Presentan queja ante CNDH por agua

Pedro Sánchez Briones

Productores agrícolas presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por considerar que han sufrido violaciones por autoridades federales y estatales.

En la queja dirigida al presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, los agricultores de la región noroeste del estado, solicitaron una urgente intervención debido a que argumentan que los acuíferos Santa Clara, así como Flores Magón-Ahumada, están sobreexplotados y las autoridades han propiciado anarquía para que los menonitas sigan perforando pozos.

En su queja, los productores adheridos a El Barzón, explicaron que en 1952 se decretó zona de veda en los acuíferos que conforman la cuenca hidrológica del Río del Carmen, ubicado en los municipios de Riva Palacio, Namiquipa, Buenaventura y Ahumada.

"En consecuencia está expresamente prohibida a las autoridades correspondientes, otorgar concesiones y permisos para explotar y aprovechar el recurso hídrico", establecieron.

Sin embargo precisaron que los productores enfrentan la extracción ilegal de aguas subterráneas y superficiales del Río del Carmen que realizan algunos productores menonitas.

"Han realizado la apertura indiscriminada e ilegal de nuevas tierras a la actividad agrícola, y con esto han destruido la flora y fauna de la región; también utilizan el agua de forma irracional, abatiendo los acuíferos en perjuicio de la población urbana y rural", agregaron.

De acuerdo con los quejosos, el acceso al recurso hídrico al que tienen derecho con concesiones legales, limitadas a una explotación racional, se ha visto afectado por la sobreexplotación.

"Debido a que las autoridades gubernamentales, en complicidad o corrupción, no han aplicado la ley, resultando vulnerados nuestros derechos humanos", puntualizaron.

Añadieron que esta problemática la han denunciado reiteradamente ante las autoridades estatales y federales.

"Las cuales se niegan a aplicar la ley propiciando la anarquía, fomentando la violación de nuestros derechos humanos y finalmente provocando un grave conflicto social", a la vez que indicaron que, con el sustento jurídico de los decretos, de la Ley Nacional del Agua, Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y con fundamentado en el Artículo 1 de la Constitución Federal Mexicana, así como los convenios internacionales aplicables en la materia, los productores del campo se han organizado en un movimiento social denominado: "Productores de la Cuenca del Rió El Carmen en defensa del agua", con el propósito de ejercitar su derecho colectivo al medio ambiente.

Los productores mencionaron que han decidido ejercitar la resistencia civil.

"En respuesta el Estado ha criminalizando nuestra protesta social, a través de la presentación de múltiples denuncias penales".

"Al día de hoy las y los productores que nos vemos afectados con el desabasto y disminución del agua hemos sufrido daños irreparables en nuestras cosechas por el uso desmedido del agua vulnerando el derecho a futuras generaciones".

Señalaron que los responsables de la problemática son la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) por permitir la sobreexplotación de acuíferos y permitir la construcción de nuevas obras que carecen de los permisos legales correspondientes.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) por negarse a investigar y sancionar a los responsables de los delitos ambientales perpetrados; la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) por incumplir con la obligación de verificar los permisos de cambio de uso de suelo y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); Financiera Rural; Fideicomiso Instituido en Relación a la Agricultura (FIRA) y el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), los cuales han otorgado subsidios, programas oficiales o financiamientos a personas que actúan fuera de la ley.

De igual manera la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por otorgar el suministro de energía eléctrica y acceso a tarifas preferenciales a obras que se encuentran en total ilegalidad y el Gobierno del Estado de Chihuahua por negarse a denunciar y coadyuvar en la conservación de los recursos naturales del territorio chihuahuense, fomentando la cultura de la ilegalidad.

Por ello solicitaron la radicación de la queja en contra de las autoridades, que se realicen las investigaciones correspondientes sobre los hechos denunciados y que se emitan de manera urgente medidas precautorias/cautelares que eviten que se sigan consumando daños irreparables, y a su vez se resta lezcan las condiciones necesarias para garantizar el acceso al agua.

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