Exigen liberar a dos indígenas poblanos presos por defender derecho al agua

Exigen liberar a dos indígenas poblanos presos por defender derecho al agua

Gabriela Hernández
Estados

PUEBLA, Pue. (apro).- El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) demandó la liberación inmediata de los indígenas Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, presos desde enero del 2010 en el Centro de Readaptación Social de Huachinango por defender el derecho al agua.

Según el organismo, a ambos activistas se les imputa de manera dolosa el delito de robo de vehículo.

Los dos campesinos se encuentran presos desde el 13 de enero de 2010.

El Centro Prodh destacó que el 27 de octubre pasado interpuso una demanda de amparo directo ante la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, por la “ilegal confirmación de la sentencia” de cárcel en contra de las dos autoridades nahuas originarias de Atla, municipio de Pahuatlán.

En un comunicado, el organismo aseguró que los dos activistas fueron detenidos injustamente y condenados a más de seis años de prisión por un robo “fabricado” y que esto se deriva de su labor en defensa del acceso al agua para toda su comunidad.

“El caso de José Ramón y Pascual, defensores comunitarios del agua, es emblemático porque representa a los defensores de derechos humanos que buscan beneficiar a toda la comunidad y no a intereses sectarios de un grupo caciquil”, apunta el Centro Prodh.

Los abogados Andrés Díaz y Araceli Olivos explicaron que estas autoridades nahuas se enfrentaron a los caciques de su región para lograr hacer efectivo el acceso al agua potable para las familias de la comunidad de Atla, mediante la repartición gratuita de tomas del líquido.

Con ello revirtieron “el abuso físico (de trabajo voluntario) y económico (de pagos de hasta 5 mil pesos por cada toma de agua) al que había sido sujeta la población por parte de las personas que controlaban el proyecto hídrico”, precisó el Centro Prodh.

Asegura que, con base en declaraciones falsas de un denunciante y dos testigos, miembros del grupo caciquil fabricaron el delito de robo de vehículo en contra de los activistas.

“Pese a las irregularidades latentes en el expediente penal, José Ramón y Pascual fueron condenados injustamente, violentándoseles sus derechos humanos garantizados en la Constitución”, se destaca en el boletín.

“El Poder Judicial de la Federación”, agrega, “tendrá la oportunidad histórica de determinar su inocencia, al comprobar las irregularidades y faltas al debido proceso en las que incurrieron tanto la autoridad investigadora como las judiciales”.

Brígida Cruz y Salustia Aparicio, esposas de los líderes indígenas, narraron en náhuatl su indignación por las irregularidades cometidas en el proceso por el supuesto robo del vehículo.

Salustia, esposa de Agustín Cruz, denunció que el cacique de la comunidad, Guillermo Hernández, intenta cobrar el servicio en 5 mil pesos por toma de agua, por lo que los pobladores decidieron organizarse para poner fin a esos abusos.

http://www.proceso.com.mx/?p=287551

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