¿Nuevas tendencias en la política nacional en materia de agua?

 


¿Nuevas tendencias en la política nacional en materia de agua?*

Claudia Campero[1]

Maria Silvia Emanuelli[2]

 En ocasión de la celebración del día mundial del agua el Presidente Peña Nieto presentó las líneas de acción de la política nacional en la materia. En su discurso es notable la ausencia de referencias explícitas al agua y al saneamiento como un derecho humano según establece el artículo 4º Constitución desde febrero de 2012. En su lugar, el mandatario define al agua como un bien único (cuidado: no público) y vital. Frente a este “olvido” no deben perderse de vista los alcances de la reforma que debiera guiar las políticas públicas considerando que implica obligaciones para todas las autoridades, sin excepción.

Hablar del agua como un derecho humano significa que todas las personas sin discriminación tengan acceso a una cantidad de agua potable para uso personal y doméstico a un precio que no ponga en riesgo su economía. Este uso debería ser prioritario sobre todos los demás (uso industrial, minero, agrícola de gran escala, etc.). Además, considerando la interdependencia entre derechos, también debería articularse necesariamente con el derecho a un medio ambiente sano y no implicar violación de otros derechos humanos. Somos parte de la naturaleza y no lo podemos seguir olvidando pero parece que ello no ha permeado en el discurso oficial.

En la presentación de Peña Nieto se ofrece un breve diagnóstico de los graves problemas que enfrenta el país en materia hídrica pero las soluciones propuestas no parecen novedosas. Representan más bien la continuidad de las políticas que nos han llevado a la crisis que enfrentamos.

Es así como la necesidad de acueductos para las principales ciudades y la “búsqueda de nuevas fuentes” de las que se habla en el discurso presidencial, se debe a la pavimentación, sobreeexplotación y deforestación ligadas al crecimiento urbano desmedido. La solución no es repetir el traslado de grandes cantidades de agua robadas al campo sino restaurar las fuentes que tenemos, usar el líquido de forma más eficiente –empezando por la reparación y sustitución de tuberías donde se pierde en promedio 40% del agua- evitar la contaminación más que tratar las aguas servidas y utilizar el agua de lluvia.

Decir que hay nuevas fuentes disponibles supone que esta agua no está siendo utilizada, lo cual generalmente es falso. Los ecosistemas y casi siempre también la población rural, se benefician de ella ya sea para consumo directo, agricultura de subsistencia, pesca u otras actividades pero esos usos quedan invisibilizados. Suponer que el agua para las ciudades es más importante es tanto como pensar que hay ciudadanos de primera y de segunda. Lo anterior es denunciado frecuentemente por las comunidades cuando se les imponen proyectos “de desarrollo” en nombre de un supuesto interés público que no las contempla.

Ejemplo de ello es, entre muchos otros, el caso de la presa El Zapotillo, situada en los Altos de Jalisco. Los funcionarios se llenan la boca hablando del “derecho al agua” de la ciudad de León, los Altos y Guadalajara. Sin embargo, no se preocupan de comprobar que el agua sea para uso personal y doméstico, ponderar derechos, ni evaluar posibles alternativas a este proyecto y a los desalojos que implicaría, como prevé la legislación en materia de derechos humanos. Las poblaciones que serían inundadas de continuarse el proyecto -Temacapulín, Acasico y Palmarejo- han denunciado que esta presa estaría más bien dirigida a satisfacer los intereses de los empresarios involucrados en su construcción de la presa y el acueducto así como de las empresas que utilizan grandes cantidades de agua en la zona (monocultivos, peleteras, etc.). La referencia al derecho humano al agua sería por lo tanto una tergiversación de su significado.

El Ejecutivo debiera tener en cuenta, como pretende hacerlo en las líneas de acción presentadas, que la vulnerabilidad frente al cambio climático (y el cambio climático mismo) se provoca precisamente al destruir los ecosistemas haciendo que éstos pierdan la capacidad de retener el agua en la vegetación y apoyar a la infiltración. Las presas estancan el agua deteriorando su calidad. Además, las grandes cantidades de material orgánico que es retenido en los embalses y la destrucción de extensiones de tierra que se necesitan para la construcción de estas infraestructuras producen cantidades significativas de CO2. ¿Por qué se sigue impulsando un modelo de desarrollo que no contempla el ambiente y las comunidades? ¿Por qué, si realmente el agua es para satisfacer el derecho humano de las personas que viven en las ciudades, no se concentran los recursos en reparar y sustituir las tuberías?

Sumando a nuestra preocupación, el Presidente en su discurso ni siquiera menciona la palabra contaminación. Habría que recordarle que aquella frase fatídica “el agua se va a acabar” debería sustituirse por “el agua limpia se va a acabar”. Precisamente uno de los mayores problemas que tenemos en nuestro país es la contaminación de las fuentes en buena medida provocada por la agroindustria, la maquila, la extracción de hidrocarburos y la minería tóxica.

Peña Nieto omite mencionar el interés que ha mostrado en promover la nueva amenaza para el agua que representa la extracción del gas esquisto. Según estimaciones de la Energy Information Administration (EIA) de Estados Unidos, México es el cuarto país en reservas de este tipo de gas natural por lo que las empresas norteamericanas tienen una vez más los ojos puestos sobre nuestro territorio. Su extracción requiere de fractura hidráulica (o fracking) que emplea millones de litros de agua, provoca contaminación por tóxicos y otros elementos dañinos incluso radioactivos. Lo que no se contempla es un tratamiento convincente de las aguas residuales. En E.E.U.U. ya existen más de mil casos documentados de pozos de agua contaminados en las cercanías de esta práctica. En la frontera de Coahuila desde 2011 se están perforando pozos sin las más mínimas previsiones arriesgando fuentes de agua, ecosistemas y comunidades.

Frente a este panorama, la ciudadanía tenemos nuevas respuestas a la compleja situación hídrica del país que se están plasmando en la iniciativa de ley ciudadana de agua sobre la cual trabajamos academia y organizaciones. Lo que se pretende es abandonar las viejas recetas y los planteamientos sectoriales y cortoplacistas en nombre de una propuesta integral basada en la cogestión entre autoridades y ciudadanía, considerando como espina dorsal de la iniciativa el derecho humano al agua y la viabilidad a largo plazo de las cuencas. Todo ello en nombre de un mejor futuro para nuestro país.

 

* Artículo publicado en DH suplemento mensual de Milenio Diario, 3 de junio de 2013, pag 18. http://bit.ly/11hNY26

[1] Coordinadora para Blue Planet Project y Food & Water Watch en México e integrante de la Coalición de Organización Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA).

[2] Coordinadora de la Coalición Internacional para el Hábitat, Oficina para América Latina (HIC-AL) e integrante de la Coalición de Organización Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA).

 

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