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Organizaciones celebran que Relator de ONU haga suyas preocupaciones de la sociedad civil sobre violaciones a los derechos humanos al agua y al saneamiento

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  • Léo Heller destaca que los índices de cobertura del gobierno no se traducen en acceso real al agua y al saneamiento.
  • Le preocupa sobremanera que distintas autoridades manifiesten que estos derechos no son prioridad
  • La contaminación por minería, hidrocarburos y pesticidas impacta en la calidad del agua disponible para la población.

En su Declaración de final de Misión en México el pasado 12 de mayo 2017, el Sr. Léo Heller, Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento afirmó que “México enfrenta cuantiosos retos para asegurar los derechos humanos al agua y al saneamiento de su población”. Precisó que las estadísticas de más del 90% de cobertura de agua potable y saneamiento que le proporcionaron las autoridades mexicanas “si bien son impresionantes, sólo reflejan la existencia de alguna forma de infraestructura y definitivamente no se traducen en acceso real al agua y al saneamiento en las casas de las personas, que es dramáticamente inferior”. Para significativas partes de la población incluso dentro de la Ciudad de México “la prestación de servicios de agua y saneamiento es extremadamente limitada o no existente”. Desde hace años, diversas organizaciones hemos alertado sobre esta realidad que invisibiliza los graves problemas tanto de calidad como de cantidad de agua disponible a pesar de los km de tubos que se han construido por todo el país.

El Relator expresó su preocupación sobre “la posibilidad de que haya cierta autocomplacencia respecto a la prestación de servicios, basada en las cifras antes mencionadas, misma que podría menoscabar o retrasar la implementación de medidas esenciales para la mejora de dichos servicios” y cuestionó el recorte presupuestal federal de más de 37% de 2016 a 2017 que impacta estos servicios por “su potencial efecto dramático en la progresiva realización de los derechos humanos al agua y al saneamiento en el corto y mediano plazos.”

Por lo que tiene que ver con el tema legislativo, el Relator lamentó que más de cinco años después de la reforma constitucional que reconoce el derecho al agua y al saneamiento no haya sido adoptada la legislación secundaria correspondiente y parezca haber un estancamiento en el proceso de su aprobación; declaró también que “la existente Ley de Aguas Nacionales sigue en operación y no refleja el marco de referencia de los derechos humanos” por lo que “el Gobierno debería avanzar, consultando y colaborando con todas las contrapartes clave, especialmente con la sociedad civil, para aprobar la nueva ley.” Este tema también ha sido denunciado en múltiples ocasiones por la sociedad civil que además ha aportado propuestas y expresado preocupaciones en el debate sobre el punto.

En cuanto al tema de la calidad de agua suministrada, el Relator conoció del problema tanto por representantes de comunidades y organizaciones no gubernamentales como por algunos funcionarios que “admitieron que la calidad del agua varía ampliamente y que de manera frecuente no es adecuada para su ingesta”, y destacó que el consumo de agua embotellada, “añade una carga financiera adicional y considerable para aquellas personas que a menudo viven en las áreas más pobres y tienen los ingresos más bajos.” Destacó que “el derecho a la información debe ser asegurado por parte de los proveedores de agua, proveyendo información sistemática a los usuarios sobre la calidad del agua que consumen, independientemente de las peticiones o quejas individuales que se presenten.”

En términos de asequibilidad, Heller señala haber tenido “la oportunidad de identificar que aquellas personas que no cuentan con ningún servicio o con servicios inadecuados, experimentan el más alto impacto económico y social, ya que se ven obligadas a depender en alternativas caras para obtener agua, como agua embotellada, pipas y proveedores informales. Esto significa que las personas más pobres a menudo pagan más por su agua y pasan más tiempo obteniéndola, impactando particularmente a mujeres y niñas.”

El Relator expresó que también fue “informado de numerosos casos en relación con la contaminación y polución de fuentes de agua debido a factores que incluyen la minería y proyectos industriales, plantas hidroeléctricas y extracción de hidrocarburos, incluyendo el uso de fracking en algunos estados, así como el uso indiscriminado y sin control de pesticidas”, y que le fue “demostrado, en numerosos casos, que estas problemáticas de índole medioambiental pueden impactar directa o indirectamente en la calidad del agua potable y en la protección de la salud en las áreas afectadas.” De manera destacada, el Relator señaló que “debe haber un reconocimiento del impacto que actividades económicas, en gran parte no reguladas, tienen en el agua, y el daño potencial y real causado a las personas locales que tal vez no tengan otra opción sino utilizar fuentes de agua contaminada. Es necesario llevar a cabo acciones inmediatas para atender esta situación.”

Subrayó también que los pueblos indígenas “tienen una asociación única con sus tierras y territorios, incluyendo las fuentes de agua” y que durante su visita fue evidente que estos pueblos “a menudo enfrentan los retos más severos en cuanto a la provisión de agua y saneamiento”.

En su Declaración final, el Relator expresó que le preocupó escuchar “de parte de distintas autoridades que los derechos al agua potable y al saneamiento no están entre las prioridades del Gobierno en el contexto de sus obligaciones en materia de derechos humanos.” Ante esta situación, el Relator alentó al gobierno a “dar igual y apropiada atención y proveer los recursos necesarios para la atención de los derechos económicos, sociales y culturales críticos, incluyendo los derechos al agua potable y al saneamiento.”

Las organizaciones hacemos eco –además de lo planteado en todo el documento– a este llamado y exigimos que todos los niveles de gobierno cumplan con su obligación de respetar, proteger y realizar los derechos humanos al agua potable y al saneamiento no sólo priorizando y asignando el presupuesto necesario pero trabajando participativamente con organizaciones locales y comunidades que tienen propuestas concretas para solucionar los problemas que se enfrentan.

 

Contacto: visita.relator.dhays@gmail.com

Participan más de 100 organizaciones en visita del Relator de la ONU para denunciar violaciones al derecho al agua potable y saneamiento en México

Ciudad de México, a 12 de mayo de 2017.

 

  • Entregan informe constatando que las políticas hídricas privilegian las actividades empresariales y extractivas por encima del bienestar social y la equidad.
  • Se documentaron y entregaron al Relator Especial 72 casos paradigmáticos de violaciones en el país.

 

En el marco de la visita del Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento (DHAyS), Léo Heller, organizaciones de la sociedad civil dieron a conocer el Informe sobre violaciones a los derechos humanos al agua potable y saneamiento en México[1], en donde se exponen las principales fallas de las políticas públicas implementadas por el Estado mexicano en esta materia.

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Las redes y organizaciones que impulsaron la participación en la visita son La Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA), el Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), la Alianza Mexicana contra el Fracking (AMCF), la Coordinadora Nacional Agua para tod@s Agua para la Vida (Agua para todxs), el Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC), la Red de Género y Medio Ambiente (RGEMA), la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDTT), el Movimiento Urbano Popular de la Convención Nacional Democrática, entre otras.

 

Una de las principales conclusiones del Informe es que en México prevalece un modelo de gestión del agua excluyente e insostenible que favorece a las actividades empresariales y extractivas por encima del bienestar social y la equidad. Las modificaciones en la legislación han desplazado la orientación social y facilitan la participación del sector privado en la explotación y distribución del bien común, sin inspección y sanción efectiva de las obligaciones de los actores privados.

 

El Informe presenta un breve resumen de las anomalías y violaciones a los DHAyS, algunas de las cuales ocurren en las ciudades donde se han otorgado concesiones de servicios a privados. Entre dichas anomalías se incluyen mala calidad del agua –que ocasiona que en entidades como Aguascalientes haya un 95% de consumo de agua embotellada-; aumentos excesivos de tarifas, ineficiencia en el servicio, nuevos conceptos de cobro, cortes injustificados de agua, extensiones de contrato sin consulta al usuario/a, acceso limitado al agua en zonas urbanas desfavorecidas, falta de transparencia, entre otras.

 

Un elemento relevante alerta sobre el hecho de que la reforma energética pone en riesgo la realización efectiva del derecho humano al agua potable en México, toda vez que a partir de la reforma constitucional en materia energética que promovió el gobierno federal en 2013 y sus leyes secundarias de 2014, las actividades de exploración y explotación del petróleo y demás hidrocarburos tienen ahora “preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas.” Estas actividades se encuentran complementadas por una amplia red de proyectos de infraestructura que en muchos de los casos se configuran a partir de la satisfacción de necesidades de la industria extractiva, no de las poblaciones.

 

Agrava lo anterior el hecho de que el ejercicio del derecho al agua en México se ve obstaculizado por la existencia de un modelo de inequidad en el acceso al agua y al saneamiento, en el que las personas y comunidades en situación de  vulnerabilidad son quienes tienen menor disponibilidad de este recurso.

 

En lo que se refiere a la calidad del agua de la que se dispone en el país, ésta no es la óptima, pues a pesar de que existe un ordenamiento que establece los límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización en México,[2] éste no sigue los estándares más favorables recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS)[3].

 

Las organizaciones documentaron y entregaron al Relator Especial una compilación de 72 casos paradigmáticos de violaciones a los derechos al agua potable y al saneamiento ocurridas en 17 entidades federativas. Asimismo, sostuvieron reuniones privadas con el Relator, donde se abordaron temáticas de especial preocupación como la contaminación de fuentes de agua, impactos de la privatización, desafíos legislativos y obstáculos para el acceso a la justicia.

Un elemento central que denunciaron las organizaciones al Relator fue la ausencia de procesos de monitoreo, inspección y sanción por parte del Comisión Nacional del Agua (Conagua) y sus 13 Organismos de Cuenca en el País; así como la falta de información oportuna y sistemática de parte del Estado mexicano a las comunidades, de estudios y la  situación de sus fuentes hídricas.

El Relator realizó recorridos de campo en los municipios de Filomeno Mata y Papantla, Veracruz; las delegaciones Iztapalapa y Xochimilco, en la Ciudad de México; así como Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas, Chiapas. En dichos lugares, el Relator pudo ver la precariedad de las condiciones de vida de la población del campo y la ciudad por la falta de cumplimiento de sus derechos al agua potable y al saneamiento. Asimismo, escuchó directamente a mujeres y hombres cuya vida cotidiana se ve trastocada por esta carencia, también pudo dialogar con organizaciones comunitarias, estatales y nacionales.

En este contexto, las organizaciones y redes hacemos un enérgico llamado a los tres poderes de todos los niveles de gobierno a que cumplan con sus obligaciones con respecto a los derechos humanos al agua y al saneamiento para asegurar la disponibilidad, accesibilidad física, asequibilidad, calidad, aceptabilidad, acceso sin discriminación, acceso a la información, y ejercicio de modo sostenible para las generaciones presentes y futuras.

 

Contacto: visita.relator.dhays@gmail.com; brendtzu27@yahoo.com.mx; ricardo_ruiz@cemda.org.mx

 

[1] http://www.comda.org.mx/informe-sobre-violaciones-a-los-derechos-humanos-al-agua-potable-y-al-saneamiento-en-mexico/

[2] Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, “Salud ambiental, agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización”.

[3] “Guías para la calidad del agua potable. Primer apéndice a la tercera edición. Volumen 1. Recomendaciones.”

Informe sobre violaciones a los Derechos Humanos al Agua Potable y al Saneamiento en México

El presente Informe sobre violaciones a los derechos humanos al agua potable y saneamiento en México es el resultado del esfuerzo que organizaciones de la sociedad civil, comunidades y colectivos han venido realizado desde hace más de diez años, con la intención de documentar las distintas formas en que el Estado mexicano viola dichos derechos a lo largo de todo nuestro país.

A lo largo de sus nueve apartados, se podrá encontrar información sobre el contexto nacional de disponibilidad y cobertura del agua potable y saneamiento, así como las distintas políticas y modelos de gestión del agua en México. De igual manera y como parte central de este documento, se aborda de forma detallada las distintas estrategias que el Estado mexicano ha implementado para impulsar políticas públicas que buscan la privatización del líquido, que en lugar de buscar la reducción de la desigualdad de su acceso, privilegia a empresas vinculadas a la industria extractiva y de megaproyectos. En este sentido, hemos dedicado una sección específica de los impactos que se han podido visibilizar a partir de la entrada en vigor de la reforma energética. De igual manera, este informe también muestra las distintas amenazas y riesgos que los defensores de derechos humanos, ambientales y comunidades enfrentan día con día en la defensa del agua y los bienes naturales de nuestro país.

Este documento ha sido elaborado con motivo de la visita de Léo Heller, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento a México en mayo de 2017. Esperamos que la información sea útil para su informe Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en septiembre de 2017.

 

Redes y comunidades que han animado este proceso:

La Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA), el Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), la Alianza mexicana contra el fracking (AMCF), la Coordinadora Nacional Agua para tod@s Agua para la Vida (Agua para todxs), el Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC), la Red de Género y Medio Ambiente (RGEMA), la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDTT), el Movimiento Urbano Popular de la Convención Nacional Democrática, entre otras.

El informe se puede descargar aquí.

* Versión actualizada 11 de mayo 2017.

Boletín: Reconocimiento a Aguas de Saltillo por cobro-pago promueve prácticas violatorias al derecho humano.

 

20 de octubre de 2015

 

Boletín

Reconocimiento a Aguas de Saltillo por cobro-pago promueve prácticas violatorias al derecho humano al agua

 

En días pasados, la Fundación Gonzalo Río Arronte otorgó a la empresa Aguas de Saltillo (AGSAL) un reconocimiento por las “Mejores Prácticas en cobro-pago del Agua”.

Por este medio, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua –COMDA-, manifiesta su solidaridad con la Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo AUAS, A.C., miembro de nuestra Coalición, por las siguientes objeciones a dicho reconocimiento:

  • La empresa paramunicipal Aguas de Saltillo ha informado a nivel local que el reconocimiento fue otorgado fue por “las Mejores Prácticas en el ciclo de producción y distribución del agua”, lo cual es diferente de las “Mejores Prácticas en cobro-pago del Agua”.

BAJAR BOLETIN COMPLETO EN PDF:

Boletín sobre Premio de Fundación GRA a AGSAL-comda

Boletín: “Ley Korenfeld” debe irse junto con él: OSC

9 de abril de 2015100_3407

Boletín conjunto: Freshwater Action Network (Fanmex), Greenpeace, COMDA, Agua para Todos, Alianza Mexicana Contra el Fracking

·      Iniciativa de Ley General de Aguas debe ser desechada para abrir debate a propuesta ciudadana; urge modelo que garantice el derecho humano al agua

·       Próximo titular de Conagua debe implementar modelo que garantice derecho humano al agua

México DF.- La renuncia del titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), David Korenfeld, por haber abusado de los recursos de todos los mexicanos no cambia la postura de las Organizaciones de la Sociedad Civil sobre la necesidad de exigir un verdadero cambio en el modelo de gestión de agua para que sea democrático y respetuoso de los ecosistemas, asegurando el  derecho humano al agua y al saneamiento en cumplimiento de la responsabilidad del Estado de promover, respetar , proteger y garantizar el acceso al líquido.  

Las circunstancias en las que salió Korenfeld de la Conagua deben ser investigadas y sancionadas conforme a la ley correspondiente y su sucesor deberá comprometerse con  los ciudadanos y  urgentemente implementar un modelo que garantice el derecho humano al agua y un manejo sostenible social, económica y ambientalmente.

El ahora ex director de la Conagua abanderaba el fortalecimiento de un modelo basado en la privatización de los servicios de agua potable y saneamiento, así como la construcción y la concesión de grandes y costosas obras de infraestructura hidráulica, para promover el trasvase de grandes volúmenes de agua y privilegiar el uso industrial por encima del derecho humano al líquido. Dicha intención estaba plasmada en la iniciativa de Ley General de Aguas (Ley Korenfeld) (1) dictaminada ilegalmente  en la Cámara de Diputados el pasado 5 de marzo y cuya votación fue pospuesta hasta que termine el periodo electoral, según informó hoy el presidente de la Comisión de Agua y Saneamiento, Kamel Athie.

En ese sentido, las OSC reiteran que este dictamen debe ser desechado. Tanto el dictamen aprobado como la Convocatoria Pública anunciada en días pasados rumbo al trabajo del proyecto de iniciativa de la “Ley Korenfeld”, convocada por la citada Comisión, son ilegales debido a que no se respetó en ninguno de los casos el reglamento interno del Congreso. La propuesta que debe ser discutida y dictaminada es la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas, la cual fue presentada en ambas Cámaras el 10 de febrero.

Las OSC no van a participar en ninguna discusión o consulta pública planteadas para engañar a la sociedad y para realizar cambios mínimos a una propuesta que debe ser desechada por completo por violar de forma significativa los preceptos básicos de derechos humanos al agua y al saneamiento. Las organizaciones exigen una ley general de aguas que verdaderamente responda al mandato constitucional de reglamentar el derecho humano al agua.

 

 Notas para el editor

 

(1) La iniciativa de Ley General de Aguas (Ley Korenfeld)  fue presentada por los diputados Kamel Athié Flores (PRI), José Antonio Rojo García de Alba (PRI), Sergio Augusto Chan Lugo (PAN) y Gerardo Gaudiano Rovirosa (PRD).

 

Para conocer la iniciativa ciudadana de ley general de aguas y sus principales propuestas entrar a:

iniciativa ciudadana completa  http://aguaparatodos.org.mx/la-iniciativa-ciudadana-de-ley-general-de-aguas/

 

Para conocer acceder a materiales multimedia, llegar a vínculos de interés y a la petición para desechar el dictamen ilegal de la Ley:www.aguasconelagua.mx

 

Contactos de prensa:

Miguel Soto Treviño, Greenpeace México: miguel.soto@greenpeace.org, 56879595 / 0445514853578

Freshwater Action Network /  nathalieseguin@fanmexico.net o whatsapp +525511288747

Brenda Rodríguez Herrera, COMDA: brendtzu27@yahoo.com.mx, Cel. 55 29 36 79 85

Boletín: Organizaciones exigen a legislador@s locales cumplir sus compromisos de participación ciudadana en la construcción de la Ley de Aguas del Distrito Federal

9 de abril de 2015

Ante la noticia que trascendió en medios de la semana pasada[1] sobre el exhorto del diputado  panista Christian Damián von Roehrich de la Isla,  secretario de la Comisión de Gestión Integral del Agua (CGIA) de la VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), para que esta comisión junto con la de Administración Pública Local dictamine en un plazo de cinco días la iniciativa de ley  presentada por el mismo diputado el año pasado,  la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA) expresa su preocupación ante la posibilidad de que avance cualquier proceso legislativo en materia de agua para el Distrito Federal sin mediar un proceso participativo acorde con los compromisos derivados del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (PDHDF) y de su Mecanismo de Seguimiento y Evaluación (MSyE).a1a36e82005aa9a807202f64995b7553_L

La iniciativa de Ley del diputado panista en comento[2] es una, de al menos seis iniciativas en materia de agua para el Distrito Federal sobre las que tuvimos conocimiento el año pasado en la Coalición (dos del PAN, dos del PRD, una del PVEM y una de Jefatura de Gobierno), y ante las cuales hicimos llegar al presidente de la Comisión de Gestión Integral del Agua, al propio secretario y demás diputadas y diputados  integrantes de la CGIA una serie de oficios (de fecha 30 de junio de 2014) en los que reiteramos a dicha Comisión el llamado a generar un proceso amplio de análisis y deliberación con sociedad civil, en condiciones y espacios adecuados y oportunos, previo a la toma de decisiones legislativas en materia de agua.

Fundamentamos ese llamado tanto en estrategias y líneas de acción del PDHDF, como en el acuerdo adoptado el 6 de junio de 2014 en la trigésima asamblea ordinaria del Comité de Seguimiento y Evaluación (CSyE) del MSyE del PDHDF -en el que tienen representación la propia ALDF, así como el GDF, el TSJDF, la CDHDF, las organizaciones de la sociedad civil y la Academia- por el que se hizo un llamado a la ALDF a impulsar un proceso que asegurara la efectiva participación de la sociedad civil en la toma de decisiones en materia de legislación y política pública relacionada con el agua.

Derivado del mencionado acuerdo del CSyE y de los trabajos metodológicos y de negociación desarrollados en el Espacio de Participación sobre el Derecho al Agua del mismo MSyE del PDHDF en el que tanto la COMDA como la CGIA participamos, la presidencia de la CGIA se había comprometido a emitir una convocatoria a más tardar el 10 de diciembre del 2014 a un proceso participativo de discusión de la iniciativa de Ley de Aguas y Sustentabilidad Hídrica presentada por la Jefatura de Gobierno, mismo que debía comenzar a finales de enero de 2015, pero la convocatoria nunca fue publicada.

En esta coyuntura, queremos recordar estos compromisos al Dip. Von Roehrich, a la CGIA y a la ALDF en su conjunto, así como su obligación por Ley de cumplir con el PDHDF que, entre otras cuestiones, les mandata:

  • Impulsar la armonización legislativa con la normatividad internacional en materia de derecho humano al agua y al saneamiento.
  • Establecer mecanismos de participación efectiva de las organizaciones civiles, sociales, comunitarias, de mujeres y representantes barriales y de colonias para el diseño, seguimiento, y evaluación de políticas y acciones en materia de agua y saneamiento, asegurando condiciones adecuadas de consulta e información oportuna, accesible y comprensible.
  • Proponer, respondiendo a la problemática y obstáculos reconocidos en el Diagnóstico y las estrategias y líneas de acción del PDHDF, una nueva Ley de Aguas para la ciudad de México e enfocada a garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento de la población y a asegurar la gestión sustentable, democrática y equitativa de los recursos hídricos.

La semana pasada el Dip. Godinez presidente de la CGIA expresó su preocupación por la dictaminación irregular de la Ley General de Aguas que tuvo lugar en la Cámara de Diputados el pasado 5 de marzo; hacemos un fuerte llamado a la ALDF a no repetir un proceso que no cuente con la voz y experiencia de diversos actores de la sociedad.

 

Urgimos a las y los legisladores locales a no dictaminar al vapor ninguna de las iniciativas presentadas en materia de agua, y tampoco a presentar dictamen alguno para su inmediata discusión y aprobación en el pleno, sin haber realizado antes un adecuado e indispensable proceso participativo en la materia.

Contacto: Brenda Rodríguez 044 55 29 36 79 85 brendtzu@hotmail.com

Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA), compuesta por:

Agua, Trabajo, Servicio y Vida A.C.

Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP)

Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL, A.C.)

Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo (AUAS, A.C.)

Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A.C.

Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A.C.

Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara (CESEM)

Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA)

Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento (COPEVI)

Colectivo Educación para la Paz y Derechos Humanos (CEPAZ DH)

Colectivo de Estudios Críticos en Derecho (RADAR)

Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con Alternativas (COMCAUSA A.C.)

Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP)

DECA Equipo Pueblo A.C.

Enlace Rural Regional A.C. (ERRAC)

Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC)

Food First Information and Action Network sección México (FIAN México)

Guardianes de los Volcanes A.C.

Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC)

Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)

Otros Mundos – Amigos de la Tierra

Red Género y Medio Ambiente (RGEMA)

Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC)

Sistema de Agua Potable de Tecámac, Estado de México, A.C.

Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ)

y como aliados internacionales: Food & Water Watch, Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL) y Proyecto Planeta Azul (Blue Planet Project)

 

[1] Ángel Bol