El gobierno federal rompio la negociación imponiendo la construcción de la presa el Zapotillo

El gobierno federal rompio la negociación imponiendo la construcción de la presa el Zapotillo

Difusión Cencos México D.F., 3 de junio de 2011

Boletín de Prensa
Mapder

El día 1º de junio el gobierno federal representado por José Luis Luege Tamargo, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y del subsecretario de Gobernación, Juan Marcos Gutiérrez González, quebrantó el proceso del diálogo y la negociación imponiendo la decisión de continuar con la construcción de la presa El Zapotillo, y por lo tanto anunciando la inminente inundación de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo en el estado de Jalisco.

Durante el encuentro el gobierno federal intimidó a su contraparte con la presencia de trabajadores de la obra y los pobladores que han sido comprados por el mismo gobierno. En la mesa impositiva, que no resolutiva, el director de Conagua simplemente sentenció que el proyecto no tiene marcha atrás y que seguirá su construcción. Confirmaron la vigencia de las denuncias penales y amenazaron con el ejercicio de la fuerza para el desalojo. Así, ordenes de aprehensión, imposición, expropiación y represión es el lenguaje del gobierno federal a quienes demandan el respeto a los derechos humanos. Con ello se evidencia la  sistemática violación de los derechos humanos de la población y con graves antecedentes.

  1. El gobierno federal escondió el dictamen del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) que señala que 70 por ciento del poblado debe ser preservado.
  2. Prohibió la entrada de autoridades judiciales a verificar peritajes.
  3. Continuó con las obras pese a los amparos otorgados.
  4. El Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo buscaron desde hace años la interlocución con el gobierno federal y la Conagua sin ser nunca atendidos y más bien difamados y engañados, y ahora pretende imponerse por medio de expropiaciones y desalojos que se vaticinarían serían con lujo de violencia.
  5. Presionó a los habitantes a firmar la venta de tierras.
  6. No cuenta con el cambio de uso del suelo donde pretende construir las viviendas para el desalojo forzoso de la población (además de viviendas mal construidas)
  7. No aceptó llevar a cabo una consulta que la población luego llevó a cabo y misma que fue desconocida por el gobierno federal.
  8. No presentó un adecuado Estudio de Impacto Ambiental y tampoco cuentan con toda la documentación debida, la que nunca han querido mostrar públicamente.
  9. Técnicamente la presa la Zapotillo está mal diseñada para cimentar la cortina, pero lo niegan como lo negaron en el caso de la presa Arcediano que, luego de derrumbar un puente histórico con promesas de reubicarlo y hoy desarmado y abandonado, confirmaron su inviabilidad geológica cuando se habían erogado millones de pesos en fraudulentos negocios. ¿Cómo creer que se reubicará una iglesia “piedra por piedra” si no hay un caso en el país y se encuentran monumentos históricos bajo el agua?
  10. Engañó, presionó y amenazó a la población opositora.
  11. Buscó mecanismos de división comunitaria.
  12. No ofreció alternativas de solución a la gestión del agua, pese a la evidencia de que las presas en el país, con la actual crisis climática, se encuentran secas o en otros momentos a punto de colapsar lo que ha llevado a su desfogue, pérdida de biodiversidad, de pueblos, de terrenos cultivados entre otros impactos sociales, ambientales y económicos.
  13. Hizo caso omiso del peritaje psicosocial, y de los fallecimientos de personas por la presión de la construcción de la obra, pero sí le preocupa la indemnización a la empresa española que se beneficia con el contrato.
  14. No dialogó en condiciones justas y dignas manteniendo órdenes de aprehensión contra opositores, promesas de retirarlas que nunca se hicieron efectivas.
  15. Violó toda normatividad internacional técnica y de derechos humanos, así como un total incumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Mundial de Represas.

A lo largo y ancho del país y desde décadas atrás, el gobierno ha mostrado que los procesos de diálogo y negociación con la sociedad no los respetan ni cumple. No existen experiencias exitosas de indemnización, de reubicación, de promesas cumplidas, de respeto y escucha no sólo en la construcción de represas en el país, sino en otros megaproyectos. La sociedad ya no cree en este gobierno cooptado por los intereses de las grandes corporaciones trasnacionales que en este caso beneficia a la empresa española FCC Construcciones. La imposición de las obras y megaproyectos con grandes e irreversibles impactos sociales y ambientales son sistemáticamente las acciones del gobierno federal.

Por todo lo anterior, el gobierno federal viola el Estado de Derecho, los derechos humanos y la normatividad internacional, y agrega al país un conflicto social más que se suma a la lista de imposiciones e impunidad por todo el territorio mexicano. Los cauces políticos y los mecanismos legales estatales y nacionales ya han sido agotados.

Hacemos responsables al gobierno federal, al Presidente Felipe Calderón, a Raúl Antonio Iglesias Benítez y a José Luis Luege Tamargo, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y al subsecretario de Gobernación, Juan Marcos Gutiérrez González, por la seguridad e integridad de la población de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, y los miembros del Movimiento Mexicano de Afectados por las Represas y en Defensa de los Ríos (MAPDER).

El MAPER hace un llamado a la solidaridad nacional e internacional para exigir al gobierno mexicano el respeto a los derechos humanos, la cancelación de la represa y la búsqueda de alternativas sustentables a la gestión del agua en los estados de Jalisco y Guanajuato. El MAPDER tiene en jaque otros megaproyectos del estado como son los intentos de construcción de la presa Itzantún en Chiapas, la presa Paso de Reina en Oaxaca, la presa La Parota en Guerrero, la presa Arcediano en Jalisco. Y la presa El Zapotillo que los pobladores están dispuestos a detener y hacer respetar sus derechos. Urgen alternativas sustentables que eviten agudizar el deterioro del medio ambiente, la crisis climática y la obstrucción de las cuencas, con respeto al Estado de Derecho, con cabal cumplimiento a los derechos humanos y a la normatividad internacional.

3 de junio de 2001, México

¡TEMCA VIVE, LA LUCHA SIGUE!

¡RÍOS PARA LA VIDA, NO PARA LA MUERTE!

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

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