La ley de aguas y las concesiones a los amigos del presidente

Escrito por el 22 febrero 2015 a las 11:55 am en Sociedad

aguaPor Miguel Ángel Montoya*

La Ley de Aguas Nacionales (LAN) que actualmente nos rige en materia fue expedida en 1992 por Carlos Salinas creando la figura de las concesiones como mecanismo jurídico para privatizar el agua, aunque no totalmente, ya que de algún modo se tuteló el agua destinada al suministro público creando la figura de la asignación. La figura de la asignación se asocia al interés público mientras que la de concesión al interés privado. El conjunto de reformas mas importante a la LAN sucedió en 2004 con Vicente Fox, para que, entre otras cosas, particulares pudieran operar la infraestructura hidráulica federal, también bajo concesión.

El abuso y permisividad en el régimen de concesiones nos condujo a la sobrexplotación, a la creciente contaminación y a la inequidad en el acceso a este recurso vital, por eso es que en abril de 2011 cuando los diputados federales reformaron la Constitución para establecer el derecho humano al agua dispusieron en un artículo transitorio derogar la LAN y expedir una nueva Ley de carácter general para hacer realidad el “uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos”, condiciones esenciales para la realización de ese derecho, mismas que también se plasmaron en aquella reforma constitucional que terminó de promulgarse el 8 de febrero de 2012.

Después de tres años de olvido, la mayoría legislativa y el ejecutivo federal tienen prisa por atender el pendiente, pero no por interés en dar cumplimiento al derecho humano al agua, la obligación legislativa les ha dado el pretexto ideal para poner en manos de grandes consorcios constructores, -con intereses simultáneos en agua, energía, gas y petróleo-, cantidades ilimitadas del vital líquido que podrán destinarse en forma irrestricta a procesos intensivos en consumo y contaminación de agua como el fracking.

Tales cantidades de agua provendrán de trasvases los cuales son ecológica y financieramente insustentables. El proyecto del Poder Ejecutivo dedica un capítulo a los trasvases, pero no para restringirlos o acotarlos a situaciones de emergencia, sequía o desabasto, sino para impulsarlos e imponerlos a punta de expropiación (utilidad pública) y para que concesionarios puedan hacerlo de manera directa a favor de si mismos, o de manera indirecta cuando sean los gobiernos y los operarios privados los que lo hagan a favor de otros concesionarios. Del borrador inicial a la versión final, el concepto de trasvase se modificó. Originalmente definido como un acto de traslado de las aguas de una cuenca a otra, se añadió la nada inocente disposición de ser también un acto de “aprovechamiento, uso y explotación de las aguas nacionales”, por lo tanto, objeto de concesión. El proyecto pretende que toda concesión pueda durar -con la prórroga prevista- hasta 70 años.

El núcleo medular del proyecto y que da sentido a todas las demás modificaciones radica en cancelar la figura de la asignación. En la actualidad los trasvases que se realizan en México ocurren con una finalidad específica comprendida en el término asignación, la cual es es la prestación del servicio publico de suministro de agua, esto es, que ocurren en beneficio de asignatarios, llámese entidades federativas, municipios u organismos encargados de prestar el servicio. Bajo los intereses que representa este proyecto la figura de la asignación era un estorbo, pero ahora, al eliminarse, los particulares podrán disponer de una cantidad exponencial de millones de m3 de agua y destinarla a cuantos usos les quiera autorizar la Conagua ya sin la atadura de ser destinados obligatoriamente al suministro público.

Desde que quedaron instituidas en la Ley, las concesiones siempre incluyeron permisos para descargas, las cuales ahora también podrán solicitarse para “infiltrar aguas residuales en cualquier terreno cuando puedan contaminar el subsuelo o los acuíferos” -y todavía hay quien sostiene que el fracking no está contemplado ni promovido en el proyecto del Ejecutivo-. Todas las inconsistencias y excesos detectados en el Acueducto Monterrey VI cobran sentido y funcionalidad a la luz de este proyecto legislativo.

En materia de agua, el Ejecutivo Federal propone transitar del actual modelo de sobrexplotación-contaminación a un modelo de expoliación del recurso, donde lo que importa es extraer agua a como dé lugar y concentrarla en manos de privados, sin importar los costos económicos, sociales y ambientales. Pero no solo se trata del Acueducto Monterrey VI, son también los acueductos Vicente Guerrero-Cd. Victoria; Picachos-Mazatlán; Tecolutla-Necaxa; Tula-Mezquital, que se encuentran en fase de proyección; Tercera línea del Sistema Cutzamala; Rio Verde-León (Presa Zapotillo), que se encuentran en fase de construcción y finalmente los acueductos Realito en San Luis Potosí e Independencia en Sonora, recientemente concluidos y que en muchos de ellas figuran nombres de empresas como “Hermes” o “La Peninsular” de Carlos Hank González, o la española “Abengoa” que, desde los tiempos en que Enrique Peña Nieto era Gobernador del Estado de México y David Korenfeld su Secretario de Agua e Infraestructura, comenzaron a formar sociedades con las empresas de Juan Armando Hinojosa Cantú dueño de Grupo Higa. El proyecto del Ejecutivo –que en pocos días será formalizado como Iniciativa y Dictamen y en otros tantos en Ley- ha sido redactado a modo y medida de todas estas empresas cuyos accionistas y socios son amigos del Presidente.

*Consultor independiente y asesor parlamentario en materia de Gestión Integral del Agua. Miembro de la Asociación Nacional de Ingeniería Urbana (ANIU)

– See more at: http://homozapping.com.mx/2015/02/la-ley-de-aguas-y-las-concesiones-a-los-amigos-del-presidente/#sthash.1DLKPvlA.dpuf

http://homozapping.com.mx/2015/02/la-ley-de-aguas-y-las-concesiones-a-los-amigos-del-presidente/

Leave a reply

Softplug.net