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Boletín: Reconocimiento a Aguas de Saltillo por cobro-pago promueve prácticas violatorias al derecho humano.

 

20 de octubre de 2015

 

Boletín

Reconocimiento a Aguas de Saltillo por cobro-pago promueve prácticas violatorias al derecho humano al agua

 

En días pasados, la Fundación Gonzalo Río Arronte otorgó a la empresa Aguas de Saltillo (AGSAL) un reconocimiento por las “Mejores Prácticas en cobro-pago del Agua”.

Por este medio, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua –COMDA-, manifiesta su solidaridad con la Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo AUAS, A.C., miembro de nuestra Coalición, por las siguientes objeciones a dicho reconocimiento:

  • La empresa paramunicipal Aguas de Saltillo ha informado a nivel local que el reconocimiento fue otorgado fue por “las Mejores Prácticas en el ciclo de producción y distribución del agua”, lo cual es diferente de las “Mejores Prácticas en cobro-pago del Agua”.

BAJAR BOLETIN COMPLETO EN PDF:

Boletín sobre Premio de Fundación GRA a AGSAL-comda

Boletín: “Ley Korenfeld” debe irse junto con él: OSC

9 de abril de 2015100_3407

Boletín conjunto: Freshwater Action Network (Fanmex), Greenpeace, COMDA, Agua para Todos, Alianza Mexicana Contra el Fracking

·      Iniciativa de Ley General de Aguas debe ser desechada para abrir debate a propuesta ciudadana; urge modelo que garantice el derecho humano al agua

·       Próximo titular de Conagua debe implementar modelo que garantice derecho humano al agua

México DF.- La renuncia del titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), David Korenfeld, por haber abusado de los recursos de todos los mexicanos no cambia la postura de las Organizaciones de la Sociedad Civil sobre la necesidad de exigir un verdadero cambio en el modelo de gestión de agua para que sea democrático y respetuoso de los ecosistemas, asegurando el  derecho humano al agua y al saneamiento en cumplimiento de la responsabilidad del Estado de promover, respetar , proteger y garantizar el acceso al líquido.  

Las circunstancias en las que salió Korenfeld de la Conagua deben ser investigadas y sancionadas conforme a la ley correspondiente y su sucesor deberá comprometerse con  los ciudadanos y  urgentemente implementar un modelo que garantice el derecho humano al agua y un manejo sostenible social, económica y ambientalmente.

El ahora ex director de la Conagua abanderaba el fortalecimiento de un modelo basado en la privatización de los servicios de agua potable y saneamiento, así como la construcción y la concesión de grandes y costosas obras de infraestructura hidráulica, para promover el trasvase de grandes volúmenes de agua y privilegiar el uso industrial por encima del derecho humano al líquido. Dicha intención estaba plasmada en la iniciativa de Ley General de Aguas (Ley Korenfeld) (1) dictaminada ilegalmente  en la Cámara de Diputados el pasado 5 de marzo y cuya votación fue pospuesta hasta que termine el periodo electoral, según informó hoy el presidente de la Comisión de Agua y Saneamiento, Kamel Athie.

En ese sentido, las OSC reiteran que este dictamen debe ser desechado. Tanto el dictamen aprobado como la Convocatoria Pública anunciada en días pasados rumbo al trabajo del proyecto de iniciativa de la “Ley Korenfeld”, convocada por la citada Comisión, son ilegales debido a que no se respetó en ninguno de los casos el reglamento interno del Congreso. La propuesta que debe ser discutida y dictaminada es la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas, la cual fue presentada en ambas Cámaras el 10 de febrero.

Las OSC no van a participar en ninguna discusión o consulta pública planteadas para engañar a la sociedad y para realizar cambios mínimos a una propuesta que debe ser desechada por completo por violar de forma significativa los preceptos básicos de derechos humanos al agua y al saneamiento. Las organizaciones exigen una ley general de aguas que verdaderamente responda al mandato constitucional de reglamentar el derecho humano al agua.

 

 Notas para el editor

 

(1) La iniciativa de Ley General de Aguas (Ley Korenfeld)  fue presentada por los diputados Kamel Athié Flores (PRI), José Antonio Rojo García de Alba (PRI), Sergio Augusto Chan Lugo (PAN) y Gerardo Gaudiano Rovirosa (PRD).

 

Para conocer la iniciativa ciudadana de ley general de aguas y sus principales propuestas entrar a:

iniciativa ciudadana completa  http://aguaparatodos.org.mx/la-iniciativa-ciudadana-de-ley-general-de-aguas/

 

Para conocer acceder a materiales multimedia, llegar a vínculos de interés y a la petición para desechar el dictamen ilegal de la Ley:www.aguasconelagua.mx

 

Contactos de prensa:

Miguel Soto Treviño, Greenpeace México: miguel.soto@greenpeace.org, 56879595 / 0445514853578

Freshwater Action Network /  nathalieseguin@fanmexico.net o whatsapp +525511288747

Brenda Rodríguez Herrera, COMDA: brendtzu27@yahoo.com.mx, Cel. 55 29 36 79 85

Boletín: Organizaciones exigen a legislador@s locales cumplir sus compromisos de participación ciudadana en la construcción de la Ley de Aguas del Distrito Federal

9 de abril de 2015

Ante la noticia que trascendió en medios de la semana pasada[1] sobre el exhorto del diputado  panista Christian Damián von Roehrich de la Isla,  secretario de la Comisión de Gestión Integral del Agua (CGIA) de la VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), para que esta comisión junto con la de Administración Pública Local dictamine en un plazo de cinco días la iniciativa de ley  presentada por el mismo diputado el año pasado,  la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA) expresa su preocupación ante la posibilidad de que avance cualquier proceso legislativo en materia de agua para el Distrito Federal sin mediar un proceso participativo acorde con los compromisos derivados del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (PDHDF) y de su Mecanismo de Seguimiento y Evaluación (MSyE).a1a36e82005aa9a807202f64995b7553_L

La iniciativa de Ley del diputado panista en comento[2] es una, de al menos seis iniciativas en materia de agua para el Distrito Federal sobre las que tuvimos conocimiento el año pasado en la Coalición (dos del PAN, dos del PRD, una del PVEM y una de Jefatura de Gobierno), y ante las cuales hicimos llegar al presidente de la Comisión de Gestión Integral del Agua, al propio secretario y demás diputadas y diputados  integrantes de la CGIA una serie de oficios (de fecha 30 de junio de 2014) en los que reiteramos a dicha Comisión el llamado a generar un proceso amplio de análisis y deliberación con sociedad civil, en condiciones y espacios adecuados y oportunos, previo a la toma de decisiones legislativas en materia de agua.

Fundamentamos ese llamado tanto en estrategias y líneas de acción del PDHDF, como en el acuerdo adoptado el 6 de junio de 2014 en la trigésima asamblea ordinaria del Comité de Seguimiento y Evaluación (CSyE) del MSyE del PDHDF -en el que tienen representación la propia ALDF, así como el GDF, el TSJDF, la CDHDF, las organizaciones de la sociedad civil y la Academia- por el que se hizo un llamado a la ALDF a impulsar un proceso que asegurara la efectiva participación de la sociedad civil en la toma de decisiones en materia de legislación y política pública relacionada con el agua.

Derivado del mencionado acuerdo del CSyE y de los trabajos metodológicos y de negociación desarrollados en el Espacio de Participación sobre el Derecho al Agua del mismo MSyE del PDHDF en el que tanto la COMDA como la CGIA participamos, la presidencia de la CGIA se había comprometido a emitir una convocatoria a más tardar el 10 de diciembre del 2014 a un proceso participativo de discusión de la iniciativa de Ley de Aguas y Sustentabilidad Hídrica presentada por la Jefatura de Gobierno, mismo que debía comenzar a finales de enero de 2015, pero la convocatoria nunca fue publicada.

En esta coyuntura, queremos recordar estos compromisos al Dip. Von Roehrich, a la CGIA y a la ALDF en su conjunto, así como su obligación por Ley de cumplir con el PDHDF que, entre otras cuestiones, les mandata:

  • Impulsar la armonización legislativa con la normatividad internacional en materia de derecho humano al agua y al saneamiento.
  • Establecer mecanismos de participación efectiva de las organizaciones civiles, sociales, comunitarias, de mujeres y representantes barriales y de colonias para el diseño, seguimiento, y evaluación de políticas y acciones en materia de agua y saneamiento, asegurando condiciones adecuadas de consulta e información oportuna, accesible y comprensible.
  • Proponer, respondiendo a la problemática y obstáculos reconocidos en el Diagnóstico y las estrategias y líneas de acción del PDHDF, una nueva Ley de Aguas para la ciudad de México e enfocada a garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento de la población y a asegurar la gestión sustentable, democrática y equitativa de los recursos hídricos.

La semana pasada el Dip. Godinez presidente de la CGIA expresó su preocupación por la dictaminación irregular de la Ley General de Aguas que tuvo lugar en la Cámara de Diputados el pasado 5 de marzo; hacemos un fuerte llamado a la ALDF a no repetir un proceso que no cuente con la voz y experiencia de diversos actores de la sociedad.

 

Urgimos a las y los legisladores locales a no dictaminar al vapor ninguna de las iniciativas presentadas en materia de agua, y tampoco a presentar dictamen alguno para su inmediata discusión y aprobación en el pleno, sin haber realizado antes un adecuado e indispensable proceso participativo en la materia.

Contacto: Brenda Rodríguez 044 55 29 36 79 85 brendtzu@hotmail.com

Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA), compuesta por:

Agua, Trabajo, Servicio y Vida A.C.

Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP)

Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL, A.C.)

Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo (AUAS, A.C.)

Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A.C.

Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A.C.

Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara (CESEM)

Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA)

Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento (COPEVI)

Colectivo Educación para la Paz y Derechos Humanos (CEPAZ DH)

Colectivo de Estudios Críticos en Derecho (RADAR)

Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con Alternativas (COMCAUSA A.C.)

Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP)

DECA Equipo Pueblo A.C.

Enlace Rural Regional A.C. (ERRAC)

Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC)

Food First Information and Action Network sección México (FIAN México)

Guardianes de los Volcanes A.C.

Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC)

Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)

Otros Mundos – Amigos de la Tierra

Red Género y Medio Ambiente (RGEMA)

Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC)

Sistema de Agua Potable de Tecámac, Estado de México, A.C.

Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ)

y como aliados internacionales: Food & Water Watch, Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL) y Proyecto Planeta Azul (Blue Planet Project)

 

[1] Ángel Bolaños Sánchez y Bertha Teresa Ramírez. “Instan a dictaminar sobre la descentralización del Sacmex”. Periódico La Jornada, jueves 2 de abril de 2015, p. 29.

[2] Publicada en la Gaceta Parlamentaria N° 137 de fecha 3 de abril de 2014.

Decenas de miles de voces repudian la Ley General de Aguas dictaminada por Diputad@s y exigen un cambio en el manejo del agua en México

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  • Más de 90 mil personas en todo el país exigen a través de una petición en Avaaz desechar el dictamen aprobado en comisiones de la cámara de diputados.

  • Organizaciones destacan que el contenido es contrario al derecho humano al agua y al saneamiento y no permite lograr un manejo sustentable y equitativo como lo solicita la constitución.

  • Exige la sociedad civil organizada que el gobierno cumpla sus compromisos internacionales y constitucionales en materia de Derechos humanos.

CAMAPANAEl dictamen de la Ley General de Aguas (LGA) de la Cámara de Diputados del pasado 5 de marzo de 2015, resulta revelador sobre el desconocimiento que tienen los diputad@s promoventes y las Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento y de Recursos Hidráulicos que la dictaminaron sobre los estándares internacionales del derecho humano al agua y al saneamiento que dicen haber considerado. Como organizaciones defensoras de estos derechos cuestionamos que se promueva una ley que no responde al mandato derivado de la reforma al Art. 4° de la Constitución:

Toda persona tiene derecho de acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho. El Estado garantizará el este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.”

La ley reglamentaria que tiene que emitir el Congreso de la Unión debería desarrollar el contenido y alcance del derecho humano al agua y al saneamiento y asegurar los factores indispensables para su realización: disponibilidad, calidad, aceptabilidad, accesibilidad física, asequibilidad, acceso sin discriminación, acceso a la información, y ejercicio de modo sostenible para las generaciones presentes y futuras. Asimismo, la ley debería definir el diseño institucional más apropiado para los fines del artículo 4°, y hacerlo en concordancia con las obligaciones que tienen todas las autoridades del Estado de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos, así como de prevenir, sancionar y reparar sus violaciones. Lejos de ello, la iniciativa de LGA dictaminada restringe derechos humanos a través de disposiciones que resultan tanto inconstitucionales como inconvencionales. Anteriormente, hemos destacado el aberrante contenido que garantiza el derecho a los asentamientos y no a las personas (art 49), así como el que da la característica de “utilidad pública” a los trasvases y otros elementos preocupantes de la ley1. Para profundizar el análisis destacaremos otras preocupaciones del contenido.

En la iniciativa, el factor indispensable de calidad no se encuentra bien definido. El artículo 10 menciona “salubre” (fracción XLIII) como la calidad del agua para consumo personal y doméstico que “en términos de la normatividad aplicable” impide efectos nocivos para la salud, cuando la Observación General 15 del comité del Pacto internacional de los Derechos Economicos y sociales (OG15) establece que “no ha de contener microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas”. Es sabido que en nuestro país la normatividad no está actualizada ni incluye los parámetros necesarios para medir todas las sustancias orgánicas e inorgánicas presentes en el agua que pueden provocar daños a la salud más allá de enfermedades diarreicas. Lo mismo pasa cuando se define “contaminación” (fracción XX), como la “incorporación al agua de elementos físicos, químicos o biológicos en concentraciones superiores a las permisibles conforme a las normas oficiales mexicanas relativas a la calidad del agua”.

Con respecto al factor de asequibilidad, sobre el cual la OG 15 establece que tanto “el agua como los servicios e instalaciones de agua deben estar al alcance de todas las personas. Los costos y cargos directos e indirectos asociados con el abastecimiento de agua deben ser asequibles y no deben comprometer ni poner en peligro el ejercicio de otros derechos”, la iniciativa de ley se refiere a asequible solamente como “características de costos y cargos directos e indirectos asociados al agua para consumo personal y doméstico, así como las relativas a la infraestructura hidráulica y los servicios relacionados” (artículo 10 fracción XI). Esta definición no aborda el corazón y sentido de este factor, el no comprometer, impedir, poner en riesgo el ejercicio de otros derechos humanos, es decir, que las personas no se vean limitadas o impedidas a ejercer plenamente su derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, a la vivienda adecuada, entre otros, por un oneroso cobro de los servicios de agua potable y saneamiento.

Por otra parte, en el tema de tarifas, no se contempla el factor de asequibilidad y abiertamente establece como central la sustentabilidad financiera. El art 236 estipula que “la política tarifaria podrá: […] VII. Considerar la capacidad de pago de los usuarios de los servicios de agua”. Lo cual lo deja como una opción y no como la obligación que le corresponde. En el artículo 81 contempla la participación de los sectores “social y privado” en la prestación de los servicios públicos, señalando que podrán incidir en sus diversos elementos, tales como extracción, captación, conducción, potabilización, distribución, suministro, tratamiento, recolección, disposición, desalojo, medición, , así como “determinación, facturación y cobro de tarifas.” El folleto 35 de la OACNUDH, la OMS y ONU-Hábitat sobre derecho al agua reconoce que las empresas pueden menoscabar el disfrute de los derechos humanos, “por ejemplo a través de la contaminación, la sobreexplotación o la apropiación de los recursos hídricos que las comunidades necesitan para beber. Cuando la gestión de los servicios de abastecimiento de agua corre a cargo del sector privado, puede haber preocupaciones en relación con la posibilidad de cortes arbitrarios e ilegales, la asequibilidad de los servicios de agua y saneamiento y la prestación de esos servicios a los grupos vulnerables y marginados.”

Finalmente, aunque el art 62 establece el acceso a la información, otro de los factores indispensables para la realización del derecho al agua y al saneamiento, falta procesos que puedan garantizar el acceso efectivo y transparente de las poblaciones afectadas. Ya que de acuerdo con la OG 15 “comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua”. Esto último no sólo no es promovido por la iniciativa dictaminada, sino que se ve gravemente restringido con disposiciones como las del artículo 262 fracción XXVI que ya ha sido cuestionado por miembros del sector académico y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS) debido a que señala que Conagua sancionará una serie de “conductas”, entre ellas, “realizar obras de exploración, estudio, monitoreo, reinyección y remediación sin contar con el permiso correspondiente”.

Por todo esto y más, en el Día Mundial del Agua 2015, las organizaciones y redes que suscribimos este documento, sumamos nuestras voces a las de muchas otras que desde diferentes lugares del país exigimos una gestión del agua diferente, centrada en las personas y ecosistemas, las comunidades y sus derechos humanos. Demandamos un modelo que respete, promueva y garantice los derechos al agua y al saneamiento, que sea participativo, sin discriminación y sustentable, un modelo para la vida presente y futura.

Contacto: COMDA. Brenda Rodríguez 044 55 29 36 79 85 brendtzu@hotmail.com

FANMex Nathalie Seguin nathalieseguin@fanmexico.net o whatsapp +52 55 11 28 87 47

1 Boletín de prensa 9 de marzo 2015 http://www.comda.org.mx/organizaciones-y-mas-de-5-mil-personas-demandan-desechar-la-iniciativa-de-ley-general-de-aguas-aprobada-el-5-marzo-en-comisiones/

Organizaciones latinoamericanas de la sociedad civil se declaran contra el fracking

miércoles, 10 de diciembre de 2014


OPSUR

El desarrollo de la fracturación hidráulica (fracking) tendrá desastrosas consecuencias para el medio ambiente y la población de América Latina y agravará el cambio climático por lo que no debe ser permitida

– En el marco de la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP20) y de la Cumbre de los Pueblos en Lima, organizaciones de la sociedad civil latinoamericanas alertamos sobre los impactos irreversibles que tendrá la explotación de hidrocarburos no convencionales a través del fracking en los territorios y poblaciones de la región.

– Hacemos un llamado urgente para que los gobiernos latinoamericanos impidan el desarrollo de esta actividad en sus territorios y demuestren así su compromiso con la protección del medio ambiente, la garantía de los derechos humanos, la lucha contra el cambio climático y la sostenibilidad energética de la región.

– Existen alternativas energéticas sustentables, más baratas y eficientes que, asegurando el pleno respeto de los derechos humanos, deben ser fomentadas e impulsadas por los Estados para asegurar la sostenibilidad energética y la lucha contra el cambio climático.

Según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés) se estima que diversos países de América Latina cuentan con recursos prospectivos de hidrocarburos de lutitas (shale) en sus territorios.(1) Es el caso de Argentina, México, Venezuela, Brasil, Colombia, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Chile en los que el desarrollo de la técnica de la fracturación hidráulica o fracking para extraer gas y petróleo se encuentra en diversas fases. Por ejemplo, en Argentina ha habido un mayor desarrollo de proyectos de este tipo. Mientras otros países como México, Colombia, Bolivia, Uruguay y Brasil se encuentran en fase prospectiva o exploratoria, y pretenden desarrollar ampliamente esta técnica en los próximos años.

La técnica de la fractura hidráulica consiste en la inyección en el subsuelo de una mezcla de agua, arena y productos químicos a presiones tales que permitan la ruptura de las rocas de lutitas, en cuyos poros se encuentran atrapados el gas y el petróleo. Para ello, primero es necesario realizar una perforación vertical hasta alcanzar la profundidad a la que se encuentran estas formaciones geológicas (entre uno y cinco kilómetros) y luego una serie de perforaciones horizontales de 1 a hasta 16 km de extensión según la formación geológica.

El uso de la fracturación hidráulica provocará, y ya se encuentra provocando como se ha demostrado en Estados Unidos y Argentina, fuertes impactos sobre al ambiente, la salud y calidad de vida de la población,(2) ya sumamente castigados. Debido a su gran complejidad y condición experimental,(3) esta actividad implica una serie de daños en su mayoría inevitables e irreversibles, como son:

– Uso intensivo y contaminación del agua. La fracturación de un solo pozo requiere entre 9 y 29 millones de litros de agua que quedan completamente inservibles para otros usos. Esto se debe a los 300.000 litros de químicos que se le añaden para la fracturación y por los metales pesados y radioactivos presentes en el subsuelo. Este líquido se puede filtrar a los flujos de agua subterránea y superficial contaminándola, dejando a las poblaciones sin agua potable.(4) Por lo tanto, el uso de esta técnica viene a sumarse a las amenazas e impactos del cambio climático sobre el agua.

– Supone graves afectaciones a la salud.(5) Estudios científicos realizados en Estados Unidos muestran que 75% de los químicos utilizados en el líquido de perforación afecta directamente la piel, ojos, sistema respiratorio y gastrointestinal; 40-50% afecta al sistema nervioso, inmunológico, cardiovascular y los riñones; mientras que 37% afecta el sistema endocrino y 25% provoca cáncer y mutaciones.(6) Además, los efectos sinérgicos de los químicos empleados son totalmente desconocidos, por las propias empresas proveedoras.(7)

– Genera impactos de cambio climático. Pese a lo que las empresas petroleras y algunos gobiernos de la región están señalando, la explotación del gas mediante fracking no es una opción para la lucha contra el cambio climático. En estos proyectos, hasta 8% de la producción de gas natural (metano) se escapa directamente a la atmósfera con un potencial de calentamiento 25 veces superior al dióxido de carbono. Debido a ello, en 20 años el impacto sobre el cambio climático de la generación eléctrica a través del gas extraído por fracking superaría en 20% el del carbón.(8)

– La reinyección de las aguas residuales del fracking en el subsuelo en “pozos letrina” está directamente vinculada con la inestabilidad sísmica y generación de sismos, que han llegado a alcanzar 5.7° de magnitud. Esto es sumamente grave, ya que pone en riesgo a la población y la infraestructura de las regiones donde tienen lugar.(9) Además, se ha logrado comprobar que esta inyección ha provocado la contaminación de acuíferos enteros en California.(10)

– Todas estas afectaciones e impactos suponen violaciones a los derechos humanos, derechos que los Estados latinoamericanos tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar, así como de prevenir sus violaciones. Entre otros, vulneran la garantía del derecho humano al agua y al saneamiento, a un medio ambiente sano, a la vida y a la salud, a la alimentación, a la vivienda, de los derechos laborales y otros derechos económicos, sociales y culturales, así como de los derechos civiles y políticos, como el derecho de acceso a la información, al consentimiento previo, libre e informado, y a la participación.

– Las economías y medios de vida de los pueblos de Latinoamérica sufren o podrían verse afectados por la contaminación de los acuíferos subterráneos y aguas superficiales, en las cercanías de las operaciones de fracking, afectando la sanidad de los productos agrícolas y ganaderos, y conllevando grandes pérdidas y daños para las comunidades.

– Por último, la explotación de hidrocarburos a través del fracking no es una opción energética sustentable. Las altas tasas de declinación en la producción de los pozos (entre 29 y 52% anual), la escasa recuperación de los hidrocarburos presentes en los yacimientos (de entre el 4.7 y 10%), y los altos costos que conlleva esta tecnología, la hacen inviable para la generación de energéticos en el mediano y largo plazo.(11)

Nuestras demandas y exigencias

Por todas estas razones, las organizaciones firmantes exigimos a nuestros gobiernos de los países latinoamericanos:

– Que impidan el uso de la fracturación hidráulica en sus territorios en aplicación del principio y obligación estatal de precaución, y aseguren la protección de los recursos hídricos y de la salud de las personas.

– Demandamos a nuestros Estados la generación y divulgación de información exhaustiva, verídica e imparcial sobre las características de los procesos, volúmenes y origen de agua usada y sustancias empleadas en el fracking, y sus impactos en las personas y el ambiente con un horizonte de largo plazo, a fin de garantizar los derechos de las generaciones presentes y futuras.

– Resaltamos que las poblaciones y gobiernos locales tienen el pleno derecho de negar actividades de fracking que puedan afectar sus entornos.

– Demandamos a nuestros Estados la implementación de políticas públicas que permitan la transición energética hacia fuentes de energía verdaderamente sustentables y renovables, en pleno respeto a los derechos humanos, que aseguren la provisión energética futura y la mitigación del cambio climático.

– Instamos a los Estados que garanticen que las políticas energéticas de la región respeten los derechos humanos, aseguren la protección ambiental y social, y contribuyan a la lucha contra el cambio climático.

– Demandamos que sean atendidos los reclamos, las acciones legales y las denuncias de las comunidades que protegen la vida y los territorios libres de petróleo, carbón y gas.

– Demandamos que las delegaciones de los Estados ante la COP y las corporaciones impulsen reducciones radicales en la exploración, explotación y uso de combustibles fósiles.

Manifiesto en solidaridad con el pueblo mexicano

El caso de México es especialmente representativo de las estrategias que están siguiendo algunos gobiernos de la región para imponer este tipo de proyectos a poblaciones que defienden sus derechos fundamentales ante esta impactante actividad. La situación de violencia estructural en este país promovida por el propio Estado que desembocó en la desaparición de 43 estudiantes en Iguala (Guerrero), la criminalización de la protesta social y de las y los defensores de derechos humanos, y la creación de fuerzas de seguridad para la protección de las inversiones son ejemplos de ello. Hechos que se están dando a la vez que se trata de implementar una reforma energética que le apuesta al desarrollo de la fracturación hidráulica, por encima de los derechos de la población.

Ante esta situación, nos solidarizamos con el pueblo mexicano y hacemos un llamado específico al Estado de este país para que establezca las medidas necesarias para atender la situación de violencia estructural y criminalización de la protesta social existente en el país. Para ello, exigimos que se esclarezcan los hechos ocurridos en relación a la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y el paradero de los otros 22,000 hombres y mujeres desaparecidos en el país, la liberación de las y los presos detenidos arbitrariamente en la exigencia de sus derechos y la puesta en marcha de reformas de fondo que garanticen que estas y otras violaciones de los derechos humanos no se vuelvan a repetir.

Para sumarse a este posicionamiento, escribir a aroa@fundar.org.mx

Organizaciones firmantes:
– Asamblea de Concejales de la Cuenca de Claromecó (Argentina)
– Asamblea de Integración por Territorios Libres de Fracking (Argentina)
– Ecologistas en Acción de Asturias (España)
– Ecoa (Brasil)
– Unión de Asambleas Patagónicas (Argentina)
– Centro Nacional de Comunicación Social, CENCOS (México)
– Chihuahua vs Fracking (México)
– Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, COMDA (México)
– Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con Alternativas, Comcausa (México)
– Consejo Ecológico de Participación Ciudadana de Coahuila Región Carbonífera, CEPACI (México)
– Encuentro Ciudadano Lagunero (México)
– Grupo de Financiamiento Climático de América Latina y el Caribe, GFLAC
– Liga de Defensa del Medio Ambiente, LIDEMA (Bolivia)
– Comité Dinamizador Ambiental, Campesino e Indígena del Suroriente del Tolima, Corporación Reiniciar, Seccional Tolima (Colombia)
– Comunicación y Educación Ambiental (México)
– Alianza Mexicana contra el Fracking (México)
– Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables, FUNDEPS (Argentina)
– Associação de Proteção ao Meio Ambiente de Cianorte, APROMAC (Brasil)
– Associação de Defesa do Meio Ambiente de Araucária, AMAR (Brasil)
– Consejo Tiyat Tlali (México)
– Conservación Humana (México)
– DECA Equipo Pueblo (México)
– El Barzón Chihuahua (México)
– El Barzón Nacional (México)
– El Poder del Consumidor (México)
– Associação de Saúde Ambiental, TOXISPHERA (Brasil)
– Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos, FOCO (Argentina)
– 132 Ambiental (México)
– Amigos del Río San Rodrigo (México)
– Asociación de Usuarios de Aguas de Saltillo, AUAS (México)
– Asociación Humanitaria Internacional Gilberto Bosques
– Blue Planet Project (Canadá)
– Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. (México)
– Centro de Investigación y Capacitación Rural, CEDICAR (México)
– Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Espacio DESC (México)
– Food and Water Watch (Estados Unidos)
– Frente Amplio Ambientalista (México)
– Fundar Centro de Análisis e Investigación (México)
– Greenpeace México
– Grupo de Estudios Ambientales, GEA (México)
– Guardianes de los Volcanes (México)
– Censat Agua Viva-Amigos de la Tierra (Colombia)
– Proyecto Gramalote (Colombia)
– Asociación Ambiente y Sociedad (Colombia)
– Hij@s de la Tierra (México)
– La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, LAVIDA (México)
– Medio Ambiente y Sociedad (México)
– Organización Mexicana para la Conservación del medio Ambiente, OMCA (México)
– Oxfam México
– PODER (México)
– Radio Huayacocotla, de Fomento Cultural y Educativo (México)
– Freshwater Action Network Mexico
– Red Unidos por los Derechos Humanos, RUDH (México)
– Earthworks (Estados Unidos)
– Razonatura (México)
– Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo, FOBOMADE (Bolivia)
– Observatorio Petrolero Sur, OPSur (Argentina)
– Comité de Defensa del Medio Ambiente de Cochabamba, CODAC (Bolivia)
– Fundación Jubileo de Bolivia
– Yo Soy 132 Los Ángeles (Estados Unidos)
– OilWatch Latinoamérica
– Centro de Estudios y Proyectos, CEP (Bolivia)
– Yo Soy 132 Madrid (España)
– Fundacion Gaiapacha (Bolivia)
– Yo Soy 132 Internacional
– Associação Brasileira de Fomento às Pequenas Centrais Hidrelétricas, ABRAPCH (Brasil)
– Red Peruana por una Globalización con Equidad – Red GE (Perú)
– Centro de Documentación e Información Bolivia, CEDIB (Bolivia)
– Coordinación de ONG y Cooperativas, CONGCOOP (Guatemala)
– Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA (Regional)
– Ecologistas en Acción (España)

Notas:
1) http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/pdf/fullreport.pdf
2) Cfr. R. Ochandio, P. Bertinat et al, 20 Mitos y Realidades del Fracking, Ed. El Colectivo, Buenos Aires, 2014
3) Cfr. Eduardo D’Elia et al, 20 Mitos y Realidades del Fracking, Ed. El Colectivo, Buenos Aires, 2014
4) http://www.foodandwaterwatch.org/reports/fracking-the-new-global-water-crisis-europe/
5) http://cce.cornell.edu/EnergyClimateChange/NaturalGasDev/Documents/PDFs/fracking%20chemicals%20from%20a%20public%20health%20perspective.pdfhttp
6) http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=18376
7) http://asamblea-ambiental.blogspot.com.ar/2014/09/dos-improvisado-asesoran-la-comision-de.html
8) http://www.eeb.cornell.edu/howarth/Howarth%20et%20al%20%202011.pdf.
9) http://concernedhealthny.org/wp-content/uploads/2014/07/CHPNY-Fracking-Compendium.pdf
10) http://www.biologicaldiversity.org/news/press_releases/2014/fracking-10-06-2014.html
11) http://www.postcarbon.org/reports/Perfora%20Chico%20Perfora_FINAL

http://www.argenpress.info/2014/12/organizaciones-latinoamericanas-de-la.html

 

Organizaciones civiles y sociales exigen información clara sobre cambios en la participación de la iniciativa privada en el servicio de agua en la Ciudad de México.

BOLETÍN DE PRENSA
 

México D.F., a 23 de abril de 2014

Organizaciones civiles y sociales exigen información clara sobre cambios en la participación de la iniciativa privada en el servicio de agua en la Ciudad de México.

 Proponen un debate público sobre el modelo de gestión del agua en el DF

  • Exigen priorizar el derecho humano al agua para  el consumo personal y doméstico
  • Cuestionan la eficiencia y la viabilidad de las empresas privadas en la solución de los problemas de acceso desigual al agua

 En las semanas recientes, ha habido diversos anuncios por parte del Gobierno del Distrito Federal acerca de cambios previstos para la gestión del agua en el DF. La información publicada ha sido vaga pues no se proporcionan los contenidos precisos  acerca de las propuestas. Se habla de un gabinete del agua, de un plan[1] y de una nueva ley, pero al solicitar mayor información al respecto la respuesta ha sido “se tienen propuestas a nivel general, apenas se estructuran los proyectos a detalle”.[2]

 En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal nos informan que la iniciativa de Ley de Agua y Sustentabilidad Hídrica aún no se ha presentado, por lo que no tenemos acceso a su contenido. Sin embargo, las declaraciones gubernamentales en los medios de comunicación  establecen que se hará una licitación abierta, con contratos de duración de 15 años y se elabora un nuevo esquema donde las empresas cobrarán por metro cúbico de agua recuperado[3].

 

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Boletín.- ASESINAN A INTEGRANTE DEL MAPDER DURANTE EL FESTEJO DEL X ANIVERSARIO

 

 

ASESINAN A INTEGRANTE DEL MAPDER DURANTE

 EL FESTEJO DEL X ANIVERSARIO

  Amatlán de los Reyes, Veracruz, 2 de agosto de 2013.

El Movimiento Mexicano de Afectadas y Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) denuncia a la opinión pública nacional e internacional el asesinato del compañero Noé Vázquez Ortiz del Colectivo Defensa Verde Naturaleza para Siempre y miembro del MAPDER.

Noé fue asesinado a pedradas esta mañana por dos presuntos pobladores locales mientras preparaba la ceremonia que ofrecería como inicio a la inauguración del X Aniversario del MAPDER, en Amatlán de los Reyes, Veracruz, a donde han arribado cientos de delegados y delegadas de todo el país. Mientras el Ministerio Público se negaba a recibir declaraciones de la denuncia de los familiares, policías estatales llegaron a la plaza donde se lleva a cabo el X Aniversario del Mapder.

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¿Nuevas tendencias en la política nacional en materia de agua?

 


¿Nuevas tendencias en la política nacional en materia de agua?*

Claudia Campero[1]

Maria Silvia Emanuelli[2]

 En ocasión de la celebración del día mundial del agua el Presidente Peña Nieto presentó las líneas de acción de la política nacional en la materia. En su discurso es notable la ausencia de referencias explícitas al agua y al saneamiento como un derecho humano según establece el artículo 4º Constitución desde febrero de 2012. En su lugar, el mandatario define al agua como un bien único (cuidado: no público) y vital. Frente a este “olvido” no deben perderse de vista los alcances de la reforma que debiera guiar las políticas públicas considerando que implica obligaciones para todas las autoridades, sin excepción.

Hablar del agua como un derecho humano significa que todas las personas sin discriminación tengan acceso a una cantidad de agua potable para uso personal y doméstico a un precio que no ponga en riesgo su economía. Este uso debería ser prioritario sobre todos los demás (uso industrial, minero, agrícola de gran escala, etc.). Además, considerando la interdependencia entre derechos, también debería articularse necesariamente con el derecho a un medio ambiente sano y no implicar violación de otros derechos humanos. Somos parte de la naturaleza y no lo podemos seguir olvidando pero parece que ello no ha permeado en el discurso oficial.

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Exigen una gestión sustentable y equitativa que garanticen el derecho al agua.

 

Exigen una gestión sustentable y equitativa que garanticen el derecho al agua.

Difusión México D.F., 21 de marzo de 2013

Boletín de prensa
COMDA / CDHDF

  • Se pronuncian por una gestión sustentable y equitativa de los recursos que condicionan el derecho al agua.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA) hacen un llamado a proteger el derecho humano al agua en la ciudad.

Las personas que habitan y transitan por la ciudad de México, en particular aquellas residentes de zonas con elevados niveles de marginalidad y exclusión, ven afectados uno o varios componentes del derecho al agua y al saneamiento.

Igualmente persiste deficiencia de los mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad de este derecho.

En ese sentido, es urgente trabajar en un modelo de gestión sustentable del agua que se fundamente en las dinámicas poblacionales de la ciudad; que reconozca y atienda de manera urgente a aquellas personas que ven afectado este derecho debido a procesos que profundizan desigualdades en la cantidad, calidad, costo y frecuencia en el suministro del líquido.

La CDHDF y COMDA han apuntado acciones urgentes para garantizar de manera plena y universal el derecho al agua, como frenar la sobreexplotación; lograr su distribución equitativa; garantizar tarifas justas y eliminar cobros indebidos.

Así como conocer el estado ambiental de la cuenca y garantizar la calidad del líquido desde las plantas potabilizadoras hasta el consumo final; y que el agua sea realmente inocua, considerando el consumo prolongado y las distintas necesidades y sensibilidades en las diferentes etapas de la vida.

Además, garantizar una infraestructura y mecanismos adecuados para su saneamiento; armonizar los marcos normativos locales con la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos de 2011 y la del Artículo 4 Constitucional en materia de derecho al agua; promover una cultura de este derecho entre la ciudadanía, el sector empresarial y en la función pública y garantizar información veraz, confiable y actualizada en relación al agua como recurso en la ciudad.

Por su parte, el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (PDHDF), en su Capítulo 14, destaca acciones que también permitirían la garantía de este derecho.

Para la CDHDF y COMDA, la garantía del derecho al agua se enfrenta a las tensiones producidas entre los modelos de desarrollo urbano, las políticas de vivienda y la protección de zonas de conservación.

La importación de agua a la ciudad y la tendencia a excavaciones más profundas para extracción del líquido ponen en riesgo su disponibilidad, accesibilidad y calidad, dada la dependencia con fuentes externas, los sobrecostos de infraestructura y la exposición a minerales que podrían resultar nocivos para la salud.

Es necesario reconocer que el consumo del agua trasciende el ámbito privado del hogar, de tal forma que se deben involucrar empresas de diversos sectores para la gestión sustentable.

Asimismo, es urgente considerar la interdependencia de este derecho con los derechos a la salud, la alimentación y el medio ambiente.

Existen en la ciudad experiencias ciudadanas de gestión social del agua, de potabilización, cosecha de agua de lluvia, de uso de filtros, de reutilización del líquido, y detección de fugas, entre otras.

Estas experiencias indican que hay conocimientos y prácticas que inciden de manera favorable en la gestión sustentable y comunitaria del líquido. Estas acciones constituyen un llamado para considerar a la ciudadanía en las políticas de agua en la ciudad.

Por lo anterior, la CDHDF y COMDA hacen un llamado al cumplimiento del derecho al agua a partir del marco normativo, en el contexto de las exigencias y experiencias ciudadanas en la materia.

Más información sobre el Derecho al Agua

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

 

Elementos que debe incluir la Ley General de Aguas que deberá ser publicada en febrero próximo

Difusión Cencos México D.F., 30 de enero de 2013

Boletín de Prensa
Comda

Como es sabido, a partir de la adición al art. 4° constitucional mediante decreto publicado en D.O.F. del 8 de febrero de 2012, se elevó a ese rango el derecho humano al agua y al saneamiento en México, quedando establecido que: “Toda persona tiene derecho de acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho. El Estado garantizará el este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”. En el mismo decreto publicado se mandató al Congreso de la Unión a emitir una Ley General de Aguas en un plazo de 360 días, lo que implicaría que para febrero de 2013 se debería contar con una nueva ley.

El reconocimiento de formal del derecho humano al agua y al saneamientotanto en los instrumentos internacionales como en las legislaciones nacionales en América Latina, ha sido sin  sin duda un logro del movimiento internacional en defensa del agua en el que confluyen diversas organizaciones civiles, sociales, redes y activistas de diferentes países, cuya aspiración va más allá de la sola constitucionalización del derecho, ya que a todas luces resulta insuficiente si no se traduce en cambios profundos en las leyes, los modelos de gestión, las políticas públicas, y sobre todo en la vida cotidiana de los pueblos y en la forma en que los seres humanos nos relacionamos con el agua y con la naturaleza.  Bajo esta perspectiva, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA)[1] fue, junto con otros actores, fuerte impulsora de la  constitucionalización del derecho al agua, y aboga desde entonces por  la consecuente armonización legislativa. La COMDA ha planteado que la nueva ley debe formularse con la participación amplia y decisiva de la población, recoger sus aspiraciones y propuestas y por supuesto elaborarse a la luz del derecho humano al agua y al saneamiento incorporado en la Constitución para darle cumplimiento.

Durante el año pasado la COMDA impulsó esta discusión  con diversos actores y en diferentes espacios,  y este año continúa el proceso de reflexión sobre los desafíos y las oportunidades que se abren con las modificaciones al 4° constitucional. Entre esos esfuerzos destacó el FORO INTERNACIONAL: “EL DERECHO HUMANO AL AGUA Y AL SANEAMIENTO EN LAS CONSTITUCIONES: AVANCES Y RETOS EN AMÉRICA LATINA”, que se realizó el 17 de octubre en la ciudad de México, convocado por la Red Vigilancia Interamericana para la Defensa y el Derecho al Agua (Red Vida) y la COMDA, que constituye su capítulo mexicano.  Por otra parte, la COMDA fue co-convocante y participante en el Congreso “Ciudadanos y sustentabilidad del agua en México”, efectuado los días 7 y 8 de diciembre de 2012 en la Rectoría General Universidad Autónoma Metropolitana en la ciudad de México, en donde se refrendó la importancia y absoluta necesidad de que la legislación actual en materia de agua se revise y se genere una ley que incorpore, entre otros aspectos, el enfoque de derecho humano al agua y al saneamiento.

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