Temacapulín merece una disculpa pública

 

Temacapulín merece una disculpa pública

Es importante no dejar pasar la oportunidad de reencauzar al estado como institución

Celia Fausto Lizaola*.- A la distancia, los actos pretéritos del gobernante en turno permiten un análisis más objetivo y concienzudo del ciudadano y de las autoridades que por disposición legal, administrativa o financiera estén obligadas a hacerlo; en cambio, para la sociedad representa la oportunidad de hacer un balance histórico de la actuación de sus representantes; en conjunto, esto es lo que en la academia y en el vox populi se conoce como el “juicio de la historia”.

Siguiendo la analogía anterior, en relación al proyecto de construcción de la presa El Zapotillo, en el municipio de Cañadas de Obregón, situado en la región de los Altos de Jalisco, se debe resaltar que desató un conflicto jurídico, social, político y administrativo entre el gobierno del estado y los habitantes del poblado de Temacapulín a partir de que ponía en riesgo la sobrevivencia del patrimonio, los recursos naturales, los edificios y la propia vida de los moradores de ese lugar apacible y de arraigo a su terruño.

Dicho conflicto duró seis años, desde 2007, cuando de manera unilateral las autoridades jaliscienses promovieron la modificación del proyecto original en la altura de la cortina de 80 a 105 metros, el “gancho” fue que de ese embalse se dotaría de agua a los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara.

Como daño colateral de esta modificación se generó la posibilidad de inundar Temacapulín; como respuesta inmediata, sus habitantes reclamaron a la autoridad su actuar irresponsable y haber violentado los derechos humanos de las familias; después se vino un alud de denuncias de los afectados contra actos irregulares en materia administrativa.

De 2008 a la fecha se interpusieron una serie de denuncias en variadas instituciones de carácter constitucional a efecto de detener la obra hídrica; el Ejecutivo del estado combatió cada una de estas denuncias promovidas por los afectados aglutinados en el Comité Salvemos Temacapulín, de tal suerte que esta confrontación cruzó a lo largo y a lo ancho todo el periodo del gobierno anterior.

De esta experiencia se deducen algunas lecturas importantes:

Cuando la razón le asiste a alguien o a algún grupo, tarde o temprano la justicia lo protege si utiliza los canales institucionales de demanda; tan es así que en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió a favor del Congreso del Estado la controversia constitucional 93/2012, promovida por la Mesa Directiva de la anterior legislatura, encabezada por el ex diputado Raúl Vargas López, en virtud de que el Ejecutivo no contó con el aval del Congreso para firmar el convenio modificatorio de referencia, resolución suprema que impactó en beneficio directo de la comunidad de Temacapulín.

Lo anterior viene a dejar en claro que la actuación de la pasada administración estatal se fundó en bravatas y ocurrencias, sin importar que sus actos fuesen ilegales; esta estrategia fue impulsada desde el propio titular del Ejecutivo, a partir de promover relaciones políticas al filo de la corrupción y despotismo con actores de otras instituciones que le permitían sacar sus propósitos antipopulares.

Temacapulín, con su estrategia de resistencia civil pacífica, nos ha demostrado que la persistencia y el buen razonamiento expuesto jurídicamente, ante la autoridad competente es un camino que, aunque lleno de trampas y obstáculos, nos lleva al objetivo propuesto; su lucha deja una herencia al movimiento social y a los estudiosos del mismo una beta de recursos de los que se pueden documentar para combatir alguna otra injusticia que viole o ponga en riesgo los derechos humanos. Por ello, al gobierno anterior lo ha reprobado la historia.

Toca a todas las autoridades civiles, políticas y jurisdiccionales que concurran de manera inmediata a hacer efectiva la resolución de la SCJN a efecto de resarcir el daño moral, psicológico, ambiental, patrimonial, económico y hasta físico en contra de los pobladores de Temacapulín y sus familiares. Vale la pena ofrecerles una disculpa pública.

Es importante no dejar pasar la oportunidad de reencauzar al estado como institución, que tiene su esencia en la protección de la soberanía, seguridad social y garantías individuales de todos los jaliscienses; encaminemos de manera conjunta una acción de Estado a favor de este pueblo valeroso y luchador. El Poder Legislativo le ha cumplido a Temacapulín.

 *Diputada del PRD en el Congreso del Estado

http://www.lajornadajalisco.com.mx/2013/08/25/temacapulin-merece-una-disculpa-publica/

 

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