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PRONUNCIAMIENTO Alertamos clima de hostigamiento generado por la empresa Comexhidro en la Sierra Norte de Puebla por el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1

 
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PRONUNCIAMIENTO

Alertamos clima de hostigamiento generado por la empresa Comexhidro en la Sierra Norte de Puebla por el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1     

El Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC, A.C.), expresa su preocupación en relación a los hechos que vienen ocurriendo en la Sierra Norte de Puebla, después de que las comunidades de San Felipe Tepatlán, rechazaran en Asamblea Comunitaria, el pasado 14 de junio, la hidroeléctrica Puebla 1 sobre el río Ajajalpan, que pretende imponer la empresa Deselec Comexhidro.

Después de esta importante acción por partes las comunidades, la empresa a los 8 días siguientes, organizó una marcha y una reunión con la finalidad de crear confrontaciones entre las comunidades e iniciar una campaña de hostigamiento y desprestigio en contra de las organizaciones de derechos humanos que acompañan a las a comunidades en la sierra Norte de Puebla.

En este tenor el medio electrónico e-consulta publicó las siguiente nota de prensa http://municipiospuebla.com.mx/nota/2015-06-21/interiores/marchan-favor-de proyectohidroel%C3%A9ctrico-en-san-felipe-tepatl%C3%A1n que contiene información imprecisa, errónea y sin fundamentos que suponemos fue pagada por la empresa Comexhidro, debido a que entre otras cosas carece de firma. En la nota se menciona de manera irresponsable y con información inexacta a nuestra compañera Silvia Villaseñor, integrante del IMDEC, defensora de derechos humanos, promotora de educación popular y desarrollo comunitario en Puebla, labor que nuestra institución viene desarrollando desde hace 6 años en ese estado del país. En este mismo sentido también la nota menciona a la organización Fundar y al Consejo TiyatTalli del que como IMDEC formamos parte.

Consideramos que esta nota es parte de la campaña de hostigamiento, desprestigio y confrontación que la empresa viene realizando en la región, rechazamos su contenido y expresamos nuestra profunda preocupación en relación a las confrontaciones intercomunitarias que puedan suscitarse y pongan en riesgo la seguridad e integridad de las comunidades y desde luego la de nuestra compañera Silvia Villaseñor.

Rechazamos el proceso de supuesta consulta indígena que la empresas argumenta se está llevando acabo ya en las comunidades.

Conocemos los patrones de actuación de la empresa Comexhidro por testimonios de otras comunidades en donde la empresa ha tenido presencia, como el caso del proyecto Hidroeléctrico Veracruz y la Presa Cerro De Oro de Oaxaca. En ambos casos, la empresa intento cooptar y convencer a las autoridades municipales a través de la entrega de dinero, falsas promesas y amenazas generando conflictos comunitarios y un clima de criminalización y desprestigio a las organizaciones y defensores de los derechos humanos que asesoran a las comunidades. Mismos mecanismos que alertamos están impulsando en la Sierra Norte de Puebla.

Por todo lo anterior:

  1. Hacemos un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales a estar atentos y vigilantes de la seguridad de las comunidades que de manera pacífica están ejerciendo su derecho a la autodeterminación y a respaldar el trabajo que como organizaciones de derechos humanos llevamos a cabo en la región.

 

  1. Hacemos responsable a la empresa Comexhidro, al Gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle y al Presidente Enrique Peña Nieto de la integridad física y psicológica de nuestra compañera Silvia Villaseñor, de la población de las comunidades totonacas que se opone a la construcción de la hidroeléctrica Puebla 1 y de las organizaciones que se solidarizan con la lucha de las comunidades en defensa del territorio.

 Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC)

 Guadalajara, Jalisco, México. A 29 de junio de 2015

 

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La “Ley Korenfeld” hace agua: Comisión de Diputados la frena y llama a consultas públicas

Por David Martínez Huerta abril 6, 2015 – 16:19h 4 Comentarios

Ciudad de México, 6 de abril (SinEmbargo).– La Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados iniciará mañana martes una serie de audiencias públicas, por cuanto tiempo sea necesario, para crear una nueva iniciativa de Ley General de Aguas.

De acuerdo con un comunicado de la Comisión presidida por el Diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa (PRD), la presentada el 4 de marzo pasado es “una iniciativa ajena a la Comisión y excluye a otras cuatro presentadas previamente”. Además de que omitió los foros y consultas que se han realizado durante dos años.

“Esa dictaminación [“Ley Korenfeld”], violatoria del Reglamento de la Cámara de Diputados, debe dar paso a otra con base en una nueva iniciativa a partir de audiencias públicas donde especialistas, funcionarios, representantes de comunidades, organizaciones civiles, instituciones de educación superior e investigación, representantes de empresas y cámaras empresariales, y ciudadanía en general, presenten sus propuestas”.

La Comisión recibirá por escrito las solicitudes de todos los organismos que quieran participar en la creación de la ley. Serán aceptadas por correo electrónico o entregando un documento en las oficinas de San Lázaro.  El aspirante a expositor tendrá derecho de audiencia ante el Pleno de la Comisión y las propuestas deberán estar centradas en modificar, adicionar o suprimir artículos del dictamen del 4 de marzo. Se deben ofrecer “argumentos justificativos de hecho y de Derecho”.

El periodo formal de audiencias comenzará este martes 7 de abril, y se darán “por el tiempo que sea suficiente”. Todas serán transmitidas en vivo por el Canal del Congreso y también serán retransmitidas en horarios diversos. La comisión pretende “subsanar irregularidades” cometidas en la dictaminación del 4 de marzo, como la exclusión de propuestas presentadas en seis foros regionales, 60 mesas  técnicas de trabajo y las iniciativas presentadas, una, por la asociación civil “Agua Para Todos”; otra, por la Diputada Aleida Alavez Ruiz; una más por diversos grupos parlamentarios, y una última por el Grupo Parlamentario del partido de la Revolución Democrática.

Denunció que en el pasado se hicieron foros regionales y mesas técnicas. Incluso los legisladores recibieron múltiples propuestas y aportaciones de diversas organizaciones, académicos, usuarios de distrito de riesgo y especialistas en general, todo lo cual fue “ignorado en el dictamen hoy  suspendido”.

Foto: Cuartoscuro

David Korenfeld Federman, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) –y quien da nombre a la Ley–, está sometido a la presión pública debido a que hace poco más de una semana fue sorprendido por un vecino cuando utilizaba un helicóptero del Gobierno federal para movilizar a su familia. Argumentó públicamente que se trató de una emergencia médica. Pero no fue así.

Poco después se supo que mentía: las fotos no mostraban a un enfermo; el mismo funcionario participó en una carrera días antes y, se ventiló, su familia hizo reservaciones vacacionales justo para cuando estaba “en emergencia médica”.

La administración federal, sin embargo, no ha dicho qué hará con el funcionario.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) dijo que lo investigará. No se sabe cuándo.

UNA LEY POLÉMICA

Era el 26 de febrero de 2015 en la Cámara de Diputados cuando apareció en la Gaceta Parlamentaria la iniciativa por la cual se crea la Ley General de Aguas, que después sería bautizada con el nombre de “Ley Korenfeld” en honor de David Korenfeld Federman, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La iniciativa replica el modelo implementado en el Estado de México durante el gobierno del ahora Presidente Enrique Peña Nieto en el cual Korenfeld Federman fungió como secretario de Agua y Obra Pública, mientras se desempeñaba también como presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS).

“Cuando [Korenfeld] toma la dirección de Conagua el modelo de gestión de agua en el país que busca implantar es el mismo que han estado impulsando en el Estado de México, es decir un modelo que está basado en trasvases de agua”, afirmó Nathalie Seguin, coordinadora de Freshwater Action Netwok (FAN México), en entrevista para SinEmbargo.

El modelo mexiquense, agregó, privilegia la construcción de “infraestructura hidráulica que básicamente rompe con el ciclo del agua, en donde se privilegia al contaminador; es decir, se rige bajo una política de que pague el que contamina, y mientras pagues no hay problema puedes seguir contaminando”.

Sin previo aviso y sin reconocimiento de la sociedad organizada, la “Ley Korenfeld” permite la privatización del agua vía la concesión de grandes obras hidráulicas en torno a las principales ciudades; otorga a Conagua facultades extraordinarias para dar concesiones prorrogables hasta por 60 años; y garantizar el suministro de agua por debajo del nivel internacional de 100 litros diarios.

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KORENFELD Y ANEAS

David Korenfeld fue secretario de Agua y Obra Pública en el Estado de México prácticamente en el mismo periodo fue presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS) en México, cargo que ocupó de 2007 a 2012.

La Asociación agrupa a organismos operadores de agua potable y alcantarillado. Representa y defiende los intereses de sus socios que son los directivos de los sistemas de agua, así como las empresas proveedoras de productos y servicios.

Ese organismo ha tratado por distintas vías, y en diferentes épocas, impulsar cambios legislativos para promover el modelo de concesión de agua, con el objetivo de elevar la eficiencia en la prestación de los servicios relacionados con el líquido.

“Es una ley que hemos ido frenando desde hace tiempo y digo frenando porque por la red que yo coordino, Freshwater Action Netwok, nos hemos encontrado en varias plataformas a nivel internacional y hemos tenido varias discusiones al respecto y allí es donde claramente ha salido la insistencia por parte de esta asociación para privatizar los servicios”, recordó Nathalie Seguin.

FAN México es una red que también trabaja en incidencia a nivel internacional y que participó en el reconocimiento del derecho humano al agua en Naciones Unidas en el 2010. Su coordinadora agregó que son variadas las propuestas legislativas tendientes a fomentar la privatización del agua con “la clásica excusa de que hoy en día los organismos operadores no son eficientes y no tiene recursos suficientes para llevar a cabo su trabajo”.

Sin embargo, expuso, el resultado en realidad no es mejor en cuanto a calidad de servicio, accesibilidad, asequibilidad y gratuidad del líquido.

Por el contrario, el modelo que se pretende implementar en México favorece a tres grandes negocios: a las constructoras de obra pública; a quienes se les va a concesionar la obra, que puede ser el constructor o no, es decir el que va a distribuir el agua; y a los que van a vender el agua.

Este modelo, afirmó Seguin está muy alejado de promover precios especiales para los más vulnerables, pues el precio se rige bajo la premisa de oferta y demanda del libre mercado.

“La van a vender [el agua] al precio que quieran porque además los precios se van a establecer con base en la recuperación total de la inversión, entonces vamos a estar hablando de costos muy altos de agua”, explicó.

La experta consideró que la iniciativa elaborada en las oficinas de la Conagua, cuyo titular es David Korenfeld mantiene esa política, porque o podría ser de diferente forma, ya que Korenfeld comparte la visión de ANEAS al haber sido su presidente durante cinco años.

“Ya está presente desde entonces como secretario de Obra Pública y Agua y al presidir la ANEAS evidentemente [Korenfeld] está muy cerca con las líneas y visiones de esta entidad que es básicamente privatizar los servicios de agua y saneamiento”, destacó.

LA INICIATIVA QUE DIO LA ESPALDA A ONGS

Se manifiestan en Conagua de Xalapa contra la pri vatización del agua Foto: Cuartoscuro

La iniciativa para crear la Ley General de Aguas que se turnó directamente a comisiones tomó por sorpresa a organizaciones de la sociedad civil que habían trabajado con legisladores un documento que respetara el derecho humano al agua y asegurara la distribución del líquido de forma accesible, asequible y gratuita.

El documento firmado por los diputados Kamel Athie Flores y José Antonio Rojo García de Alba, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sergio Augusto Chan Lugo de Acción Nacional (PAN) y Gerardo Gaudiano Rovirosa del Partido de la Revolución Democrática (PRD), no era lo que habían trabajado en el seno de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) ni era lo que deseable para lograr los propósitos antes citados.

Las organizaciones civiles reconocen que con tuvieron mayor acercamiento fue con el perredista Gerardo Gaudiano en su calidad de presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos. Sin embargo, al final el legislador firmó la llamada “Ley Korenfeld”, prácticamente elaborada en las oficinas de Conagua, fuera de las comisiones legislativas de San Lázaro.

“A final del 2014 tuvimos varias reuniones en donde presentamos una y otra y otra vez las propuestas ciudadanas desde distintos ángulos: la academia, la sociedad civil y hasta con representantes comunitarios, para presentar las diversas propuestas que conlleva esta iniciativa ciudadana”, afirmó Nathalie Seguin.

“Lo que sí es seguro es que fue la Conagua quien elaboró esta ley y la entregó a la Comisión de Recursos Hidráulicos, a Gerardo Gaudiano, quien se prestó junto con otros tres diputados a que de manera personal, no como comisión de manera personal presentaran la ley como comisiones unidas tanto de Recursos Hidráulicos como al de Agua Potable y Saneamiento”, recalcó.

Con una inmediatez que caracteriza a las iniciativas poco populares, el texto fue aprobado por una mayoría mecánica de priistas y panistas en las comisiones de Recursos Hidráulicos y de Agua y Saneamiento de la Cámara de Diputados el miércoles 4 de marzo.

Esa tarde abandonaron la sesión alrededor de 11 legisladores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y del PRD, entre ellos Gaudiano. Pero el daño ya estaña hecho, la iniciativa fue turnada a la mesa directiva para ser publicada en la Gaceta Parlamentaria a fin de que se le diera primera lectura en la siguiente sesión de la Cámara de Diputados.

El PRI reculó de su intención de aprobar la iniciativa fast track por el pleno de los legisladores gracias a la presión de representantes de la sociedad civil y legisladores de oposición.

Manlio Fabio Beltrones, pastor de los diputados priistas argumentó que el texto debería ser enriquecido con los puntos de vista de diferentes organizaciones y expertos en la materia, aunque nunca mencionó los meses previos de debates que simplemente fueron borrados del texto final.

Ante el inminente inicio de la apoca electoral, el dictamen para crear la “Ley Korenfeld” podría ser retomado por los diputados hasta un eventual periodo extraordinario que se realizaría después de los comicios del 7 de junio, en uno de los últimos trabajos que entregaría esta Legislatura, antes de dejar el cargo el 30 de agosto próximo.

http://www.sinembargo.mx/06-04-2015/1304687

Festival del Agua y la Resistencia

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Temacapulín, organizaciones y grupos ciudadanos te invitamos a ser parte del Festival del Agua y la Resistencia. Por medio del arte demostraremos que somos una comunidad unida dispuesta defender el agua y nuestros derechos.

La cita es el día 22 de marzo a las 10 a.m. en la Plaza Universidad para salir en caravana hacia la Comisión Nacional del Agua (Av. Federalismo Norte #275, Centro).

10am- reunión de Caravana del Agua en Plaza Universidad
11am- Caravana camina hacia el festival del Agua y la Resistencia (oficinas CONAGUA)
2 pm- Exposición de Sonidos de la Resistencia (Temacapulín) en el Museo del Periodismo (Av. Alcalde 225, Centro)

¡Música, arte, resistencia y organización!

Te invitamos a vestir prendas azules alusivas al agua.

 

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http://www.imdec.net/festival_agua_y_resistencia/

Conagua asegura a juez que presa va a 80 metros de alto

El perito del organismo de cuenca asegura que se trabaja para garantizar la operación del embalse de 80 metros, en cumplimiento con el diseño original de El Zapotillo.
 
Hasta el 13 de febrero la cortina estaba a 79.698 metros, según constató perito. (Milenio)

Guadalajara

Al menos en el ámbito judicial, el organismo de cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) aseguró al juez primero de distrito en materia Administrativa y del Trabajo, que las obras de la presa El Zapotillo se están adecuando para que el embalse opere con sólo 80 metros de altura, y no los 105 metros, en obediencia a lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de regresar al proyecto original del embalse artificial.

El pasado 13 de febrero de 2015, el perito Lamberto Torres Gómez, designado por el director general del organismo de cuenca Lerma Santiago Pacífico, José Elías Chedid Abraham, entregó su dictamen pericial  en desahogo de la prueba en materia de topografía.

“Con base en los trabajos técnicos topográficos de campo y gabinete realizados me permite afirmar de manera técnica sustentada y categórica que la cortina de la presa El Zapotillo en las condiciones físicas y estructurales que se encuentra actualmente tiene una altura de 79.698 metros […] que las estructuras que componen la presa El Zapotillo fueron realizadas de origen en términos de las especificaciones técnicas del proyecto ejecutivo, válido hasta la resolución emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional 93/2012”, pero “por las condiciones actuales de las estructuras que componen la presa El Zapotillo, éstas permiten que se realicen adecuaciones que las habilitan y optimizan para funcionar como una presa con una altura de cortina de 80 metros de altura, apegándose a lo decretado”.

El documento, del que MILENIO JALISCO posee copia, añade: “La presa se encuentra ya en procesos de adecuación, rescatando y utilizando al máximo posible los recursos ya invertidos en la estructura que se encuentra ya edificada para funcionar óptimamente con una cortina de 80 metros de altura […] con base al estado físico y estructural de las obras realizadas y los razonamientos vertidos anteriormente, se puede afirmar categóricamente que la altura definitiva de la cortina de la presa El Zapotillo no rebasará los 80 metros de altura”.

El perito admite que esas adecuaciones no se observan en campo, “esto debido a que no sólo se requieren trabajos directos en la obra, sino también trabajos de rediseño, valoración de resistencias y otros similares, los cuales comúnmente son llevados a cabo en gabinete”, y que “también forman parte de los trabajos necesarios para la habilitación o modificación de la estructura”.

El dictamen de 83 páginas destaca que el poblado de Temacapulín no enfrenta riesgo ni siquiera con cortina de 105 metros, pero esta explicación simplemente refiere que no es la cortina, sino el agua almacenada en ella la que podría significar problema, “la afectación que pudiera sufrir Temacapulín vendría de la elevación del nivel del agua almacenada […] el almacenamiento en la presa es paulatino y limitado al volumen de escurrimiento del río, por el llenado y elevación del embalse”.

Este peritaje pretende probar que no se ha incurrido en violación de la suspensión concedida en el marco de ese juicio.

Los entresijos

Los amparos interpuestos por diversos actores de Temaca obligan a la Conagua y  las empresas concesionarias a mantener la altura de la cortina en 80 metros máximo, que es el diseño del proyecto original de El Zapotillo hasta antes de finales de 2007

El proyecto original fue concebido solamente para entregar agua a la ciudad de León, Guanajuato, y a poblaciones de Los Altos de Jalisco; el gobierno de Emilio González Márquez optó por ampliar el proyecto y estableció un nuevo convenio para llevar la cortina a 105 metros de altura, pero no consultó sus términos al Congreso de Jalisco

Ese poder soberano interpuso controversia constitucional y los ministros de la corte, en agosto de 2013, determinaron que ese convenio no era legal, lo que obligaba a regresar al convenio de la presa de 80 metros

http://www.milenio.com/region/Conagua-asegura-presa-metros-alto_0_480551982.html

El BID y la IWA crean AquaRating, la primera agencia de calificación para el sector del agua del mundo

  • AquaRating encauza a las empresas suministradoras de servicios de agua y saneamiento hacia la mejora en la gestión y el desempeño

Sobre la Entidad

Organización financiera internacional con el propósito de financiar proyectos viables de desarrollo económico, social e institucional y promover la integración comercial regional en el área de América Latina y el Caribe.

Desarrollado conjuntamente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la International Water Association (IWA), AquaRating llena un vacío en el mercado mediante el establecimiento del estándar internacional para la evaluación de la provisión de servicios de agua y saneamiento. AquaRating ofrece una evaluación integral, imparcial y fiable del desempeño de las empresas suministradoras y sus mejores prácticas de gestión.

AquaRating evalúa a los proveedores de servicios de agua y saneamiento en función de tres dimensiones: indicadores de rendimiento, mejores prácticas y calidad de la información. El sistema de calificación ofrece una evaluación detallada de 112 elementos en ocho áreas clave y valida la información a través de un proceso de auditoría independiente, mejorando así la rendición de cuentas y la transparencia. En su condición de estándar, AquaRating establece el punto de referencia para que las empresas suministradoras monitoricen su desempeño y planifiquen mejoras.

AquaRating ofrece a los proveedores de servicios de agua y saneamiento una hoja de ruta para anticipar los desafíos futuros

El BID ha concedido en licencia AquaRating a IWA para poner en marcha la primera agencia de calificación para proveedores de servicios de agua y saneamiento. El sistema de calificación ya ha sido probado en trece empresas suministradoras en nueve países de Europa y América Latina y el Caribe. La introducción de AquaRating al mercado mundial está prevista en 2015.

“El lanzamiento de AquaRating establece un nuevo estándar global para la provisión de servicios de agua y saneamiento”, dijo Ger Bergkamp, Director Ejecutivo de IWA. “Contribuirá significativamente a mejorar el desempeño de las empresas suministradoras, de vital importancia para la prestación de servicios más eficaces y eficientes, permitiéndoles responder a las crecientes presiones sobre el recurso hídrico”.

AquaRating ofrece a los proveedores de servicios de agua y saneamiento una hoja de ruta para anticipar los desafíos futuros“, añadió Sergio Campos, Jefe de la División de Agua y Saneamiento del BID. “El sistema de calificación permite a las empresas suministradoras gestionar mejores procesos de planificación y toma de decisiones con el fin de alcanzar resultados sostenibles y eficientes. AquaRating apoya a los proveedores de servicios de agua y saneamiento en su esfuerzo por ser más resilientes. El empoderar a las empresas suministradoras es un paso crucial para asegurar agua y saneamiento para todos”.

http://www.iagua.es/noticias/bid/15/03/03/bid-y-iwa-lanzan-aquarating-primera-agencia-calificacion-sector-agua-mundo#.VPcyRy8To6k.twitter

Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos relacionados con proyectos de desarrollo e infraestructura.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación encargó la coordinación del presente protocolo al Dr. Rodrigo Gutiérrez Rivas (Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM) y a la Lic. Maria Silvia Emanuelli (Coalición Internacional para el Hábitat, Oficina para América Latina). Este documento es el resultado de una construcción colectiva de diversos especialistas.

protocolo

El modelo de desarrollo en México de neoextractivismo va acompañado de enormes inversiones en materia de transporte (puertos, carreteras, corredores bioceánicos), energía (hidroeléctricas, centrales eléctricas de ciclo combinado), agua (grandes presas y trasvases entre regiones) y por supuesto la explotación de recursos minerales, forestales y genéticos. Frente a este escenario y tomando en cuenta que se trata de un nuevo contexto en el que pueden producirse violaciones de derechos humanos, casos relacionados con proyectos de desarrollo e infraestructura empiezan a presentarse ante los órganos de justicia, tendencia que sin duda irá en aumento considerando la cantidad de proyectos de esta naturaleza que están en proceso en el país. Tomando esto en cuenta, se consideró pertinente acercar a las y los juzgadores información al respecto, de manera particular los referentes interpretativos y jurídicos que deben tomarse en cuenta, que les permitan actuar con muchos más elementos frente a la posible vulneración de derechos que pueda ser generada por la planeación e impulso de proyectos de desarrollo e infraestructura.

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FORO “SIN AGUA NO HAY ALIMENTOS: LOS ALTOS DE JALISCO Y VALLE DEL YAQUI EN RIESGO”

 

FORO  “SIN AGUA NO HAY ALIMENTOS:

LOS ALTOS DE JALISCO Y VALLE DEL YAQUI EN RIESGO”

Cartel FORO
Asociación Ganadera de San Juan de los Lagos

Jueves 12 de febrero,  12 del día

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CONFERENCIA DE PRENSA
Jueves 12 de febrero a las 9:00 A.M. 

Hotel de la Rotonda

(LICEO NO. 130 ZONA CENTRO, 44100 GUADALAJARA, JALISCO)

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Programa del foro

Cartel del foro

conferencia de prensa

Grupos vulnerables, sin derecho al agua en nueva propuesta del Ejecutivo

febrero 6, 2015 at 9:00 am

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*La iniciativa no contribuye al desarrollo sustentable ni garantiza los derechos humanos al agua y al medio ambiente sano de indígenas, personas en condiciones de pobreza y mujeres, denuncian ONG.

Mujeres y niños, entre los grupos sin garantías

México, DF, 06 de febrero de 2015. La Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA), integrada por más de veinte organizaciones de la sociedad civil, pidió hoy públicamente que no se apruebe en el Congreso la iniciativa de la Ley General de Aguas que elaboró el Ejecutivo federal, pues no garantiza el derecho al líquido a los grupos más vulnerables del país.

En México casi 9 millones de personas carecen de acceso al agua potable (5 millones de ellas en zonas rurales), y la iniciativa, en ese sentido, “carece de mecanismos de garantía para los grupos étnicos, comunidades equiparables y personas en condiciones de pobreza, por lo que no debe ser aprobada en esos términos por el Congreso”, sostuvo la coalición en un comunicado público.

La Coalición recordó que el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento es uno de los indicadores de desarrollo humano y de igualdad. Señaló que se debe prestar especial atención para que las mujeres, los niños, los grupos minoritarios, los pueblos indígenas, los refugiados, los solicitantes de asilo, los desplazados internos, los trabajadores migrantes, los presos y los detenidos tengan acceso al agua potable.

Las organizaciones defensoras remarcaron que el derecho humano al agua está consagrado en el artículo 40 constitucional, y sostuvieron que aunque la exposición de motivos del anteproyecto de ley menciona que se encuentra fundamentada en normativas del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la práctico lo propuesto “omite respetar y garantizar el cumplimiento de diversas obligaciones que en él se señalan”.

Entre las omisiones, las organizaciones mencionaron que no se asegura el derecho de acceso al agua y las instalaciones y servicios de agua sobre una base no discriminatoria, en especial en lo que respecta a los grupos vulnerables o marginados; tampoco garantiza un acceso sostenible a los recursos hídricos con fines agrícolas de subsistencia, en especial a los campesinos marginados y las mujeres; y no se habla del acceso de los pueblos y comunidades indígenas a las aguas de sus territorios, ni de su protección.

La COMDA consideró que se deben adoptar medidas legislativas o de otra índole para impedir que terceros (desde particulares hasta empresas) menoscaben el disfrute del derecho al agua de los pueblos. Abundó que “las autoridades deben velar porque, en caso de que un Estado o tercero haga algo que interfiera con el derecho al agua de una persona, se garanticen los derechos a la información, participación y consulta; así como la disponibilidad de vías de recurso y reparación para los afectados, incluyendo asistencia jurídica”.

Las organizaciones denunciaron que el anteproyecto propone un mínimo vital de 50 litros diarios por persona para uso personal y doméstico, mientras que el rango de protección de acuerdo con los derechos humanos es de 100 litros. Recalcaron también que no se plantea estrategia alguna para las zonas rurales.

La COMDA alertó a las y los legisladores de que si el Estado se propone garantizar el derecho humano al agua como mandata la Constitución, debe necesariamente basarse en la Observación General 15 del Comité DESC, pues “es el instrumento y el texto más evolucionado sobre los contenidos y mecanismos para garantizar el derecho humano al agua”, finalizaron.

http://centroprodh.org.mx/sididh_2_0_alfa/?p=39018

Iniciativa de Ley General de Aguas del Ejecutivo no garantiza el derecho humano al agua para los grupos en situación de más vulnerabilidad social

osini
  • La iniciativa propuesta no contribuye al desarrollo sustentable ni garantiza los derechos humanos al agua y al medio ambiente sano de las personas, por lo que no puede ser aprobada en el Congreso.
  • En México, casi 9 millones de personas carecen de agua potable; de ese número, 5 millones se encuentran en zonas rurales.
La iniciativa de la Ley General de Aguas que elaboró el Ejecutivo federal[1] no garantiza conforme a los estándares internacionales, el derecho humano al agua y al saneamiento -consagrado en el art. 40 constitucional- para los grupos más vulnerables del país, pues carece de mecanismos de garantía para los grupos étnicos, comunidades equiparables y personas en condiciones de pobreza, por lo que no debe ser aprobada en esos términos por el Congreso.
Organizaciones de la sociedad civil señalaron que, si bien en la Exposición de Motivos del anteproyecto elaborado por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) se menciona que su fundamento se encuentra en el contenido normativo de ese derecho que desarrolló el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[2], el proyecto de ley omite respetar y garantizar el cumplimiento de diversas obligaciones que en él se señalan, entre las que se puede mencionar:
1. Asegurar el derecho de acceso al agua y las instalaciones y servicios de agua sobre una base no discriminatoria, en especial en lo que respecta a los grupos vulnerables o marginados.
2. Garantizar un acceso sostenible a los recursos hídricos con fines agrícolas de subsistencia para el ejercicio del derecho a una alimentación adecuada. Ello implica que debe hacerse lo posible para asegurar que las y los agricultores desfavorecidos y marginados, en particular las mujeres, tengan un acceso equitativo al agua y a los sistemas tradicionales de gestión del agua.
3. El acceso de los pueblos indígenas y comunidades equiparables a los recursos de agua en sus tierras ancestrales debe ser protegido de toda transgresión y contaminación ilícitas. Los Estados deben facilitar recursos para que estos pueblos planifiquen, ejerzan y controlen su acceso al agua.
4. Adoptar medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias y efectivas para impedir que terceros menoscaben el disfrute del derecho al agua. Por terceros puede entenderse a particulares, grupos, empresas y otras entidades que nieguen el acceso al agua potable, contaminen o exploten en forma no equitativa los recursos de agua.
5. Las autoridades deben velar porque, en caso de que un Estado o tercero haga algo que interfiera con el derecho al agua de una persona, se garanticen los derechos a la información, participación y consulta; así como la disponibilidad de vías de recurso y reparación para los afectados, incluyendo asistencia jurídica.
6. Prestar especial atención para que las mujeres, los niños, los grupos minoritarios, los pueblos indígenas, los refugiados, los solicitantes de asilo, los desplazados internos, los trabajadores migrantes, los presos y los detenidos tengan acceso al agua potable.
Por otro lado, en el art. 133 del Anteproyecto de ley está mal definido el uso personal y doméstico, toda vez que dicho documento señala que incluye el riego de jardines y de árboles de ornato, cuestión que no está comprendida a nivel internacional, por lo que es imperativo corregir esta definición. De igual forma, el anteproyecto propone un mínimo vital de 50 litros diarios por persona para uso personal y doméstico, mientras que el rango de protección de acuerdo con los derechos humanos es de 100 litros[3].
Cabe recordar que, al 31 de diciembre de 2012, México alcanzó cobertura de agua potable y alcantarillado del 92 y 90.5%, respectivamente; sin embargo, ese concepto de cobertura esconde violaciones al derecho humano al agua ya que contempla a personas que tienen red, pero tienen agua por tandeo o de mala calidad para consumo humano. Por otro lado, casi 9 millones de personas carecen de agua potable; de ese número, 5 millones se encuentran en zonas rurales[4]. Para estas zonas, ni la iniciativa, ni el Programa Nacional Hídrico vigente, proponen ninguna estrategia concreta para abatir este rezago.
Por otro lado, el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento es uno de los indicadores de desarrollo humano y de igualdad. En general, las personas que viven en condiciones de pobreza pagan entre 5 y 10 veces más por el agua que otros sectores de la población[5], dado que no tienen acceso a las redes públicas de agua potable y saneamiento.
Las organizaciones de la sociedad civil alertan a las y los legisladores respecto de que si el Estado se propone garantizar el derecho humano al agua como mandata la Constitución, debe necesariamente basarse en la Observación General 15 del Comité DESC, pues dicha observación es el instrumento y el texto más evolucionado sobre los contenidos y mecanismos para garantizar el derecho humano al agua. Adicionalmente, la iniciativa propuesta no contribuye al desarrollo sustentable ni garantiza el derecho a un medio ambiente sano de las personas[6].
*Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA), compuesta por:
Agua, Trabajo, Servicio y Vida A.C.- Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP)- Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL, A.C.)
Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo (AUAS, A.C.) -Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A.C. – Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A.C. -Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara (CESEM)
Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA) – Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento (COPEVI) – Colectivo Educación para la Paz y Derechos Humanos (CEPAZ DH) – Colectivo de Estudios Críticos en Derecho (RADAR)
Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con Alternativas (COMCAUSA A.C.)
Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP) – DECA Equipo Pueblo A.C. – Enlace Rural Regional A.C. (ERRAC) – Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC) – Food First Information and Action Network sección México (FIAN México)
Guardianes de los Volcanes A.C. – Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) – Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) – Otros Mundos – Amigos de la Tierra – Red Género y Medio Ambiente (RGEMA) – Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC) – Sistema de Agua Potable de Tecámac, Estado de México, A.C. – Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ) – y como aliados internacionales: Food & Water Watch, Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL) y Proyecto Planeta Azul (Blue Planet Project)


[2] A través de la Observación General Número 15 a los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
[3] Al respecto ya existe una sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala que una dotación menor a 100 litros diarios por persona viola el derecho humano al agua. Recurso de Inconformidad 49/2014.
[5] El Derecho Humano al Agua. Folleto Informativo No. 35. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Informe sobre Desarrollo Humano 2006. Más allá de la escasez: Poder, pobreza y la crisis mundial del agua. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

 

 
 
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Centro Mexicano de Derecho Ambiental
Margarita Campuzano
Ricardo Ruiz Esparza
Tel. Oficina 52863323
Móvil 5564227884
 
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