Un paso en la dirección correcta: revertir la privatización del agua en México

12 de septiembre 2018.

  • La iniciativa presentada para cambiar la Ley de Aguas Nacionales retoma una demanda importante de la sociedad que se opone a la privatización del agua.
  • Sin embargo, esto resultará insuficiente si no se atiende el mandato constitucional del 2012 de generar participativamente una nueva Ley General de Aguas.

 

Desde la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA) consideramos importante el paso de la iniciativa promovida el pasado 6 de septiembre por el Senador Martí Batres Guadarrama para reformar la Ley de Aguas Nacionales (LAN) con el propósito de establecer tres cuestiones:[1]

  • Que el Estado garantizará a toda persona el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible;
  • Que el financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica serán públicos y la gestión del agua será pública y sin fines de lucro.
  • Y que queda prohibida la celebración de contratos con particulares, el otorgamiento de concesiones totales o parciales para operar, conservar, mantener, rehabilitar, modernizar o ampliar la infraestructura hidráulica y la prestación de los servicios asociados a ésta; así como que un particular realice actos de administración y comercialización del servicio de agua potable y toda forma de privatización de la gestión del agua.

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Esta iniciativa -que fue turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y de Estudios Legislativos- reconoce algunos de los múltiples problemas y obstáculos que persisten en nuestro país para la realización plena de los derechos humanos al agua y al saneamiento y pone el acento en el ineludible papel del Estado para garantizarlos.

Desde nuestra perspectiva, subrayar el tema del financiamiento público es fundamental toda vez que en los últimos años se han llevado a cabo recortes presupuestales injustificables, como el del 36.5% en términos reales del presupuesto aprobado en 2017 para las sub-funciones de gasto: Abastecimiento de Agua, Administración del Agua, y Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado; así como el recorte presupuestal de 65.7% al Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, que impactó en las entidades federativas para operar e invertir en la ampliación de infraestructura de agua potable y saneamiento, el reequipamiento de pozos, la sustitución de redes y la construcción o rehabilitación de plantas potabilizadoras.[2]

Estos recortes, fueron del conocimiento del Relator Especial de ONU sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento durante su visita oficial a nuestro país en mayo del año pasado, le llevaron a concluir en su Informe de Misión a México que: “Esos recortes pueden tener un efecto dramático a corto, mediano y largo plazo en la realización progresiva de los derechos humanos al agua y el saneamiento” y a recordar que “la responsabilidad primordial por la realización de todos los derechos humanos, incluido el derecho al agua potable y el saneamiento, corresponde al Gobierno de México, del cual se espera que utilice el máximo de recursos disponibles para cumplir esa finalidad.”[3]

Asimismo, desde la perspectiva de prevención de mayores violaciones al derecho al agua como las que han tenido lugar en las ciudades cuyos organismos operadores se han privatizado: Aguascalientes, Ags.; Cancún, Isla Mujeres y Solidaridad en Quintana Roo; Saltillo y Ramos Arizpe[4], Coahuila; Veracruz, Medellín y Boca del Río en Veracruz, Puebla y municipios vecinos en Puebla; y en otros contextos de privatización de los servicios que denunciamos durante la visita del Relator Especial en 2017[5], consideramos relevante la prohibición de toda forma de participación privada en la gestión del agua. Sin embargo, consideramos que rescindir los contratos firmados en los casos mencionados requerirá de procesos legales complicados, que deben involucrar auditorías al proceso de privatización y a la gestión de los sistemas privatizados. Consideramos que es importante enfocar los esfuerzos en reforzar los organismos públicos y comunitarios y promover la participación en ellos de la ciudadanía.

No obstante lo anterior, queremos subrayar que reformar la LAN en estos aspectos debe considerarse solamente como un paso, entre muchos otros que aún deben darse, para resolver los serios problemas de la gestión del agua en México y superar los diversos obstáculos que existen para el disfrute de los derechos al agua y al saneamiento.

Esto resultará insuficiente si no se atiende el mandato constitucional del 2012 de generar participativamente una nueva Ley General de Aguas que habiendo revisado el actual modelo de gestión, contribuya al cambio del paradigma, de las instituciones – especialmente la CONAGUA – , de las normas y el sistema de conseciones que no están siendo efectivas para combatir, sancionar y reparar la contaminación, el acaparamiento y la sobreexplotación del agua en México, ni la desigualdad en el acceso a una cantidad de agua suficiente, continua, de buena calidad y asequible para uso personal y doméstico así como a instalaciones de saneamiento aceptables, dignas y seguras para todas las personas; y que también se necesita para transitar a una gestión sustentable y democrática del agua que garantice la participación ciudadana de mujeres y hombres desde la planeación y la toma de decisiones que impactan las condiciones de vida de la población y de las generaciones futuras.

[1] Iniciativa del del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1, 4, 9 y 12 y se deroga el Capítulo II “Participación de Inversión Privada y Social en Obras Hidráulicas Federales” de la Ley de Aguas Nacionales, disponible en: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2018_09_06/2293/catego/416#Apartado

[2] Tomado de: Informe conjunto de sociedad civil sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en México 2017, Informe alternativo a los Informes V y VI Periódicos combinados del Estado mexicano ante el Comité DESC de la ONU. Capítulo sobre derecho al agua y derecho al saneamiento. Disponible en: http://www.socialwatch.org/es/node/18018

[3] Naciones Unidas. Informe del Relator Especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento acerca de su misión a México (A/HRC/36/45/Add.2), 2 de agosto de 2017, párrafos 4 y 5.

[4] Este sistema de agua se remunicipalizó después de 15 meses de gestión privatizada

[5] Informe sobre Violaciones a los Derechos Humanos al Agua Potable y al Saneamiento en México 2017 (Informe DHAyS), disponible en: http://www.comda.org.mx/informe-sobre-violaciones-a-los-derechos-humanos-al-agua-potable-y-al-saneamiento-en-mexico/

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