El Zapotillo y la soberanía estatal

El Zapotillo y la soberanía estatal

Juan José Doñán
25 de mayo de 2013
Edicion Jalisco, Jalisco

Según informes oficiales, la construcción de la presa de El Zapotillo, sobre el cauce del río Verde, registra ya un avance de 61%. A causa de ello, la obra se encuentra en el momento decisivo para determinar si la altura de su cortina será de 80 metros, como se planteó originalmente, o de 105, como se determinó sobre la marcha. El cambio de la altura no es un asunto menor, pues los daños y perjuicios que esos 25 metros adicionales le acarrearían a Jalisco, aparte de su gravedad y de su condición de irreversible, crecerían exponencialmente.

Aun cuando los promotores del proyecto han tratado de minimizar esos males, lo cierto es que para Jalisco el costo de la obra en cuestión (un costo social, patrimonial, territorial y ecológico) es de tal magnitud que no podría resarcirse por los eventuales beneficios que el proyectado embalse artificial promete también para el estado. En primer lugar porque la mencionada represa ha sido concebida, desde un principio, para canalizar hacia León, Guanajuato, una parte del caudal del río Verde desde territorio jalisciense.

Es preciso recordar que en 2004, durante el gobierno del panista Francisco Ramírez Acuña, dicha represa no iba a estar en El Zapotillo, en el extremo poniente del municipio de Cañadas de Obregón, sino 50 kilómetros aguas arriba, entre las poblados de San Nicolás y San Gaspar de los Reyes, en el oriente de Jalostotitlán.

A pesar de que en su momento éste fue considerado el proyecto más viable, ventajoso, económico y estratégico (entre otras cosas porque el acueducto a León sería mucho menos extenso y el desnivel del agua considerablemente menor), a la hora de la verdad  la presa de San Nicolás se canceló a principios de 2006, cuando el gobernador Ramírez Acuña –ya para entonces contrapunteado con el presidente Vicente Fox a causa del destape del entonces precandidato presidencial panista Felipe Calderón– terminó por ceder ante la presión de los habitantes de San Gaspar que, como ha venido sucediendo con los vecinos de Temacapulín desde hace seis años, se opusieron terminantemente a que su pueblo quedara inundado.

A causa de lo anterior y con el relevo gubernamental (tanto en el ámbito federal como en el estatal), para 2007 el proyecto de una represa en el río Verde para llevar agua a la zona metropolitana de León, Guanajuato, ya tenía otra ubicación. Este plan B, ideado por los técnicos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ubicaba ahora a la proyectada presa en el sitio de El Zapotillo, casi en los límites de tres municipios: Cañadas de Obregón, Mexticacán y Yahualica.

Y aun cuando el nuevo proyecto implicaba la inundación  de dos poblados jaliscienses (Acasico y Palmarejo) y la amenaza a un tercero (Temacapulín), para cuya preservación era preciso construir un dique de más de 10 metros altura, la posición del nuevo gobierno de Jalisco –el que hasta el pasado 28 de febrero encabezó Emilio González Márquez– fue de completa sumisión a las determinaciones de la Conagua y las exigencias del gobierno de Guanajuato, principal interesado en la construcción de la presa de El Zapotillo.

En el ámbito local, la postura del gobernador González Márquez fue de oídos sordos, insensibilidad e incluso de engaño ante los justificados reclamos de las comunidades alteñas que saldrían perjudicadas con El Zapotillo y a quienes González Márquez les dijo a la distancia –pues nunca les dio cara ni tuvo tiempo de atenderlos– que él no podía oponerse a un proyecto federal y que lo más que podía hacer su gobierno por ellos era buscarles una “justa indemnización” a cambio de sus  terrenos y demás propiedades que fatalmente quedarían inundadas.

Pero lejos de verse resuelto de manera favorable para los intereses de Jalisco, el problema se vino a complicar en 2009 con la súbita cancelación de la presa de Arcediano en la barranca de Huentitán, argumentando un incremento desmesurado en el costo de una descocada obra (entre otras cosas, la proyectada presa se pretendía llenar con el caudal del río Santiago, uno de los más contaminados del país), que en su momento fue presentada como “la más conveniente” fuente alterna de abastecimiento de agua potable para la zona metropolitana de Guadalajara.

Con la súbita cancelación de la presa de Arcediano –proyecto en el que, aparte de ocasionarse un daño ecológico, se gastaron en vano cerca de mil millones de pesos, se arrasó con la única comunidad rural del municipio de Guadalajara, se destruyó un puente de valor patrimonial y se desmantelaron las plantas generadoras que la Comisión Federal de Electricidad tenía instaladas desde hace siete décadas en el fondo de la Barranca– se modificó, con la aceptación tácita del gobierno de González Márquez, el plan original de la altura de la cortina de El Zapotillo, la cual pasaría de 80 a 105 metros con el fin de almacenar también agua para la zona metropolitana y para varias poblaciones de Los Altos.

Por supuesto, con esa mayor altura de la cortina los daños y perjuicios para Jalisco crecerían enormemente, pues ya no se podría salvar ni con diques el pueblo de Temacapulín; el territorio inundado crecería en un 150% al pasar de poco más de 2 mil hectáreas a cerca de 5 mil, buena parte tierras de labranza.

En otras palabras, Jalisco vería inundarse para siempre un área de 50 millones de metros cuadrados, incluidos tres pueblos con valor patrimonial y el desplazamiento de sus pobladores. ¿Y a cambio de qué? Prácticamente de nada, pues el agua del río Verde que les corresponde a los tapatíos perfectamente podría captarse construyendo una represa más próxima al área metropolitana de Guadalajara –tal podría ser el caso de Loma Larga, por ejemplo– y otra de menor altura para Los Altos.

En el dilema actual de la altura de la presa de El Zapotillo, el papel del gobierno de Jalisco es bastante obvio: defiende los intereses del estado o se pliega mansamente a los dictados de la federación y a las pretensiones de autoridades y fuerzas vivas de Guanajuato.

Y si el primer mandatario del estado, Aristóteles Sandoval, que desde su campaña por la gubernatura se comprometió a defender los intereses de Jalisco, no lo consigue ante una dependencia federal como la Conagua, entonces, como en el bolero de Consuelo Velázquez, para los habitantes de esta parte del mundo acabaría por imponerse una verdad amarga: que en Jalisco no mandan los jaliscienses ni la persona que éstos eligieron como su máxima autoridad, sino funcionarios federales de segundo y tercer nivel como el delegado de la Conagua, Elías Chadid Abraham, quien insiste en que la cortina de 105 metros en El Zapotillo es cosa decidida.

Con ello vendría a sumarse otra derrota más en el obeso capítulo de las grandes pérdidas de Jalisco. Paradójicamente, aún cuando hay un dicho popular que de manera fanfarrona e insidiosa proclama que “Jalisco nunca pierde y cuando pierde arrebata”, la verdad  histórica ha sido muy distinta, pues en sus diferendos con el poder central y aun con estados circunvecinos, Jalisco casi siempre ha llevado las de perder. En conclusión, en el caso de El Zapotillo está de por medio nada menos que la soberanía estatal.

http://www.proceso.com.mx/?p=342987

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