El Zapotillo: Cinco años de mentiras

El Zapotillo: Cinco años de mentiras
Gloria Reza

Los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo consideran que la Comisión Nacional del Agua se está burlando de ellos. Lejos de acatar una sentencia que le ordena cancelar los trabajos de la presa El Zapotillo, la dependencia federal continúa con la obra, dicen. Su representante legal, Guadalupe Espinosa Sauceda, expone que si la dependencia insiste en su proyecto apelarán a otras instancias, incluso internacionales. Dicen que ya están cansados de cinco años de engaños.

 Aun cuando la titular  del Juzgado Primero de Distrito Auxiliar, Martha Leticia Muro Arellano, emitió el 31 de enero último una sentencia en la que ordena a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) el cese inmediato de la construcción de la presa El Zapotillo, los trabajos prosiguen.

El 21 de febrero, tres semanas después, el delegado regional de la dependencia, Raúl Antonio Iglesias Benítez, impugnó la sentencia de Muro Arellano –basada en el amparo 2245/2008 y su acumulado 2262/2008–, por lo que el miércoles 2 los habitantes de los tres poblados que resultarán afectados con la obra presentaron un incidente de suspensión ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa del estado.

A través de su representante legal, Guadalupe Espinosa Sauceda, los integrantes del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo reiteran: “En el ámbito de sus respectivas competencias”, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Conagua, la Comisión Estatal del Agua (CEA) y el ayuntamiento de Yahualica deben suspender los trabajos preparativos y la construcción de la presa El Zapotillo.

Para Espinosa Sauceda, el recurso presentado por Iglesias Benítez es una burla; además de repetitivo y extenso –107 páginas–, el documento “es cínico y cantinflesco”. Y se lanza contra la Conagua porque, dice, sus funcionarios pretenden hacerle al mago. 

Pone un ejemplo: aun cuando Iglesias Benítez dice que no se está construyendo la presa, que sólo es un proyecto, él mismo declaró a los medios locales, a principios de mes, que hasta diciembre pasado los trabajos llevaban un avance de 22%; también se sabe que la obra se adjudicó a la compañía Peninsular, al grupo Hermes y al consorcio español FCC.

Espinosa Sauceda asegura que hay pruebas de han sido derribados varios árboles en la zona; además, los peritajes muestran que las cementeras han removido la tierra en torno a la presa. “La última vez que fui incluso ya estaba el canal de desvío, ya nada más falta el desplante de la presa”. Y se pregunta: “¿Cuándo es proyecto y cuándo es obra?”.

Por ello pide a las autoridades conceder a los quejosos “la garantía de audiencia para que ejerzan la defensa de su derecho de propiedad y posesión. De otra manera no tiene sentido el amparo”.

Recuerda que el Juzgado Segundo de Distrito Auxiliar, con sede en Acapulco, Guerrero, también les dio la razón jurídica para que se suspenda la obra.

El representante legal de Temacapulín, Acasico y Palmarejo insiste en que el funcionario federal lleva cinco años diciendo lo mismo. Propone que se abra un debate público en el que se invite a especialistas en la materia para buscar “la mejor decisión”.

“También la minoría tiene derechos humanos; derecho a la vivienda, a no ser desalojada. No se pueden pisotear los derechos de la gente, pero ellos (los funcionarios) están obstinados en hacer esa presa, cueste lo que cueste. Las comunidades han hecho gestiones ante diferentes instancias, como el Senado, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el Congreso del estado”. Hasta ahora no han recibido apoyo.

Tácticas dilatorias 

 

Guadalupe Espinosa Sauceda cuestiona: “Si las autoridades hablan de que se trata de un simple proyecto, entonces ¿por qué tienen recursos etiquetados? Se contradicen. A nosotros nos toca comprobar con fotografías que no se trata de un simple proyecto, sino de una obra”.

Y advierte que es factible que los funcionarios aceleren la construcción de la presa. Pretenden que cuando se resuelva el recurso ya esté construida para argumentar que es un hecho consumado, que el amparo ya no tiene ningún sentido.

–Entonces, ¿qué van hacer ustedes?

–Lo bueno es que, además, de la vía jurídica, existen la vía social, la política, la mediática. La comunidad recurrirá a una estrategia de lucha más amplia.

Adelanta que si continúan los trabajos en el embalse, los habitantes de los tres poblados y otras organizaciones volverán a manifestarse. Si la justicia mexicana les es adversa, “acudiremos ante las instancias internacionales, como la Corte y la Comisión Internacional de Derechos Humanos".

–Las autoridades no van a permitir que el proyecto se detenga… 

 –Es un capricho, es un empecinamiento de la clase política y económica de Jalisco, pero sobre todo de la de Guanajuato. Los industriales del calzado y de la piel, así como algunos agronegocios, son los que quieren el agua. 

“(De construirse la presa) Jalisco perderá soberanía. El gobierno de Vicente Fox es el que pactó. Hay compromisos muy fuertes entre los gobiernos de Jalisco y Guanajuato para el reparto del agua que no se han dado a conocer a la opinión pública.” 

–Ya recorrieron distintas instancias, ¿qué más pueden hacer?

–Confiamos en que los jueces se sensibilicen, que vean cómo está la situación, que no sean como esa jueza de distrito auxiliar (Martha Muro)… (En el caso de El Zapotillo) entra la cuestión del medio ambiente, un tema que a los jueces les cuesta mucho trabajo entender.

–¿Han obtenido respaldo de organismos de Guanajuato para detener la obra?

–En diciembre del año pasado se presentó ante la sociedad leonesa la licitación del acueducto El Zapotillo-León. Se reunió toda la burguesía de León. Estaban la Coparmex, la Canacintra, todo el sector empresarial. Ahí se demuestra que el agua es para la industria, no para la gente, no es para consumo humano. Al siguiente día salió un desplegado en el periódico AM donde (esos sectores) agradecieron al gobierno del estado, a la Conagua y a las autoridades de Jalisco el acuerdo para la construcción de la presa El Zapotillo.

–Entonces, para Guanajuato es un hecho la presa El Zapotillo…

–Es un hecho y les cayó como un balde de agua fría esto (el amparo). La sentencia que dé el tribunal colegiado puede confirmar o modificar la actual resolución.

–Los pobladores no han perdido la esperanza… 

–Ellos han resistido los embates tanto de un sector de la Iglesia como de diferentes partidos políticos.

Promesas incumplidas 

 

El abogado del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo relata que el pasado 17 de enero la magistrada de la V Sala del Tribunal Administrativo del Estado (TAE), Patricia Campos González, dio vista de los documentos del juicio V-319/009 a la Procuraduría General de Justicia de Jalisco para que proceda por desacato contra la Secretaría de Desarrollo Urbano, la CEA y el ayuntamiento de Cañadas de Obregón por violar la suspensión que impide edificar el nuevo poblado de Temacapulín en Talicoyunque. 

Pese a que ya pasaron casi dos meses, la procuraduría aún no ha actuado. “Yo creo que se le va dar un manejo político”, dice Espinosa y recuerda que el 19 de enero la institución recibió el oficio 54/2011en el que se le notificó que “seguían en desacato las dependencias gubernamentales y por lo tanto se le daba vista y se remitían copias certificadas para que integre la averiguación previa y ejercite acción penal ante el Poder Judicial, según oficio 54/2011 que remite la magistrada”.

A su vez, el procurador Tomás Coronado, mediante el oficio 399/2011, despachó el caso al encargado de visitadurías, Luis David Morales Meza, pero a la fecha no “han comunicada nada a la magistrada del TAE ni a los pobladores de Temacapulín”, refiere Espinosa Sauceda.

Las casas que recibirán los habitantes desplazados tendrán tres recámaras y cochera para dos autos. El gobernador prometió que el nuevo centro de población contará con una iglesia –la basílica de la Virgen de Los Remedios “será trasladada piedra por piedra”–, panteón, escuela, área con jardín, mercado, plantas de tratamiento, etcétera (Proceso Jalisco 212).

La población se construirá en un cerro cercano a Temacapulín y ahí se alojarán los pobladores de las tres comunidades afectadas. Según el representante de la Conagua, Antonio Iglesias, “se incrementará la calidad de vida (de los pobladores) al contar con sitios con una mayor infraestructura, servicios básicos y un medio ambiente acorde al embalse”.

El defensor de los pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo asegura que esta indefinición ha provocado tensión entre sus representados. El año pasado, dice, fallecieron 10. Algunos se niegan a la reubicación, por lo que hasta ahora han presentado 13 juicios. 

Menciona el expediente 204/2010, en el que se incluye un reporte del investigador de la UdeG Jorge Gastón Gutiérrez Rosete, experto en psicología social, quien entrevistó a 48 personas, entre niños, adolescentes, adultos y ancianos para conocer su opinión sobre el desalojo forzado.

De acuerdo con Gutiérrez Rosete, “la población evacuada se resiste al cambio debido a la falta de información, mentiras, amenazas y el maltrato de las autoridades”.

Además, sostiene que el aumento en la morbilidad y mortalidad de los residentes, sobre todo en el sector de la tercera edad, se debe al estrés al que están sometidos; algunas personas tienen problemas de salud serios”. 

Gutiérrez Rosete comenta que la presa es una “seria amenaza” para la población de Temacapulín. No sólo han sido violentados sus derechos, sino que se han destruido sus formas de vida y de sustento. Todo ello en aras de un interés público superior o primordial que a ellos no les queda claro”.  l

 

 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleImpreso/153540

 

¡FLAQUITA!

 

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