Trampas del lenguaje para privatizar el agua

Trampas del lenguaje para privatizar el agua

 

 

Mónica Olvera Molina

Geógrafa
mom_sstrega@hotmail.com

La hidroelectricidad es el principal uso del agua por cantidad de volumen utilizado en México. Sin embargo, la problemática social a causa de esta jerarquía con frecuencia es ignorada o soslayada en las discusiones públicas en torno al agua. Este deslinde no es un hecho casual, sino resultado de un fuerte discurso institucional fomentado desde los organismos internacionales, referido a la multifuncionalidad de las grandes presas, y que recientemente incorporó la clasificación de la hidroelectricidad como un uso no consuntivo del agua.

Contando con el financiamiento de los bancos Mundial e Interamericano de Desarrollo, el discurso multifuncional catapultó internacionalmente la construcción de grandes presas a finales de los años 40s. Se decía que la misma infraestructura de forma simultánea a la generación eléctrica podría almacenar, controlar avenidas y distribuir el agua para la irrigación y el abastecimiento público e industrial, y que en el embalse también se podría propiciar actividades de pesca, transporte y turismo. Por tanto, la gran presa se constituyó discursivamente como un modelo de desarrollo.

En realidad la construcción de grandes presas en México significó el despojo de comunidades y pueblos, debido a la apropiación autoritaria de los ríos a manos de las instituciones federales. El río se transforma en embalse. El embalse anega los pueblos. Los pueblos son desplazados forzosamente y dejan de ser pueblos al salir de sus territorios. Es un proceso genocida, que afecta profundamente a las poblaciones, principalmente a las indígenas.

Además en las grandes presas se da prioridad a los requerimientos en los tiempos de la oferta y demanda de la hidroelectricidad y se anula el discurso multifuncional. Entre otras muchas afectaciones, la más drástica se relaciona con la decisión entre mantener los embalses llenos, respondiendo a la especulación del negocio energético, y la operación de las presas para controlar avenidas. Al respecto, tenemos de ejemplo el episodio trágico de la inundación de Villahermosa, Tabasco, en 2007.

Así, el desarrollo jamás ha llegado con las grandes presas hidroeléctricas y, por el contrario, su emplazamiento ha implicado el empobrecimiento de las poblaciones. Pese a los resultados históricos, el fantasma de la multifuncionalidad ronda aún los discursos de los funcionarios públicos, y se refuerza con otros, como el de la energía limpia en torno al desarrollo sustentable, que también acompaña la clasificación de la hidroelectricidad como un “uso no consuntivo” del agua.

El uso no consuntivo es definido generalmente por dos características: la devolución al ambiente del total del volumen extraído y la poca alteración que se hace de la calidad del agua. Esta clasificación supone que el agua no se consume y por tanto no compite con respecto a los usos consuntivos. Nada más lejos de la verdad en torno a la hidroelectricidad, si se consideran las alteraciones que se hacen del cauce, su desvío, temperatura, sedimentación, el paso por la turbina, etcétera. Alteran drásticamente las condiciones de calidad del río y con esto también alteran y restringen otros usos.

Y hay que sumar que la hidroelectricidad en su configuración territorial históricamente tiene relación con la conformación de espacios mineros e industriales, que son contaminantes de los afluentes. Si bien el hidroeléctrico puede ser incompatible con otros usos, no lo es con el desagüe industrial, porque la generación eléctrica requiere la fuerza y no la calidad del afluente. Esta es explicación fundamental de la actual condición alarmante de contaminación de varios de los ríos del país, entre ellos el río Santiago, Jalisco. Cabe resaltar que esta configuración espacial debe considerarse también para la minihidroelectricidad.

La división institucional entre los usos consuntivos y no consuntivos es parte de la neoliberalización de las legislaciones hidráulicas en el mundo. La clasificación tiene por finalidad sostener la prioridad del uso hidroeléctrico y fomentar su expansión bajo un esquema privatizador. El geógrafo Carl Bauer ha documentado el caso chileno, y señala que esta clasificación es ambigua, y que su contemplación en el Código de Aguas ha beneficiado a las empresas financiadoras y constructoras de presas, las cuales obtuvieron derechos con el discurso de no afectar otros usos. Sin embargo, mientras que las empresas desean almacenar agua durante el verano para responder a la alta demanda de electricidad en el invierno, los agricultores requieren utilizar esa agua para la temporada de cultivo que es el verano. En esta disputa, más allá del amparo legal que encuentran las empresas hidroeléctricas, a los agricultores les ha tocado perder mediante el control de facto que hacen de la infraestructura las empresas.

La clasificación de uso no consuntivo recientemente se aplica de forma amplia en una temática de “valoración adecuada” de la naturaleza, ya sea de bienes y servicios ambientales, por ejemplo los humedales y las tierras secas, y hasta para la estimación de tarifas en el uso del agua, que por supuesto benefician al uso hidroeléctrico.

En México, la definición de uso no consuntivo ya forma parte de los discursos académicos e institucionales. En la Ley de Aguas Nacionales no aparece aunque sí se hace mención del uso consuntivo. Por tanto, nos encontramos en la antesala de la intención de ahondar la privatización simultánea del agua y la energía por medio de la construcción de presas. Y deberíamos tener en cuenta que la definición del uso no consuntivo puede traslaparse a otras legislaciones que abarquen otros bienes naturales, claro está: con el mismo objetivo de su privatización.

http://www.jornada.unam.mx/2012/06/23/cam-carbono.html

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