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Seminario en línea: El impacto ambiental del NAICM
La Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua y la campaña #YoPrefieroElLago le invitan a conocer el detalle del impacto ambiental que está causando este megaproyecto en la Ciudad de México. Para sumarse, el miércoles 10 a las 9:55 am puede ingresar a este enlace, si es la primera vez que utiliza zoom deberá generar un ID (sin costo) y en 2 minutos podrá ingresar al seminario.
Fernando Córdova Tapia es Biólogo por la Facultad de Ciencias (FC-UNAM) y obtuvo el Doctorado en Ecología en el Instituto de Biología (IB-UNAM). Su investigación se desarrolla en ecología de cuerpos de agua y en impactos socio-ambientales de mega proyectos. Actualmente, es Investigador Postdoctoral en el Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación (CIByC-UAEM).
Un paso en la dirección correcta: revertir la privatización del agua en México
12 de septiembre 2018.
- La iniciativa presentada para cambiar la Ley de Aguas Nacionales retoma una demanda importante de la sociedad que se opone a la privatización del agua.
- Sin embargo, esto resultará insuficiente si no se atiende el mandato constitucional del 2012 de generar participativamente una nueva Ley General de Aguas.
Desde la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA) consideramos importante el paso de la iniciativa promovida el pasado 6 de septiembre por el Senador Martí Batres Guadarrama para reformar la Ley de Aguas Nacionales (LAN) con el propósito de establecer tres cuestiones:[1]
- Que el Estado garantizará a toda persona el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible;
- Que el financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica serán públicos y la gestión del agua será pública y sin fines de lucro.
- Y que queda prohibida la celebración de contratos con particulares, el otorgamiento de concesiones totales o parciales para operar, conservar, mantener, rehabilitar, modernizar o ampliar la infraestructura hidráulica y la prestación de los servicios asociados a ésta; así como que un particular realice actos de administración y comercialización del servicio de agua potable y toda forma de privatización de la gestión del agua.
Esta iniciativa -que fue turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y de Estudios Legislativos- reconoce algunos de los múltiples problemas y obstáculos que persisten en nuestro país para la realización plena de los derechos humanos al agua y al saneamiento y pone el acento en el ineludible papel del Estado para garantizarlos.
Desde nuestra perspectiva, subrayar el tema del financiamiento público es fundamental toda vez que en los últimos años se han llevado a cabo recortes presupuestales injustificables, como el del 36.5% en términos reales del presupuesto aprobado en 2017 para las sub-funciones de gasto: Abastecimiento de Agua, Administración del Agua, y Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado; así como el recorte presupuestal de 65.7% al Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, que impactó en las entidades federativas para operar e invertir en la ampliación de infraestructura de agua potable y saneamiento, el reequipamiento de pozos, la sustitución de redes y la construcción o rehabilitación de plantas potabilizadoras.[2]
Estos recortes, fueron del conocimiento del Relator Especial de ONU sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento durante su visita oficial a nuestro país en mayo del año pasado, le llevaron a concluir en su Informe de Misión a México que: “Esos recortes pueden tener un efecto dramático a corto, mediano y largo plazo en la realización progresiva de los derechos humanos al agua y el saneamiento” y a recordar que “la responsabilidad primordial por la realización de todos los derechos humanos, incluido el derecho al agua potable y el saneamiento, corresponde al Gobierno de México, del cual se espera que utilice el máximo de recursos disponibles para cumplir esa finalidad.”[3]
Asimismo, desde la perspectiva de prevención de mayores violaciones al derecho al agua como las que han tenido lugar en las ciudades cuyos organismos operadores se han privatizado: Aguascalientes, Ags.; Cancún, Isla Mujeres y Solidaridad en Quintana Roo; Saltillo y Ramos Arizpe[4], Coahuila; Veracruz, Medellín y Boca del Río en Veracruz, Puebla y municipios vecinos en Puebla; y en otros contextos de privatización de los servicios que denunciamos durante la visita del Relator Especial en 2017[5], consideramos relevante la prohibición de toda forma de participación privada en la gestión del agua. Sin embargo, consideramos que rescindir los contratos firmados en los casos mencionados requerirá de procesos legales complicados, que deben involucrar auditorías al proceso de privatización y a la gestión de los sistemas privatizados. Consideramos que es importante enfocar los esfuerzos en reforzar los organismos públicos y comunitarios y promover la participación en ellos de la ciudadanía.
No obstante lo anterior, queremos subrayar que reformar la LAN en estos aspectos debe considerarse solamente como un paso, entre muchos otros que aún deben darse, para resolver los serios problemas de la gestión del agua en México y superar los diversos obstáculos que existen para el disfrute de los derechos al agua y al saneamiento.
Esto resultará insuficiente si no se atiende el mandato constitucional del 2012 de generar participativamente una nueva Ley General de Aguas que habiendo revisado el actual modelo de gestión, contribuya al cambio del paradigma, de las instituciones – especialmente la CONAGUA – , de las normas y el sistema de conseciones que no están siendo efectivas para combatir, sancionar y reparar la contaminación, el acaparamiento y la sobreexplotación del agua en México, ni la desigualdad en el acceso a una cantidad de agua suficiente, continua, de buena calidad y asequible para uso personal y doméstico así como a instalaciones de saneamiento aceptables, dignas y seguras para todas las personas; y que también se necesita para transitar a una gestión sustentable y democrática del agua que garantice la participación ciudadana de mujeres y hombres desde la planeación y la toma de decisiones que impactan las condiciones de vida de la población y de las generaciones futuras.
[1] Iniciativa del del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1, 4, 9 y 12 y se deroga el Capítulo II “Participación de Inversión Privada y Social en Obras Hidráulicas Federales” de la Ley de Aguas Nacionales, disponible en: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2018_09_06/2293/catego/416#Apartado
[2] Tomado de: Informe conjunto de sociedad civil sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en México 2017, Informe alternativo a los Informes V y VI Periódicos combinados del Estado mexicano ante el Comité DESC de la ONU. Capítulo sobre derecho al agua y derecho al saneamiento. Disponible en: http://www.socialwatch.org/es/node/18018
[3] Naciones Unidas. Informe del Relator Especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento acerca de su misión a México (A/HRC/36/45/Add.2), 2 de agosto de 2017, párrafos 4 y 5.
[4] Este sistema de agua se remunicipalizó después de 15 meses de gestión privatizada
[5] Informe sobre Violaciones a los Derechos Humanos al Agua Potable y al Saneamiento en México 2017 (Informe DHAyS), disponible en: http://www.comda.org.mx/informe-sobre-violaciones-a-los-derechos-humanos-al-agua-potable-y-al-saneamiento-en-mexico/
El agua sí está en peligro: los decretos dejan sin protección casi 70% del agua disponible en esas cuencas
26 de junio de 2018
Boletín de prensa
El agua sí está en peligro: los decretos dejan sin protección casi 70% del agua disponible en esas cuencas
- Los 10 decretos que levantan vedas en diversas cuencas del país liberan volúmenes de agua que previamente no podían ser concesionados por la autoridad. A diferencia de lo que la autoridad sostiene, quedan reservadas para conservación ecológica apenas arriba de 30% del volumen de las cuencas hidrológicas derivadas de los decretos en materia de agua.
- Los decretos constituyen un retroceso en la protección al ambiente y de las generaciones futuras y podrían poner incluso en entre dicho el derecho humano al agua.
Producto de los diez decretos[1] emitidos por el Ejecutivo Federal el pasado 6 de junio, se establecen zonas de reserva parcial de aguas nacionales superficiales para destinarse al uso ambiental o para conservación ecológica en diversas cuencas hidrológicas. A diferencia de lo que los impulsores de esta medida sostienen, al analizar cada uno de los decretos emitidos y comparando el volumen de las reservas asignadas para conservación frente a la disponibilidad de la cuenca, se estima que en promedio los decretos solo establecieron una protección de poco más del 30% para conservación ecológica y menos del 1% para uso doméstico y público urbano. Lo anterior dejó sin protección casi el 70% del volumen de las cuencas – en algunos casos, el levantamiento de vedas y la siguiente imposición de reservas permitió la liberación de volúmenes incluso más significativos (hasta 91.5% del agua disponible en el caso de la cuenca del río Pánuco 2) -, que ahora están disponibles para la explotación, el uso y su aprovechamiento para cualquier uso incluyendo el sector industrial y extractivas.
Aun cuando compartimos los principios que supuestamente motivaron estos decretos (en efecto una adecuada gestión del agua tiene que reconocer que los ecosistemas necesitan del líquido para sobrevivir, pensar en las poblaciones futuras y en esta óptica, limitar las actividades económicas) en el caso específico la preocupación ambiental fue la excusa para liberar la posibilidad de concesionar al sector productivo aguas que bajo el régimen de la veda no podían serlo. Antes de cualquier modificación además, la autoridad hubiera debido actualizar los datos sobre disponibilidad de agua pues algunos datan de 2011[2].
Como organizaciones de la sociedad civil promotoras y defensoras de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento estamos muy preocupadas porque leemos estos decretos como instrumentos intencionalmente ambiguos para mantener la discrecionalidad del manejo del agua que ha caracterizado a la Conagua. Las declaraciones de esta institución lejos de tranquilizarnos nos reafirman su profundo desprecio por los aspectos sociales, culturales y ambientales del agua al declarar que la gestión del agua es un problema meramente técnico.
El Director de Conagua se atreve a afirmar que la Comisión protege a “las generaciones futuras” cuando en esta administración, emitió el 30 de agosto de 2017, los Lineamientos para la protección y conservación de las aguas nacionales en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales[3], que al amparo de las disposiciones de la reforma energética habilitan a las empresas la realización de los proyectos de fracking que precisamente atentan contra las generaciones presentes y futuras.
Queremos reiterar, con base en las consideraciones anteriores, nuestra preocupación por el futuro de los recursos hídricos en manos de una institución que ha tomado en forma unilateral –sin participación ciudadana- varias decisiones equivocadas en relación a la gestión del agua, que ha permitido la sobreexplotación de los acuíferos, que ha otorgado miles de concesiones de agua para actividades extractivas y que no ha controlado adecuadamente las descargas de aguas residuales.
Urgimos a las autoridades a que establezcan las medidas necesarias para proteger los volúmenes de agua a los que levantó la veda y la protección necesaria para garantizar que se realice un manejo justo, democrático, equitativo y sustentable del agua en México.
Contactos:
Claudia Campero Food & Water Watch, ccampero@fwwatch.org, +52 1 55 3015 6366
María González, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, acerca de Región 12 – Lerma-Santiago capitulomexicano@gmail.com, +52 1 33 1135 6138
Nathalie Seguin, Red de Acción por el Agua-México, fanmexnathalie@gmail.com, +52 1 55 1128 8747
Gloria Tobón de Garza, Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo AUAS, cálculos de volúmenes de agua, gtgarza99mx@prodigy.net.mx, +52 1 844 427 1548
Tabla con información de los decretos, que detalla datos de disponibilidad, volúmenes reservados para uso ambiental, doméstico y público urbano y volúmenes disponibles por cuenca para concesionar o asignar.
[1] Diario Oficial de la Federación 6 de junio 2018 http://www.dof.gob.mx/index.php?year=2018&month=06&day=06
[2] Consideraciones del CEMDA frente a los Decretos de Zonas de Reserva de Agua http://www.cemda.org.mx/consideraciones-del-cemda-frente-a-los-decretos-de-zonas-de-reserva-de-agua/
[3] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5495543&fecha=30/08/2017
EXIGIMOS QUE CONAGUA RINDA CUENTAS
El Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, celebra del 11 al 13 de abril de 2018 la I Cumbre Nacional de Gobierno Abierto: Cocreación desde lo local.
Considerando la relevancia de este evento, exigimos a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) que rinda cuentas sobre los avances del compromiso establecido en el Plan Nacional de Acción 2016-2018 de Gobierno Abierto en el eje temático AGUA, que consistió en:
Medir el consumo de agua y descargas tanto en volumen como en calidad, así como promover su reúso, la descarga cero de los grandes consumidores y supervisar su tratamiento, transparentando la información para facilitar la participación ciudadana en la vigilancia.
Como lo ha señalado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos[1], la Auditoría Superior de la Federación[2] y el Relator Especial sobre el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento[3], la CONAGUA no ha cumplido con su obligación de garantizar los derechos de acceso a la información, así como al acceso al agua y al saneamiento de todas las y los habitantes de nuestro país. Por el contrario, su mala administración ha propiciado que se comprometa la sustentabilidad de los recursos hídricos y se extienda la contaminación tanto de las aguas superficiales como del subsuelo.
En este marco, las organizaciones e investigadores/as abajo firmantes exigimos a la CONAGUA que rinda cuenta de los compromisos adquiridos ante las y los mexicanos y la comunidad internacional. Asimismo, nos comprometemos a impulsar durante los próximos meses y años los cambios institucionales requeridos para garantizar el derecho humano y de los pueblos al agua, al saneamiento y a la información, tal como mandatan las reformas constitucionales en estos temas. [4]
ORGANIZACIONES
- Asamblea Social del Agua Solidaridad
- Asociación de Abogados Ambientalistas de México, A. C..
- ATZIN, A.C. Grupo Promotor de la Subcuenca de Xochimilco y sus Afluentes
- Asociación Defensa Estratégica de los Derechos Humanos
- Centro para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa (CENTLI)
- Centro Regional de Capacitación en Cuencas
- Coalición de Asociaciones Ambientalistas en Tamaulipas
- Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA)
- Colectivo Ecolojista de Jalisco, A.C.
- Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos (CEPAZDH) Chiapas
- Colegio de Biólogos de Guerrero, A.C.
- Comunicación para el Desarrollo Comunitario, A.C.
- Controla Tu Gobierno, A.C.
- Coordinadora de Trabajadores en Defensa del Carácter Público del Agua
- Coordinadora Nacional Agua para Tod@s Agua para la Vida
- EQUIS, Justicia para las Mujeres, A.C.
- Freshwater Action Network México-FANMex
- Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, A.C.
- Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC)
- La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA)
- Movimiento Popular de Pueblos y Colonias del Sur
- NUIWARI, A.C.
- Organización Pueblo Digno
- Observatorio Permanente del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco
- Plataforma Tómala!
- Programa de Riesgos Ecotoxicológicos de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS)
- Redes por la Diversidad Equidad y Sustentabilidad, A.C.
- Red de Género y Medio Ambiente (RGEMA)
- Ruta Cívica, A.C.
- Sistema de Agua Potable de Tecámac
- Tlapalcalli, Centro de Formación y Cultura Comunitaria.
PERSONAS
- Adriana Flores UNAM
- Alejandra Herrera Fets
- Alejandro Velázquez Zúñiga
- Alfonso Becerril Ayala
- Alfredo Méndez Bahena
- Alma Velasco Ochoa
- Álvaro Ramírez Martínez
- Ana Luisa Astorga Toledo
- Ana María Rodríguez Gutiérrez
- Ángeles Miriam Lezama Viveros
- Aurelia Nashrú López, centro cultural Tlapalcalli, Amecameca
- Blanca Popoca Díaz
- Brenda Leal Castillo
- Brenda Rodríguez Herrera
- Carlos Becerril Acuña
- Claudia Campero
- Concepción Cruz Vázquez
- Damara Virginia Ortiz Hernández
- David Barkin, Profesor Distinguido UAM, Investigador Emérito SNI
- Delia Montero Contreras
- Deva Baumbach, Iztac Multiversidad Centro cultural y de Desarrollo Humano
- Elena Burns
- Eloisa Guerra Hernández
- Elsy Damaris Hoyos Olivan
- Enrique Burton
- Enrique Reyes Chavarría Presidente y Rafael Soria Laguna Secretario General de Justicia, Juicio y Equidad Asociación Civil.
- Esperanza Rascón
- Esteban Garaiz
- Felipe Herrera Fets
- Fidel Castañeda Cid
- Flor Cándida Espinoza Hilario
- Gabriela Herrera Fets
- Gerardo Cruz Flores
- Germán Vergara Soriano
- Guadalupe Cortés Dávila
- Héctor Castañón Reyes
- Héctor Rubio
- Héctor Salinas Gómez
- Helena Cotler Ávalos
- Hiliana Lazo Castillo
- Imelda López Cortés
- Irania Lisbeth Núñez López
- Ivón Salinas Tenorio
- Jacobo Espinoza Hilario
- Joaquín Herrera Fets
- Joel Salinas Tenorio
- José Bautista Farías
- Julio Manuel Durán Aguilar
- Leonel Rivero
- Leticia Merino Pérez
- Libertad Salinas Gómez
- Luis Galeana Ramírez
- Luis Rey Carrasco Linares
- Luis Zambrano Gonzalez
- Luz del Alba Martínez Hernandez
- Marcos Eduardo Villa Corrales, Coordinador – Gerencia Social del Centro de Estudios para el Fortalecimiento Intercultural, A.C.
- María Elena Vilchis Medina
- María González Valencia
- Minerva Pérez Soto
- Mónica Deosdado Gómez
- Mónica Tapia
- Nataly Adriana Villalobos Fragoso
- Nathalie Seguin Tovar
- Neyi Xinastle Martínez
- Oscar Monroy Hermosillo, Presidente de la Comisión de Cuenca de los Ríos Amecameca y de la Compañía; Departamento de Biotecnología, UAM-Iztapalapa
- Paul Alcántar
- Pedro Moctezuma Barragán
- Pedro Pablo Negrete Aguilar, ECO VOLCANES SA DE CV
- Rafael Garcia Nolasco
- Raquel Gutiérrez Nájera
- Raul Pineda López
- Raúl Pulido Garduño
- RicardoAlberto Cruz Haro.
- Rodrigo Gutiérrez Rivas, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM
- Rosalía Orozco Murillo
- Rufina Santiago Hernández
- Teresita de Jesús Juárez Gallardo
- Úrsula Oswald Spring
- Verónica Becerril Acuña
- Vicente García de Jesús, Presidente del Consejo de Vigilancia del Sistema de Agua Potable de San Pablo Atlazalpan (SAPASPA) A.C.
- Víctor Alfonso Flores Josento
- Viviana Salinas Salinas
- Yolanda Padilla Acosta
[1] CNDH, Recomendación 10/2017.
[2] Auditoría 16-5-16B00-07-0415; Auditoría 14-0-16B00-07-0129; Auditoría 14-0-16B00-07-0130; Auditoría 14-0-16B00-07-0131; Auditoría 13-0-16B00-07-0154; entre otras.
[3] ONUDH México, Informe del Relator Especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento acerca de su misión a México. Consultar en: http://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/G1722952.pdf
[4] La reforma al Artículo 1 Constitucional eleva los convenios internacionales de derechos humanos a rango constitucional. La reforma al Artículo 2 Constitucional reconoce el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas a las aguas en sus territorios. Las reformas al Artículo 4 reconocen el derecho a un medio ambiente sano (1999) y el derecho al agua (2012), éste último exigiendo una nueva Ley General de Aguas que sentaría las bases para la participación ciudadana junto con los tres niveles de gobierno para lograr el acceso y uso equitativo y sustentable del agua. Las reformas a múltiples artículos en 2014 establecieron plenamente el derecho a la transparencia.
Visita del Relator Especial de las Naciones Unidas para el Derecho al Agua y al Saneamiento a Chiapas
Foto: Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C. (CEPAZDH).
El pasado día 12 de Mayo, el Relator Especial de Naciones Unidas para el Derecho al Agua y el Saneamiento, el Dr. Léo Heller dio a conocer sus observaciones preliminares sobre la visita oficial que realizó a México durante dos semanas. Los dos días previos a su conferencia de prensa, el Relator estuvo en el estado de Chiapas, en donde lo que vio y escuchó de parte de las personas afectadas, las organizaciones de la sociedad civil e integrantes de la academia fueron decisivos para que el Relator, agregando a lo que presenció en otras partes del país, concluyera enfáticamente que en México se viola el derecho humano al agua y al saneamiento.
El tono de las observaciones que el relator adelantó del informe oficial que el Relator presentará el mes de Septiembre ante el Consejo de Naciones Unidas para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ECOSOC) fue contundente y directo. El lenguaje y contenido que el Relator utilizó en su conferencia de prensa se alejó del tono frecuentemente diplomático y atenuado que caracteriza muchas veces a las declaraciones de los funcionarios de agencias internacionales que visitan a nuestro país. La explicación a este hecho es muy simple, el Dr. Heller, quién ha realizado misiones previas a diversos países africanos, asiáticos y latinoamericanos se declaró sorprendido porque las mala condiciones del derecho al agua que existen en el país no corresponden a su imagen internacional, al Índice de Desarrollo Humano que tiene México en el ranking internacional ni a las cifras oficiales que el gobierno Mexicano da a conocer.
Durante su visita a una comunidad a escasos kilómetros de distancia de esta Ciudad de San Cristóbal de Las Casas, al presenciar conmovido cómo mujeres y niñas, acompañadas de burros acuden a un charco de agua turbia varias veces al día para llenar pesadas garrafas de plástico para abastecerse de la única agua a la que tienen acceso durante varios meses del año, el relator comentó que la situación ahí era peor de la que había visto en varios países africanos. La escena que presenció el Relator y que se replica muchas veces a largo y ancho del estado de Chiapas, ocurre en este caso a escasos kilómetros de distancia de las bombas de agua que trabajan día y noche para extraer más de un millón seiscientos mil litros diarios de agua para producir refrescos y agua embotellada o del lugar en donde se sitúan los agonizantes humedales, se reducen cada día por la avaricia y la inconsciencia de sus propietarios y complacencia de las autoridades municipales y estatales.
Durante su conferencia de prensa, el Relator se manifestó especialmente preocupado al “escuchar de parte de distintas autoridades que los derechos al agua potable y al saneamiento no están entre las prioridades del Gobierno en el contexto de sus obligaciones en materia de derechos humanos.” Y sobre cómo además, “Los presupuestos federales para servicios esenciales han sido significativamente reducidos, según se informa, en más de 37% de 2016 a 2017 para los servicios de agua y saneamiento”.
El Relator afirmó que las estadísticas de que el 94% de la población mexicana tiene acceso al agua potable y 93% al saneamiento sólo reflejan la existencia de alguna forma de infraestructura y definitivamente no se traducen en acceso real al agua y al saneamiento en las casas de las personas, que es dramáticamente inferior” “En Chiapas… visité comunidades indígenas que han sido provistas con proyectos de infraestructura que han dejado de funcionar de manera efectiva y que ahora han tenido que volver a utilizar fuentes de agua superficiales para obtener agua potable que claramente plantean un riesgo para la salud de los miembros de la comunidad debido a la mala calidad del agua”.
El Relator particularmente preocupado al “conocer que muchas escuelas en México comúnmente carecen de instalaciones adecuadas de agua y saneamiento. El programa nacional para instalar bebederos en escuelas a lo largo del país es un desarrollo bienvenido, sin embargo, el progreso de su implementación, según información recibida, ha sido lento y debe ser acelerado, particularmente en estados con los mayores niveles de pobreza”. El Relator recibió un informe de la sociedad civil que detalla la falta de agua y saneamiento en las escuelas de Chiapas”.
El Relator también señaló que “ en Tuxtla Gutiérrez hay costosas plantas de tratamiento de aguas residuales pero no funcionan debido a la falta de mantenimiento. Me alarmó conocer que de 194 plantas de tratamiento de aguas residuales en el estado de Chiapas, sólo 12 están en funcionamiento, teniendo como resultado un importante problema de contaminación de las fuentes de agua. La ciudad turística de San Cristóbal de Las Casas, de más de 200,000 habitantes, no cuenta con tratamiento de aguas residuales, lo cual tiene como consecuencia que las aguas no tratadas fluyan aguas abajo hacia otras fuentes. Todas estas situaciones tienen serias implicaciones en términos de higiene, salud y la potencial contaminación de fuentes de agua.
También en Tuxtla Gutiérrez “fui informado de que se permite que los servicios sean cortados en caso de que no se pague el servicio, y de que no hay ninguna salvaguarda legal que impida la desconexión por la falta de capacidad económica para afrontar el costo de los servicios”. El Relator subrayo que “ Es importante recordar al Gobierno mexicano que la desconexión de servicios basada en este criterio es considerada una violación de derechos humanos bajo el derecho internacional de los derechos humanos”.
Foto: Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C. (CEPAZDH).
Sobre la población indígena el Dr. Heller señaló que “Los pueblos indígenas constituyen una significativa proporción de la población mexicana y un alto porcentaje de ellos viven en pobreza y situaciones de marginación. Tienen una asociación única con sus tierras y territorios, incluyendo las fuentes de agua. También fue evidente que los pueblos indígenas a menudo enfrentan los retos más severos en cuanto a la provisión de agua y saneamiento. Tienen culturas, costumbres, prácticas y estructuras de liderazgo únicas, incluyendo su relación con el agua y los residuos, que deben ser consideradas y respetadas en la provisión del servicio. En Chiapas me encontré con autoridades estatales y municipales y visité una comunidad urbana y poblaciones indígenas rurales que experimentan falta de acceso a agua potable segura y saneamiento”.
Un enfoque basado en los derechos humanos al agua y al saneamiento debe reconocer las necesidades de la gente y ubicarlas en primer lugar de prioridad en todo el país.
Durante la reunión que el Relator sostuvo con representantes de la sociedad civil de Chiapas, le fue presentado un panorama general de la crítica situación en la que se encuentra el derecho al agua en el estado, la cual quedó ejemplificada con 19 casos documentados y presentados al Relator. Durante esta misma reunión, se le hizo entrega de un documento en el que se le solicita qué recomendaciones específicamente importantes para Chiapas, entre las que se citaron las siguientes:
- Urgir al Estado Mexicano para que las concesiones que otorga CONAGUA para la explotación de agua en Chiapas y en el resto del país prioricen la disponibilidad y accesibilidad de este líquido de forma suficiente, salubre y potable para satisfacer las necesidades de sus habitantes para uso personal y doméstico por encima de cualquier otro uso comercial o industrial. Con base a este criterio, solicitamos que la concesión para la explotación de los acuíferos por la compañía refresquera Coca-Cola FEMSA (Inmobiliaria del Golfo SA de CV) en San Cristóbal de Las Casas sea inmediatamente revisada y en su caso, revocada, debido a los insostenibles volúmenes de extracción (1.6 millones de litros diarios) y a los graves daños colaterales (caries, obesidad y diabetes) que sus productos ocasionan principalmente a la población indígena. Que las concesiones otorgadas a las industrias sean transparentadas y que su impacto social y ambiental sea evaluado por instancias técnicas y académicas competentes que, a su vez, comprueben no tener conflictos de interés.
- Considerando que el estado de Chiapas presenta uno de los mayores índices de marginalidad y de mortalidad en niños y adultos mayores por desnutrición, infecciones gastrointestinales del país y que estos padecimientos están especialmente determinados por la falta de acceso de la población al agua segura y confiable, la acción más importante para enfrentar la emergencia sanitaria que persiste en la entidad es la de proveer de agua segura para sus habitantes y de manera especial para las escuelas públicas y la población en situación de vulnerabilidad, particularmente indígena.
- Solicitamos que, frente a la emergencia sanitaria que persiste en el estado de Chiapas debido a los altos niveles de contaminación biológica del agua para consumo humano se recomiende al Estado Mexicano y de manera específica al gobierno de Chiapas establezca un plan prioritario para dotar de agua segura, priorizando a las escuelas y a las poblaciones vulnerables que incluya un monitoreo permanente de la calidad de agua y de información sobre ésta a la población.
- Solicitamos de manera muy específica al Relator que debido a la importancia que tiene el ecosistema único de los humedales de montaña de San Cristóbal de Las Casas en los Altos de Chiapas -de los que depende el suministro de agua de su población- recomiende a los gobiernos estatal y federal que éstos sean declarados área natural protegida con carácter expropiatorio.
- Solicitamos de parte del Relator una atención especial a la relación entre agua y mujeres de cara al acceso universal al agua potable y para los hogares, debido a las desigualdades de género en el acceso al agua potable, una vez que ello es imprescindible para construir relaciones equitativas entre hombres y mujeres al vital líquido.
- Solicitamos de manera especial al Relator recomendar al Estado Mexicano la puesta en marcha de mecanismos de protección para la salvaguarda de las relaciones simbólicas de la población indígena con el agua de acuerdo a los contextos socio-culturales de cada grupo étnico y su territorio, que incida en el manejo autogestivo de acceso, disponibilidad y abastecimiento del líquido por parte de la comunidad.
- Que la toma de decisiones en los espacios de participación sea un proceso de análisis, con información detallada y participación igualitaria de la sociedad civil, academia, usuarios del agua e instancias de gobierno, que permitan una construcción del conocimiento dirigida a una planeación con el enfoque de Cuencas Hidrográficas y Desarrollo Sostenible.
Las organizaciones que apoyaron la visita del Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho al Agua y el Saneamiento han decidido conformarse como una coalición que dé seguimiento a las recomendaciones propuestas al relator y a las que éste haga al Estado Mexicano.
La visita del Relator y el informe final que éste elabore será un instrumento muy útil para que la sociedad civil de Chiapas fortalezca sus capacidades al Estado Mexicano el cumplimiento de sus responsabilidades.
Organizaciones sociales: Comité Ejidal Chicoasen. Comité de Cuenca Río San Vicente. Comité para la promoción y defensa de la vida. Las Abejas, Chenalhó. Comité de los Lagos de Montebello. Comité Directivo Colonia Plan de Ayala. Colonia San Isidro, Tuxtla. Observatorio Ciudadano Aguas Smapa. Colonia El Roble, Tuxtla. Colonia Real del Bosque. Contraloría Social del Proyecto Colectores Marginales en San Cristóbal. Frente Popular en Defensa del Soconusco. Centro de Lengua y Cultura Indígena A.C. Sistema de Agua Chupactik.
Organizaciones de la Sociedad Civil:
Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C. (CEPAZDH). Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos/ Defensoría del Derecho a la Salud.
Centro Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. Agua y Vida: Mujeres Derechos y Ambiente. A.C. Enlace, Comunicación y Capacitación A.C. Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C. Otros Mundos Chiapas. Fundación Cántaro Azul.
Centros de Investigación:
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social – CIESAS, Sureste. El Colegio de la Frontera Sur ECOSUR. Universidad Autónoma de Chapingo. CESMECA/UNICAH
Diócesis de San Cristóbal
Organizaciones celebran que Relator de ONU haga suyas preocupaciones de la sociedad civil sobre violaciones a los derechos humanos al agua y al saneamiento
- Léo Heller destaca que los índices de cobertura del gobierno no se traducen en acceso real al agua y al saneamiento.
- Le preocupa sobremanera que distintas autoridades manifiesten que estos derechos no son prioridad
- La contaminación por minería, hidrocarburos y pesticidas impacta en la calidad del agua disponible para la población.
En su Declaración de final de Misión en México el pasado 12 de mayo 2017, el Sr. Léo Heller, Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento afirmó que “México enfrenta cuantiosos retos para asegurar los derechos humanos al agua y al saneamiento de su población”. Precisó que las estadísticas de más del 90% de cobertura de agua potable y saneamiento que le proporcionaron las autoridades mexicanas “si bien son impresionantes, sólo reflejan la existencia de alguna forma de infraestructura y definitivamente no se traducen en acceso real al agua y al saneamiento en las casas de las personas, que es dramáticamente inferior”. Para significativas partes de la población incluso dentro de la Ciudad de México “la prestación de servicios de agua y saneamiento es extremadamente limitada o no existente”. Desde hace años, diversas organizaciones hemos alertado sobre esta realidad que invisibiliza los graves problemas tanto de calidad como de cantidad de agua disponible a pesar de los km de tubos que se han construido por todo el país.
El Relator expresó su preocupación sobre “la posibilidad de que haya cierta autocomplacencia respecto a la prestación de servicios, basada en las cifras antes mencionadas, misma que podría menoscabar o retrasar la implementación de medidas esenciales para la mejora de dichos servicios” y cuestionó el recorte presupuestal federal de más de 37% de 2016 a 2017 que impacta estos servicios por “su potencial efecto dramático en la progresiva realización de los derechos humanos al agua y al saneamiento en el corto y mediano plazos.”
Por lo que tiene que ver con el tema legislativo, el Relator lamentó que más de cinco años después de la reforma constitucional que reconoce el derecho al agua y al saneamiento no haya sido adoptada la legislación secundaria correspondiente y parezca haber un estancamiento en el proceso de su aprobación; declaró también que “la existente Ley de Aguas Nacionales sigue en operación y no refleja el marco de referencia de los derechos humanos” por lo que “el Gobierno debería avanzar, consultando y colaborando con todas las contrapartes clave, especialmente con la sociedad civil, para aprobar la nueva ley.” Este tema también ha sido denunciado en múltiples ocasiones por la sociedad civil que además ha aportado propuestas y expresado preocupaciones en el debate sobre el punto.
En cuanto al tema de la calidad de agua suministrada, el Relator conoció del problema tanto por representantes de comunidades y organizaciones no gubernamentales como por algunos funcionarios que “admitieron que la calidad del agua varía ampliamente y que de manera frecuente no es adecuada para su ingesta”, y destacó que el consumo de agua embotellada, “añade una carga financiera adicional y considerable para aquellas personas que a menudo viven en las áreas más pobres y tienen los ingresos más bajos.” Destacó que “el derecho a la información debe ser asegurado por parte de los proveedores de agua, proveyendo información sistemática a los usuarios sobre la calidad del agua que consumen, independientemente de las peticiones o quejas individuales que se presenten.”
En términos de asequibilidad, Heller señala haber tenido “la oportunidad de identificar que aquellas personas que no cuentan con ningún servicio o con servicios inadecuados, experimentan el más alto impacto económico y social, ya que se ven obligadas a depender en alternativas caras para obtener agua, como agua embotellada, pipas y proveedores informales. Esto significa que las personas más pobres a menudo pagan más por su agua y pasan más tiempo obteniéndola, impactando particularmente a mujeres y niñas.”
El Relator expresó que también fue “informado de numerosos casos en relación con la contaminación y polución de fuentes de agua debido a factores que incluyen la minería y proyectos industriales, plantas hidroeléctricas y extracción de hidrocarburos, incluyendo el uso de fracking en algunos estados, así como el uso indiscriminado y sin control de pesticidas”, y que le fue “demostrado, en numerosos casos, que estas problemáticas de índole medioambiental pueden impactar directa o indirectamente en la calidad del agua potable y en la protección de la salud en las áreas afectadas.” De manera destacada, el Relator señaló que “debe haber un reconocimiento del impacto que actividades económicas, en gran parte no reguladas, tienen en el agua, y el daño potencial y real causado a las personas locales que tal vez no tengan otra opción sino utilizar fuentes de agua contaminada. Es necesario llevar a cabo acciones inmediatas para atender esta situación.”
Subrayó también que los pueblos indígenas “tienen una asociación única con sus tierras y territorios, incluyendo las fuentes de agua” y que durante su visita fue evidente que estos pueblos “a menudo enfrentan los retos más severos en cuanto a la provisión de agua y saneamiento”.
En su Declaración final, el Relator expresó que le preocupó escuchar “de parte de distintas autoridades que los derechos al agua potable y al saneamiento no están entre las prioridades del Gobierno en el contexto de sus obligaciones en materia de derechos humanos.” Ante esta situación, el Relator alentó al gobierno a “dar igual y apropiada atención y proveer los recursos necesarios para la atención de los derechos económicos, sociales y culturales críticos, incluyendo los derechos al agua potable y al saneamiento.”
Las organizaciones hacemos eco –además de lo planteado en todo el documento– a este llamado y exigimos que todos los niveles de gobierno cumplan con su obligación de respetar, proteger y realizar los derechos humanos al agua potable y al saneamiento no sólo priorizando y asignando el presupuesto necesario pero trabajando participativamente con organizaciones locales y comunidades que tienen propuestas concretas para solucionar los problemas que se enfrentan.
Contacto: visita.relator.dhays@gmail.com
Participan más de 100 organizaciones en visita del Relator de la ONU para denunciar violaciones al derecho al agua potable y saneamiento en México
Ciudad de México, a 12 de mayo de 2017.
- Entregan informe constatando que las políticas hídricas privilegian las actividades empresariales y extractivas por encima del bienestar social y la equidad.
- Se documentaron y entregaron al Relator Especial 72 casos paradigmáticos de violaciones en el país.
En el marco de la visita del Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento (DHAyS), Léo Heller, organizaciones de la sociedad civil dieron a conocer el Informe sobre violaciones a los derechos humanos al agua potable y saneamiento en México[1], en donde se exponen las principales fallas de las políticas públicas implementadas por el Estado mexicano en esta materia.
Las redes y organizaciones que impulsaron la participación en la visita son La Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA), el Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), la Alianza Mexicana contra el Fracking (AMCF), la Coordinadora Nacional Agua para tod@s Agua para la Vida (Agua para todxs), el Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC), la Red de Género y Medio Ambiente (RGEMA), la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDTT), el Movimiento Urbano Popular de la Convención Nacional Democrática, entre otras.
Una de las principales conclusiones del Informe es que en México prevalece un modelo de gestión del agua excluyente e insostenible que favorece a las actividades empresariales y extractivas por encima del bienestar social y la equidad. Las modificaciones en la legislación han desplazado la orientación social y facilitan la participación del sector privado en la explotación y distribución del bien común, sin inspección y sanción efectiva de las obligaciones de los actores privados.
El Informe presenta un breve resumen de las anomalías y violaciones a los DHAyS, algunas de las cuales ocurren en las ciudades donde se han otorgado concesiones de servicios a privados. Entre dichas anomalías se incluyen mala calidad del agua –que ocasiona que en entidades como Aguascalientes haya un 95% de consumo de agua embotellada-; aumentos excesivos de tarifas, ineficiencia en el servicio, nuevos conceptos de cobro, cortes injustificados de agua, extensiones de contrato sin consulta al usuario/a, acceso limitado al agua en zonas urbanas desfavorecidas, falta de transparencia, entre otras.
Un elemento relevante alerta sobre el hecho de que la reforma energética pone en riesgo la realización efectiva del derecho humano al agua potable en México, toda vez que a partir de la reforma constitucional en materia energética que promovió el gobierno federal en 2013 y sus leyes secundarias de 2014, las actividades de exploración y explotación del petróleo y demás hidrocarburos tienen ahora “preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas.” Estas actividades se encuentran complementadas por una amplia red de proyectos de infraestructura que en muchos de los casos se configuran a partir de la satisfacción de necesidades de la industria extractiva, no de las poblaciones.
Agrava lo anterior el hecho de que el ejercicio del derecho al agua en México se ve obstaculizado por la existencia de un modelo de inequidad en el acceso al agua y al saneamiento, en el que las personas y comunidades en situación de vulnerabilidad son quienes tienen menor disponibilidad de este recurso.
En lo que se refiere a la calidad del agua de la que se dispone en el país, ésta no es la óptima, pues a pesar de que existe un ordenamiento que establece los límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización en México,[2] éste no sigue los estándares más favorables recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS)[3].
Las organizaciones documentaron y entregaron al Relator Especial una compilación de 72 casos paradigmáticos de violaciones a los derechos al agua potable y al saneamiento ocurridas en 17 entidades federativas. Asimismo, sostuvieron reuniones privadas con el Relator, donde se abordaron temáticas de especial preocupación como la contaminación de fuentes de agua, impactos de la privatización, desafíos legislativos y obstáculos para el acceso a la justicia.
Un elemento central que denunciaron las organizaciones al Relator fue la ausencia de procesos de monitoreo, inspección y sanción por parte del Comisión Nacional del Agua (Conagua) y sus 13 Organismos de Cuenca en el País; así como la falta de información oportuna y sistemática de parte del Estado mexicano a las comunidades, de estudios y la situación de sus fuentes hídricas.
El Relator realizó recorridos de campo en los municipios de Filomeno Mata y Papantla, Veracruz; las delegaciones Iztapalapa y Xochimilco, en la Ciudad de México; así como Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas, Chiapas. En dichos lugares, el Relator pudo ver la precariedad de las condiciones de vida de la población del campo y la ciudad por la falta de cumplimiento de sus derechos al agua potable y al saneamiento. Asimismo, escuchó directamente a mujeres y hombres cuya vida cotidiana se ve trastocada por esta carencia, también pudo dialogar con organizaciones comunitarias, estatales y nacionales.
En este contexto, las organizaciones y redes hacemos un enérgico llamado a los tres poderes de todos los niveles de gobierno a que cumplan con sus obligaciones con respecto a los derechos humanos al agua y al saneamiento para asegurar la disponibilidad, accesibilidad física, asequibilidad, calidad, aceptabilidad, acceso sin discriminación, acceso a la información, y ejercicio de modo sostenible para las generaciones presentes y futuras.
Contacto: visita.relator.dhays@gmail.com; brendtzu27@yahoo.com.mx; ricardo_ruiz@cemda.org.mx
[1] http://www.comda.org.mx/informe-sobre-violaciones-a-los-derechos-humanos-al-agua-potable-y-al-saneamiento-en-mexico/
[2] Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, “Salud ambiental, agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización”.
[3] “Guías para la calidad del agua potable. Primer apéndice a la tercera edición. Volumen 1. Recomendaciones.”
Informe sobre violaciones a los Derechos Humanos al Agua Potable y al Saneamiento en México
Actualización: este informe ha sido revisado y editado en 2018. La versión actualizada se encuentra en este enlace.
El presente Informe sobre violaciones a los derechos humanos al agua potable y saneamiento en México es el resultado del esfuerzo que organizaciones de la sociedad civil, comunidades y colectivos han venido realizado desde hace más de diez años, con la intención de documentar las distintas formas en que el Estado mexicano viola dichos derechos a lo largo de todo nuestro país.
A lo largo de sus nueve apartados, se podrá encontrar información sobre el contexto nacional de disponibilidad y cobertura del agua potable y saneamiento, así como las distintas políticas y modelos de gestión del agua en México. De igual manera y como parte central de este documento, se aborda de forma detallada las distintas estrategias que el Estado mexicano ha implementado para impulsar políticas públicas que buscan la privatización del líquido, que en lugar de buscar la reducción de la desigualdad de su acceso, privilegia a empresas vinculadas a la industria extractiva y de megaproyectos. En este sentido, hemos dedicado una sección específica de los impactos que se han podido visibilizar a partir de la entrada en vigor de la reforma energética. De igual manera, este informe también muestra las distintas amenazas y riesgos que los defensores de derechos humanos, ambientales y comunidades enfrentan día con día en la defensa del agua y los bienes naturales de nuestro país.
Este documento ha sido elaborado con motivo de la visita de Léo Heller, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento a México en mayo de 2017. Esperamos que la información sea útil para su informe Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en septiembre de 2017.
Redes y comunidades que han animado este proceso:
La Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA), el Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), la Alianza mexicana contra el fracking (AMCF), la Coordinadora Nacional Agua para tod@s Agua para la Vida (Agua para todxs), el Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC), la Red de Género y Medio Ambiente (RGEMA), la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDTT), el Movimiento Urbano Popular de la Convención Nacional Democrática, entre otras.
El informe se puede descargar aquí.
* Versión actualizada 11 de mayo 2017.
Declaración de la V Asamblea Continental de la Red Vida.
Con gusto les compartimos la versión definitiva de la Declaración de la V Asamblea Continental de la Red Vida.
En Medellín, Colombia, durante los días 26 y 27 de septiembre de 2016, realizamos la V Asamblea Continental de la Red VIDA. En un momento crucial que coincide con la firma del acuerdo final de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC – EP, que pone fin a más de 60 años de un conflicto armado, cuya complejidad reviste un escenario en el que quien más sufre las consecuencias es el pueblo alegre de Colombia. Reconocemos que el conflicto armado y las violencias en Colombia son la consecuencia de una crisis económica, social, política y ambiental, cuyas causas estructurales se expresan en la distribución inequitativa de la tierra, la sistemática pobreza y exclusión de la mayoría de su población y la falta de garantías para la participación política y el ejercicio pleno de derechos.
Los y las invitamos a difundirla en nuestras organizaciones y redes.