Derecho al acceso al agua potable y al saneamiento

Por: Armando Sepúlveda Sáenz | 2014-06-12 | 00:53

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Periscopio

El pasado 29 de mayo el Congreso del Estado remitió al Poder Ejecutivo para su publicación el Decreto No. 1346/2013 XII P.E., mediante el cual fuera aprobada a fines del año próximo pasado por el Poder Legislativo, la reforma constitucional al artículo 4º relativa al derecho humano al agua potable y al saneamiento. Para llegar a este evento fue preciso someter a los cabildos de los 67 Ayuntamientos de la entidad, la aprobación de la reforma constitucional. Esta ronda se inició en agosto y terminó en mayo, consumió poco más de nueve meses.

El contenido expreso de la reforma es el siguiente: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los  recursos hídricos, estableciendo la participación de los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.

Este derecho tiene como antecedente la aprobación de numerosos y diversos instrumentos normativos internacionales –declaraciones, resoluciones y convenciones, tanto del Consejo de Derechos Humanos, como de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en particular la resolución 64/292 de la Asamblea General, de 28 de julio de 2010, en la que se reconoció el derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos–, y fue incorporada a la Constitución Federal, y entró en vigor a partir del 8 de febrero de 2012.

El texto de la reforma constitucional federal del artículo 4º, consta de dos párrafos: el primero alusivo al derecho de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Es una reforma al texto pretérito del párrafo quinto; y el segundo, relativo al derecho de acceso al agua y al saneamiento constituye una adición. La reforma local la reprodujo, salvo en los vocablos relativos a las esferas de competencia federal y local.

En el Transitorio Tercero de la reforma al artículo 4º de la constitución federal, el Congreso de la Unión se otorga a sí mismo, 360 días a partir de la vigencia de la reforma para emitir la Ley General de Aguas-  Esto es, el período se agotó el pasado 3 de febrero de 2013. El 25 de marzo pasado, el Presidente de la República tras firmar el Programa Nacional Hídrico 2014-2018 en Baja California, se comprometió a enviar una iniciativa de Ley General de Aguas. En este orden de ideas, el Programa plantea la reforma del marco jurídico del agua. Específicamente, formula el propósito de crear una “ley general de aguas, que defina las bases para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, así como la participación de los tres órdenes de Gobierno y la ciudadanía para tal efecto y diversas disposiciones relacionadas con aspectos de regulación de los servicios de agua para todos los usos;…” Durante 2013 y lo que va de 2014, la Cámara de Diputados ha estado realizando foros sobre la materia y ha manifestado que la Comisión de Agua Potable y Saneamiento está elaborando una iniciativa. La iniciativa, cualquiera que ella sea, debe aún seguir un proceso legislativo que no viene al caso describir. Lo que significa que todavía falta un lapso significativo para que el Congreso emita la Ley. Desde la perspectiva cronológica, el desfase ya es de un año cuatro meses, sin que aún se cuente con las iniciativas. En esta tesitura, tal vez lo más conveniente sea que el Congreso de la Unión espere la iniciativa del Ejecutivo Federal y se dé la oportunidad de una vez, para “armonizar” el instrumento diseñado por el Legislativo con el que remita el Presidente de la República.

De cualquier modo, para todo fin práctico, el derecho humano al acceso al agua y al saneamiento, estando incorporado en el marco normativo interno es ejercible en plenitud por toda persona, en cualquier parte del territorio nacional.

Si se asume que la reforma constitucional local fue consecuencia de la reforma constitucional federal, se sigue que la formulación de la iniciativa de la Ley de Aguas, congruente con el derecho al agua potable y el saneamiento, deberá tomar en cuenta el enfoque, medios y alcances que disponga la Ley General de Aguas. Por consiguiente, aún podemos esperar un considerable período de tiempo para que se emita la Ley de Aguas correspondiente a la reforma constitucional local.

Finalmente, la reforma constitucional local al artículo 4º dejó pendiente para un futuro incierto, la inclusión concerniente al derecho de las personas a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Sobre este derecho y todos los demás, hay que recordar que conforme al párrafo tercero del artículo 1o. de la  Constitución General de la República: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”. Por ello, podemos estar ciertos de que más temprano que tarde, el Legislativo local gestionará lo necesario para incorporar el derecho al medio ambiente sano en la Constitución del Estado.

http://eldiariodechihuahua.mx/notas.php?seccion=Opinion&f=2014/06/12&id=e5d46444cd607e7f94160cc6d18cce0c

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