Exigen ONG’s cancelar definitivamente La Parota, por fallo de juez

Exigen ONG’s cancelar definitivamente La Parota, por fallo de juez

El Tribunal Unitario Agrario numero 41, con sede en Acapulco, emitió una sentencia mediante la cual se anula la asamblea agraria realizada el 28 de abril de 2010 con la cual se pretendía imponer la construcción del proyecto hidroeléctrico.


Redes de derechos humanos nacionales e internacionales se congratularon por la anulación de la asamblea agraria a través de la cual se pretendía imponer el proyecto hidroeléctrico La Parota, por lo que con argumentos basados en el derecho internacional, instan al gobierno federal y de la entidad a poner fin al proyecto.

Y es que, mediante un comunicado explicaron que en noviembre pasado, las organizaciones y redes nacionales e internacionales enviaron al magistrado encargado del juicio agrario de nulidad 360/2010, un amicus curiae (figura a través de la cual terceros ajenos al litigio presentan una opinión ante un tribunal con el fin de ofrecer información calificada sobre la materia controvertida) en respaldo de los derechos humanos y especialmente del derecho a la participación y consulta y del derecho a la tierra y territorio de los pueblos amenazados por el proyecto hidroeléctrico La Parota.

En el documento, haciendo puntual referencia a los tratados internacionales en materia de derechos humanos firmados y ratificados por México, se demostró de manera contundente que al querer imponer el proyecto hidroeléctrico desde 2002, el Estado mexicano estaba incurriendo en un sinnúmero de violaciones en materia de derechos humanos, la mayoría de las cuales han sido condenadas por distintos órganos de las Naciones Unidas.

"Nos complace por lo tanto que los argumentos vertidos en el amicus contribuyeran a que el Tribunal Unitario Agrario n. 41, con sede en Acapulco, emitiera una sentencia mediante la cual se anulara la asamblea agraria realizada el 28 de abril de 2010 con la cual se pretendía imponer la construcción del proyecto hidroeléctrico".

Por ello, instaron a las autoridades competentes y especialmente al Gobierno del Estado de Guerrero, a respetar la sentencia y la voluntad de los pobladores de la zona quienes, en una consulta que se llevó a cabo en el mes de agosto de 2007, expresaron su rechazo al proyecto.

Sobre este último punto resulta relevante subrayar que el artículo 16.2 del Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por México en 1990, establece que el consentimiento de las comunidades es un requisito sin el cual no se puede llevar a cabo un proyecto que implique el traslado o la reubicación de la población, lo que corresponde a un derecho de veto de los pueblos que podrían ser víctimas de un desalojo; derecho de veto que, fue ejercido por los pueblos en la consulta de agosto de 2007.

Hay que recordar además que ya son cinco los juicios que se han resuelto a favor de los comuneros y ejidatarios quienes, recurriendo al marco legal nacional e internacional, se oponen a ser desalojados de sus tierras en nombre de un proyecto cuyo beneficio y viabilidad social, legal y ambiental, ha sido ampliamente cuestionado y demostrados.

"Considerado todo lo anterior, las organizaciones abajo firmantes nos pronunciamos para que el proyecto sea definitivamente cancelado".

Entre las organizaciones que demandan lo anterior se encuentran Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC ) conformado por 16 organizaciones; Casa y Ciudad de Coalición Hábitat México, Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos (CAM), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH).

Además del Centro de Investigación y Promoción Social (CIPROSOC), Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL) de Fomento Cultural y Educativo, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Consultoría Especializada en Justiciabilidad de los DESC (CEJUDESC), DECA Equipo Pueblo, Defensoría del Derecho a la Salud–Chiapas.

Finalmente, FIAN Sección México, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) –Guadalajara, Instituto Mexicano Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Liga Mexicana de Defensa de Derechos Humanos (LIMEDDH), Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Coalición Internacional del Hábitat, RADAR-Colectivo de estudios Alternativos en Derecho. Centro Legal de Defensores del Medio Ambiente (EDLC) FIAN Internacional-FoodFirst Information and Action network Habitat International Coalition (HIC) Secretaría de la Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales.

mej

 

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