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Organizaciones latinoamericanas de la sociedad civil se declaran contra el fracking

miércoles, 10 de diciembre de 2014


OPSUR

El desarrollo de la fracturación hidráulica (fracking) tendrá desastrosas consecuencias para el medio ambiente y la población de América Latina y agravará el cambio climático por lo que no debe ser permitida

– En el marco de la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP20) y de la Cumbre de los Pueblos en Lima, organizaciones de la sociedad civil latinoamericanas alertamos sobre los impactos irreversibles que tendrá la explotación de hidrocarburos no convencionales a través del fracking en los territorios y poblaciones de la región.

– Hacemos un llamado urgente para que los gobiernos latinoamericanos impidan el desarrollo de esta actividad en sus territorios y demuestren así su compromiso con la protección del medio ambiente, la garantía de los derechos humanos, la lucha contra el cambio climático y la sostenibilidad energética de la región.

– Existen alternativas energéticas sustentables, más baratas y eficientes que, asegurando el pleno respeto de los derechos humanos, deben ser fomentadas e impulsadas por los Estados para asegurar la sostenibilidad energética y la lucha contra el cambio climático.

Según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés) se estima que diversos países de América Latina cuentan con recursos prospectivos de hidrocarburos de lutitas (shale) en sus territorios.(1) Es el caso de Argentina, México, Venezuela, Brasil, Colombia, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Chile en los que el desarrollo de la técnica de la fracturación hidráulica o fracking para extraer gas y petróleo se encuentra en diversas fases. Por ejemplo, en Argentina ha habido un mayor desarrollo de proyectos de este tipo. Mientras otros países como México, Colombia, Bolivia, Uruguay y Brasil se encuentran en fase prospectiva o exploratoria, y pretenden desarrollar ampliamente esta técnica en los próximos años.

La técnica de la fractura hidráulica consiste en la inyección en el subsuelo de una mezcla de agua, arena y productos químicos a presiones tales que permitan la ruptura de las rocas de lutitas, en cuyos poros se encuentran atrapados el gas y el petróleo. Para ello, primero es necesario realizar una perforación vertical hasta alcanzar la profundidad a la que se encuentran estas formaciones geológicas (entre uno y cinco kilómetros) y luego una serie de perforaciones horizontales de 1 a hasta 16 km de extensión según la formación geológica.

El uso de la fracturación hidráulica provocará, y ya se encuentra provocando como se ha demostrado en Estados Unidos y Argentina, fuertes impactos sobre al ambiente, la salud y calidad de vida de la población,(2) ya sumamente castigados. Debido a su gran complejidad y condición experimental,(3) esta actividad implica una serie de daños en su mayoría inevitables e irreversibles, como son:

– Uso intensivo y contaminación del agua. La fracturación de un solo pozo requiere entre 9 y 29 millones de litros de agua que quedan completamente inservibles para otros usos. Esto se debe a los 300.000 litros de químicos que se le añaden para la fracturación y por los metales pesados y radioactivos presentes en el subsuelo. Este líquido se puede filtrar a los flujos de agua subterránea y superficial contaminándola, dejando a las poblaciones sin agua potable.(4) Por lo tanto, el uso de esta técnica viene a sumarse a las amenazas e impactos del cambio climático sobre el agua.

– Supone graves afectaciones a la salud.(5) Estudios científicos realizados en Estados Unidos muestran que 75% de los químicos utilizados en el líquido de perforación afecta directamente la piel, ojos, sistema respiratorio y gastrointestinal; 40-50% afecta al sistema nervioso, inmunológico, cardiovascular y los riñones; mientras que 37% afecta el sistema endocrino y 25% provoca cáncer y mutaciones.(6) Además, los efectos sinérgicos de los químicos empleados son totalmente desconocidos, por las propias empresas proveedoras.(7)

– Genera impactos de cambio climático. Pese a lo que las empresas petroleras y algunos gobiernos de la región están señalando, la explotación del gas mediante fracking no es una opción para la lucha contra el cambio climático. En estos proyectos, hasta 8% de la producción de gas natural (metano) se escapa directamente a la atmósfera con un potencial de calentamiento 25 veces superior al dióxido de carbono. Debido a ello, en 20 años el impacto sobre el cambio climático de la generación eléctrica a través del gas extraído por fracking superaría en 20% el del carbón.(8)

– La reinyección de las aguas residuales del fracking en el subsuelo en “pozos letrina” está directamente vinculada con la inestabilidad sísmica y generación de sismos, que han llegado a alcanzar 5.7° de magnitud. Esto es sumamente grave, ya que pone en riesgo a la población y la infraestructura de las regiones donde tienen lugar.(9) Además, se ha logrado comprobar que esta inyección ha provocado la contaminación de acuíferos enteros en California.(10)

– Todas estas afectaciones e impactos suponen violaciones a los derechos humanos, derechos que los Estados latinoamericanos tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar, así como de prevenir sus violaciones. Entre otros, vulneran la garantía del derecho humano al agua y al saneamiento, a un medio ambiente sano, a la vida y a la salud, a la alimentación, a la vivienda, de los derechos laborales y otros derechos económicos, sociales y culturales, así como de los derechos civiles y políticos, como el derecho de acceso a la información, al consentimiento previo, libre e informado, y a la participación.

– Las economías y medios de vida de los pueblos de Latinoamérica sufren o podrían verse afectados por la contaminación de los acuíferos subterráneos y aguas superficiales, en las cercanías de las operaciones de fracking, afectando la sanidad de los productos agrícolas y ganaderos, y conllevando grandes pérdidas y daños para las comunidades.

– Por último, la explotación de hidrocarburos a través del fracking no es una opción energética sustentable. Las altas tasas de declinación en la producción de los pozos (entre 29 y 52% anual), la escasa recuperación de los hidrocarburos presentes en los yacimientos (de entre el 4.7 y 10%), y los altos costos que conlleva esta tecnología, la hacen inviable para la generación de energéticos en el mediano y largo plazo.(11)

Nuestras demandas y exigencias

Por todas estas razones, las organizaciones firmantes exigimos a nuestros gobiernos de los países latinoamericanos:

– Que impidan el uso de la fracturación hidráulica en sus territorios en aplicación del principio y obligación estatal de precaución, y aseguren la protección de los recursos hídricos y de la salud de las personas.

– Demandamos a nuestros Estados la generación y divulgación de información exhaustiva, verídica e imparcial sobre las características de los procesos, volúmenes y origen de agua usada y sustancias empleadas en el fracking, y sus impactos en las personas y el ambiente con un horizonte de largo plazo, a fin de garantizar los derechos de las generaciones presentes y futuras.

– Resaltamos que las poblaciones y gobiernos locales tienen el pleno derecho de negar actividades de fracking que puedan afectar sus entornos.

– Demandamos a nuestros Estados la implementación de políticas públicas que permitan la transición energética hacia fuentes de energía verdaderamente sustentables y renovables, en pleno respeto a los derechos humanos, que aseguren la provisión energética futura y la mitigación del cambio climático.

– Instamos a los Estados que garanticen que las políticas energéticas de la región respeten los derechos humanos, aseguren la protección ambiental y social, y contribuyan a la lucha contra el cambio climático.

– Demandamos que sean atendidos los reclamos, las acciones legales y las denuncias de las comunidades que protegen la vida y los territorios libres de petróleo, carbón y gas.

– Demandamos que las delegaciones de los Estados ante la COP y las corporaciones impulsen reducciones radicales en la exploración, explotación y uso de combustibles fósiles.

Manifiesto en solidaridad con el pueblo mexicano

El caso de México es especialmente representativo de las estrategias que están siguiendo algunos gobiernos de la región para imponer este tipo de proyectos a poblaciones que defienden sus derechos fundamentales ante esta impactante actividad. La situación de violencia estructural en este país promovida por el propio Estado que desembocó en la desaparición de 43 estudiantes en Iguala (Guerrero), la criminalización de la protesta social y de las y los defensores de derechos humanos, y la creación de fuerzas de seguridad para la protección de las inversiones son ejemplos de ello. Hechos que se están dando a la vez que se trata de implementar una reforma energética que le apuesta al desarrollo de la fracturación hidráulica, por encima de los derechos de la población.

Ante esta situación, nos solidarizamos con el pueblo mexicano y hacemos un llamado específico al Estado de este país para que establezca las medidas necesarias para atender la situación de violencia estructural y criminalización de la protesta social existente en el país. Para ello, exigimos que se esclarezcan los hechos ocurridos en relación a la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y el paradero de los otros 22,000 hombres y mujeres desaparecidos en el país, la liberación de las y los presos detenidos arbitrariamente en la exigencia de sus derechos y la puesta en marcha de reformas de fondo que garanticen que estas y otras violaciones de los derechos humanos no se vuelvan a repetir.

Para sumarse a este posicionamiento, escribir a aroa@fundar.org.mx

Organizaciones firmantes:
– Asamblea de Concejales de la Cuenca de Claromecó (Argentina)
– Asamblea de Integración por Territorios Libres de Fracking (Argentina)
– Ecologistas en Acción de Asturias (España)
– Ecoa (Brasil)
– Unión de Asambleas Patagónicas (Argentina)
– Centro Nacional de Comunicación Social, CENCOS (México)
– Chihuahua vs Fracking (México)
– Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, COMDA (México)
– Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con Alternativas, Comcausa (México)
– Consejo Ecológico de Participación Ciudadana de Coahuila Región Carbonífera, CEPACI (México)
– Encuentro Ciudadano Lagunero (México)
– Grupo de Financiamiento Climático de América Latina y el Caribe, GFLAC
– Liga de Defensa del Medio Ambiente, LIDEMA (Bolivia)
– Comité Dinamizador Ambiental, Campesino e Indígena del Suroriente del Tolima, Corporación Reiniciar, Seccional Tolima (Colombia)
– Comunicación y Educación Ambiental (México)
– Alianza Mexicana contra el Fracking (México)
– Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables, FUNDEPS (Argentina)
– Associação de Proteção ao Meio Ambiente de Cianorte, APROMAC (Brasil)
– Associação de Defesa do Meio Ambiente de Araucária, AMAR (Brasil)
– Consejo Tiyat Tlali (México)
– Conservación Humana (México)
– DECA Equipo Pueblo (México)
– El Barzón Chihuahua (México)
– El Barzón Nacional (México)
– El Poder del Consumidor (México)
– Associação de Saúde Ambiental, TOXISPHERA (Brasil)
– Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos, FOCO (Argentina)
– 132 Ambiental (México)
– Amigos del Río San Rodrigo (México)
– Asociación de Usuarios de Aguas de Saltillo, AUAS (México)
– Asociación Humanitaria Internacional Gilberto Bosques
– Blue Planet Project (Canadá)
– Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. (México)
– Centro de Investigación y Capacitación Rural, CEDICAR (México)
– Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Espacio DESC (México)
– Food and Water Watch (Estados Unidos)
– Frente Amplio Ambientalista (México)
– Fundar Centro de Análisis e Investigación (México)
– Greenpeace México
– Grupo de Estudios Ambientales, GEA (México)
– Guardianes de los Volcanes (México)
– Censat Agua Viva-Amigos de la Tierra (Colombia)
– Proyecto Gramalote (Colombia)
– Asociación Ambiente y Sociedad (Colombia)
– Hij@s de la Tierra (México)
– La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, LAVIDA (México)
– Medio Ambiente y Sociedad (México)
– Organización Mexicana para la Conservación del medio Ambiente, OMCA (México)
– Oxfam México
– PODER (México)
– Radio Huayacocotla, de Fomento Cultural y Educativo (México)
– Freshwater Action Network Mexico
– Red Unidos por los Derechos Humanos, RUDH (México)
– Earthworks (Estados Unidos)
– Razonatura (México)
– Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo, FOBOMADE (Bolivia)
– Observatorio Petrolero Sur, OPSur (Argentina)
– Comité de Defensa del Medio Ambiente de Cochabamba, CODAC (Bolivia)
– Fundación Jubileo de Bolivia
– Yo Soy 132 Los Ángeles (Estados Unidos)
– OilWatch Latinoamérica
– Centro de Estudios y Proyectos, CEP (Bolivia)
– Yo Soy 132 Madrid (España)
– Fundacion Gaiapacha (Bolivia)
– Yo Soy 132 Internacional
– Associação Brasileira de Fomento às Pequenas Centrais Hidrelétricas, ABRAPCH (Brasil)
– Red Peruana por una Globalización con Equidad – Red GE (Perú)
– Centro de Documentación e Información Bolivia, CEDIB (Bolivia)
– Coordinación de ONG y Cooperativas, CONGCOOP (Guatemala)
– Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA (Regional)
– Ecologistas en Acción (España)

Notas:
1) http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/pdf/fullreport.pdf
2) Cfr. R. Ochandio, P. Bertinat et al, 20 Mitos y Realidades del Fracking, Ed. El Colectivo, Buenos Aires, 2014
3) Cfr. Eduardo D’Elia et al, 20 Mitos y Realidades del Fracking, Ed. El Colectivo, Buenos Aires, 2014
4) http://www.foodandwaterwatch.org/reports/fracking-the-new-global-water-crisis-europe/
5) http://cce.cornell.edu/EnergyClimateChange/NaturalGasDev/Documents/PDFs/fracking%20chemicals%20from%20a%20public%20health%20perspective.pdfhttp
6) http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=18376
7) http://asamblea-ambiental.blogspot.com.ar/2014/09/dos-improvisado-asesoran-la-comision-de.html
8) http://www.eeb.cornell.edu/howarth/Howarth%20et%20al%20%202011.pdf.
9) http://concernedhealthny.org/wp-content/uploads/2014/07/CHPNY-Fracking-Compendium.pdf
10) http://www.biologicaldiversity.org/news/press_releases/2014/fracking-10-06-2014.html
11) http://www.postcarbon.org/reports/Perfora%20Chico%20Perfora_FINAL

http://www.argenpress.info/2014/12/organizaciones-latinoamericanas-de-la.html

 

Organizaciones civiles y sociales exigen información clara sobre cambios en la participación de la iniciativa privada en el servicio de agua en la Ciudad de México.

BOLETÍN DE PRENSA
 

México D.F., a 23 de abril de 2014

Organizaciones civiles y sociales exigen información clara sobre cambios en la participación de la iniciativa privada en el servicio de agua en la Ciudad de México.

 Proponen un debate público sobre el modelo de gestión del agua en el DF

  • Exigen priorizar el derecho humano al agua para  el consumo personal y doméstico
  • Cuestionan la eficiencia y la viabilidad de las empresas privadas en la solución de los problemas de acceso desigual al agua

 En las semanas recientes, ha habido diversos anuncios por parte del Gobierno del Distrito Federal acerca de cambios previstos para la gestión del agua en el DF. La información publicada ha sido vaga pues no se proporcionan los contenidos precisos  acerca de las propuestas. Se habla de un gabinete del agua, de un plan[1] y de una nueva ley, pero al solicitar mayor información al respecto la respuesta ha sido “se tienen propuestas a nivel general, apenas se estructuran los proyectos a detalle”.[2]

 En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal nos informan que la iniciativa de Ley de Agua y Sustentabilidad Hídrica aún no se ha presentado, por lo que no tenemos acceso a su contenido. Sin embargo, las declaraciones gubernamentales en los medios de comunicación  establecen que se hará una licitación abierta, con contratos de duración de 15 años y se elabora un nuevo esquema donde las empresas cobrarán por metro cúbico de agua recuperado[3].

 

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Boletín.- ASESINAN A INTEGRANTE DEL MAPDER DURANTE EL FESTEJO DEL X ANIVERSARIO

 

 

ASESINAN A INTEGRANTE DEL MAPDER DURANTE

 EL FESTEJO DEL X ANIVERSARIO

  Amatlán de los Reyes, Veracruz, 2 de agosto de 2013.

El Movimiento Mexicano de Afectadas y Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) denuncia a la opinión pública nacional e internacional el asesinato del compañero Noé Vázquez Ortiz del Colectivo Defensa Verde Naturaleza para Siempre y miembro del MAPDER.

Noé fue asesinado a pedradas esta mañana por dos presuntos pobladores locales mientras preparaba la ceremonia que ofrecería como inicio a la inauguración del X Aniversario del MAPDER, en Amatlán de los Reyes, Veracruz, a donde han arribado cientos de delegados y delegadas de todo el país. Mientras el Ministerio Público se negaba a recibir declaraciones de la denuncia de los familiares, policías estatales llegaron a la plaza donde se lleva a cabo el X Aniversario del Mapder.

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¿Nuevas tendencias en la política nacional en materia de agua?

 


¿Nuevas tendencias en la política nacional en materia de agua?*

Claudia Campero[1]

Maria Silvia Emanuelli[2]

 En ocasión de la celebración del día mundial del agua el Presidente Peña Nieto presentó las líneas de acción de la política nacional en la materia. En su discurso es notable la ausencia de referencias explícitas al agua y al saneamiento como un derecho humano según establece el artículo 4º Constitución desde febrero de 2012. En su lugar, el mandatario define al agua como un bien único (cuidado: no público) y vital. Frente a este “olvido” no deben perderse de vista los alcances de la reforma que debiera guiar las políticas públicas considerando que implica obligaciones para todas las autoridades, sin excepción.

Hablar del agua como un derecho humano significa que todas las personas sin discriminación tengan acceso a una cantidad de agua potable para uso personal y doméstico a un precio que no ponga en riesgo su economía. Este uso debería ser prioritario sobre todos los demás (uso industrial, minero, agrícola de gran escala, etc.). Además, considerando la interdependencia entre derechos, también debería articularse necesariamente con el derecho a un medio ambiente sano y no implicar violación de otros derechos humanos. Somos parte de la naturaleza y no lo podemos seguir olvidando pero parece que ello no ha permeado en el discurso oficial.

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Exigen una gestión sustentable y equitativa que garanticen el derecho al agua.

 

Exigen una gestión sustentable y equitativa que garanticen el derecho al agua.

Difusión México D.F., 21 de marzo de 2013

Boletín de prensa
COMDA / CDHDF

  • Se pronuncian por una gestión sustentable y equitativa de los recursos que condicionan el derecho al agua.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA) hacen un llamado a proteger el derecho humano al agua en la ciudad.

Las personas que habitan y transitan por la ciudad de México, en particular aquellas residentes de zonas con elevados niveles de marginalidad y exclusión, ven afectados uno o varios componentes del derecho al agua y al saneamiento.

Igualmente persiste deficiencia de los mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad de este derecho.

En ese sentido, es urgente trabajar en un modelo de gestión sustentable del agua que se fundamente en las dinámicas poblacionales de la ciudad; que reconozca y atienda de manera urgente a aquellas personas que ven afectado este derecho debido a procesos que profundizan desigualdades en la cantidad, calidad, costo y frecuencia en el suministro del líquido.

La CDHDF y COMDA han apuntado acciones urgentes para garantizar de manera plena y universal el derecho al agua, como frenar la sobreexplotación; lograr su distribución equitativa; garantizar tarifas justas y eliminar cobros indebidos.

Así como conocer el estado ambiental de la cuenca y garantizar la calidad del líquido desde las plantas potabilizadoras hasta el consumo final; y que el agua sea realmente inocua, considerando el consumo prolongado y las distintas necesidades y sensibilidades en las diferentes etapas de la vida.

Además, garantizar una infraestructura y mecanismos adecuados para su saneamiento; armonizar los marcos normativos locales con la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos de 2011 y la del Artículo 4 Constitucional en materia de derecho al agua; promover una cultura de este derecho entre la ciudadanía, el sector empresarial y en la función pública y garantizar información veraz, confiable y actualizada en relación al agua como recurso en la ciudad.

Por su parte, el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (PDHDF), en su Capítulo 14, destaca acciones que también permitirían la garantía de este derecho.

Para la CDHDF y COMDA, la garantía del derecho al agua se enfrenta a las tensiones producidas entre los modelos de desarrollo urbano, las políticas de vivienda y la protección de zonas de conservación.

La importación de agua a la ciudad y la tendencia a excavaciones más profundas para extracción del líquido ponen en riesgo su disponibilidad, accesibilidad y calidad, dada la dependencia con fuentes externas, los sobrecostos de infraestructura y la exposición a minerales que podrían resultar nocivos para la salud.

Es necesario reconocer que el consumo del agua trasciende el ámbito privado del hogar, de tal forma que se deben involucrar empresas de diversos sectores para la gestión sustentable.

Asimismo, es urgente considerar la interdependencia de este derecho con los derechos a la salud, la alimentación y el medio ambiente.

Existen en la ciudad experiencias ciudadanas de gestión social del agua, de potabilización, cosecha de agua de lluvia, de uso de filtros, de reutilización del líquido, y detección de fugas, entre otras.

Estas experiencias indican que hay conocimientos y prácticas que inciden de manera favorable en la gestión sustentable y comunitaria del líquido. Estas acciones constituyen un llamado para considerar a la ciudadanía en las políticas de agua en la ciudad.

Por lo anterior, la CDHDF y COMDA hacen un llamado al cumplimiento del derecho al agua a partir del marco normativo, en el contexto de las exigencias y experiencias ciudadanas en la materia.

Más información sobre el Derecho al Agua

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

 

Elementos que debe incluir la Ley General de Aguas que deberá ser publicada en febrero próximo

Difusión Cencos México D.F., 30 de enero de 2013

Boletín de Prensa
Comda

Como es sabido, a partir de la adición al art. 4° constitucional mediante decreto publicado en D.O.F. del 8 de febrero de 2012, se elevó a ese rango el derecho humano al agua y al saneamiento en México, quedando establecido que: “Toda persona tiene derecho de acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho. El Estado garantizará el este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”. En el mismo decreto publicado se mandató al Congreso de la Unión a emitir una Ley General de Aguas en un plazo de 360 días, lo que implicaría que para febrero de 2013 se debería contar con una nueva ley.

El reconocimiento de formal del derecho humano al agua y al saneamientotanto en los instrumentos internacionales como en las legislaciones nacionales en América Latina, ha sido sin  sin duda un logro del movimiento internacional en defensa del agua en el que confluyen diversas organizaciones civiles, sociales, redes y activistas de diferentes países, cuya aspiración va más allá de la sola constitucionalización del derecho, ya que a todas luces resulta insuficiente si no se traduce en cambios profundos en las leyes, los modelos de gestión, las políticas públicas, y sobre todo en la vida cotidiana de los pueblos y en la forma en que los seres humanos nos relacionamos con el agua y con la naturaleza.  Bajo esta perspectiva, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA)[1] fue, junto con otros actores, fuerte impulsora de la  constitucionalización del derecho al agua, y aboga desde entonces por  la consecuente armonización legislativa. La COMDA ha planteado que la nueva ley debe formularse con la participación amplia y decisiva de la población, recoger sus aspiraciones y propuestas y por supuesto elaborarse a la luz del derecho humano al agua y al saneamiento incorporado en la Constitución para darle cumplimiento.

Durante el año pasado la COMDA impulsó esta discusión  con diversos actores y en diferentes espacios,  y este año continúa el proceso de reflexión sobre los desafíos y las oportunidades que se abren con las modificaciones al 4° constitucional. Entre esos esfuerzos destacó el FORO INTERNACIONAL: “EL DERECHO HUMANO AL AGUA Y AL SANEAMIENTO EN LAS CONSTITUCIONES: AVANCES Y RETOS EN AMÉRICA LATINA”, que se realizó el 17 de octubre en la ciudad de México, convocado por la Red Vigilancia Interamericana para la Defensa y el Derecho al Agua (Red Vida) y la COMDA, que constituye su capítulo mexicano.  Por otra parte, la COMDA fue co-convocante y participante en el Congreso “Ciudadanos y sustentabilidad del agua en México”, efectuado los días 7 y 8 de diciembre de 2012 en la Rectoría General Universidad Autónoma Metropolitana en la ciudad de México, en donde se refrendó la importancia y absoluta necesidad de que la legislación actual en materia de agua se revise y se genere una ley que incorpore, entre otros aspectos, el enfoque de derecho humano al agua y al saneamiento.

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Elementos que debe incluir la Ley General de Aguas desde la perspectiva de la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA)

Como es sabido, a partir de la adición al art. 4° constitucional mediante decreto publicado en D.O.F. del 8 de febrero de 2012, se elevó a ese rango el derecho humano al agua y al saneamiento en México, quedando establecido que: “Toda persona tiene derecho de acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho. El Estado garantizará el este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”. En el mismo decreto publicado se mandató al Congreso de la Unión a emitir una Ley General de Aguas en un plazo de 360 días, lo que implicaría que para febrero de 2013 se debería contar con una nueva ley.

 El reconocimiento de formal del derecho humano al agua y al saneamientotanto en los instrumentos internacionales como en las legislaciones nacionales en América Latina, ha sido sin  sin duda un logro del movimiento internacional en defensa del agua en el que confluyen diversas organizaciones civiles, sociales, redes y activistas de diferentes países, cuya aspiración va más allá de la sola constitucionalización del derecho, ya que a todas luces resulta insuficiente si no se traduce en cambios profundos en las leyes, los modelos de gestión, las políticas públicas, y sobre todo en la vida cotidiana de los pueblos y en la forma en que los seres humanos nos relacionamos con el agua y con la naturaleza.  Bajo esta perspectiva, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA)[1] fue, junto con otros actores, fuerte impulsora de la  constitucionalización del derecho al agua, y aboga desde entonces por  la consecuente armonización legislativa. La COMDA ha planteado que la nueva ley debe formularse con la participación amplia y decisiva de la población, recoger sus aspiraciones y propuestas y por supuesto elaborarse a la luz del derecho humano al agua y al saneamiento incorporado en la Constitución para darle cumplimiento.

 Durante el año pasado la COMDA impulsó esta discusión  con diversos actores y en diferentes espacios,  y este año continúa el proceso de reflexión sobre los desafíos y las oportunidades que se abren con las modificaciones al 4° constitucional. Entre esos esfuerzos destacó el FORO INTERNACIONAL: “EL DERECHO HUMANO AL AGUA Y AL SANEAMIENTO EN LAS CONSTITUCIONES: AVANCES Y RETOS EN AMÉRICA LATINA”, que se realizó el 17 de octubre en la ciudad de México, convocado por la Red Vigilancia Interamericana para la Defensa y el Derecho al Agua (Red Vida) y la COMDA, que constituye su capítulo mexicano.  Por otra parte, la COMDA fue co-convocante y participante en el Congreso “Ciudadanos y sustentabilidad del agua en México”, efectuado los días 7 y 8 de diciembre de 2012 en la Rectoría General Universidad Autónoma Metropolitana en la ciudad de México, en donde se refrendó la importancia y absoluta necesidad de que la legislación actual en materia de agua se revise y se genere una ley que incorpore, entre otros aspectos, el enfoque de derecho humano al agua y al saneamiento.

 Frente a la responsabilidad que tiene el Congreso de la Unión de emitir la nueva Ley General de Aguas, y en consecuencia las entidades federativas de realizar la correspondiente homologación de los marcos legales locales; la Ley General de Aguas en México deberá recoger la esencia contenida en el art. 4º constitucional y estar apegada a los principios y estándares establecidos en los instrumentos internacionales que desde la reforma constitucional en materia de derechos humanos, se ubican al mismo nivel de lo establecido en la Carta Magna.

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Rechazan desde la Comda descentralización tramposa de la política pública del agua

Pide evitar visiones economicistas del sector

Rechazan desde la Comda descentralización tramposa de la política pública del agua

Laura Poy Solano

Periódico La Jornada
Domingo 23 de diciembre de 2012, p. 35

Ante una crisis hídrica severa y un deterioro acelerado de todos los ecosistemas, no se puede aplicar una descentralización tramposa de la política pública para el sector, advirtió Hilda Salazar, de la Coalición de Organizaciones Mexicanas para el Derecho al Agua (Comda).

Luego que el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), David Korenfeld, asegurara que la administración federal haría trajes a la medida para cada región hidrológica, Salazar apuntó que es más de lo mismo, pero frente a un escenario donde no podemos darnos el lujo de improvisar políticas fallidas.

En entrevista, demandó a las autoridades federales que la construcción de una nueva política pública para el sector considere que el acceso al agua es, antes que un bien económico, un derecho humano, por lo que no debe privar una visión economicista del sector, pues de ello depende la calidad de vida de millones de mexicanos.

 

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Boletín de prensa impuesto al refresco

 

 

ONG´s demandan que el impuesto al refresco se destine para bebederos en las escuelas y en las comunidades más pobres del país

 

·         El impuesto al refresco serviría para disminuir la desigualdad en el suministro de agua

·         10 millones de personas no cuentan con servicio de agua potable

·         Una octava parte de lo recaudado por el impuesto al refresco serviría para dotar de agua potable a todas las escuelas del país

 

 

México D.F. 5 de diciembre, 2012.- Organizaciones de productores y comercializadores de productos del campo, de consumidores, de defensa de los derechos de la infancia y del derecho al agua demandan la aplicación de un impuesto a los refrescos para destinar estos recursos a un programa nacional de introducción de agua potable purificada en las escuelas y en los espacios públicos de las comunidades más pobres del país.

 

Los representantes de las organizaciones de la sociedad civil se refirieron a estudios que han indicado que de aprobarse la iniciativa de impuesto para los refrescos azucarados,  un incremento de $2.00 por litro al refresco permitiría recaudar un fondo equivalente al 96% de los gastos en diabetes y disminuiría la demanda en 13%, lo que reduciría el consumo per cápita de 196 a 172 litros anuales. Y un aumento de $3.00 por litro originaría una recaudación equivalente a 103% del gasto en diabetes, y una reducción en el consumo per cápita de 196 litros a 122. Estimaron que el impuesto que permitiría cubrir con exactitud los gastos en diabetes sería de $2.80 por litro. [1]De igual manera, consideran que un impuesto al refresco será capaz de salvar unas  2 mil 600 vidas al año, así como evitar 8 mil  derrames cerebrales y 240 mil casos de diabetes anuales.

 

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BOLETIN DE PRENSA COMDA 22 DE NOVIEMBRE

22 de noviembre de 2012

Para su difusión inmediata

 

NOTA.- Para conocer el documento completo de balance presentado por COMDA en el marco de la sesión de cierre de la Mesa de Diálogo por la Transparencia sobre el SACMEX entre aqui

 

 

Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua logra empujar mayor transparencia y acceso a la información sobre el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

– Después de un proceso de diálogo de año y medio, gracias al trabajo conjunto con organizaciones de la sociedad civil, el SACMEX amplía y mejora la información que presenta en su página sobre empresas concesionarias, tarifas y calidad del agua.

– En sesión pública en el InfoDF, reconocen avances y destacan pendientes en materia de calidad del agua de las fuentes y costo real del agua.

 La Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA) ha trabajado por más de un año y medio en el proceso de la Mesa de Diálogo por la Transparencia (MDT)[1] con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), dando seguimiento a las 27 propuestas que el colectivo de organizaciones planteó sobre transparencia y acceso a la información en los temas de empresas concesionarias, tarifas y calidad del agua con base en un diagnóstico de la situación que guardaban estos temas en la página de Internet del SACMEX a agosto de 2011. Después de la primera sesión plenaria de esta MDT en el InfoDF, donde el Director General del SACMEX aceptó las propuestas, éstas se convirtieron en compromisos y agenda de trabajo de la MDT para los siguientes meses.

 

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