La confabulación del poder tras El Zapotillo: la expropiación de Temaca

La confabulación del poder tras El Zapotillo: la expropiación de Temaca

La Jornada Jalisco/ 23 Noviembre, 2011
Guadalupe Espinoza Sauceda

Los poderes federal y del estado de Jalisco se han confabulado desde hace tiempo para afectar a la comunidad de Temacapulín, que desde hace más de seis años viene resistiendo en contra de la presa El Zapotillo. El acoso llegó formalmente con los tres primeros edictos del inicio del procedimiento legal de expropiación por parte del gobierno del estado de Jalisco, publicados en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco fechados el 23 de septiembre de 2011 y firmados por el subsecretario de Asuntos Jurídicos del gobierno del estado, en el que citan a comparecer a Mercedes Jáuregui, Víctor Jáuregui Jiménez y Cesáreo Jiménez, así como "cualquier persona interesada que pudiera deducir y justificar derechos de posesión o de propiedad que les pudieran corresponder sobre los inmuebles", para el día 9 de noviembre de 2011 a la Dirección de Asuntos Jurídicos deL Gobierno del Estado. Las dos primeras personas ya están fallecidas y eran originarias y vecinas de Temacapulín, mientras que la tercera es de la cabecera municipal de Cañadas de Obregón. Se les cita, dice el edicto, porque “previos los estudios de infraestructura técnica realizados, al ser requerido por la Comisión Nacional y Estatal del Agua, para la construcción de la presa El Zapotillo” –se refiere a los predios de cada uno de ellas– y se les cita “a efecto de no conculcar garantía alguna en agravio de las partes afectadas dentro del mismo, es procedente para la citación a la celebración de la Junta prevista por el artículo 5° de la Ley de Expropiaciones de Bienes Muebles e Inmuebles de Propiedad Privada en el Estado de Jalisco”.

Los descendientes de los citados comparecieron el día y hora fijado a la junta donde se encontraba presente la Comisión Estatal del Agua a través de su jefe de Gestión y Concertación, Jorge Alejandro Flores, para escuchar las ofertas del gobierno, así como Claudia Leonor Orozco Rubio de la Dirección de Asuntos Jurídicos del gobierno del estado, ahí les dijeron que el gobierno está pagando a 40 pesos el metro cuadrado de terreno si aceptan negociar, en cambio si no aceptan el pago sería a valor catastral, que en el caso de los citados, sus pagos oscilan entre uno y cuatro pesos el metro cuadrado. Asimismo, el gobierno aprovechó para decirles que ya son pocos los renuentes a vender, que muchos ya negociaron las compra-ventas, pero como siempre, no les han dicho quiénes son.

La Ley de Expropiación dice en su artículo 12 que si los propietarios se rehusaren a recibir el precio señalado por los establecimientos hacendarios, se hará la consignación judicial. Lo que en términos llanos quiere decir que como muchas propiedades en Temacapulín están en situación irregular en la actualización legal de sus predios y fincas, muchos de sus propietarios tendrían que justificar o acreditar sus derechos ante instancias judiciales o administrativas.

En este sentido, a la gente de Temaca se le pretende expropiar sus terrenos ya que se niegan a venderlos al gobierno. Y expropiar significa o consiste en "la transferencia coactiva de la propiedad privada desde su titular al Estado, mediante indemnización, poseyendo la característica de que no puede ser asimilada a la compra-venta prevista en el derecho privado". Es decir, es un acto forzoso del Estado en el que hace uso de la fuerza pública. Para ello, el gobierno aduce que va a expropiar a los que se niegan a vender por las causas de utilidad pública señaladas en el artículo 2 de la Ley de Expropiación citada con anterioridad, misma que en su fracción I dice: “El establecimiento, explotación o conservación de un servicio público” y en la fracción II textualmente se lee: “La defensa, conservación, desarrollo y aprovechamiento de elementos naturales susceptibles de explotación”.

Estas dos causales de utilidad pública son las que arguye el gobierno de Jalisco, pero de un análisis jurídico serio no existe la causa de utilidad pública, toda vez que los predios objeto del procedimiento de expropiación no forman parte del área que será afectada por el embalse de la presa El Zapotillo porque quedan fuera de la cota máxima del nivel del agua, en virtud de que lo que pretenden expropiar, en este caso es una franja de terreno para hacer un camino o carretera de acceso al nuevo centro de población, es decir, a Talicoyunque, el lugar a donde pretende el gobierno reubicar a los habitantes de Temacapulín.

Siendo que para el caso de un nuevo centro de población, la utilidad pública debe ser decretada en términos de la fracción V del artículo 2 de la ya multicitada Ley de Expropiación que prescribe: “La fundación de centros de población, conforme a las declaratorias de provisiones de tierras contenidas en el decreto que expida el Congreso del Estado de acuerdo a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco.” Decreto del Congreso del Estado que para el nuevo centro de población en Talicoyunque no existe, con lo cual se cae en otra ilegalidad, la cual ya se ha dicho y argumentado en diversos momentos e instancias. Lo cual se refuerza con lo que dice el Código Urbano del Estado de Jalisco en su artículo 7º: “Corresponde al Congreso del Estado: I. Decretar la fundación de centros de población, previstos en el Programa Estatal de Desarrollo Urbano”.

Y por si fuera poco ya han publicado otros cinco edictos citando a comparecer para finales de este mes a los habitantes de Temacapulín, porque ahora lo que se pretende afectar son las fincas. Entre las nuevas citadas están Aurora Jáuregui Becerra, Rafaela Gallo Gutiérrez, José Marced Arámburo Gallo, Ramona Jáuregui Becerra y las hermanas María del Consuelo y Esperanza Carbajal Espinoza. La característica es que todas estas personas se han opuesto a vender e incluso tienen juicios de amparo ventilándose ante juzgados federales y, en el caso de María del Consuelo Carbajal Espinoza, ella ganó su amparo 2245/08 tramitado en el Juzgado II de Distrito en Materia Administrativa con sede en esta ciudad y la sentencia ordena la suspensión de la presa El Zapotillo.

Otra persona que se niega a vender es Moisés Íñiguez, a quien también ya se le citó. Todo indica que se viene una serie de edictos y de actos del Estado en contra de la digna lucha de los habitantes de Temacapulín que se resisten a dejar sus hogares y que se niegan a que su entorno y pueblo desaparezcan bajo una presa que ellos nunca desearon ni pidieron. De este tamaño es la amenaza que se cierne contra este pequeño pueblo. Para todo esto las instancias del gobierno de Jalisco implicadas en el caso de El Zapotillo actúan de común acuerdo como máquinas bien aceitadas. Pero hasta la fecha nadie de los citados ha aceptado a negociar con el gobierno porque saben que su pueblo, propiedades y dignidad no tienen precio

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