LA PRIVATIZACION DEL AGUA EN MEXICO: UNA VIOLACION A LOS DDHH [1] .

Los tres últimos sexenios presidenciales, en alianza con grupos empresariales mexicanos, han fomentado e instrumentado una abierta política hacia la privatización del uso, infraestructura y gestión del agua en México. Esa política mercantilista proviene de la aceptación de la asesoría y financiamiento del BID-BM, de la política de cooperación francesa y de la liberalización mercantil y de inversión de los servicios de agua, promovida por las empresas trasnacionales bajo el Acuerdo General de Comercio de Servicios (GATS-OMC).

Sin embargo, esta tendencia de privatización tiene como antecedente y trasfondo el férreo y sostenido debilitamiento de la inversión estatal, que se inicio a principios de la década de los años ochenta, con la estrategia de reducción salvaje del presupuesto federal (entre 1991 y 2001 la inversión publica hidráulica se redujo mas de 400% al pasar de 13.1 mil millones de pesos (fijos) a 2.9 mmdp), y de las contrarreformas legales a la Ley de Aguas Nacionales y otras leyes reglamentarias – muy asesoradas por la política francesa. (véase nota sobre la Ley)

En esa miseria de gasto presupuestal, con dramática contaminación y deterioro de la calidad de agua potable (propiciadora de la fuerte epidemia de cólera de principio de los años 90). los gobiernos, por un lado, aceptaron  numerosos prestamos del BID condicionados a instrumentar diversos programas de privatización enmascarados como “modernización” de la política hidráulica de México; y por el otro facilitaron la privatización indirecta que las empresas de agua embotellada y refrescos han realizado en México (el valor de venta de esta “exitosa industria” acaparadora de los recursos hídricos hoy es mayor que todos los recursos gubernamentales recaudados por derechos de agua).

Los programas del BID y Trasnacionales han sido:  1)la expansión compulsiva del Programa de Modernización del Agua (PROMAGUA) de las grandes ciudades; 2) retomar y expandir el Programa de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales-II (PROSSAPYS); 3) retomar el Proyecto de Modernización Integral del Riego (PMIR); 4) aceptación de la “oferta de liberalización” de los Servicios de Agua bajo el GATS y usando el instrumento de intermediarios financieros mercantiles bautizados como “Bancos de Agua” para concentrar las concesiones sobre derechos de uso.

Si el primero busca consolidar el papel de las empresas privadas sobre los sistemas de agua potable y de saneamiento de las grandes ciudades del país, mediante su privatización, el segundo programa recién aprobado pretende la construcción y privatización de esos mismos rubros en el espacio rural (ciudades de menos de 25 mil habitantes). El tercer programa, aunque de viejo cuño, pretende consolidar la privatización de la mayor infraestructura de riego de América Latina, la creación de mercados de agua y de servicios en el espacio rural de México (el mayor consumidor de agua del país). Y el cuarto programa, invisible para la inmensa mayoría de los ciudadanos, es consolidar en el marco de los compromisos internacionales del GATS-OMC, la obligación del Estado Mexicano para dar entrada a las empresas extranjeras en todos los rubros y etapas vinculadas con el agua y su tratamiento.

El PROMAGUA (Programa de Modernización del Agua del BID). En su adaptación a México, el Programa fue diseñado y esta financiado con Prestamos del BID, administrado por BANOBRAS y operado por la CNA. “El objetivo del Programa es funcionar como fuente adicional de recursos, condicionado a un esquema de cambio estructural para fomentar la consolidación de los organismos operadores de agua; impulsar su eficiencia física y comercial; facilitar el acceso a tecnología de punta; fomentar la autosuficiencia; y promover el cuidado del medio ambiente con proyectos de saneamiento, preferentemente ligados al reuso de las aguas residuales, con la participación del sector privado”.

Para Acceder a los recursos financieros del PROMAGUA, los gobiernos estatales y municipales deben aceptar y suscribir tres compromisos [2] : I) Adherirse, mediante la firma de un Convenio, a los objetivos del Programa (participando el Organismo Operador, Banobras, CNA, Gobiernos Estatales y Municipales); II) Aceptar la realización de un Estudio de Diagnostico y Planeación Integral (costo incluido en el futuro monto del préstamo) y III) Aceptar: Programa de Inversiones con participación de capital privado; incremento de Eficiencias FASE I y Programa de Inversiones –Incremento de Coberturas FASE II.

El compromiso de “incremento de Eficiencias” comprende entre otros, la revisión de tarifas. Y en el llamado “Fortalecimiento Institucional” se incluye la modificación del marco legal, estatal, municipal, o del organismo operador, aceptando cuatro de las modalidades de privatización. (Contrato de Prestación de Servicios Parcial, de Prestación de Servicios Integral, de Titulo de Concesión y de Empresa Mixta)

Esta aberración política y jurídica, violatoria de la soberanía municipal o estatal alcanza magnitudes preocupantes. Al 31 de octubre del 2005 ya 24 estados han firmado los “Convenios” (se salva el DF y Campeche) y 56 ciudades han firmado los anexos de adhesión [3] . En al menos 13 grandes ciudades los sistemas de agua tienen participación privada, y en 24 plantas de tratamiento de grandes ciudades han sido concedidas o convenidas con capital privado nacional y extranjero..

El Programa de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales-II (PROSSAPYS). Aunque todavía es pequeño (construcción en 2004 de 365 sistemas de agua potable, 48 de alcantarillado y 27 sanitarios rurales, beneficiando a 404 comunidades con una inversión de 569.1 millones de pesos), se orienta a sembrar las condiciones de su eventual privatización.

Proyecto de Modernización Integral de Riego (PMIR). Es la joya de un largo proceso de privatización de la inversión estatal en infraestructura hidráulica rural probablemente más extensa de América Latina (más de 6 millones de hectáreas). Mediante este proyecto del Banco Mundial se busca la consolidación del modelo agroexportador con pocos productores y alta asistencia técnica y de servicios de empresas privadas, probablemente extranjeras. El Proyecto cuenta con importantes montos prestados por el Banco Mundial (BIRF) mas aportación federal por igual cantidad, administrado por NAFIN y operado por CNA. [4] . Y se encamina abiertamente al  establecimiento de mercados de agua de riego, de pozos y de acuíferos.

La privatización de los servicios (incluyendo los de agua) en el GATS-OMC. Los tratados de libre comercio (TLCAN, TLCUE) y sobre todo el GATS (Acuerdo General de Comercio de Servicios) de la OMC (Organización Mundial de Comercio), han sido marcos jurídicos específicos para “liberalizar” la entrada de inversionistas extranjeros al sector hidráulico del mundo y de nuestro país. En la OMC, desde enero del 2003 [5] , el gobierno ha ofrecido la apertura total del agua a los inversionistas extranjeros, algo que en la practica venia haciendo silenciosamente desde hacia un lustro; desde 1999 el sistema de agua potable y las plantas de tratamiento de Cancún e Isla Mujeres fueron vendidas a la empresa estadunidense Azurix (Enron) quien después la revendió a la trasnacional francesa Ondeo (Suez-Vivendi) quien ahora también posee los sistemas de Torreón, Coh., Leon, Gto, y una parte del D.F.; por su parte la trasnacional Aguas de Barcelona desde 2001 participa en Aguas de Saltillo y de Aguascalientes. Otras trasnacionales del Reino Unido participan parcialmente en el DF. Y en el sector de aguas embotelladas tres grupos trasnacionales  (Bonafont-Danone, Ciel-CocaCola y Electropura-PepsiBottle-Group) controlan más del 60% del mercado nacional; en tanto que el subsector refrescos es dominado aun más por los dos últimos grupos..

Así, bajo la política de atraer inversión extranjera para sustituir la falta de voluntad política gubernamental para invertir en servicios e infraestructura, es previsible que tienda a aumentar la presencia de transnacionales del agua en muchas otras ciudades y sectores. Sin embargo, los conflictos de los ciudadanos con la política de las trasnacionales del agua ya también son un problema en México, y pueden incrementarse en un futuro no muy lejano.