Organizaciones civiles y sociales cuestionan la participación de la iniciativa privada en el servicio de agua en la Ciudad de México.

México D.F., a 3 de septiembre de 2009

BOLETIN DE PRENSA

  • Proponen un debate público sobre el modelo de gestión del agua en el Valle de México.
  • Exigen información precisa y una evaluación sobre los contratos con empresas privadas desde 1993.
  • Cuestionan la eficiencia y la viabilidad de las empresas privatizadas en la solución de los problemas de agua y su desigual distribución.

El pasado 20 de agosto, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, anunció la intención de ampliar la participación del sector privado en el suministro y cobro del agua. El secretario de Finanzas, Mario Delgado, aseguró que las tarifas seguirán bajo el control del GDF, pero días después anunció un incremento de tarifas para el próximo año. Por su parte, el titular del Sistema de Agua de la Ciudad de México (SACM), Ramón Aguirre, precisó que se trata de un “nuevo modelo de manejo del agua” que se aplicaría en 11 de 16 delegaciones cuyo objetivo es “la participación de la iniciativa privada en la distribución y optimización de la infraestructura que abastece este recurso a los capitalinos”. En el anuncio destaca la participación de la iniciativa privada (nacional y/o extranjera) en la distribución del agua, la detección y reparación de fugas, y la detección de tomas y pozos clandestinos, además de los servicios de medición, facturación y cobro a los usuarios que ya realizan actualmente cuatro empresas privadas.

En el contexto de la reciente publicación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (PDHDF) y en particular, su capítulo sobre derecho al agua, estos anuncios resultan preocupantes, ya que tanto para el tema de las empresas privadas como para el tema de tarifas, el PDHDF incluye líneas de acción específicas que subrayan la importancia de la información oportuna, la consulta y la participación en la toma de decisiones. En este sentido, se debe hacer pública y accesible toda la información relativa a las empresas concesionarias y a la evaluación del SACM sobre los contratos; también se debe promover un amplio proceso de participación para aportar a una nueva evaluación de los contratos de 1993 a 2009 que sirva de base para la toma de decisiones relativa a renovación o celebración de otros contratos. Asimismo, se debe conformar un espacio amplio de reflexión y discusión sobre la reestructuración de las tarifas de agua, asegurando que ésta se haga de conformidad con los instrumentos internacionales de derechos humanos.[1]

La Jefatura de Gobierno publicó el 26 de agosto en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el Acuerdo por el que se establece la obligatoriedad del PDHDF para las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades del Distrito Federal. Por esto, y porque se trata nada menos de discutir el modelo de gestión del agua para el Distrito Federal y cómo éste garantizará el derecho humano al agua de la población, demandamos la apertura de espacios de análisis y discusión interdisciplinaria e intersectorial respecto a las propuestas anunciadas.

Además, resulta preocupante que el Gobierno del Distrito Federal ignore las repetidas demostraciones, en México y en el mundo, del fracaso de la participación privada en los servicios de agua potable y saneamiento. Las dos premisas principales por las cuales se promueve la participación privada – una supuesta mayor eficiencia e inversión – han sido desmentidas por estudios realizados tanto por académicos como por organizaciones de la sociedad civil. Incluso el Banco Mundial, una agencia promotora de la participación privada en el manejo del agua, admite que la experiencia demuestra que no ha habido mayores logros en inversiones. En Saltillo – Coahuila, Tucumán – Argentina, Cochabamba – Bolivia, Dar es Salaam – Tanzania y Yakarta – Indonesia se han sufrido las consecuencias de demandas millonarias de las empresas a los gobiernos, servicios que empeoran, cobros indebidos y tarifas impagables. En Aguascalientes la empresa liderada por Vivendi se fue a la banca rota y fue “rescatada” por el gobierno lo que significó un subsidio a la empresa con dinero público cuyo monto se mantuvo en secreto.

Desde 1993, el Distrito Federal tiene contratos de servicios de agua con cuatro empresas que progresivamente han realizado funciones de levantamiento del padrón de usuarios, lectura de consumos, emisión de boletas y recepción de pagos. Ahora el ejecutivo local propone profundizar la participación de la iniciativa privada sin antes publicar una evaluación imparcial del desempeño que estas empresas han tenido hasta la fecha y un documento claro que muestre porqué esta propuesta pudiera ayudar a mejorar la gestión del agua en la ciudad.

Finalmente, resulta inaceptable que el GDF esté difundiendo en diversidad de medios y en el transporte público una campaña que afirma: “Febrero 2010: La ciudad puede quedarse sin agua…No es una advertencia, es una realidad”[2] al tiempo que no ha abierto espacios de discusión con participación ciudadana e información clara y accesible de la situación de crisis que vive la ciudad. Parece que es a través de la estrategia del miedo y no del razonamiento y la participación pública que se busca empujar la gestión del agua en la ciudad a un modelo de mayor participación privada que no garantiza soluciones integrales a los problemas que enfrentamos.

Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua

La Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua está compuesta por:

Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP)
Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL)
Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA)
Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.”
Centro Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria, O.P.”, A.C.
Centro de Servicios Municipales “Heriberto Jara, A.C.”(CESEM)
Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento, A.C. (COPEVI)
Colectivo Radar
Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP)
Desarrollo, Educación y Cultura Autogestionarios, Equipo Pueblo
Enlace Rural Regional, A.C. (ERRAC)
Espacio DESC
Food First Information and Action Network- México (FIAN-México)
Guardianes de los Volcanes, A.C.
Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC)
Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)
Otros Mundos, A.C.
Red de Género y Medio Ambiente (REGEMA)
Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC)
Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ)

Aliado internacional:
Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL)

Para mayor información comunicarse con Brenda Rodríguez Herrera 04455 29 36 79 85 / 56583462
brendtzu27@yahoo.com.mx

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