“El agua es un DERECHO, no una mercancía”

¿Por qué?

Porque en México más de 11 millones de personas carecen de agua potable, 24 millones de alcantarillado y miles mueren al año por enfermedades causadas por la mala calidad del agua, y otros muchos enfrentan serios problemas de accesibilidad por la irregularidad del servicio;

Porque muchos grupos de afectados han denunciado en distintos eventos, talleres, medios de comunicación y durante las caravanas que se han organizado hasta el momento en varios estados de la República, los diversos problemas relacionados con el agua que enfrentan, por ejemplo:

·     La falta de acceso al agua en particular en zonas indígenas (que si bien cuentan con extensos caudales padecen severas limitaciones de acceso: en Chiapas las mujeres, niñas y niños dedican 4 horas diarias al acarreo de agua para consumo doméstico; las mujeres indígenas de Chihuahua recorren dos kilómetros para lavar y bañarse en el Río Conchos) y en barrios populares de las ciudades(zona oriente del Valle de México -Iztapalapa, Nezahualcóyolt, Ecatepec-, Tijuana, Ciudad Juárez, etc.);

·     El saqueo del agua para abastecer las ciudades, la industria (LALA, Coca-Cola, etc.) y la agroindustria (Monsanto, etc.) – además del desperdicio del 40 al 60% del agua por el mal estado de la red de suministro y riego -, que limita el abastecimiento de la población que vive en el campo (los mazahuas – Estado de México, los otomíes hñahñú – Valle del Mezquital, etc.);

·    El negocio del agua embotellada que benefician a grandes empresas transnacionales (Coca Cola, Nestlé, Danone, etc.) que se apropian del vital líquido y lucran con ello a costa del acceso a agua potable de la población, en particular de bajos recursos;

·     La obligación impuesta a comunidades indígenas y campesinas de registrar sus pozos (Valles Centrales de Oaxaca, etc.), la creación de mercados y bancos de agua así como el proceso de privatización de la tierra orquestada por el PROCEDE   que violan los derechos de los pueblos y comunidades a la tierra y a acceder libremente a sus recursos naturales como es el agua, reconocidos en tratados y convenios internacionales, en particular en el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas;

·     La desaparición u obstaculización de sistemas de gestión comunitaria del agua (Santa Clara, Santa María Tulpetlac, Tecámac, Xoxocotla en Morelos, etc.);

·     La contaminación provocada por los desechos industriales, agrícolas (agroquímicos, etc.) y petroleros, y por grandes ciudades (los basureros, etc.) e inmensas unidades habitacionales (Manzanillo, Jalapa, Lerma-Toluca, Valle del Mezquital, Juanacatlán, Ocoyoacac, Capulhuac, Naucalpan, Huixquilucan, Ixtapaluca, cuenca Chapala-Santiago-Pacífico,  la Comarca Lagunera en  Durango y Coahuila, etc.);

·     La sobre explotación de los mantos acuíferos causada por empresas (LALA, Coca-Cola etc.), grandes ciudades (amplias zonas de Chihuahua, la región Lagunera, la Ciudad de México) e inmensas unidades habitacionales (construidas por GEO, ARA, SADASI, etc.) y que además de acabar con las reservas de agua provocan el desplazamiento de poblaciones (zona oriente de la Ciudad de México) y afectan diversos derechos humanos / condiciones de vida / dañan al patrimonio;

·    La construcción de presas (el Cajón; El Zapotillo; los proyectos de La Yesca, la Parota, Arcediano; etc.) – y otros megaproyectos de infraestructura (Canal seco, carreteras, etc.) – que han resultado ser un negocio muy ventajoso para las empresas constructoras nacionales y extranjeras a costa de la destrucción del medio ambiente (fauna y flora), del incremento del efecto invernadero (caso de las Presas), y del desplazamiento, empobrecimiento y sufrimiento de miles de personas en el país;

·     La privatización de los servicios de agua, permitida por la flexibilización o cambios a las leyes nacionales, que propician el aumento de tarifas, la exclusión de amplios sectores de la población del acceso al agua, el incumplimiento de los contratos y la persistencia en las deficiencias e incluso de la corrupción (Saltillo, Cancún, Aguascalientes, Ciudad de México, etc.);

·    La inequidad en la gestión y distribución del agua;

·    La inadecuada planeación del desarrollo, y en particular la persistencia de un modelo de producción agrícola y forestal – basado en el monocultivo intensivo para la agroexportación – que acelera la deforestación, provoca la contaminación de los suelos por el uso de agroquímicos y acaba con la diversidad de cultivo y los ecosistemas.

La crisis del agua no es, fundamentalmente, un problema de financiamiento, ni siquiera de escasez. Se trata más bien del agotamiento de un modelo de gestión del agua que ha privilegiado a unos sectores a costa de otros, que ha desdeñado los ciclos de la naturaleza y el respeto a los recursos naturales, que ha subordinado los derechos humanos de amplios sectores de la población a los intereses económicos de poderosas empresas transnacionales y contratistas nacionales que quieren lucran con las necesidades básicas de la gente.

Frente a está situación ¿Qué proponemos?

Las organizaciones sociales y civiles que conformamos la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA) estamos convencidas que para enfrentar las problemáticas enunciadas, el agua debe dejar de ser considerada como un bien económico sujeto a las reglas de la oferta y la demanda para ser reconocido en las leyes y en la práctica que el acceso al agua es un derecho humano fundamental. El acceso de todas las personas, mujeres y hombres, al agua potable no se logrará mediante procesos de privatización, sino mediante el cumplimiento de la  responsabilidad social del Estado a través de una gestión democrática con criterios de equidad, transparencia, control social y respeto de los ecosistemas.

Disponer y acceder al agua es una necesidad básica del ser humano que ha sido reconocida y consagrada como derecho humano en distintos instrumentos como tratados, declaraciones de cumbres y conferencias y otras normas internacionales. En particular, el derecho humano al agua está amparado por el artículo 11 párrafo 1 sobre el derecho a un nivel de vida adecuado del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y se reafirma y desarrolla en la Observación General Nº 15 sobre el Derecho al Agua del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. La Observación 15 define el derecho humano al agua como el derecho de todas y todos a disponer de agua para uso personal y doméstico en cantidad suficiente, de buena calidad y física y económicamente accesible. Si bien da prioridad al uso personal y doméstico del agua, al subrayar la profunda relación de este derecho con los demás derechos económicos, sociales y culturales resultan relevantes otros usos como el agrícola, o para ejercer determinadas prácticas culturales, etc. El PIDESC fue ratificado por México desde 1981 pero el derecho humano al agua aún no se refleja en nuestra legislación nacional ni en el quehacer de las instituciones gubernamentales. Por ello es indispensable su reconocimiento en el nivel más alto de nuestro ordenamiento jurídico que es la Constitución, de conformidad con la obligación del Estado de adecuar la legislación nacional conforme al derecho internacional de los derechos humanos, como lo establece, por ejemplo, el artículo 2.1 del PIDESC.

“Llevar el derecho al agua a la Constitución” es una de las estrategias del movimiento mundial en defensa del agua. Algunos ejemplos de éxito de estos movimientos ha sido el referéndum llevado a cabo en Uruguay en 2004, en el que las y los ciudadanos votaron por una reforma constitucional para establecer que el agua es un recurso natural esencial para la vida y que su acceso constituye un derecho humano fundamental. En Bolivia se ha creado el primer Ministerio de Agua de América Latina y posiblemente la nueva Constitución incluirá el derecho humano al agua como han hecho anteriormente otros países (Ecuador, Etiopía, Gambia, Panamá, la República Islámica del Irán, Sudáfrica, Uganda, Venezuela, Uruguay y Zambia, así como en los estados de Massachussets, Pensilvania y Texas en los Estados Unidos de América).

Para que esto pueda ser una realidad en México, es preciso y urgente que los movimientos y organizaciones sociales y civiles mexicanas, tanto del campo como de la ciudad, nos unamos y nos movilicemos para defender el agua como un bien común y su acceso como un derecho humano. En marzo del 2006, las organizaciones de COMDA nos comprometimos a contribuir en la construcción y el fortalecimiento de un movimiento social en defensa del agua en el país. Sabemos que muchos otros espacios y movimientos están trabajando con el mismo objetivo. De nuestra parte queremos hacer una propuesta para avanzar decididamente en este sentido, que consiste en invitar a las organizaciones campesinas, urbanas, sindicales, indígenas, de mujeres, ambientales, de defensa de los derechos humanos, académicos, investigadores y a todas y todos los ciudadanos a impulsar conjuntamente una Campaña Nacional para Elevar a Rango Constitucional el Derecho Humano al Agua. Esta Campaña Nacional busca crear un frente social amplio que presione a los legisladores a que reformen la Constitución para que se reconozca el derecho humano al agua, es decir que se incorpore este derecho humano fundamental en nuestra Carta Magna.

¿Para qué es importante esta Campaña?

Para que el reconocimiento del derecho al agua en la Constitución mexicana nos permita:

1.       Establecer jurídicamente que el acceso al agua es un derecho FUNDAMENTAL de las personas, es decir que, tomando como piso básico la Observación General Nº 15, todas las personas en México tienen el derecho a disponer de agua para el uso personal y doméstico en cantidad suficiente (abastecimiento continuo y suficiente para que cada persona pueda satisfacer las necesidades de consumo, cocina, de higiene personal y del hogar); de buena calidad (el agua para uso personal y doméstico debe ser saludable y tener un color, un olor y un sabor aceptables), accesible físicamente (las instalaciones y servicios de agua deben estar al alcance físico de todos los sectores de la población), accesible económicamente (los costos asociados con el suministro de agua deben ser razonables y no comprometer ni poner en riesgo el ejercicio de otros derechos); y sin discriminación (el agua debe ser accesible para todas las personas sin importar su raza, color, sexo, edad, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, posición económica, etc.). El ejercicio de este derecho también debe garantizar la sustentabilidad, de manera que se asegure la satisfacción de las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Aparte de los usos personales y domésticos, esta campaña promoverá que el acceso al agua esté  garantizado para los pequeños productores agrícolas.

2.      Reafirmar las obligaciones de respetar, proteger y realizar el derecho humano al agua que el Estado mexicano adquirió al ratificar el PIDESC. Dichas obligaciones significan, con base en la Observación 15 ya mencionada:

·        RESPETAR: El Estado no debe obstaculizar el ejercicio del derecho al agua. Por ejemplo, debe abstenerse de toda práctica o actividad que limite el acceso al agua potable en condiciones de igualdad, de intervenir arbitrariamente en los sistemas tradicionales de distribución del agua, de contaminar el agua, etc.

·        PROTEGER: Impone al Estado mexicano el deber de impedir que terceros puedan menoscabar el disfrute del derecho al agua. Asimismo, queda obligado a regular a particulares, grupos, empresas y otras entidades para que no interfieran en el disfrute del derecho de todas las personas. Esta obligación exige que el Estado impida a aquellas empresas que operan redes de distribución, presas, pozos u otras fuentes, que menoscaben el acceso por razones físicas o económicas a recursos de agua suficientes, salubres y aceptables. 

·        REALIZAR o CUMPLIR: El Estado debe adoptar todas las medidas necesarias (legislativas, de política pública, presupuestales, etc.) para garantizar el disfrute del derecho al agua para todas las personas. Esta obligación se subdivide en:

– la obligación de facilitar que exige al Estado adoptar medidas positivas que permitan a los particulares y a las comunidades ejercer plenamente su derecho al agua,

– la obligación de promover, que impone al Estado adoptar medidas para difundir información adecuada acerca del uso higiénico del agua, la protección de las fuentes de agua y los métodos para reducir su desperdicio, etc.

– obligación de garantizar, que implica hacer efectivo este derecho para los particulares o los grupos que no están en condiciones, por razones ajenas a su voluntad, de ejercer por sí mismos ese derecho.

3.      Fijar el parámetro para adecuar consecuentemente la legislación secundaria y establecer criterios orientadores de las políticas públicas. Esto obligaría a los poderes del Estado a privilegiar el derecho al agua en todas sus decisiones o actos. Así, el Poder Legislativo estaría obligado a reformar las leyes, en particular la Ley de Aguas Nacionales, para adecuarlas a este precepto constitucional; el Poder Ejecutivo estaría obligado a reorientar a fondo su política pública y a adoptar todas las medidas a su alcance (políticas, programas y medidas presupuestarias) para que el derecho humano al agua sea respetado, protegido y garantizado. Y el Poder Judicial debería atender y fallar los casos que se le presentaran de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y la Constitución Mexicana.

4.      Hacer justiciable el derecho al agua que significa garantizar el acceso a la justicia en casos de violaciones. La constitucionalización del derecho al agua obligaría al poder legislativo a crear los recursos jurídicos y los mecanismos procesales adecuados que permitan a las personas y/o comunidades acudir ante tribunales para defender este derecho.

Y por último, pero no por eso menos importante, es importante esta Campaña para fortalecer el movimiento mexicano en defensa del agua. Creemos que la Campaña puede ayudar a unir, fortalecer y visibilizar los distintos movimientos y luchas mexicanas acerca del agua bajo una acción común, que puede llevar a resultados de tipo jurídico y político que nos beneficien a tod@s. El reconocimiento del derecho humano al agua en la Constitución constituye un primer paso para que nuestras reivindicaciones se reconozcan como parte de una única problemática y tengan un marco jurídico de referencia para impulsar su defensa. Defensa que hasta el momento ha quedado descobijada por la existencia de otros obstáculos e intereses pero también por falta de leyes que reconozcan el derecho correspondiente. 

¿Cómo?

  • Conformar un Grupo Promotor de la Campaña integrado por miembros de la COMDA y otros movimientos y organizaciones sociales y civiles mexicanas que permita garantizar diversidad e inclusión desde la fase de diseño mismo de la Campaña.
  • Lanzamiento de la Campaña. el 28 de octubre, a las 11:00 am, en la Fuente de Tlaloc (Paseo de la Reforma, a un costado del Museo de Antropología) con un acto público en el marco de la movilización internacional "Octubre Azul".
  • Actividades hacia la sociedad civil: Trabajo de difusión de la Campaña hacia otros movimientos y organizaciones en el ámbito nacional y local: sensibilización, difusión de información, talleres educativos, pláticas, recolecta de firmas entre los miembros de organizaciones de la sociedad civil para presentar al Congreso, etc.
  • Actividades de opinión pública: programas en medios de comunicación, movilizaciones, actividades en centros educativos, recolección de firmas de ciudadanos y ciudadanas no organizados para presentar al Congreso, etc.
  • Conformación de un grupo de expertos en materia jurídica para la formulación de una iniciativa de reforma constitucional
  • Actividades hacia legisladores: Hacer un mapeo de legisladores aliados entre las diferentes fracciones parlamentarias y diseñar una estrategia de sensibilización y cabildeo; cabildear una iniciativa de ley para reformar la Constitución con legisladores, en particular de la Comisión de recursos hidráulicos de la Cámara de Diputados.

Mayor información en: derechoalagua@yahoo.com.mx

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