Organizaciones celebran que Relator de ONU haga suyas preocupaciones de la sociedad civil sobre violaciones a los derechos humanos al agua y al saneamiento

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  • Léo Heller destaca que los índices de cobertura del gobierno no se traducen en acceso real al agua y al saneamiento.
  • Le preocupa sobremanera que distintas autoridades manifiesten que estos derechos no son prioridad
  • La contaminación por minería, hidrocarburos y pesticidas impacta en la calidad del agua disponible para la población.

En su Declaración de final de Misión en México el pasado 12 de mayo 2017, el Sr. Léo Heller, Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento afirmó que “México enfrenta cuantiosos retos para asegurar los derechos humanos al agua y al saneamiento de su población”. Precisó que las estadísticas de más del 90% de cobertura de agua potable y saneamiento que le proporcionaron las autoridades mexicanas “si bien son impresionantes, sólo reflejan la existencia de alguna forma de infraestructura y definitivamente no se traducen en acceso real al agua y al saneamiento en las casas de las personas, que es dramáticamente inferior”. Para significativas partes de la población incluso dentro de la Ciudad de México “la prestación de servicios de agua y saneamiento es extremadamente limitada o no existente”. Desde hace años, diversas organizaciones hemos alertado sobre esta realidad que invisibiliza los graves problemas tanto de calidad como de cantidad de agua disponible a pesar de los km de tubos que se han construido por todo el país.

El Relator expresó su preocupación sobre “la posibilidad de que haya cierta autocomplacencia respecto a la prestación de servicios, basada en las cifras antes mencionadas, misma que podría menoscabar o retrasar la implementación de medidas esenciales para la mejora de dichos servicios” y cuestionó el recorte presupuestal federal de más de 37% de 2016 a 2017 que impacta estos servicios por “su potencial efecto dramático en la progresiva realización de los derechos humanos al agua y al saneamiento en el corto y mediano plazos.”

Por lo que tiene que ver con el tema legislativo, el Relator lamentó que más de cinco años después de la reforma constitucional que reconoce el derecho al agua y al saneamiento no haya sido adoptada la legislación secundaria correspondiente y parezca haber un estancamiento en el proceso de su aprobación; declaró también que “la existente Ley de Aguas Nacionales sigue en operación y no refleja el marco de referencia de los derechos humanos” por lo que “el Gobierno debería avanzar, consultando y colaborando con todas las contrapartes clave, especialmente con la sociedad civil, para aprobar la nueva ley.” Este tema también ha sido denunciado en múltiples ocasiones por la sociedad civil que además ha aportado propuestas y expresado preocupaciones en el debate sobre el punto.

En cuanto al tema de la calidad de agua suministrada, el Relator conoció del problema tanto por representantes de comunidades y organizaciones no gubernamentales como por algunos funcionarios que “admitieron que la calidad del agua varía ampliamente y que de manera frecuente no es adecuada para su ingesta”, y destacó que el consumo de agua embotellada, “añade una carga financiera adicional y considerable para aquellas personas que a menudo viven en las áreas más pobres y tienen los ingresos más bajos.” Destacó que “el derecho a la información debe ser asegurado por parte de los proveedores de agua, proveyendo información sistemática a los usuarios sobre la calidad del agua que consumen, independientemente de las peticiones o quejas individuales que se presenten.”

En términos de asequibilidad, Heller señala haber tenido “la oportunidad de identificar que aquellas personas que no cuentan con ningún servicio o con servicios inadecuados, experimentan el más alto impacto económico y social, ya que se ven obligadas a depender en alternativas caras para obtener agua, como agua embotellada, pipas y proveedores informales. Esto significa que las personas más pobres a menudo pagan más por su agua y pasan más tiempo obteniéndola, impactando particularmente a mujeres y niñas.”

El Relator expresó que también fue “informado de numerosos casos en relación con la contaminación y polución de fuentes de agua debido a factores que incluyen la minería y proyectos industriales, plantas hidroeléctricas y extracción de hidrocarburos, incluyendo el uso de fracking en algunos estados, así como el uso indiscriminado y sin control de pesticidas”, y que le fue “demostrado, en numerosos casos, que estas problemáticas de índole medioambiental pueden impactar directa o indirectamente en la calidad del agua potable y en la protección de la salud en las áreas afectadas.” De manera destacada, el Relator señaló que “debe haber un reconocimiento del impacto que actividades económicas, en gran parte no reguladas, tienen en el agua, y el daño potencial y real causado a las personas locales que tal vez no tengan otra opción sino utilizar fuentes de agua contaminada. Es necesario llevar a cabo acciones inmediatas para atender esta situación.”

Subrayó también que los pueblos indígenas “tienen una asociación única con sus tierras y territorios, incluyendo las fuentes de agua” y que durante su visita fue evidente que estos pueblos “a menudo enfrentan los retos más severos en cuanto a la provisión de agua y saneamiento”.

En su Declaración final, el Relator expresó que le preocupó escuchar “de parte de distintas autoridades que los derechos al agua potable y al saneamiento no están entre las prioridades del Gobierno en el contexto de sus obligaciones en materia de derechos humanos.” Ante esta situación, el Relator alentó al gobierno a “dar igual y apropiada atención y proveer los recursos necesarios para la atención de los derechos económicos, sociales y culturales críticos, incluyendo los derechos al agua potable y al saneamiento.”

Las organizaciones hacemos eco –además de lo planteado en todo el documento– a este llamado y exigimos que todos los niveles de gobierno cumplan con su obligación de respetar, proteger y realizar los derechos humanos al agua potable y al saneamiento no sólo priorizando y asignando el presupuesto necesario pero trabajando participativamente con organizaciones locales y comunidades que tienen propuestas concretas para solucionar los problemas que se enfrentan.

 

Contacto: visita.relator.dhays@gmail.com

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