Entregar agua a particulares podría derivar en conflictos sociales

Entregar agua a particulares podría derivar en conflictos sociales

Una de las empresas que ha mostrado su interés es la empresa española Aguas de Barcelona desde 2006, cuando se registró un primer intento por privilegiar la privatización del servicio, reseñó el académico del Tecnológico de Monterrey, Luis Escobar Aubert.

Jue, 28/04/2011 – 09:13

 

Naucalpan. Expertos no descartan la participación de empresas transnacionales privadas en los procesos de concesión del servicio de agua potable, según contempla la nueva Ley del Agua del Estado de México que podría aprobarse este jueves en la Legislatura local, con la que pretende entregar este servicio básico y fundamental para la vida humana a “mercaderes” y que podría derivar en graves conflictos sociales.

Una de las empresas que ha mostrado su interés es la empresa española Aguas de Barcelona desde 2006, cuando se registró un primer intento por privilegiar la privatización del servicio, reseñó el académico del Tecnológico de Monterrey, Luis Escobar Aubert.

Consideró que de aprobarse la iniciativa del Ejecutivo Estatal podría derivar en serios conflictos sociales, pues el agua es un bien público, no una mercancía que se vende para dar jugosas utilidades a un empresario, por eso es obligación constitucional de los gobiernos prestar el servicio en los términos del artículo 115.

“El Estado cede a los particulares la prestación de los servicios que está obligado constitucionalmente para convertirlos en un mercado más que sólo exhibe en el fondo el modelo económico neoliberal, para abrir más las puertas a la iniciativa privada”.

Las ganancias que obtengan las empresas concesionadas al vender el líquido en el Estado de México dejarán sin ingresos a organismos de agua, advirtió.

Ayer, en menos de una hora y por unanimidad, las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, así como de Recursos Hidráulicos, aprobaron la Ley del Agua para la entidad que privilegia la concesión a particulares para prestar el servicio de agua potable a los habitantes mexiquenses.

En este sentido el experto del Tecnológico de Monterrey calificó como “grave” esta decisión legislativa, que aprobará hoy la mayoría priista en el Congreso Local, pues el agua es un bien público no una mercancía que se vende para dar jugosas utilidades a un empresario, por eso es obligación constitucional de los gobiernos locales prestar este servicio.

La iniciativa del Ejecutivo podría derivar en conflictos sociales debido a que en el estado aún existen convenios con comunidades, las cuales administran el agua, pues atenta contra su organización social ancestral de usos y costumbres.

Ana Salazar

http://www.milenio.com/node/704961

 

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