La ON U ya cumplió, ¿y Tlaxcala?

 

LA JORNADA DE ORIENTE

La ONU ya cumplió, ¿y Tlaxcala?

Deyanira Navarrete Paredes*

El pasado 26 de julio, por medio de un escrito expuesto por Bolivia, la Asamblea General de la ONU reconoció el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. Dicha resolución exhorta a los Estados y a las organizaciones internacionales a que propicien el aumento de la capacidad y la transferencia de tecnología por medio de la asistencia y la cooperación internacional, en particular a los países en desarrollo, a fin de intensificar los esfuerzos por proporcionar a toda la población un acceso al agua potable y al saneamiento; y se pide a la experta independiente que presente un informe anual a la Asamblea General sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionados con el acceso al agua potable y el saneamiento, así como las principales dificultades relacionadas con la realización del derecho humano al agua salubre y potable, y el saneamiento.

El que la Asamblea haya reconocido el agua y el saneamiento como un derecho humano es un hecho histórico y es que ha sido la sociedad civil organizada la que ha pugnado porque se reconozca como un derecho humano y no como una mercancía.

Tendrá que ser la misma sociedad civil organizada la que exija el cumplimiento de esta resolución en cada uno de los Estados y es que en el caso del Estado mexicano desde 1992 las autoridades federales han generado modificaciones legislativas y de políticas públicas que han ido conformando condiciones para la privatización del agua.

En Tlaxcala, el 10 de diciembre de 2009, las y los integrantes del Congreso local aprobaron la Ley de Aguas Estatal, la cual representa un retroceso para garantizar el derecho al agua y limita las posibilidades de exigibilidad y justiciabilidad. Y es que, entre otras cosas, plantea la centralización administrativa y los mecanismos jurídicos administrativos y financieros para que los organismos operadores, como empresas mixtas y privadas se apropien del agua. Basta mirar los casos de Aguascalientes, Cancún, Navojoa y Saltillo en México o en Cochabamba, Bolivia, en donde por medio de empresas locales que son parte de transnacionales o corporaciones de servicios múltiples, se quitaron exenciones de pago a grupos vulnerables y se aumentaron costos para hacerlos eficientes y posteriormente se pasaron de los organismos operadores a manos del sector privado, a través de contratos de servicios, concesiones o empresas mixtas.

Y qué decir del saneamiento en Tlaxcala, en donde según el Programa Nacional Hídrico 2007–2012, en la lista de las 14 cuencas con mayor grado de contaminación en el país, el Atoyac–Zahuapan se encuentra dentro de las más contaminadas. La respuesta que han dado los gobiernos federal y estatales de Puebla y Tlaxcala ha sido la de colocar el saneamiento de la cuenca del Alto Atoyac dentro de los proyectos emblemáticos de la Conagua a realizarse de 2007 a 2012 y el proyecto de rescate ecológico de los ríos Zahuapan, Atoyac, Alseseca y presa Valsequillo, en donde determinan sólo el tratamiento de aguas de las comunidades e incluyen la construcción de redes de agua potable, de alcantarillado, colectores, plantas de tratamiento nuevas y la rehabilitación de plantas ya existentes.

Esta propuesta de saneamiento es incompleta y no soluciona de fondo la problemática de contaminación del agua y sus repercusiones en la salud de la población, ya que no contempla el tratamiento de las descargas industriales, ni la eliminación de compuestos orgánicos volátiles.

Y es que en los estudios realizados por el Centro Fray Julián Garcés, en coordinación con el Instituto de Biomédicas, se demostró que quienes más contaminan en términos de demanda bioquímica de oxígeno y sólidos sedimentables en el río Atoyac son las descargas del Corredor Industrial Quetzalcóatl, en dicha investigación también se encontraron compuestos orgánicos volátiles que son consecuencia de la recombinación de aguas industriales con aguas residuales.

Y aún cuando existe esta política pública y el periodo gubernamental está por terminar, el avance ha sido muy poco y no dará tiempo terminar los trabajos en esta administración, según expuso el titular de la Coordinación General de Ecología.

El reconocimiento del derecho al agua y al saneamiento por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas es un gran avance que debemos celebrar; sin embargo, es necesario seguir impulsando acciones locales, seguir organizándonos y exigiendo al Estado que impulse normatividades y políticas públicas de saneamiento y accesibilidad, disponibilidad y calidad del agua desde la perspectiva de los derechos humanos, asimismo seguir impulsando las iniciativas locales de vivencia del derecho al agua y al medio ambiente sano porque ¡no hay justicia social sin justicia ambiental!

 

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