La represa El Zapotillo avanza violando los derechos de los afectados

CLAUDIA GÓMEZ GODOY

La represa El Zapotillo avanza violando los derechos de los afectados

La represa El Zapotillo, se ha comenzado a construir en la zona conocida como Los Altos de Jalisco, es una obra de almacenamiento de agua y trasvase del Río Verde, que nace en Aguascalientes y desemboca en el Río Santiago; la finalidad, según las autoridades federales de la Comisión Nacional del Agua, es dotar de agua potable a las Ciudades de León y Guadalajara y a varios municipios de los Altos de Jalisco. Esta infraestructura hidráulica traerá como consecuencia la desaparición de tres comunidades: Temacapulín, Acasico y Palmarejo, afectado de manera directa mil habitantes y de manera indirecta 15 mil inundando más de 4 mil 816 hectáreas de tierra fértil de las que dependen la vida y cultura de estas comunidades.

Las comunidades afectadas por la presa El Zapotillo, se enteraron de la construcción de la presa, del proyecto de reubicación y de la destrucción de sus pueblos, por los medios de comunicación, pues ninguna autoridad les dio información previa y transparente del proyecto. La oposición de las tres comunidades ha sido desde un principio ignorada por las autoridades responsables del proyecto, quienes continuamente les han negado la información, los han engañado, incluso han mentido sobre los supuestos beneficios que traería la presa a sus comunidades, llegando al extremo de negar la existencia del proyecto y de la inundación de sus pueblos.

Además de que no han tenido acceso a la información sobre el proyecto, a las comunidades afectadas se les negó el acceso a cualquier tipo de consulta. Cuando en 2006 se realizó la “Consulta Pública” prevista en el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), las comunidades no tenían conocimiento de la afectación del proyecto y en el caso del pueblo de Temacapulín –al construirse originalmente una presa de 80 metros–, no eran considerados “interesados” porque el proyecto no inundaba sus poblados. Luego el proyecto fue reformulado y la cortina de la presa ahora es de 105 metros, esto implica su desplazamiento forzado e involuntario por la inundación de sus pueblos, pero tampoco pueden solicitarla porque se supone que el plazo para la solicitud de la consulta es de 15 días, además de que no existe ningún estudio sobre los impactos que van a sufrir con el proyecto actual; adicionalmente, no se ha emitido una nueva Manifestación de Impacto Ambiental a pesar de que el área de inundación del nuevo proyecto se duplica.

En el caso del Plan de Reubicación, el Municipio de Cañadas de Obregón de manera arbitraria y unilateral intentó en mayo de 2009, realizar una Consulta Pública disfrazando la reubicación como un Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Temacapulín 2008-2025, contraviniendo disposiciones legales y constitucionales en materia de asentamientos humanos, pues no existen facultades expresas pare realizar reubicaciones y el artículo 98 del Código Urbano del Estado de Jalisco prevé un procedimiento de Foros y Consultas para realizar los Planes de Desarrollo Urbano, no así para realizar desplazamientos forzados, como sería el caso de las comunidades opositoras al proyecto y al no existir leyes que regulen la Información y la Consulta Previa e Informada de las comunidades que son desplazadas de sus territorios por este tipo de obras, las dejan en un estado total de indefensión, sin la posibilidad de ser oídos y vencidos en un juicio donde se sigan las formalidades del procedimiento de consulta.

Aunque desde principio de 2008, se encontraban trabajadores en la zona de construcción de la cortina, es hasta el 20 de noviembre de 2008 cuando se lanza la licitación del proyecto, bajo el esquema de financiamiento conocido como DBOT, adjudicándose el diseño, construcción, operación y transferencia al consorcio compuesto por la española FCC, Peninsular Compañía Constructora y Grupo Hermes. Desde enero de 2010 se ha incrementado el personal y el avance de la obra, declarando en días recientes que se cuenta con un avance de un 15 por ciento, sin que hasta el momento se haya podido lograr la anuencia de las comunidades afectadas y aun cuando se han demostrado la serie de irregularidades legales y técnicas de la presa El Zapotillo.

Las tres comunidades afectadas por la construcción de la presa, han emprendido una serie de acciones sociales, académicas, legales, judiciales y políticas: juicios de amparo ante los juzgados de distrito del Poder Judicial Federal, juicios de nulidad administrativa ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, quejas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, puntos de acuerdo en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores de la Unión, puntos de acuerdo en el Congreso local de Jalisco, un sin número de solicitudes de acceso a la información, foros y seminarios en universidades públicas y privadas.

A las solicitudes de acceso a la información, las autoridades responsables del proyecto, Conagua, así como las comisiones estatales del agua de Jalisco y Guanajuato, en un principio negaron la información argumentando que el proyecto no existía; posteriormente han dicho que no se entrega la información porque “se pondría en riesgo la vida e integridad personal de las personas que trabajan en la zona.”

Ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco se promovieron juicios de nulidad administrativa en relación con el Plan de Reubicación y la supuesta consulta pública del Plan de Desarrollo Urbano, sin embargo, y aun cuando se obtuvo una suspensión provisional sobre la consulta ilegítima que se estaba adelantando, la publicación del Plan de Desarrollo, así como sus efectos y consecuencias, las autoridades han incumplido la suspensión y continúan construyendo el nuevo Temacapulín, aun con la oposición de los pobladores, que no han sido consultados debidamente y no quieren ser reubicados.

La respuesta del Estado mexicano a la movilización y oposición de las comunidades a la presa El Zapotillo, ha sido la cerrazón y la imposición, incluso violentando sus derechos y pasando por alto los argumentos técnicos, científicos, sociales, económicos, psicosociales, ambientales e históricos que el movimiento ha expresado en distintos foros e instancias. Incluso varios integrantes de los pueblos han recibido amenazas contra su vida, así como periodistas y defensores de derechos humanos que los acompañan, criminalizando la protesta social de las comunidades.

El Zapotillo no representa el progreso de la comunidad, ésta ha sido ignorada desde el inicio del proyecto, y por tanto no puede ser promovida como instrumento de desarrollo de la región, prefiriendo inundar el patrimonio cultural de todos los jaliscienses y mexicanos de más de mil 400 años de historia a cambio de 25 años de vida útil que supuestamente tendrá la presa.

http://www.lajornadajalisco.com.mx/2010/10/31/index.php?section=politica&article=006a1pol

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