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ALAI, América Latina en Movimiento

2010-08-24. Mexico

El uso racional del agua, una prioridad nacional

Raúl Morón Orozco


 

En las últimas décadas, varios recursos naturales importantes para el desarrollo humano y nacional han venido escaseándose de forma alarmante; el petróleo, el gas natural, los minerales, los bosques y sobre todo el agua, han encontrado cada vez mayores dificultades para lograr su óptimo aprovechamiento y particularmente su explotación racional.

El abastecimiento del agua es uno de los problemas más graves que enfrenta el país; especialistas han advertido que México está enfrentando uno de los problemas más temidos por la humanidad derivado de la escasez de agua, por lo que es urgente cuidar de ella y pensar en el futuro de las nuevas generaciones.

En las dos últimas décadas, más de 20 millones de mexicanos que no tenían acceso a este recurso natural se han incorporado como nuevos demandantes, debido al proceso de acelerada urbanización, que en muchos estados se ha venido viviendo, entre ellos Michoacán.

 

El agua es un elemento fundamental para el desarrollo y bienestar del país, recurso cuya disponibilidad impone límites físicos a los asentamientos humanos y a los proyectos económicos y sociales de las regiones; por ello, es necesario reconocer su carácter vital, reconocer las diferencias en sus usos y, sobre todo, actualizar la legislación necesaria que asegure para todos un aprovechamiento óptimo de este recurso y una explotación más racional en centros rurales y urbanos.

 

 Es un hecho que el 70% de los centros urbanos se ubica en regiones que sólo tienen el 20% de la totalidad del agua del país y que hay más de 200 ciudades de tamaño grande o medio en el territorio nacional, entre las cuales se ubican Morelia, Uruapan o Zitácuaro, entre otras, en el caso de Michoacán, donde la magnitud de la demanda exige fuentes de captación cada vez más lejanas. Estos datos muestran la existencia de un gran riesgo que podría manifestarse en serios problemas socioeconómicos en el corto y mediano plazo, debido a la escasez predecible del agua en zonas de riego y en muchas ciudades importantes del país y del estado.

 

La situación del agua en todo el país y en casi todos los municipios de Michoacán exige, sin duda, una profunda reflexión sobre nuestro compromiso social y ambiental con este recurso natural, pero también la generación de acciones públicas que coadyuven a resolver en lo inmediato su problemática.

 

En primera instancia, es necesario seguir insistiendo en la creación de una cultura real del agua entre la población, más allá de aquel famoso espot publicitario del “ciérrale”, que usted recordará. Es imprescindible que esta cultura se forme desde la escuela y la participación familiar, arraigando la idea de que el uso irracional del agua no implica solamente un duro golpe para la economía familiar, sino que su existencia es tan vital como el aire o el alimento para los humanos.

 

Es fundamental cuidar la calidad del agua, instituyendo controles y análisis sistemáticos, por medio de instituciones confiables, transparentes y profesionales, que actúen más por conciencia ecológica que por interés económico o por responsabilidad burocrática.

 

Tenemos que plantearnos los usos alternativos del agua, en el campo para riego y consumo; y en la ciudad, tanto para el ámbito industrial como para el habitacional y los usos energéticos, pero con responsabilidad y eficiencia, evitando su criminal desperdicio en las redes de distribución, pues no es posible que de cada cien litros entregados, sólo 60 llegan a los usuarios, enfrentando un desperdicio aproximado del 40% del agua que cuesta tan caro proveer, por no buscar usos alternativos apropiados para cada región de acuerdo con sus necesidades particulares.

 

Si bien el costo del agua es uno de los temas que más polémica han desatado entre la población, porque hay quienes afirman que el incremento de sus tarifas resolvería el problema de su financiamiento y la ampliación de sus redes de distribución, no estamos totalmente de acuerdo con esa afirmación, porque no podemos poner el uso vital del agua como un recurso de primerísima necesidad social, al mismo nivel de cualquier artículo comercial, aún los de consumo humano. Proporcionar el agua a la población es una de las responsabilidades más importantes del Estado, de la misma dimensión como cuidar la calidad del aire, disminuir los niveles de contaminación, promover la reforestación de los bosques o regular los costos de la canasta básica; por ello es necesario seguir reconociendo tarifas diferenciales por situación diferencial de los usuarios.

 

No podemos cargar el costo total a los usuarios de las colonias más populares o de las zonas rurales, con ellos es inevitable seguir utilizando el subsidio como un efecto redistributivo entre la sociedad, que no debe ser utilizado por supuesto con aquellos que gozan de mejor situación económica o de aquellos que son dueños de grandes industrias o de aquellos que mantienen ciertos privilegios públicos por su posición política actual y que desafortunadamente son los grandes beneficiarios del subsidio o de la exención del pago de este derecho.

 

Otro de los asuntos importantes en la optimización y eficiencia del uso del agua debe ser el relativo a su reordenación legal y administrativa. Con mayor frecuencia vemos cómo los municipios con menor capacidad financiera, técnica y recaudatoria enfrentan mayores dificultades en el tratamiento, distribución, saneamiento y cobro de los derechos del agua. Estos problemas se aúnan a todos aquellos que tienen que ver con los conflictos de competencia o del cobro excesivo y discrecional de las tarifas sin un exacto cálculo del consumo.

 

Por eso resulta muy factible la idea de que la administración del agua se desmunicipalice, planteando la posibilidad de crear un organismo estatal en cada entidad federativa, que coordine de forma homogénea en todos los municipios del estado los asuntos relativos al vital líquido, al alcantarillado, a la distribución, al saneamiento y a su administración, en donde los ayuntamientos se convirtieran exclusivamente en instancias coadyuvantes con la finalidad de lograr mayor coordinación institucional y mejorar la calidad de sus servicios. De no darle la importancia que requiere la problemática hidráulica del país, se pondría en riesgo la seguridad nacional.

 

 Son muchos los retos que deben enfrentarse durante los próximos años en materia del agua, pero el principal y el más importante reside en hacer conciencia entre la población de la urgente necesidad de generar cambios estructurales en los usos, mantenimiento y ahorro del agua como un recurso vital cada vez más escaso tanto por su costo de producción como por su disponibilidad, que exige, en consecuencia, una más decisiva participación de la sociedad para enfrentar las dificultades que su gran demanda nos plantea y un mayor compromiso del Estado para convertirla en una prioridad nacional.



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