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Congreso de Querétaro se niega a reconocer el derecho humano al agua

24 de abril de 2019

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Seis meses estuvo “congelada” la iniciativa para modificar el artículo 3ero de la Constitución estatal para reconocer el derecho humano al agua en Querétaro, antes de ser enviada a votación justo un día antes de las vacaciones de Semana Santa.

Desde el 5 de noviembre del 2018, fue presentada ante el Congreso del Estado de Querétaro una iniciativa de reforma al artículo 3º de la Constitución local alineada a la reforma del artículo 4º constitucional que en 2012 reconoció a nivel nacional el derecho humano al agua y al saneamiento, así como a la obligación de las entidades federativas de armonizar sus legislaciones a dicho mandato. Ya la mayor parte de los estados del país, con excepción de seis – Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Querétaro, Tlaxcala y Yucatán – han integrado estos derechos en sus constituciones.

Elaborada por la Presidenta de la Comisión Desarrollo Agropecuario y Rural Sustentable, la iniciativa de 44 cuartillas, recupera el análisis de fundamentos legales internacionales y nacionales. Incluye casos documentados por la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, jurisprudencias de la Suprema Corte, así como un análisis exhaustivo de la relación del derecho al agua con otros derechos humanos y referentes del contexto queretano.

En sesión del 17 de abril del presente año, los legisladores Hugo Cabrera Ruíz, Tania Palacios Kuri y Antonio Zapata Guerrero de la Comisión de Puntos Constitucionales emitieron votos en contra de la iniciativa de manera unánime, tras considerar que el proyecto era “inviable financieramente”.

Si bien, la iniciativa no estipula nada sobre gratuidad en el servicio público de agua potable, Tania Palacios aseguró que “no tendría una viabilidad en la práctica” y que “forzaría al estado a asumir una política de financiamiento que no es posible”. Por su parte, Hugo Cabrera aseguró que “también habrá que ver hasta dónde la Comisión Estatal de Aguas tiene la capacidad para solventar este tipo de cosas y dónde tiene que entrar supletoriamente empresas que son las que finalmente están prestando este servicio a la gente”. Ambas afirmaciones han generado preocupación entre especialistas en la materia.

Esto porque resultan contrarias al principio de progresividad que rige en materia de los derechos humanos, el cual implica tanto gradualidad como progreso. “La gradualidad se refiere a que, generalmente, la efectividad de los derechos humanos no se logra de manera inmediata, sino que conlleva todo un proceso que supone definir metas a corto, mediano y largo plazos. Por su parte, el progreso implica que el disfrute de los derechos siempre debe mejorar.” (Amparo directo en revisión 2425/2015)

Por otro lado, las y los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales justificaron su negativa en lo “reiterativo” de la iniciativa con lo establecido en otros marcos normativos, en tanto que la Constitución federal ya estipula el derecho humano al agua. No obstante, igual que el principio de progresividad, el deber de armonización legislativa forma parte de las obligaciones básicas del Estado en materia de derechos humanos. Vale la pena recordar que el Programa Nacional de Derechos Humanos (2014-2018) estableció como una de sus líneas prioritarias la armonización legislativa en todos los estados de la República a fin de poder incorporar los tratados internacionales de derechos humanos a todos los niveles de gobierno.

Las controversiales declaraciones no solamente niegan el reconocimiento a nivel local de un derecho que la norma suprema mandata reconocer a todos niveles, sino que se dan en el particular contexto queretano. Éste es el único estado que no cuenta con legislación estatal en materia de aguas y en donde las concesiones irregulares para explotación y manejo de aguas han ido en aumento en los últimos cuatro años. Es por ello que la ciudadanía considera que con el veredicto queda expuesta no solamente la ignorancia respecto de las obligaciones del Congreso en materia de derechos sino el resguardo de intereses contrarios al bien común.

Mientras en distintas colonias, fraccionamientos, condominios e incluso comunidades rurales van en aumento las denuncias por abusos o arbitrariedades a manos de particulares concesionarios del agua, legisladores como Jorge Herrera Martínez reaccionaron a la negativa perfilando marco normativos explícitamente diseñados para facilitar la participación de privados en el abastecimiento de agua, frente a una supuesta “incapacidad” del Estado para garantizar el acceso universal a ésta.

El dictamen definitivo sobre la iniciativa posiblemente se discutirá y votará en pleno en los siguientes días en sesión abierta a todo público.

Contenido de la iniciativa:

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Hacemos un enérgico llamado a los y los legisladoras a aprobar la modificación propuesta para la Constitución Política del Estado de Querétaro y a elaborar una Ley de Aguas que garantice el derecho humano al agua conforme al artículo 4to de la Constitución. Además, convocamos a la ciudadanía a estar atenta para vigilar el trabajo legislativo y participar colocando sus demandas.

 

Contacto: Elvira Herrera 55 6630 6419

Organizaciones urgen implementar recomendaciones de Naciones Unidas para agua y saneamiento

 

COMUNICADO COMDA

 

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22 de marzo del 2019

 

Organizaciones urgen al Gobierno mexicano implementar recomendaciones de Naciones Unidas sobre derecho humano a agua y al saneamiento

 

  • Existe nulo avance en el cumplimiento de las Recomendaciones de Naciones Unidas.
  • Es urgente promulgar en plena colaboración con todos los interesados pertinentes, una legislación general, que dé pleno efecto a los derechos humanos al agua y el saneamiento.

 

Este 22 de marzo, en el marco del Día Mundial del Agua 2019 cuyo tema es: “No dejar a nadie atrás”[i], la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA) recuerda a las autoridades de los tres Poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial su deber de atender las Recomendaciones internacionales que México ha recibido en materia de derechos humanos al agua y al saneamiento, de Leo Heller Relator Especial de Naciones Unidas encargado de la vigilancia y promoción de estos derechos, contenidas en su informe de Misión a México (A/HRC/36/45/Add.2)[ii] de 2017, así como las recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas derivadas del examen a México de 2018 y contenidas en sus Observaciones Finales (E/C.12/MEX/CO/5-6). Ambos grupos de recomendaciones internacionales siguen vigentes y tocan temas de competencia de las autoridades federales, estatales y municipales.

Entre las Recomendaciones del Relator Especial destacan:

1) Promulgar sin dilación indebida y en plena colaboración con todos los interesados pertinentes, una legislación general revisada sobre el agua, en la cual se dé pleno efecto y significado a los derechos humanos al agua y el saneamiento consagrados en el derecho internacional y en la Constitución mexicana. 2) Actualizar con urgencia las normas de calidad del agua potable siguiendo las guías y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y ejercer vigilancia y supervisión de la calidad del agua potable más estrictas y más orientadas a la protección de la salud. 3) Intensificar medidas para asegurar la igualdad de acceso de las mujeres y niñas al agua y el saneamiento, particularmente en zonas urbanas periféricas y localidades rurales dispersas. 4) Velar por que se apliquen tarifas sociales a los servicios de modo que el suministro asequible esté asegurado para todos, y establecer entidades reguladoras oficiales de proveedores privados y públicos. 5) Revisar el sistema descentralizado de los servicios de agua y saneamiento con miras a fortalecer el apoyo y la financiación estatal y federal a los proveedores de servicios de nivel municipal. 6) Proporcionar más apoyo y financiación de los diferentes niveles de gobierno a los sistemas de agua y saneamiento gestionados por las comunidades a fin de lograr su ampliación y su buen funcionamiento. 7) Hacer investigaciones independientes sobre los efectos en el medio ambiente y la salud de los proyectos de desarrollo, las actividades industriales y comerciales y el uso extensivo de plaguicidas, haciendo hincapié en la contaminación o la sobreexplotación de las fuentes de agua, particularmente cuando esas fuentes de agua se utilizan para abastecer a una o más comunidades. 8) Fortalecer mecanismos judiciales y procedimientos no judiciales de reclamación por vulneraciones de los derechos al agua y el saneamiento que sean accesibles, transparentes y sujetos a rendición de cuentas. 9) Asegurar los derechos de todas las personas y grupos a protestar libremente por cuestiones relativas a sus derechos al agua y el saneamiento, sin temor a ser víctimas de hostigamiento o detención, y garantizar su seguridad y su protección con arreglo a la ley y en la práctica.

Por su parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, insta al Estado mexicano a asegurar una coordinación efectiva entre los diferentes niveles de la administración y a asignar recursos suficientes para el suministro adecuado de agua potable y servicios de saneamiento a toda la población, sin olvidar los grupos más desfavorecidos y marginados y los que viven en zonas rurales y remotas. Asimismo, le recomienda que asegure una debida protección de sus recursos hídricos frente a los efectos negativos generados por actividades económicas y de explotación de recursos naturales; que determine sanciones para las empresas cuyas actividades contaminen los recursos hídricos; y que establezca un sistema adecuado y sostenible de gestión y tratamiento de aguas residuales. El Comité también alienta al Estado mexicano a considerar favorablemente el cumplimiento de las Recomendaciones del Relator Especial en la materia.

Justamente, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento, Sr. Léo Héller, volvió a México del 13 al 15 de marzo de este año para dar seguimiento a sus recomendaciones y fue informado en audiencia privada con organizaciones civiles y sociales de varios estados de la República mexicana acerca del nulo avance en el cumplimiento, el saldo negativo del sexenio pasado y los desafíos y obstáculos que observamos en el presente. Asimismo, le fue entregada al Relator Especial la segunda edición del Informe colectivo sobre violaciones a los derechos humanos al agua potable y al saneamiento en México,[iii] que días previos también fue entregado a la titular de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Dra. Blanca Jiménez Cisneros, esperando que en esta administración sí se impulsen los cambios necesarios y urgentes en el modelo de gestión del agua y se adopten las medidas apropiadas que permitan avanzar en la realización de los derechos al agua y al saneamiento en México.

Si bien entre los 100 compromisos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dos de ellos refieren a la protección de las fuentes de agua, si no se implementan las medidas legislativas, de política pública y presupuestales correspondientes, no bastará con declarar que: “No usaremos métodos de extracción de materias primas que afecten la naturaleza y agoten las vertientes de agua como el fracking[iv] y “No se permitirá ningún proyecto económico, productivo, comercial o turístico que afecte el medio ambiente. Se evitará la contaminación del suelo, agua y aire y se protegerá la flora y la fauna. No se privatizará el agua.”[v]

 

[i] El tema del Día Mundial del Agua 2019 “No dejar a nadie atrás”, recuerda una de las metas del Objetivo 6 de Desarrollo Sostenible (ODS 6) que consiste en garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos de aquí a 2030. Más en: http://www.un.org/es/events/waterday/

[ii] Informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos al Agua Potable y el Saneamiento, Sr. Léo Heller, sobre su Misión a México (A/HRC/36/45/Add.2) disponible en: https://www.ohchr.org/EN/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/VisitMexico.aspx

[iii] Informe sobre violaciones a los derechos humanos al agua potable y al saneamiento en México, versión revisada y editada en 2018 para su difusión, disponible en: http://www.comda.org.mx/wp-content/uploads/2019/01/informe_DHAyS-2da-edicion.pdf

[iv] Compromiso 75, enunciado por AMLO en el acto del 1 de diciembre de 2018 en el zócalo capitalino. Ver: https://www.animalpolitico.com/2018/12/discurso-amlo-zocalo/

[v] Compromiso 76, enunciado por AMLO en el acto del 1 de diciembre de 2018 en el zócalo capitalino. Ver: https://www.animalpolitico.com/2018/12/discurso-amlo-zocalo/

 

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Informe editado sobre violaciones a los Derechos Humanos al Agua Potable y al Saneamiento en México

Ya está disponible la versión revisada y editada en 2018 del informe presentado al Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento en ocasión de su Misión a México en mayo de 2017.

portada informe editadoEl Informe DHAyS fue producto del esfuerzo colectivo de organizaciones y redes de la sociedad civil mexicana defensoras del agua que se articularon de cara a la visita del Relator Especial en 2017. Los aportes especiales de personas y organizaciones se indican en notas al pie dentro cada capítulo.

Las redes y movimientos impulsores de la articulación social para la visita del Relator fueron: Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA); Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER); Alianza mexicana contra el fracking (AMCF); Coordinadora Nacional Agua para tod@s Agua para la Vida (Agua para todxs); Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC); Red de Género y Medio Ambiente (RGEMA); Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDTT); y Movimiento Urbano Popular de la Convención Nacional Democrática (MUP-CND).

La presente versión del Informe DHAyS, revisada y editada en 2018 para su difusión, fue posible con la colaboración de Areli Sandoval Terán en el marco del proyecto: “Derechos humanos vinculados al hábitat, saberes ancestrales y justicia climática en América Latina” de la Coalición Internacional para el Hábitat, Oficina para América Latina (HIC-AL) bajo la coordinación de Maria Silvia Emanuelli.

Un paso en la dirección correcta: revertir la privatización del agua en México

12 de septiembre 2018.

  • La iniciativa presentada para cambiar la Ley de Aguas Nacionales retoma una demanda importante de la sociedad que se opone a la privatización del agua.
  • Sin embargo, esto resultará insuficiente si no se atiende el mandato constitucional del 2012 de generar participativamente una nueva Ley General de Aguas.

 

Desde la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA) consideramos importante el paso de la iniciativa promovida el pasado 6 de septiembre por el Senador Martí Batres Guadarrama para reformar la Ley de Aguas Nacionales (LAN) con el propósito de establecer tres cuestiones:[1]

  • Que el Estado garantizará a toda persona el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible;
  • Que el financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica serán públicos y la gestión del agua será pública y sin fines de lucro.
  • Y que queda prohibida la celebración de contratos con particulares, el otorgamiento de concesiones totales o parciales para operar, conservar, mantener, rehabilitar, modernizar o ampliar la infraestructura hidráulica y la prestación de los servicios asociados a ésta; así como que un particular realice actos de administración y comercialización del servicio de agua potable y toda forma de privatización de la gestión del agua.

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Esta iniciativa -que fue turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y de Estudios Legislativos- reconoce algunos de los múltiples problemas y obstáculos que persisten en nuestro país para la realización plena de los derechos humanos al agua y al saneamiento y pone el acento en el ineludible papel del Estado para garantizarlos.

Desde nuestra perspectiva, subrayar el tema del financiamiento público es fundamental toda vez que en los últimos años se han llevado a cabo recortes presupuestales injustificables, como el del 36.5% en términos reales del presupuesto aprobado en 2017 para las sub-funciones de gasto: Abastecimiento de Agua, Administración del Agua, y Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado; así como el recorte presupuestal de 65.7% al Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, que impactó en las entidades federativas para operar e invertir en la ampliación de infraestructura de agua potable y saneamiento, el reequipamiento de pozos, la sustitución de redes y la construcción o rehabilitación de plantas potabilizadoras.[2]

Estos recortes, fueron del conocimiento del Relator Especial de ONU sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento durante su visita oficial a nuestro país en mayo del año pasado, le llevaron a concluir en su Informe de Misión a México que: “Esos recortes pueden tener un efecto dramático a corto, mediano y largo plazo en la realización progresiva de los derechos humanos al agua y el saneamiento” y a recordar que “la responsabilidad primordial por la realización de todos los derechos humanos, incluido el derecho al agua potable y el saneamiento, corresponde al Gobierno de México, del cual se espera que utilice el máximo de recursos disponibles para cumplir esa finalidad.”[3]

Asimismo, desde la perspectiva de prevención de mayores violaciones al derecho al agua como las que han tenido lugar en las ciudades cuyos organismos operadores se han privatizado: Aguascalientes, Ags.; Cancún, Isla Mujeres y Solidaridad en Quintana Roo; Saltillo y Ramos Arizpe[4], Coahuila; Veracruz, Medellín y Boca del Río en Veracruz, Puebla y municipios vecinos en Puebla; y en otros contextos de privatización de los servicios que denunciamos durante la visita del Relator Especial en 2017[5], consideramos relevante la prohibición de toda forma de participación privada en la gestión del agua. Sin embargo, consideramos que rescindir los contratos firmados en los casos mencionados requerirá de procesos legales complicados, que deben involucrar auditorías al proceso de privatización y a la gestión de los sistemas privatizados. Consideramos que es importante enfocar los esfuerzos en reforzar los organismos públicos y comunitarios y promover la participación en ellos de la ciudadanía.

No obstante lo anterior, queremos subrayar que reformar la LAN en estos aspectos debe considerarse solamente como un paso, entre muchos otros que aún deben darse, para resolver los serios problemas de la gestión del agua en México y superar los diversos obstáculos que existen para el disfrute de los derechos al agua y al saneamiento.

Esto resultará insuficiente si no se atiende el mandato constitucional del 2012 de generar participativamente una nueva Ley General de Aguas que habiendo revisado el actual modelo de gestión, contribuya al cambio del paradigma, de las instituciones – especialmente la CONAGUA – , de las normas y el sistema de conseciones que no están siendo efectivas para combatir, sancionar y reparar la contaminación, el acaparamiento y la sobreexplotación del agua en México, ni la desigualdad en el acceso a una cantidad de agua suficiente, continua, de buena calidad y asequible para uso personal y doméstico así como a instalaciones de saneamiento aceptables, dignas y seguras para todas las personas; y que también se necesita para transitar a una gestión sustentable y democrática del agua que garantice la participación ciudadana de mujeres y hombres desde la planeación y la toma de decisiones que impactan las condiciones de vida de la población y de las generaciones futuras.

[1] Iniciativa del del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1, 4, 9 y 12 y se deroga el Capítulo II “Participación de Inversión Privada y Social en Obras Hidráulicas Federales” de la Ley de Aguas Nacionales, disponible en: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2018_09_06/2293/catego/416#Apartado

[2] Tomado de: Informe conjunto de sociedad civil sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en México 2017, Informe alternativo a los Informes V y VI Periódicos combinados del Estado mexicano ante el Comité DESC de la ONU. Capítulo sobre derecho al agua y derecho al saneamiento. Disponible en: http://www.socialwatch.org/es/node/18018

[3] Naciones Unidas. Informe del Relator Especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento acerca de su misión a México (A/HRC/36/45/Add.2), 2 de agosto de 2017, párrafos 4 y 5.

[4] Este sistema de agua se remunicipalizó después de 15 meses de gestión privatizada

[5] Informe sobre Violaciones a los Derechos Humanos al Agua Potable y al Saneamiento en México 2017 (Informe DHAyS), disponible en: http://www.comda.org.mx/informe-sobre-violaciones-a-los-derechos-humanos-al-agua-potable-y-al-saneamiento-en-mexico/

El agua sí está en peligro: los decretos dejan sin protección casi 70% del agua disponible en esas cuencas

26 de junio de 2018

Boletín de prensa

logos AMCF COMDA FANMEX

 

El agua sí está en peligro: los decretos dejan sin protección casi 70% del agua disponible en esas cuencas

  • Los 10 decretos que levantan vedas en diversas cuencas del país liberan volúmenes de agua que previamente no podían ser concesionados por la autoridad. A diferencia de lo que la autoridad sostiene, quedan reservadas para conservación ecológica apenas arriba de 30% del volumen de las cuencas hidrológicas derivadas de los decretos en materia de agua.
  • Los decretos constituyen un retroceso en la protección al ambiente y de las generaciones futuras y podrían poner incluso en entre dicho el derecho humano al agua.

Producto de los diez decretos[1] emitidos por el Ejecutivo Federal el pasado 6 de junio, se establecen zonas de reserva parcial de aguas nacionales superficiales para destinarse al uso ambiental o para conservación ecológica en diversas cuencas hidrológicas. A diferencia de lo que los impulsores de esta medida sostienen, al analizar cada uno de los decretos emitidos y comparando el volumen de las reservas asignadas para conservación frente a la disponibilidad de la cuenca, se estima que en promedio los decretos solo establecieron una protección de poco más del 30% para conservación ecológica y menos del 1% para uso doméstico y público urbano. Lo anterior dejó sin protección casi el 70% del volumen de las cuencas – en algunos casos, el levantamiento de vedas y la siguiente imposición de reservas permitió la liberación de volúmenes incluso más significativos (hasta 91.5% del agua disponible en el caso de la cuenca del río Pánuco 2) -, que ahora están disponibles para la explotación, el uso y su aprovechamiento para cualquier uso incluyendo el sector industrial y extractivas.

Aun cuando compartimos los principios que supuestamente motivaron estos decretos (en efecto una adecuada gestión del agua tiene que reconocer que los ecosistemas necesitan del líquido para sobrevivir, pensar en las poblaciones futuras y en esta óptica, limitar las actividades económicas) en el caso específico la preocupación ambiental fue la excusa para liberar la posibilidad de concesionar al sector productivo aguas que bajo el régimen de la veda no podían serlo. Antes de cualquier modificación además, la autoridad hubiera debido actualizar los datos sobre disponibilidad de agua pues algunos datan de 2011[2].

Como organizaciones de la sociedad civil promotoras y defensoras de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento estamos muy preocupadas porque leemos estos decretos como instrumentos intencionalmente ambiguos para mantener la discrecionalidad del manejo del agua que ha caracterizado a la Conagua. Las declaraciones de esta institución lejos de tranquilizarnos nos reafirman su profundo desprecio por los aspectos sociales, culturales y ambientales del agua al declarar que la gestión del agua es un problema meramente técnico.

El Director de Conagua se atreve a afirmar que la Comisión protege a “las generaciones futuras” cuando en esta administración, emitió el 30 de agosto de 2017, los Lineamientos para la protección y conservación de las aguas nacionales en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales[3], que al amparo de las disposiciones de la reforma energética habilitan a las empresas la realización de los proyectos de fracking que precisamente atentan contra las generaciones presentes y futuras.

Queremos reiterar, con base en las consideraciones anteriores, nuestra preocupación por el futuro de los recursos hídricos en manos de una institución que ha tomado en forma unilateral –sin participación ciudadana- varias decisiones equivocadas en relación a la gestión del agua, que ha permitido la sobreexplotación de los acuíferos, que ha otorgado miles de concesiones de agua para actividades extractivas y que no ha controlado adecuadamente las descargas de aguas residuales.

Urgimos a las autoridades a que establezcan las medidas necesarias para proteger los volúmenes de agua a los que levantó la veda y la protección necesaria para garantizar que se realice un manejo justo, democrático, equitativo y sustentable del agua en México.

 

Contactos:

Claudia Campero Food & Water Watch, ccampero@fwwatch.org, +52 1 55 3015 6366

María González, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, acerca de Región 12 – Lerma-Santiago capitulomexicano@gmail.com, +52 1 33 1135 6138

Nathalie Seguin, Red de Acción por el Agua-México, fanmexnathalie@gmail.com, +52 1 55 1128 8747

Gloria Tobón de Garza,  Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo AUAS, cálculos de volúmenes de agua, gtgarza99mx@prodigy.net.mx, +52 1 844 427 1548

 

Tabla con información de los decretos, que detalla datos de disponibilidad, volúmenes reservados para uso ambiental, doméstico y público urbano y volúmenes disponibles por cuenca para concesionar o asignar.

14 marzo 15

[1] Diario Oficial de la Federación 6 de junio 2018 http://www.dof.gob.mx/index.php?year=2018&month=06&day=06

[2] Consideraciones del CEMDA frente a los Decretos de Zonas de Reserva de Agua http://www.cemda.org.mx/consideraciones-del-cemda-frente-a-los-decretos-de-zonas-de-reserva-de-agua/

[3] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5495543&fecha=30/08/2017

Organizaciones celebran que Relator de ONU haga suyas preocupaciones de la sociedad civil sobre violaciones a los derechos humanos al agua y al saneamiento

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  • Léo Heller destaca que los índices de cobertura del gobierno no se traducen en acceso real al agua y al saneamiento.
  • Le preocupa sobremanera que distintas autoridades manifiesten que estos derechos no son prioridad
  • La contaminación por minería, hidrocarburos y pesticidas impacta en la calidad del agua disponible para la población.

En su Declaración de final de Misión en México el pasado 12 de mayo 2017, el Sr. Léo Heller, Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento afirmó que “México enfrenta cuantiosos retos para asegurar los derechos humanos al agua y al saneamiento de su población”. Precisó que las estadísticas de más del 90% de cobertura de agua potable y saneamiento que le proporcionaron las autoridades mexicanas “si bien son impresionantes, sólo reflejan la existencia de alguna forma de infraestructura y definitivamente no se traducen en acceso real al agua y al saneamiento en las casas de las personas, que es dramáticamente inferior”. Para significativas partes de la población incluso dentro de la Ciudad de México “la prestación de servicios de agua y saneamiento es extremadamente limitada o no existente”. Desde hace años, diversas organizaciones hemos alertado sobre esta realidad que invisibiliza los graves problemas tanto de calidad como de cantidad de agua disponible a pesar de los km de tubos que se han construido por todo el país.

El Relator expresó su preocupación sobre “la posibilidad de que haya cierta autocomplacencia respecto a la prestación de servicios, basada en las cifras antes mencionadas, misma que podría menoscabar o retrasar la implementación de medidas esenciales para la mejora de dichos servicios” y cuestionó el recorte presupuestal federal de más de 37% de 2016 a 2017 que impacta estos servicios por “su potencial efecto dramático en la progresiva realización de los derechos humanos al agua y al saneamiento en el corto y mediano plazos.”

Por lo que tiene que ver con el tema legislativo, el Relator lamentó que más de cinco años después de la reforma constitucional que reconoce el derecho al agua y al saneamiento no haya sido adoptada la legislación secundaria correspondiente y parezca haber un estancamiento en el proceso de su aprobación; declaró también que “la existente Ley de Aguas Nacionales sigue en operación y no refleja el marco de referencia de los derechos humanos” por lo que “el Gobierno debería avanzar, consultando y colaborando con todas las contrapartes clave, especialmente con la sociedad civil, para aprobar la nueva ley.” Este tema también ha sido denunciado en múltiples ocasiones por la sociedad civil que además ha aportado propuestas y expresado preocupaciones en el debate sobre el punto.

En cuanto al tema de la calidad de agua suministrada, el Relator conoció del problema tanto por representantes de comunidades y organizaciones no gubernamentales como por algunos funcionarios que “admitieron que la calidad del agua varía ampliamente y que de manera frecuente no es adecuada para su ingesta”, y destacó que el consumo de agua embotellada, “añade una carga financiera adicional y considerable para aquellas personas que a menudo viven en las áreas más pobres y tienen los ingresos más bajos.” Destacó que “el derecho a la información debe ser asegurado por parte de los proveedores de agua, proveyendo información sistemática a los usuarios sobre la calidad del agua que consumen, independientemente de las peticiones o quejas individuales que se presenten.”

En términos de asequibilidad, Heller señala haber tenido “la oportunidad de identificar que aquellas personas que no cuentan con ningún servicio o con servicios inadecuados, experimentan el más alto impacto económico y social, ya que se ven obligadas a depender en alternativas caras para obtener agua, como agua embotellada, pipas y proveedores informales. Esto significa que las personas más pobres a menudo pagan más por su agua y pasan más tiempo obteniéndola, impactando particularmente a mujeres y niñas.”

El Relator expresó que también fue “informado de numerosos casos en relación con la contaminación y polución de fuentes de agua debido a factores que incluyen la minería y proyectos industriales, plantas hidroeléctricas y extracción de hidrocarburos, incluyendo el uso de fracking en algunos estados, así como el uso indiscriminado y sin control de pesticidas”, y que le fue “demostrado, en numerosos casos, que estas problemáticas de índole medioambiental pueden impactar directa o indirectamente en la calidad del agua potable y en la protección de la salud en las áreas afectadas.” De manera destacada, el Relator señaló que “debe haber un reconocimiento del impacto que actividades económicas, en gran parte no reguladas, tienen en el agua, y el daño potencial y real causado a las personas locales que tal vez no tengan otra opción sino utilizar fuentes de agua contaminada. Es necesario llevar a cabo acciones inmediatas para atender esta situación.”

Subrayó también que los pueblos indígenas “tienen una asociación única con sus tierras y territorios, incluyendo las fuentes de agua” y que durante su visita fue evidente que estos pueblos “a menudo enfrentan los retos más severos en cuanto a la provisión de agua y saneamiento”.

En su Declaración final, el Relator expresó que le preocupó escuchar “de parte de distintas autoridades que los derechos al agua potable y al saneamiento no están entre las prioridades del Gobierno en el contexto de sus obligaciones en materia de derechos humanos.” Ante esta situación, el Relator alentó al gobierno a “dar igual y apropiada atención y proveer los recursos necesarios para la atención de los derechos económicos, sociales y culturales críticos, incluyendo los derechos al agua potable y al saneamiento.”

Las organizaciones hacemos eco –además de lo planteado en todo el documento– a este llamado y exigimos que todos los niveles de gobierno cumplan con su obligación de respetar, proteger y realizar los derechos humanos al agua potable y al saneamiento no sólo priorizando y asignando el presupuesto necesario pero trabajando participativamente con organizaciones locales y comunidades que tienen propuestas concretas para solucionar los problemas que se enfrentan.

 

Contacto: visita.relator.dhays@gmail.com

Participan más de 100 organizaciones en visita del Relator de la ONU para denunciar violaciones al derecho al agua potable y saneamiento en México

Ciudad de México, a 12 de mayo de 2017.

 

  • Entregan informe constatando que las políticas hídricas privilegian las actividades empresariales y extractivas por encima del bienestar social y la equidad.
  • Se documentaron y entregaron al Relator Especial 72 casos paradigmáticos de violaciones en el país.

 

En el marco de la visita del Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento (DHAyS), Léo Heller, organizaciones de la sociedad civil dieron a conocer el Informe sobre violaciones a los derechos humanos al agua potable y saneamiento en México[1], en donde se exponen las principales fallas de las políticas públicas implementadas por el Estado mexicano en esta materia.

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Las redes y organizaciones que impulsaron la participación en la visita son La Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA), el Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), la Alianza Mexicana contra el Fracking (AMCF), la Coordinadora Nacional Agua para tod@s Agua para la Vida (Agua para todxs), el Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC), la Red de Género y Medio Ambiente (RGEMA), la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDTT), el Movimiento Urbano Popular de la Convención Nacional Democrática, entre otras.

 

Una de las principales conclusiones del Informe es que en México prevalece un modelo de gestión del agua excluyente e insostenible que favorece a las actividades empresariales y extractivas por encima del bienestar social y la equidad. Las modificaciones en la legislación han desplazado la orientación social y facilitan la participación del sector privado en la explotación y distribución del bien común, sin inspección y sanción efectiva de las obligaciones de los actores privados.

 

El Informe presenta un breve resumen de las anomalías y violaciones a los DHAyS, algunas de las cuales ocurren en las ciudades donde se han otorgado concesiones de servicios a privados. Entre dichas anomalías se incluyen mala calidad del agua –que ocasiona que en entidades como Aguascalientes haya un 95% de consumo de agua embotellada-; aumentos excesivos de tarifas, ineficiencia en el servicio, nuevos conceptos de cobro, cortes injustificados de agua, extensiones de contrato sin consulta al usuario/a, acceso limitado al agua en zonas urbanas desfavorecidas, falta de transparencia, entre otras.

 

Un elemento relevante alerta sobre el hecho de que la reforma energética pone en riesgo la realización efectiva del derecho humano al agua potable en México, toda vez que a partir de la reforma constitucional en materia energética que promovió el gobierno federal en 2013 y sus leyes secundarias de 2014, las actividades de exploración y explotación del petróleo y demás hidrocarburos tienen ahora “preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas.” Estas actividades se encuentran complementadas por una amplia red de proyectos de infraestructura que en muchos de los casos se configuran a partir de la satisfacción de necesidades de la industria extractiva, no de las poblaciones.

 

Agrava lo anterior el hecho de que el ejercicio del derecho al agua en México se ve obstaculizado por la existencia de un modelo de inequidad en el acceso al agua y al saneamiento, en el que las personas y comunidades en situación de  vulnerabilidad son quienes tienen menor disponibilidad de este recurso.

 

En lo que se refiere a la calidad del agua de la que se dispone en el país, ésta no es la óptima, pues a pesar de que existe un ordenamiento que establece los límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización en México,[2] éste no sigue los estándares más favorables recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS)[3].

 

Las organizaciones documentaron y entregaron al Relator Especial una compilación de 72 casos paradigmáticos de violaciones a los derechos al agua potable y al saneamiento ocurridas en 17 entidades federativas. Asimismo, sostuvieron reuniones privadas con el Relator, donde se abordaron temáticas de especial preocupación como la contaminación de fuentes de agua, impactos de la privatización, desafíos legislativos y obstáculos para el acceso a la justicia.

Un elemento central que denunciaron las organizaciones al Relator fue la ausencia de procesos de monitoreo, inspección y sanción por parte del Comisión Nacional del Agua (Conagua) y sus 13 Organismos de Cuenca en el País; así como la falta de información oportuna y sistemática de parte del Estado mexicano a las comunidades, de estudios y la  situación de sus fuentes hídricas.

El Relator realizó recorridos de campo en los municipios de Filomeno Mata y Papantla, Veracruz; las delegaciones Iztapalapa y Xochimilco, en la Ciudad de México; así como Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas, Chiapas. En dichos lugares, el Relator pudo ver la precariedad de las condiciones de vida de la población del campo y la ciudad por la falta de cumplimiento de sus derechos al agua potable y al saneamiento. Asimismo, escuchó directamente a mujeres y hombres cuya vida cotidiana se ve trastocada por esta carencia, también pudo dialogar con organizaciones comunitarias, estatales y nacionales.

En este contexto, las organizaciones y redes hacemos un enérgico llamado a los tres poderes de todos los niveles de gobierno a que cumplan con sus obligaciones con respecto a los derechos humanos al agua y al saneamiento para asegurar la disponibilidad, accesibilidad física, asequibilidad, calidad, aceptabilidad, acceso sin discriminación, acceso a la información, y ejercicio de modo sostenible para las generaciones presentes y futuras.

 

Contacto: visita.relator.dhays@gmail.com; brendtzu27@yahoo.com.mx; ricardo_ruiz@cemda.org.mx

 

[1] http://www.comda.org.mx/informe-sobre-violaciones-a-los-derechos-humanos-al-agua-potable-y-al-saneamiento-en-mexico/

[2] Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, “Salud ambiental, agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización”.

[3] “Guías para la calidad del agua potable. Primer apéndice a la tercera edición. Volumen 1. Recomendaciones.”

Informe sobre violaciones a los Derechos Humanos al Agua Potable y al Saneamiento en México

Actualización: este informe ha sido revisado y editado en 2018. La versión actualizada se encuentra en este enlace.

El presente Informe sobre violaciones a los derechos humanos al agua potable y saneamiento en México es el resultado del esfuerzo que organizaciones de la sociedad civil, comunidades y colectivos han venido realizado desde hace más de diez años, con la intención de documentar las distintas formas en que el Estado mexicano viola dichos derechos a lo largo de todo nuestro país.

A lo largo de sus nueve apartados, se podrá encontrar información sobre el contexto nacional de disponibilidad y cobertura del agua potable y saneamiento, así como las distintas políticas y modelos de gestión del agua en México. De igual manera y como parte central de este documento, se aborda de forma detallada las distintas estrategias que el Estado mexicano ha implementado para impulsar políticas públicas que buscan la privatización del líquido, que en lugar de buscar la reducción de la desigualdad de su acceso, privilegia a empresas vinculadas a la industria extractiva y de megaproyectos. En este sentido, hemos dedicado una sección específica de los impactos que se han podido visibilizar a partir de la entrada en vigor de la reforma energética. De igual manera, este informe también muestra las distintas amenazas y riesgos que los defensores de derechos humanos, ambientales y comunidades enfrentan día con día en la defensa del agua y los bienes naturales de nuestro país.

Este documento ha sido elaborado con motivo de la visita de Léo Heller, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento a México en mayo de 2017. Esperamos que la información sea útil para su informe Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en septiembre de 2017.

 

Redes y comunidades que han animado este proceso:

La Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA), el Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), la Alianza mexicana contra el fracking (AMCF), la Coordinadora Nacional Agua para tod@s Agua para la Vida (Agua para todxs), el Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC), la Red de Género y Medio Ambiente (RGEMA), la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDTT), el Movimiento Urbano Popular de la Convención Nacional Democrática, entre otras.

El informe se puede descargar aquí.

* Versión actualizada 11 de mayo 2017.

Boletín: Reconocimiento a Aguas de Saltillo por cobro-pago promueve prácticas violatorias al derecho humano.

 

20 de octubre de 2015

 

Boletín

Reconocimiento a Aguas de Saltillo por cobro-pago promueve prácticas violatorias al derecho humano al agua

 

En días pasados, la Fundación Gonzalo Río Arronte otorgó a la empresa Aguas de Saltillo (AGSAL) un reconocimiento por las “Mejores Prácticas en cobro-pago del Agua”.

Por este medio, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua –COMDA-, manifiesta su solidaridad con la Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo AUAS, A.C., miembro de nuestra Coalición, por las siguientes objeciones a dicho reconocimiento:

  • La empresa paramunicipal Aguas de Saltillo ha informado a nivel local que el reconocimiento fue otorgado fue por “las Mejores Prácticas en el ciclo de producción y distribución del agua”, lo cual es diferente de las “Mejores Prácticas en cobro-pago del Agua”.

BAJAR BOLETIN COMPLETO EN PDF:

Boletín sobre Premio de Fundación GRA a AGSAL-comda

Boletín: “Ley Korenfeld” debe irse junto con él: OSC

9 de abril de 2015100_3407

Boletín conjunto: Freshwater Action Network (Fanmex), Greenpeace, COMDA, Agua para Todos, Alianza Mexicana Contra el Fracking

·      Iniciativa de Ley General de Aguas debe ser desechada para abrir debate a propuesta ciudadana; urge modelo que garantice el derecho humano al agua

·       Próximo titular de Conagua debe implementar modelo que garantice derecho humano al agua

México DF.- La renuncia del titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), David Korenfeld, por haber abusado de los recursos de todos los mexicanos no cambia la postura de las Organizaciones de la Sociedad Civil sobre la necesidad de exigir un verdadero cambio en el modelo de gestión de agua para que sea democrático y respetuoso de los ecosistemas, asegurando el  derecho humano al agua y al saneamiento en cumplimiento de la responsabilidad del Estado de promover, respetar , proteger y garantizar el acceso al líquido.  

Las circunstancias en las que salió Korenfeld de la Conagua deben ser investigadas y sancionadas conforme a la ley correspondiente y su sucesor deberá comprometerse con  los ciudadanos y  urgentemente implementar un modelo que garantice el derecho humano al agua y un manejo sostenible social, económica y ambientalmente.

El ahora ex director de la Conagua abanderaba el fortalecimiento de un modelo basado en la privatización de los servicios de agua potable y saneamiento, así como la construcción y la concesión de grandes y costosas obras de infraestructura hidráulica, para promover el trasvase de grandes volúmenes de agua y privilegiar el uso industrial por encima del derecho humano al líquido. Dicha intención estaba plasmada en la iniciativa de Ley General de Aguas (Ley Korenfeld) (1) dictaminada ilegalmente  en la Cámara de Diputados el pasado 5 de marzo y cuya votación fue pospuesta hasta que termine el periodo electoral, según informó hoy el presidente de la Comisión de Agua y Saneamiento, Kamel Athie.

En ese sentido, las OSC reiteran que este dictamen debe ser desechado. Tanto el dictamen aprobado como la Convocatoria Pública anunciada en días pasados rumbo al trabajo del proyecto de iniciativa de la “Ley Korenfeld”, convocada por la citada Comisión, son ilegales debido a que no se respetó en ninguno de los casos el reglamento interno del Congreso. La propuesta que debe ser discutida y dictaminada es la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas, la cual fue presentada en ambas Cámaras el 10 de febrero.

Las OSC no van a participar en ninguna discusión o consulta pública planteadas para engañar a la sociedad y para realizar cambios mínimos a una propuesta que debe ser desechada por completo por violar de forma significativa los preceptos básicos de derechos humanos al agua y al saneamiento. Las organizaciones exigen una ley general de aguas que verdaderamente responda al mandato constitucional de reglamentar el derecho humano al agua.

 

 Notas para el editor

 

(1) La iniciativa de Ley General de Aguas (Ley Korenfeld)  fue presentada por los diputados Kamel Athié Flores (PRI), José Antonio Rojo García de Alba (PRI), Sergio Augusto Chan Lugo (PAN) y Gerardo Gaudiano Rovirosa (PRD).

 

Para conocer la iniciativa ciudadana de ley general de aguas y sus principales propuestas entrar a:

iniciativa ciudadana completa  http://aguaparatodos.org.mx/la-iniciativa-ciudadana-de-ley-general-de-aguas/

 

Para conocer acceder a materiales multimedia, llegar a vínculos de interés y a la petición para desechar el dictamen ilegal de la Ley:www.aguasconelagua.mx

 

Contactos de prensa:

Miguel Soto Treviño, Greenpeace México: miguel.soto@greenpeace.org, 56879595 / 0445514853578

Freshwater Action Network /  nathalieseguin@fanmexico.net o whatsapp +525511288747

Brenda Rodríguez Herrera, COMDA: brendtzu27@yahoo.com.mx, Cel. 55 29 36 79 85

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