Defensores del proyecto La Parota no tienen respaldo social, reitera el Cecop

La defensa de la tierra se complica por la crisis económica y el costo de los trámites, indica

Defensores del proyecto La Parota no tienen respaldo social, reitera el Cecop

HÉCTOR BRISEÑO

Comuneros opositores al proyecto hidroeléctrico La Parota señalaron que el proceso de defensa de sus tierras ha sido complicado, debido a la lejanía de las oficinas de gobierno de sus comunidades, así como la crisis económica, que complica los trámites legales.

El integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), José Venus Hernández Nicanor, expresó que “es muy desgastante, sobre todo por la situación económica que estamos viviendo y cuando sabemos bien que las asambleas no se llevaron conforme a la ley”.

Durante las audiencias del juicio promovido por los opositores al proyecto, quienes buscan revocar la asamblea del 28 de abril, donde los simpatizantes de la presa aprobaron su edificación, los testigos presentados por la parte opositora insistieron que dicha reunión no fue convocada de acuerdo a los usos y costumbres de la comunidad.

Hernández Nicanor subrayó que esa asamblea, al igual que la del 18 de abril, en la que supuestamente se dio a conocer la reunión que se realizaría 10 días después en la comunidad de La Concepción, fueron “amañadas”, por encontrarse fuera del núcleo agrario.

Manifestó que “le hemos demostrado al gobierno que la mayoría está en contra de la presa, ellos han dicho que son 50 huarachudos los que se oponen”.

Recalcó que “no hay gente que simpatiza con el proyecto, aquellos que simpatizan es porque les están pagando su día para ir a decir que es bueno”.

El abogado representante del Cecop, Rogelio Teliz García, integrante del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, explicó que es fundamental determinar quienes firmaron el acta de la asamblea del 28 de abril, realizada en un terreno diferente a lo que marca la ley agraria, que fue rodeado por una malla ciclónica y vigilado por más de 600 policías y funcionarios del gobierno estatal, quienes impidieron el paso a los comuneros.

Apuntó que “lo único que hace falta para que el tribunal dicte sentencia es que la delegación del Registro Agrario Nacional mande copias certificadas de las actas de las asambleas; hasta el momento desconocemos qué comuneros o qué taxistas firmaron los documentos”.

Finalmente, subrayó que “tenemos todas las pruebas para que la asamblea sea anulada, esperamos que el tribunal agrario tome una decisión apegada a derecho y no esté sujeta a ninguna presión del gobierno”.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2010/08/15/index.php?section=sociedad&article=006n1soc

 

 

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