El sector agrícola buscará evitar que Pérez modifique la ley de Aguas

Críticas

El sector agrícola buscará evitar que Pérez modifique la ley de Aguas

Según el presidente de la Sociedad Rural del Valle de Uco, Mario Leiva, la iniciativa del gobernador apunta a posicionar mejor a la minería en la escala de prioridades de uso del recurso hídrico.

04 de Abril de 2013 10:03

Pérez anunció la reforma de la ley de Aguas en la Vendimia.

Por: Juan Carlos Albornoz juan.albornoz@elsol.com.ar

Los ruralistas mendocinos plantearán su negativa a la modificación de la ley general de Aguas de la provincia y agitarán la sospecha de que la gestión de Francisco Pérez busca cambiarla para abrirle la puerta a la resistida minería a cielo abierto.

Así lo indicó el presidente de la Sociedad Rural del Valle de Uco, Mario Leiva, quien informó que uno de los objetivos del proyecto oficial sería reubicar la minería en el orden de prioridades para el uso del recurso hídrico, dado que, hoy, esta actividad se encuentra relegada frente al abastecimiento humano y la agricultura, entre otros rubros.

"Esto ya pasó en San Juan, donde la minería pasó del séptimo al cuarto lugar", indicó Leiva, y volvió a marcar su rechazo a la industria con mayor crecimiento en la vecina provincia: "La minería a cielo abierto es contaminante y con eso no hay vueltas, nosotros no podemos permitir que contaminen las cuencas, porque eso afecta todas las aguas hacia abajo".

Desde Irrigación evitaron polemizar con Leiva, pero aclararon que el objetivo del proyecto no es la minería, sino que se busca modernizar la legislación y ponerla a tono con problemas actuales, como la contaminación y el crecimiento urbano.

Hay que recordar que La ley general de aguas (322) data de 1905 y que la que regula las aguas subterráneas tiene más de 40 años. Pérez avisó durante la Fiesta de la Vendimia que el Gobierno provincial tiene la intención de hacer cambios y adelantó que convocaría a un consejo de expertos para "mejorar el uso del recurso hídrico".

Pozos polémicos. El anuncio vendimial sobre la ley de Aguas incluyó la decisión de cerrar pozos de agua subterránea concedidos de manera irregular durante la gestión de Eduardo Frigerio en Irrigación. Pero las derivaciones de esa medida han generado más temores en el sector agrícola.

Irrigación ordenó en marzo el cegado de 20 pozos de agua subterránea en la zona de Agrelo, en Luján de Cuyo, que habían sido habilitados por Frigerio con permisos precarios en 2010. No obstante, los beneficiarios (inversores inmobiliarios) ya fueron a la Justicia con amparos y consiguieron que una jueza del fuero civil, Fabiana Martinelli, dictara la medida de "no innovar" para impedir el cierre.

En este contexto, Leiva apuntó contra los funcionarios que siguieron en Irrigación después de la renuncia de Frigerio y sumó quejas frente a una resolución lanzada el año pasado (548) por su sucesor, José Luis Álvarez, para reglamentar el uso de aguas subterráneas.

El nuevo reglamento para el otorgamiento de permisos de perforación fue publicado en el Boletín Oficial en noviembre del año pasado y provoca mucha resistencia en el sector agrícola, porque contempla un "aporte pecunario" del beneficiario. En este sentido, Leiva afirmó a Elevediez que la modificación de la ley de Aguas busca precisamente eliminar trabas para la comercialización de los pozos.

En cambio, el jefe de gabinete de Irrigación, Juan Pablo Yapura, sostuvo que la resolución 548 sólo tiene como finalidad racionalizar el sistema. "No es una licitación de pozos", aseguró el funcionario.

También afirmó Yapura que la entrega de permisos de agua subterránea se decidirá con libertad en cada consejo de cuenca y precisó que, a pesar de estar en vigencia, todavía no se ha entregado un solo pozo en el marco de la nueva normativa.  

Constitución. El presidente de la Sociedad Rural del Valle de Uco indicó por último que la ley de Aguas "tiene el mismo valor que la Constitución" y, como tal, si alguien quiere cambiarla, debería cumplir los mismos requisitos que la reforma de la Carta Magna.

En otras palabras, Leiva no quiere ningún cambio. Es que no sería muy fácil el camino para modernizar la legislación hídrica si se asimila a la reforma constitucional, ya que Pérez ha tenido muchas trabas para avanzar en ese otro proyecto.

En efecto, la reforma de la Constitución es uno de los objetivos primordiales de Pérez, pero hasta aquí el gobernador ha chocado con muchos obstáculos para hacer los cambios, ya que esta reforma requiere que una mayoría especial de la Legislatura provincial apruebe el proceso y que la mitad más uno del electorado lo avale luego en un plebiscito.

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