

Redes y comunidades que han animado este proceso:

La Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA), el Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), la Alianza mexicana contra el fracking (AMCF), la Coordinadora Nacional Agua para tod@s Agua para la Vida (Agua para todxs), el Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC), la Red de Género y Medio Ambiente (RGEMA), la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDTT), el Movimiento Urbano Popular de la Convención Nacional Democrática, entre otras.

El informe se puede descargar aquí.

* Versión actualizada 11 de mayo 2017.

Declaración de la V Asamblea Continental de la Red Vida.

 

Con gusto les compartimos la versión definitiva de la Declaración de la V Asamblea Continental de la Red Vida.
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En Medellín, Colombia, durante los días 26 y 27 de septiembre de 2016, realizamos la V Asamblea Continental de la Red VIDA. En un momento crucial que coincide con la firma del acuerdo final de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC – EP, que pone fin a más de 60 años de un conflicto armado, cuya complejidad reviste un escenario en el que quien más sufre las consecuencias es el pueblo alegre de Colombia. Reconocemos que el conflicto armado y las violencias en Colombia son la consecuencia de una crisis económica, social, política y ambiental, cuyas causas estructurales se expresan en la distribución inequitativa de la tierra, la sistemática pobreza y exclusión de la mayoría de su población y la falta de garantías para la participación política y el ejercicio pleno de derechos.
Los y las invitamos a difundirla en nuestras organizaciones y redes.

Boletín: Reconocimiento a Aguas de Saltillo por cobro-pago promueve prácticas violatorias al derecho humano.

 

20 de octubre de 2015

 

Boletín

Reconocimiento a Aguas de Saltillo por cobro-pago promueve prácticas violatorias al derecho humano al agua

 

En días pasados, la Fundación Gonzalo Río Arronte otorgó a la empresa Aguas de Saltillo (AGSAL) un reconocimiento por las “Mejores Prácticas en cobro-pago del Agua”.

Por este medio, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua –COMDA-, manifiesta su solidaridad con la Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo AUAS, A.C., miembro de nuestra Coalición, por las siguientes objeciones a dicho reconocimiento:

  • La empresa paramunicipal Aguas de Saltillo ha informado a nivel local que el reconocimiento fue otorgado fue por “las Mejores Prácticas en el ciclo de producción y distribución del agua”, lo cual es diferente de las “Mejores Prácticas en cobro-pago del Agua”.

BAJAR BOLETIN COMPLETO EN PDF:

Boletín sobre Premio de Fundación GRA a AGSAL-comda

PRONUNCIAMIENTO Alertamos clima de hostigamiento generado por la empresa Comexhidro en la Sierra Norte de Puebla por el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1

 
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PRONUNCIAMIENTO

Alertamos clima de hostigamiento generado por la empresa Comexhidro en la Sierra Norte de Puebla por el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1     

El Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC, A.C.), expresa su preocupación en relación a los hechos que vienen ocurriendo en la Sierra Norte de Puebla, después de que las comunidades de San Felipe Tepatlán, rechazaran en Asamblea Comunitaria, el pasado 14 de junio, la hidroeléctrica Puebla 1 sobre el río Ajajalpan, que pretende imponer la empresa Deselec Comexhidro.

Después de esta importante acción por partes las comunidades, la empresa a los 8 días siguientes, organizó una marcha y una reunión con la finalidad de crear confrontaciones entre las comunidades e iniciar una campaña de hostigamiento y desprestigio en contra de las organizaciones de derechos humanos que acompañan a las a comunidades en la sierra Norte de Puebla.

En este tenor el medio electrónico e-consulta publicó las siguiente nota de prensa http://municipiospuebla.com.mx/nota/2015-06-21/interiores/marchan-favor-de proyectohidroel%C3%A9ctrico-en-san-felipe-tepatl%C3%A1n que contiene información imprecisa, errónea y sin fundamentos que suponemos fue pagada por la empresa Comexhidro, debido a que entre otras cosas carece de firma. En la nota se menciona de manera irresponsable y con información inexacta a nuestra compañera Silvia Villaseñor, integrante del IMDEC, defensora de derechos humanos, promotora de educación popular y desarrollo comunitario en Puebla, labor que nuestra institución viene desarrollando desde hace 6 años en ese estado del país. En este mismo sentido también la nota menciona a la organización Fundar y al Consejo TiyatTalli del que como IMDEC formamos parte.

Consideramos que esta nota es parte de la campaña de hostigamiento, desprestigio y confrontación que la empresa viene realizando en la región, rechazamos su contenido y expresamos nuestra profunda preocupación en relación a las confrontaciones intercomunitarias que puedan suscitarse y pongan en riesgo la seguridad e integridad de las comunidades y desde luego la de nuestra compañera Silvia Villaseñor.

Rechazamos el proceso de supuesta consulta indígena que la empresas argumenta se está llevando acabo ya en las comunidades.

Conocemos los patrones de actuación de la empresa Comexhidro por testimonios de otras comunidades en donde la empresa ha tenido presencia, como el caso del proyecto Hidroeléctrico Veracruz y la Presa Cerro De Oro de Oaxaca. En ambos casos, la empresa intento cooptar y convencer a las autoridades municipales a través de la entrega de dinero, falsas promesas y amenazas generando conflictos comunitarios y un clima de criminalización y desprestigio a las organizaciones y defensores de los derechos humanos que asesoran a las comunidades. Mismos mecanismos que alertamos están impulsando en la Sierra Norte de Puebla.

Por todo lo anterior:

  1. Hacemos un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales a estar atentos y vigilantes de la seguridad de las comunidades que de manera pacífica están ejerciendo su derecho a la autodeterminación y a respaldar el trabajo que como organizaciones de derechos humanos llevamos a cabo en la región.

 

  1. Hacemos responsable a la empresa Comexhidro, al Gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle y al Presidente Enrique Peña Nieto de la integridad física y psicológica de nuestra compañera Silvia Villaseñor, de la población de las comunidades totonacas que se opone a la construcción de la hidroeléctrica Puebla 1 y de las organizaciones que se solidarizan con la lucha de las comunidades en defensa del territorio.

 Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC)

 Guadalajara, Jalisco, México. A 29 de junio de 2015

 

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La “Ley Korenfeld” hace agua: Comisión de Diputados la frena y llama a consultas públicas

Por David Martínez Huerta abril 6, 2015 – 16:19h 4 Comentarios

Ciudad de México, 6 de abril (SinEmbargo).– La Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados iniciará mañana martes una serie de audiencias públicas, por cuanto tiempo sea necesario, para crear una nueva iniciativa de Ley General de Aguas.

De acuerdo con un comunicado de la Comisión presidida por el Diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa (PRD), la presentada el 4 de marzo pasado es “una iniciativa ajena a la Comisión y excluye a otras cuatro presentadas previamente”. Además de que omitió los foros y consultas que se han realizado durante dos años.

“Esa dictaminación [“Ley Korenfeld”], violatoria del Reglamento de la Cámara de Diputados, debe dar paso a otra con base en una nueva iniciativa a partir de audiencias públicas donde especialistas, funcionarios, representantes de comunidades, organizaciones civiles, instituciones de educación superior e investigación, representantes de empresas y cámaras empresariales, y ciudadanía en general, presenten sus propuestas”.

La Comisión recibirá por escrito las solicitudes de todos los organismos que quieran participar en la creación de la ley. Serán aceptadas por correo electrónico o entregando un documento en las oficinas de San Lázaro.  El aspirante a expositor tendrá derecho de audiencia ante el Pleno de la Comisión y las propuestas deberán estar centradas en modificar, adicionar o suprimir artículos del dictamen del 4 de marzo. Se deben ofrecer “argumentos justificativos de hecho y de Derecho”.

El periodo formal de audiencias comenzará este martes 7 de abril, y se darán “por el tiempo que sea suficiente”. Todas serán transmitidas en vivo por el Canal del Congreso y también serán retransmitidas en horarios diversos. La comisión pretende “subsanar irregularidades” cometidas en la dictaminación del 4 de marzo, como la exclusión de propuestas presentadas en seis foros regionales, 60 mesas  técnicas de trabajo y las iniciativas presentadas, una, por la asociación civil “Agua Para Todos”; otra, por la Diputada Aleida Alavez Ruiz; una más por diversos grupos parlamentarios, y una última por el Grupo Parlamentario del partido de la Revolución Democrática.

Denunció que en el pasado se hicieron foros regionales y mesas técnicas. Incluso los legisladores recibieron múltiples propuestas y aportaciones de diversas organizaciones, académicos, usuarios de distrito de riesgo y especialistas en general, todo lo cual fue “ignorado en el dictamen hoy  suspendido”.

Foto: Cuartoscuro

David Korenfeld Federman, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) –y quien da nombre a la Ley–, está sometido a la presión pública debido a que hace poco más de una semana fue sorprendido por un vecino cuando utilizaba un helicóptero del Gobierno federal para movilizar a su familia. Argumentó públicamente que se trató de una emergencia médica. Pero no fue así.

Poco después se supo que mentía: las fotos no mostraban a un enfermo; el mismo funcionario participó en una carrera días antes y, se ventiló, su familia hizo reservaciones vacacionales justo para cuando estaba “en emergencia médica”.

La administración federal, sin embargo, no ha dicho qué hará con el funcionario.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) dijo que lo investigará. No se sabe cuándo.

UNA LEY POLÉMICA

Era el 26 de febrero de 2015 en la Cámara de Diputados cuando apareció en la Gaceta Parlamentaria la iniciativa por la cual se crea la Ley General de Aguas, que después sería bautizada con el nombre de “Ley Korenfeld” en honor de David Korenfeld Federman, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La iniciativa replica el modelo implementado en el Estado de México durante el gobierno del ahora Presidente Enrique Peña Nieto en el cual Korenfeld Federman fungió como secretario de Agua y Obra Pública, mientras se desempeñaba también como presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS).

“Cuando [Korenfeld] toma la dirección de Conagua el modelo de gestión de agua en el país que busca implantar es el mismo que han estado impulsando en el Estado de México, es decir un modelo que está basado en trasvases de agua”, afirmó Nathalie Seguin, coordinadora de Freshwater Action Netwok (FAN México), en entrevista para SinEmbargo.

El modelo mexiquense, agregó, privilegia la construcción de “infraestructura hidráulica que básicamente rompe con el ciclo del agua, en donde se privilegia al contaminador; es decir, se rige bajo una política de que pague el que contamina, y mientras pagues no hay problema puedes seguir contaminando”.

Sin previo aviso y sin reconocimiento de la sociedad organizada, la “Ley Korenfeld” permite la privatización del agua vía la concesión de grandes obras hidráulicas en torno a las principales ciudades; otorga a Conagua facultades extraordinarias para dar concesiones prorrogables hasta por 60 años; y garantizar el suministro de agua por debajo del nivel internacional de 100 litros diarios.

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KORENFELD Y ANEAS

David Korenfeld fue secretario de Agua y Obra Pública en el Estado de México prácticamente en el mismo periodo fue presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS) en México, cargo que ocupó de 2007 a 2012.

La Asociación agrupa a organismos operadores de agua potable y alcantarillado. Representa y defiende los intereses de sus socios que son los directivos de los sistemas de agua, así como las empresas proveedoras de productos y servicios.

Ese organismo ha tratado por distintas vías, y en diferentes épocas, impulsar cambios legislativos para promover el modelo de concesión de agua, con el objetivo de elevar la eficiencia en la prestación de los servicios relacionados con el líquido.

“Es una ley que hemos ido frenando desde hace tiempo y digo frenando porque por la red que yo coordino, Freshwater Action Netwok, nos hemos encontrado en varias plataformas a nivel internacional y hemos tenido varias discusiones al respecto y allí es donde claramente ha salido la insistencia por parte de esta asociación para privatizar los servicios”, recordó Nathalie Seguin.

FAN México es una red que también trabaja en incidencia a nivel internacional y que participó en el reconocimiento del derecho humano al agua en Naciones Unidas en el 2010. Su coordinadora agregó que son variadas las propuestas legislativas tendientes a fomentar la privatización del agua con “la clásica excusa de que hoy en día los organismos operadores no son eficientes y no tiene recursos suficientes para llevar a cabo su trabajo”.

Sin embargo, expuso, el resultado en realidad no es mejor en cuanto a calidad de servicio, accesibilidad, asequibilidad y gratuidad del líquido.

Por el contrario, el modelo que se pretende implementar en México favorece a tres grandes negocios: a las constructoras de obra pública; a quienes se les va a concesionar la obra, que puede ser el constructor o no, es decir el que va a distribuir el agua; y a los que van a vender el agua.

Este modelo, afirmó Seguin está muy alejado de promover precios especiales para los más vulnerables, pues el precio se rige bajo la premisa de oferta y demanda del libre mercado.

“La van a vender [el agua] al precio que quieran porque además los precios se van a establecer con base en la recuperación total de la inversión, entonces vamos a estar hablando de costos muy altos de agua”, explicó.

La experta consideró que la iniciativa elaborada en las oficinas de la Conagua, cuyo titular es David Korenfeld mantiene esa política, porque o podría ser de diferente forma, ya que Korenfeld comparte la visión de ANEAS al haber sido su presidente durante cinco años.

“Ya está presente desde entonces como secretario de Obra Pública y Agua y al presidir la ANEAS evidentemente [Korenfeld] está muy cerca con las líneas y visiones de esta entidad que es básicamente privatizar los servicios de agua y saneamiento”, destacó.

LA INICIATIVA QUE DIO LA ESPALDA A ONGS

Se manifiestan en Conagua de Xalapa contra la pri vatización del agua Foto: Cuartoscuro

La iniciativa para crear la Ley General de Aguas que se turnó directamente a comisiones tomó por sorpresa a organizaciones de la sociedad civil que habían trabajado con legisladores un documento que respetara el derecho humano al agua y asegurara la distribución del líquido de forma accesible, asequible y gratuita.

El documento firmado por los diputados Kamel Athie Flores y José Antonio Rojo García de Alba, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sergio Augusto Chan Lugo de Acción Nacional (PAN) y Gerardo Gaudiano Rovirosa del Partido de la Revolución Democrática (PRD), no era lo que habían trabajado en el seno de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) ni era lo que deseable para lograr los propósitos antes citados.

Las organizaciones civiles reconocen que con tuvieron mayor acercamiento fue con el perredista Gerardo Gaudiano en su calidad de presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos. Sin embargo, al final el legislador firmó la llamada “Ley Korenfeld”, prácticamente elaborada en las oficinas de Conagua, fuera de las comisiones legislativas de San Lázaro.

“A final del 2014 tuvimos varias reuniones en donde presentamos una y otra y otra vez las propuestas ciudadanas desde distintos ángulos: la academia, la sociedad civil y hasta con representantes comunitarios, para presentar las diversas propuestas que conlleva esta iniciativa ciudadana”, afirmó Nathalie Seguin.

“Lo que sí es seguro es que fue la Conagua quien elaboró esta ley y la entregó a la Comisión de Recursos Hidráulicos, a Gerardo Gaudiano, quien se prestó junto con otros tres diputados a que de manera personal, no como comisión de manera personal presentaran la ley como comisiones unidas tanto de Recursos Hidráulicos como al de Agua Potable y Saneamiento”, recalcó.

Con una inmediatez que caracteriza a las iniciativas poco populares, el texto fue aprobado por una mayoría mecánica de priistas y panistas en las comisiones de Recursos Hidráulicos y de Agua y Saneamiento de la Cámara de Diputados el miércoles 4 de marzo.

Esa tarde abandonaron la sesión alrededor de 11 legisladores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y del PRD, entre ellos Gaudiano. Pero el daño ya estaña hecho, la iniciativa fue turnada a la mesa directiva para ser publicada en la Gaceta Parlamentaria a fin de que se le diera primera lectura en la siguiente sesión de la Cámara de Diputados.

El PRI reculó de su intención de aprobar la iniciativa fast track por el pleno de los legisladores gracias a la presión de representantes de la sociedad civil y legisladores de oposición.

Manlio Fabio Beltrones, pastor de los diputados priistas argumentó que el texto debería ser enriquecido con los puntos de vista de diferentes organizaciones y expertos en la materia, aunque nunca mencionó los meses previos de debates que simplemente fueron borrados del texto final.

Ante el inminente inicio de la apoca electoral, el dictamen para crear la “Ley Korenfeld” podría ser retomado por los diputados hasta un eventual periodo extraordinario que se realizaría después de los comicios del 7 de junio, en uno de los últimos trabajos que entregaría esta Legislatura, antes de dejar el cargo el 30 de agosto próximo.

http://www.sinembargo.mx/06-04-2015/1304687

Festival del Agua y la Resistencia

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Temacapulín, organizaciones y grupos ciudadanos te invitamos a ser parte del Festival del Agua y la Resistencia. Por medio del arte demostraremos que somos una comunidad unida dispuesta defender el agua y nuestros derechos.

La cita es el día 22 de marzo a las 10 a.m. en la Plaza Universidad para salir en caravana hacia la Comisión Nacional del Agua (Av. Federalismo Norte #275, Centro).

10am- reunión de Caravana del Agua en Plaza Universidad
11am- Caravana camina hacia el festival del Agua y la Resistencia (oficinas CONAGUA)
2 pm- Exposición de Sonidos de la Resistencia (Temacapulín) en el Museo del Periodismo (Av. Alcalde 225, Centro)

¡Música, arte, resistencia y organización!

Te invitamos a vestir prendas azules alusivas al agua.

 

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http://www.imdec.net/festival_agua_y_resistencia/

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