Elementos que debe incluir la Ley General de Aguas desde la perspectiva de la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA)

Como es sabido, a partir de la adición al art. 4° constitucional mediante decreto publicado en D.O.F. del 8 de febrero de 2012, se elevó a ese rango el derecho humano al agua y al saneamiento en México, quedando establecido que: “Toda persona tiene derecho de acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho. El Estado garantizará el este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”. En el mismo decreto publicado se mandató al Congreso de la Unión a emitir una Ley General de Aguas en un plazo de 360 días, lo que implicaría que para febrero de 2013 se debería contar con una nueva ley.

 El reconocimiento de formal del derecho humano al agua y al saneamientotanto en los instrumentos internacionales como en las legislaciones nacionales en América Latina, ha sido sin  sin duda un logro del movimiento internacional en defensa del agua en el que confluyen diversas organizaciones civiles, sociales, redes y activistas de diferentes países, cuya aspiración va más allá de la sola constitucionalización del derecho, ya que a todas luces resulta insuficiente si no se traduce en cambios profundos en las leyes, los modelos de gestión, las políticas públicas, y sobre todo en la vida cotidiana de los pueblos y en la forma en que los seres humanos nos relacionamos con el agua y con la naturaleza.  Bajo esta perspectiva, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA)[1] fue, junto con otros actores, fuerte impulsora de la  constitucionalización del derecho al agua, y aboga desde entonces por  la consecuente armonización legislativa. La COMDA ha planteado que la nueva ley debe formularse con la participación amplia y decisiva de la población, recoger sus aspiraciones y propuestas y por supuesto elaborarse a la luz del derecho humano al agua y al saneamiento incorporado en la Constitución para darle cumplimiento.

 Durante el año pasado la COMDA impulsó esta discusión  con diversos actores y en diferentes espacios,  y este año continúa el proceso de reflexión sobre los desafíos y las oportunidades que se abren con las modificaciones al 4° constitucional. Entre esos esfuerzos destacó el FORO INTERNACIONAL: “EL DERECHO HUMANO AL AGUA Y AL SANEAMIENTO EN LAS CONSTITUCIONES: AVANCES Y RETOS EN AMÉRICA LATINA”, que se realizó el 17 de octubre en la ciudad de México, convocado por la Red Vigilancia Interamericana para la Defensa y el Derecho al Agua (Red Vida) y la COMDA, que constituye su capítulo mexicano.  Por otra parte, la COMDA fue co-convocante y participante en el Congreso “Ciudadanos y sustentabilidad del agua en México”, efectuado los días 7 y 8 de diciembre de 2012 en la Rectoría General Universidad Autónoma Metropolitana en la ciudad de México, en donde se refrendó la importancia y absoluta necesidad de que la legislación actual en materia de agua se revise y se genere una ley que incorpore, entre otros aspectos, el enfoque de derecho humano al agua y al saneamiento.

 Frente a la responsabilidad que tiene el Congreso de la Unión de emitir la nueva Ley General de Aguas, y en consecuencia las entidades federativas de realizar la correspondiente homologación de los marcos legales locales; la Ley General de Aguas en México deberá recoger la esencia contenida en el art. 4º constitucional y estar apegada a los principios y estándares establecidos en los instrumentos internacionales que desde la reforma constitucional en materia de derechos humanos, se ubican al mismo nivel de lo establecido en la Carta Magna.

 El enfoque de derecho humano al agua y al saneamiento implica, entre otras cuestiones, las siguientes:

·         Que se considere al agua como un bien común, antes que un bien económico, cuyo manejo debe ser sustentable, considerando el entorno natural como a las generaciones presentes como las futuras.

·         Que en la distribución del vital líquido se dé prioridad al uso personal y doméstico sobre los otros usos, lo que está estrechamente vinculado al ejercicio y disfrute de otros derechos humanos. En términos prácticos este punto se podrá lograr en gran medida a través de la revisión de las concesiones existentes. Como se reconoce en el derecho internacional, el agua es necesaria para diversas finalidades, aparte de los usos personales y domésticos, y para el ejercicio de muchos otros derechos pero en la asignación del agua debe concederse prioridad al derecho de utilizarla para fines personales y domésticos.  También debería darse prioridad a los recursos hídricos necesarios para evitar el hambre y las enfermedades, así como para cumplir las obligaciones fundamentales que entrañan otros derechos humanos, por ejemplo, el derecho a la libre determinación de los pueblos que implica que que no podrá privarse a un pueblo "de sus propios medios de subsistencia", y en consecuencia el Estado debe garantizar un acceso suficiente al agua para la agricultura de subsistencia y para asegurar la de subsistencia de los pueblos indígenas.

·         Que la legislación y las políticas se diseñen de tal forma que garanticen los atributos del derecho humano al agua:

Disponibilidad, el abastecimiento de agua debe ser suficiente y continuo lo que implica garantizar a cada persona una cierta cantidad de líquido de agua cada día para uso personal y doméstico. Para determinar esta cantidad se considera relevante revisar los estándares internacionales en la materia y adecuarlos considerando la diversidad regional de México, analizando la disponibilidad de agua de cada cuenca además de una serie de características territoriales, pero también revisar las concesiones existentes, entre otros elementos.

Calidad, el agua debe estar libre de sustancias que pongan en peligro la salud, además, el agua debería tener un color, un olor y un sabor aceptables para cada uso personal o doméstico. Según las Guías de la OMS para la calidad del agua potable, el agua de consumo inocua (agua potable) “no ocasiona ningún riesgo significativo para la salud cuando se consume durante toda una vida, teniendo en cuenta las diferentes vulnerabilidades que pueden presentar las personas en las distintas etapas de su vida.” Para garantizar la calidad del agua habría que revisar y actualizar las NOMs existentes ya que hay estudios de académicos de la UNAM, como los de la Dra. Maria Luisa Torregrosa, y la Dra. Marisa Mazari, entre otros, que ponen en evidencia que la legislación mexicana es muy laxa en la materia. . Las normas deben ser debidamente actualizadas pues al día de hoy sólo incluyen un reducido número de contaminantes en un contexto donde hay nuevas sustancias que pueden tener efectos negativos en la salud. Además, se deberían implementar acciones para prevenir, además de sancionar la contaminación y para garantizar el aislamiento de las aguas contaminadas hasta la total remoción de los contaminantes. Las Guías de la OMS incluyen esta visión preventiva que enfatiza la necesidad de cuidar de la contaminación las fuentes de agua.

 Accesibilidad física, que implica que cada persona, tanto en el ámbito urbano como rural, cuente con las instalaciones de agua en su hogar, su escuela, su trabajo o el centro de atención a la salud  o que esas estén en las cercanías de esos espacios. La Organización Mundial de la Salud considera que para cumplir con ese atributo la fuente a agua no puede estar a más de 1000 metros del hogar y el tiempo de desplazamiento no debería superar los 30 minutos.

Accesibilidad económica, por lo que los costos asociados al abastecimiento del agua no deberían poner en peligro o mermar el disfrute de otros derechos. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sugiere que los costos del agua no superen el 3% de los ingresos del hogar. Para ello la ley debería dar pie a  una revisión de las tarifas que se aplican en el país. En ésta óptica se deberían impedir situaciones cuales las que se dan en la mayoría de las ciudades en las cuales se ha privatizado el agua y a un incremento de las tarifas que por mucho rebasa ese 3 % (Caso de Saltillo). El tema de los cortes de agua por falta de pago también debe revisarse desde el enfoque del derecho humano al agua.

Acceso a la información, lo que implica que cada ciudadano tenga acceso a la información sobre el agua. Debería por lo tanto ser muy fácil para cada ciudadano conocer, por ejemplo, la calidad del agua del grifo (se propone que esta aparezca en los recibos del agua) además de toda la información referente al agua.

Acceso sin discriminación, nadie debería ser discriminado en relación con el acceso  al agua, no deberían darse por ejemplo situaciones en las cuales las zonas ricas de una ciudad cuentan con agua todos los días y a todas horas y otras zonas la reciben tandeada. Acorde con el derecho internacional, el Estado debe velar por que la asignación de los recursos de agua y las inversiones en el sector del agua faciliten el acceso al agua a todos los miembros de la sociedad, pues una distribución inadecuada de los recursos puede conducir a una discriminación que quizá no sea manifiesta. Además, el  Estado  tiene la obligación especial de facilitar agua y garantizar el suministro necesario de agua a quienes no disponen de medios suficientes, así como de impedir toda discriminación basada en motivos sobre los que internacionalmente pesen prohibiciones en lo referente al suministro de agua y a los servicios de abastecimiento de agua; si bien el derecho al agua potable es aplicable a todos, el Estado debe prestar especial atención a las personas y grupos de personas que tradicionalmente han tenido dificultades para ejercer este derecho. La Ley deberá contener criterios de género, por ejemplo, reconocer a las  mujeres como usuarias del agua.

·         Que se garantice y fomente la participación social, lo cual puede hacerse mediante el manejo de cuenca con consejos de cuenca ciudadanos y la cogestión y mediante mecanismos de participación cercanos a las comunidades rurales y a las personas con criterios de paridad de género. Además, un manejo sustentable y responsable del agua por ciudadanas, ciudadanos y gobiernos requiere de presupuesto suficiente en todos los niveles de gobierno para garantizar este derecho.

·         Que se reconozcan, protejan y fortalezcan las formas y modelos comunitarias de gestión de agua, que incluyan la participación de las mujeres en la toma de decisiones, y se respete el derecho de las comunidades a decidir sobre sus territorios y aguas.

·         Que se impulse una mayor transparencia y rendición de cuentas en los Sistemas operadores, la CONAGUA e instancias estatales del agua.

·         Que se prevean medidas para poner fin a las inundaciones, grietas e hundimientos.

·         Que se prefieran obras con mayores beneficios y menores costos hídricos, sociales y ambientales, a lo largo de la vida útil del proyecto.

·         Es esencial mantener la función ecosistémica del agua, el manejo integral por cuencas hidrológicas, detener la sobreexplotación y las concesiones a particulares.

 

Estas y otras cuestiones están siendo analizadas en el marco de la propuesta ciudadana de ley de aguas nacionales que está siendo trabajada por un amplio grupo de investigadores, organizaciones (entre las cuales se encuentra la la COMDA) y movimientos sociales.

 

 

Correo de contacto de la COMDA:  comda09@yahoo.com.mx

 

Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua

1. Agua, Trabajo, Servicio y Vida A.C.

2. Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP)

3. Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL, A.C.)

4. Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo (AUAS, A.C.)

5. Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A.C.

6. Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A.C.

7. Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara (CESEM)

8. Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA)

9. Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento (COPEVI)

10. Colectivo Educación para la Paz y Derechos Humanos (CEPAZ DH)

11. Colectivo de Estudios Críticos en Derecho (RADAR)

12. Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con Alternativas (COMCAUSA A.C.)

13. Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP)

14. DECA Equipo Pueblo A.C.

15. Enlace Rural Regional A.C. (ERRAC)

16. Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC)

17. Food First Information and Action Network sección México (FIAN México)

18. Guardianes de los Volcanes A.C.

19. Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC)

20. Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)

21. Otros Mundos – Amigos de la Tierra

22. Red Género y Medio Ambiente (RGEMA)

23. Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC)

24. Sindicato de Empleados Públicos del Sistema Intermunicipal de Agua y Alcantarillado de Guadalajara (SEPSIAPA)

25. Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ)

26. y como Aliado internacional: Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL)

27. Sistema de Agua Potable de Tecámac, Estado de México, A.C. 




[1] La COMDA está compuesta actualmente por 27 organizaciones civiles, sociales y redes, con presencia en varios estados del país, entre las que destacan  organizaciones de defensa de derechos humanos, de promoción del desarrollo, ambientalistas, de cuestiones de género,   movimientos comunitarios, urbano-populares,  y asociaciones de usuarios y trabajadores de sistemas de aguas (ver lista completa al final de este texto).

 

Leave a reply

Softplug.net