La Ley Nacional de Aguas (lan) de México [1]

La actual ley es producto de diversas contrarreformas (la más reciente en abril del 2004) para abandonar parcialmente su esencia social y abrirle el camino a la privatización de un bien estratégico de la Nación. Y aunque han pasado casi dos años de la ultima contrarreforma, no se ha publicado su Reglamento, y el proyecto oficial existente se orienta a otorgarle aun más facultades discrecionales a la CNA para profundizar la mercantilización de la aguas nacionales.

¿Cuales son los principales contenidos políticos de la actual LAN?

Su objetivo formal, ha sido y sigue siendo reglamentar el párrafo quinto del Articulo 27 de la Constitución de 1917. En este importante articulo 27 se establecen dos grandes principios: 1) “La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponden originariamente a la Nación”  y 2) “La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana.”   

A partir de lo anterior la LAN, en su 1ª parte establece que: “sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable. La 2ª parte de la LAN define que la institución federal ejecutora de estos mandatos es la Comisión Nacional de Agua (CNA), órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) y la única responsable del agua en coordinación con los organismos operadores.

La 3ª parte de la LAN determina una Política y Programación Hidráulica Nacional donde, entre los 22 principios (guías para aplicar e interpretar la Ley) se indican que toda vez que el agua es un bien de dominio público federal: es tarea fundamental del Estado y la Sociedad, así como prioridad y asunto de seguridad nacional; la gestión debe ser integrada y por cuenca hidrológica, descentralizada donde . Los estados, Distrito Federal, municipios, consejos de cuenca, organizaciones de usuarios y de la sociedad, organismos de cuenca y "la Comisión", son elementos básicos en la gestión; la gestión del agua debe generar recursos económicos y financieros necesarios, bajo el principio de que "el agua paga el agua"; y, los usuarios del agua deben pagar por su explotación, uso o aprovechamiento bajo el principio de "usuario-pagador" de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Federal de Derechos;

Los instrumentos para cumplir con la política hídrica son: la planeación, el régimen de concesiones, asignaciones y permisos sobre los derechos por explotación, uso o aprovechamiento del agua, por el uso de los bienes nacionales, así como los permisos de descarga y por consecuencia el cobro de derechos; la participación de las organizaciones de la sociedad y de los usuarios, y su corresponsabilidad en el desarrollo de actividades específicas; la prevención, conciliación, arbitraje, mitigación y solución de conflictos en materia del agua y su gestión; los apoyos sociales para que las comunidades rurales y urbanas marginadas accedan al agua y al saneamiento, y el Sistema Nacional de Información sobre cantidad, calidad, usos y conservación del Agua. (Titulo tercero, Artículos 14 y 15. Las letras negritas son parte de la contrarreforma legal donde se abandona el espíritu constitucional original)

La 4ª parte de la LAN establece los derechos y obligaciones adquiridos por los concesionarios, asignatarios y permisionarios de aguas nacionales y bienes asociados que se establecen en títulos emitidos por la CNA (o los organismos de Cuenca). Estos títulos se inscriben en el Registro Público de Derechos del Agua (REPDA, creado en 1992). Existe también un sistema obligatorio de permisos de descargas de aguas residuales.

Una de las mayores contradicciones de la LAN es la amenaza de gestión mercantil, especulativa y monopólica del agua. El Artículo 37 BIS. referente a la Trasmisión de Títulos indica: "La Comisión" podrá establecer definitiva o temporalmente instancias en las que se gestionen operaciones reguladas de transmisión de derechos que se denominarán "bancos del agua", cuyas funciones serán determinadas en los reglamentos respectivos. Para la CNA “Los Bancos de Agua son instancias de carácter privado, autónomo que gestionarán operaciones reguladas de transmisión de derechos ante “la Comisión” y tienen por objeto proporcionar apoyo en materia de transmisión de derechos, tanto a los concesionarios o permisionarios que deseen transmitir sus derechos, así como a las personas físicas o morales interesadas en adquirirlos…” y “Para organizarse y operar como Banco de Agua se requiere autorización del Ejecutivo Federal, que compete otorgar discrecionalmente a la Comisión Nacional del Agua, por conducto del Director General, oyendo la opinión del Organismo de Cuenca respectivo, así como la del Consejo de Cuenca del lugar en el que se pretenda establecer el Banco de Agua.( Artículos 212 y 213 del Proyecto de Reglamento de la LAN. CNA Diciembre 2005)

Las partes 5ª, 6ª y 7ª de la LAN (Artículos del 38 al 96 Bis1) se refieren a las zonas de veda o reserva, los diversos usos de agua, y la prevención y control de la contaminación. En tanto que la parte 8ª y 8ª Bis de la LAN se refieren a la Inversión en Infraestructura Hidráulica, y la mas reciente contrarreforma legal abrió completamente la participación de la inversión privada tanto en obras locales, estatales como federales. Establece la recuperación de la inversión publica con cargo a los usuarios de los servicios. Y bajo el “espíritu” de garantizarles suficientes réditos a los inversionistas introduce criterios sobre la concesión total de obra federal a inversionistas, la determinación de tarifas, duración de las concesiones, contratos y financiamiento de terceros, etc.

Las partes 9ª, 10ª y 11ª contienen los bienes nacionales a cargo de la CNA, las infracciones y recursos de apelación, así como los procedimientos de conciliación y arbitraje sobre resolución de conflictos relativos al agua.   

En contraste con la actual LAN, recientemente se han presentado muy importantes propuestas legislativas (detenidas “en estudio” de dictamen) para recuperar el sentido Constitucional y de cumplimiento de los principios de defensa de los derechos humanos,  entre ellas: la adición de un párrafo quinto al artículo 4o. Constitucional que diga que “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua suficiente, salubre, aceptable y asequible…” recogiendo el párrafo 15 de la Convención de DESC. Por otra parte, una iniciativa de adición de un artículo 3 Bis a la LAN que incorpore también el derecho humano de acceso al agua, criterios e instrumentos jurídicos para su cumplimiento,  así como otros artículos orientados a la recuperación de acuíferos, inversión y construcción gubernamental de infraestructura hidráulica,  y otras medidas complementarias para la conservación, protección y aprovechamiento sustentable del agua.

[1] Basado en “Un cuarto de siglo de políticas neoliberales en el agua de México”.2005. A. Villamar/RMALC

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