Guerra del agua en Sonora

Guerra del agua en Sonora

Miguel Ángel Granados Chapa

  • 20-Septiembre-2010

·         Al cumplir un año en el poder, el gobernador de Sonora Guillermo Padrés está agravando el conflicto surgido de su proyecto de quitar agua a los agricultores del Valle del Yaqui, y a los residentes de siete municipios y Ciudad Obregón, para suplir las deficiencias del suministro del líquido que padece Hermosillo. La capital del estado requiere una solución a su escasez, pero no a costa de provocarla en el sur.
El Gobierno estatal ha iniciado la licitación del acueducto Independencia, que extraería cuantiosos caudales de la presa “El Novillo”. En defensa de sus derechos, representantes de los usuarios de la cuenca del Yaqui solicitaron amparo contra la convocatoria correspondiente. Un juez federal otorgó la suspensión provisional de la medida, lo que parece haber irritado al Ejecutivo estatal.
El 7 de septiembre, el secretario técnico de Gobierno Roberto Romero López hizo subir a su vehículo a uno de los quejosos, Ramón González, y le demandó que se desistiera del juicio de garantías. Esa misma noche, dos empleados de la Comisión Estatal del Agua interceptaron al propio González, lo condujeron a una tienda de conveniencia y allí insistieron en la petición formulada por el funcionario cercano al gobernador.
Otra persona, Máximo Othón, utilizando un teléfono celular registrado a nombre del gobierno del estado, urgió a otro quejoso, Marco Fuerte Gaytán a que, asimismo, se desistiera. Dijo hablar por instrucciones del gobernador y amenazó a su interlocutor diciéndole que “le iba a ir muy mal”. Más tarde en un mensaje escrito ratificó su petición y su amago: recalcó “que el Gobernador lo va a tomar como algo personal si no se desiste”.
Han hecho esa denuncia, en un desplegado aparecido el 9 de septiembre, un vasto y representativo conjunto de asociaciones de productores rurales y otros ciudadanos que no están dispuestos a perder sus derechos al agua que da vida a la comarca, si bien están conscientes del grave problema que padece la capital de su estado. No se trata de un enfrentamiento político, en que la oposición al gobernador panista esté erigiendo un escollo a la buena marcha de la administración. El verdadero sentido del movimiento que defiende el uso del agua en el Valle del Yaqui, en el municipio de Cajeme (y seis más) y en Ciudad Obregón lo muestra la posición del senador, panista como el gobernador, Javier Castelo Parada.
Ante la falta de agua en Hermosillo el gobierno debería plantearse varias soluciones, que en opinión del legislador deben cumplir tres condiciones: ser sustentable y garantizar el abasto; tener bajo costo y estar disponible en el plazo más breve posible: y no afectar a otros sonorenses. El proyecto de construir un acueducto de la presa “El Novillo” a la capital no satisface ninguno de esos requerimientos. En 2003 la sequía en el Valle del Yaqui imposibilitó el trabajo agrícola, aunque logró asegurarse el abasto a Ciudad Obregón, pues los agricultores dieron prioridad a ese suministro antes que a su propio interés, de modo que si el fenómeno se repite Hermosillo quedaría desabastecido. El acueducto demoraría hasta tres años en funcionar y costaría tres veces más que una desaladora, según aprecia el periodista obregonense Álvaro Cepeda Neri.
La desaladora fue proyectada hace 13 años y llegó a contratarse a una empresa israelí para diseñarla. En vez de llevarla adelante, el Gobierno de Eduardo Bours prefirió el pago de una penalidad millonaria y canceló el contrato. Como candidato, Padrés ofreció construirla para remediar la escasez en la capital. Sólo que mudó de opinión y está empecinado en privar hasta de 75 millones de metros cúbicos del líquido a los cultivadores de 10 mil hectáreas dedicadas al trigo y otros cereales.
Los opositores al acueducto no pretenden ignorar el problema capitalino y han imaginado soluciones que no los afecten en el sur. La más adecuada consiste en mejorar la administración de los pozos en la costa de Hermosillo, donde la corrupción oficial y privada permite un mal aprovechamiento del agua y que algunos derechosos medren con ella en perjuicio de los hermosillenses. También debería mejorarse la distribución del líquido en la ciudad, afectada entre otras ineficiencias porque apenas la mitad de los usuarios tiene medidor para sus consumos.
El senador Castelo Parada propone que la solución se localice en el entorno agrícola de Hermosillo: “Cada año 25 mil hectáreas se irrigan sin utilizar sistemas de riego tecnificado; para no detener la agricultura”, el senador propone donar la tecnificación a los usuarios de esa región y que “el ahorro de agua se lo donen a la ciudad, en compensación por el sistema de riego recibido”. Según los cálculos del legislador, “esta propuesta puede arrojar hasta 100 millones de metros cúbicos”. Es, en suma, “la solución más rápida… y la más económica”.
Las mismas agrupaciones que denunciaron la ilegal presión sobre algunos quejosos hacen notar, en otra comunicación, el 13 de septiembre, el riesgo de que si los recursos jurídicos que están desplegando tuviera buen fin, y el gobierno se empeña como lo hace en llevar adelante la obra, ésta quedaría inservible, por lo que se habrían dilapidado 3 mil 800 millones de pesos, el presumible costo del acueducto.
A la exposición de este grave problema está dedicado el primer número de la nueva época de la revista Contralínea-Sonora, dirigida por ese apóstol del periodismo que es Cepeda Neri, siempre adalid de causas socialmente útiles, cuantimás si se refieren a su tierra.
Cajón de sastre
Nacido el 6 de junio de 1943, en Autlán, Jalisco, José de Jesús Gudiño Pelayo, ministro de la Suprema Corte de Justicia en su hora final, falleció en Londres el 19 de septiembre. Abogado y maestro en derecho por la Universidad Iberoamericana, hizo una larga carrera judicial, como secretario de estudio y cuenta de la propia Corte a la que volvería como parte del pleno en 1995. Fue juez de distrito y magistrado de circuito. Enseñó en varias universidades y escribió libros sobre su tarea como juzgador. Sobresalen entre ellos “El Estado contra sí mismo, sobre las comisiones de derechos humanos; y Las costumbres del poder. El caso de Lydia Cacho”. Éste reúne los votos, que quedaron en minoría, de los ministros Genaro David Góngora Pimentel, Juan Silva Meza y José Ramón Cossío y el suyo propio,  en el debate que exoneró al gobernador Mario Marín.

miguelangel@granadoschapa.com

http://www.vanguardia.com.mx/diario/detalle/columna/guerra_del_agua_en_sonora/555298

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