En Saltillo se viola el derecho humano al agua denuncian organizaciones durante coloquio internacional.

Boletín de prensa 1

 Frente a la indolencia e impunidad de las autoridades municipales correspondientes, a las que nos hemos enfrentado por más de doce años, nos vemos en la necesidad de presentar ante las instituciones, organizaciones y medios de comunicación nacionales e internacionales presentes en este Coloquio, esta denuncia sobre múltiples violaciones al derecho humano al agua por parte de las empresas mixtas Aguas de Saltillo y Aguas de Ramos Arizpe.  

El sistema de agua de Saltillo (ahora conocido como Aguas de Saltillo, AGSAL) se semiprivatizó en el año 2001, mediante la venta de 49% de las acciones a InterAgbar de México, empresa filial de Aguas de Barcelona (AGBAR). En Ramos Arizpe, la empresa mixta Aguas de Ramos Arizpe (AGRA), de la que AGSAL posee el 48% de las acciones, empezó a operar el 1° de enero de 2013.

 A partir de estas transacciones, el agua se ha convertido en una mercancía para beneficio de los municipios y del socio privado, y se ha violado el derecho humano al agua en diferentes formas, que incluyen:

 a)      Aumentos indebidos en las tarifas por consumo en Saltillo (de 75.4% para los usuarios populares y de 115.9 % para los de interés social entre septiembre de 2001 y agosto de 2013). En el Contrato de Asociación quedó establecido que el aumento de tarifas sería igual al del Índice Nacional de Precios al Consumidor, el cual fue de 51.162% en el mismo periodo.

b)      Aumentos indebidos en las tarifas por consumo en Ramos Arizpe (de 13.98% para los usuarios populares, y de 158.66% para los de interés social que no tienen medidor, entre diciembre de 2012 y agosto de 2013). El aumento de la inflación fue sólo de 1.92% en el mismo periodo.

c)      Aumentos indebidos en las tarifas de instalación de los servicios de agua y drenaje en Saltillo (de 236% para los usuarios populares y de 341% para los de interés social entre septiembre de 2001 y agosto de 2013). El aumento de la inflación fue sólo de 51.162% en el mismo periodo. Se ha llegado a cobrar hasta más de $ 14,000 en colonias populares por la conexión del servicio, excediendo por mucho la Tarifa Popular Ayuntamiento (que es del orden de $1,000) y los montos regulares establecidos por derechos de interconexión y desalojo de aguas residuales.

d)      Aumentos indebidos en las tarifas de instalación de los servicios de agua y drenaje en Ramos Arizpe (de 9% para los usuarios populares y de 55% para los de interés social entre diciembre de 2012 y enero de 2013). El aumento de la inflación fue sólo de 0.4% en el mismo periodo. Otros servicios tuvieron aumentos aún mayores.

e)      Cobros exagerados por adeudos en Ramos Arizpe (hasta por más de $30,000 por 42 meses de rezago a usuarios populares que pagaban la tarifa mínima de $38.85).

f)       Suspensión del servicio de agua a los usuarios que tienen rezagos de 2-3 meses en el pago, en muchos casos por no tener posibilidades de cubrir los altos cobros por consumo o las cuotas de conexión o reconexión que cobra la empresa.

g)      Cobros indebidos por cambio de medidores.

h)      Cobros indebidos por aplicación de conceptos que por ley solamente corresponden a fraccionadores, a los usuarios cuyo terreno tiene una extensión mayor de 800 metros cuadrados. Con estos cobros, el costo de conexión se incrementa a más del doble.

i)        Falta de información sobre la calidad del agua de abasto y calidad dudosa del agua “potable”.

j)        Falta de transparencia, que se refleja en la publicación incompleta de la “Información Pública Mínima” en la página web de la empresa. Además, las altas tarifas que cobra AGSAL para entregar documentos en papel o en forma electrónica ($5.00+IVA por hoja), violan el artículo 113 que indica: “…El costo unitario de la reproducción no debe ser superior al costo de los materiales utilizados en la misma…”, y han reducido a cero las solicitudes de información en el presente año.

k)      Sobreexplotación de los acuíferos, lo que podría conducir eventualmente a deficiencias en el abasto de agua y deterioro de su calidad. A esto hay que sumar la poca atención a las fugas de agua, y la suspensión de las campañas de ahorro y de la venta de dispositivos ahorradores.

 

Por todo lo expuesto, exigimos la remunicipalización de los organismos operadores de agua de Saltillo y Ramos Arizpe.

Las autoridades municipales de Saltillo han violado los artículos 92 y 94 de la Ley de Participación Ciudadana de Coahuila por: a) haberse negado a conceder audiencias públicas a los ciudadanos o grupos que se las han solicitado, con el fin de plantearles sus cuestionamientos y quejas sobre la gestión de AGSAL; y b) por haber hecho caso omiso de las quejas ciudadanas, muchas de ellas relacionadas con incumplimientos legales de la empresa, y la violación del Derecho Humano al Agua, en particular de los más pobres.

En el 2013, ciudadanos de Ramos Arizpe presentaron dos quejas a la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila, la primera en el mes de marzo, de las cuales la única respuesta que se ha recibido es la de su admisión. También se presentaron tres amparos colectivos por violaciones al Derecho Humano al Agua, los cuales todavía no han sido resueltos.

 

Debido a la falta de respuesta de las autoridades de Coahuila y a que el esquema de empresa mixta ya empezó a expandirse a otras ciudades de Coahuila y de México; y con el fin de darle a conocer los pormenores de las violaciones al Derecho Humano al Agua en Saltillo y Ramos Arizpe, las organizaciones signantes, de acuerdo al artículo 8° de la Constitución federal, solicitamos una audiencia pública con el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

FIRMAN POR LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS

 

 

 

 

 

 

 

Saltillo, Coahuila, a 15 de octubre del 2013

 

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